¿Se acuerdan de aquel PRI?
JORGE HERNÁNDEZ CAMPOS*

ALGUNA REFLEXIONES SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Tengo el gusto de estar con ustedes en la antigua Universidad de Toulouse, fundada en 1230, junto a la cual resulta joven la «Real y Pontificia Universidad de México», cuya creación ordenó la Real Cédula expedida por Felipe II en 1551 y que inauguró sus cursos en 1553. Pero no vengo a hablarles de nuestra historia sino de la realidad política mexicana de hoy y sus antecedentes. Y lo primero que anuncio al distinguido público es que no voy a intentar un análisis, como los que suelen hacerse en reuniones como ésta, sino que, en toda simplicidad, concluí que era yo el individuo que debía ofrecerse a los demás como objeto de análisis por el hecho de ser, como soy, la prolongación de una realidad, la mexicana. Así, a partir de cuanto pueda decir, mis oyentes podrán armar el mosaico de sus conclusiones particulares y hablaré por lo tanto, olvidando el tiempo que dedico a la poesía en soledad total, de la parte más pública mi ser.

Soy co-fundador y accionista minoritario de un diario, unomásuno, que acaba de cumplir sus primeros diez años de vida. El diario trabaja sobre la base de una tesis que consideramos el proseguimiento y puesta al día del liberalismo mexicano en su rama democrática, definida por Jesús Reyes Heroles. Nos propusimos en consecuencia realizar un diario que ejemplificara la posible pluralidad de voces políticas que se da en México y que, entre otros objetivos secundarios, fuera una tribuna eficaz para una izquierda incapaz de producir buen periodismo.

Quisimos ser los promotores de un diarismo que representase en nuestro momento lo que representó en el siglo pasado el periodismo juarista de la República Restaurada tras el triunfo de ésta sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En esa época hubo un estallido de vida republicana que hizo de esa generación de liberales el gran modelo al que todavía hoy seguimos refiriéndonos.

Soy por lo tanto, junto con algunos mexicanos más, un republicanista, es decir, algo que no se refleja en ningún partido, que casi carece de existencia. Porque en México, aunque según la Constitución somos una República, la palabra república casi no se usa. El aparato de poder prefiere utilizar la palabra «sistema”, y se usa continuamente el concepto de «sistema mexicano», posiblemente porque engloba tanto la forma republicana básica como el repertorio de las reglas no escritas que son las que regulan verdaderamente la marcha cotidiana del mencionado aparato.

En el país político se distinguen dos planos: uno, que podríamos llamar constitucional, es la fuente de la legitimidad; el otro, que llamaríamos supraconstitucional, es el que actúa ateniéndose a las reglas no escritas; y acogiéndose a la legitimidad constitucional del modo que le conviene. La situación, para decirlo en términos simplificados, tiene su raíz en la revolución mexicana, que fue una lucha feroz por el poder envuelta en legalismos.

Nuestra revolución puso en movimiento masas sobre todo campesinas (la sociedad «holista» de Guerra) que planteaban sus exigencias a sus cabecillas, o que seguían a determinados jefes porque éstos interpretaban eficazmente sus anhelos. Los vencedores fueron un grupo de caudillos norteños que eran originalmente empresarios, o funcionarios de clase media, o militares improvisados. Estos ciudadanos armados (así se llamaron para distinguirlos de los ciudadanos no armados que no participaron en las acciones militares), cuando ocuparon los asientos del poder llevaron al gobierno no sólo sus instrumentos legales, sino además el hábito de la autoridad cuartelera, el cual se sumó así a la reverencia por la autoridad característica de la cultura hispánica. A su vez, las masas populares canalizaron sus exigencias perentorias en más de un caso en el flujo de una relación paternalista con el superior. El tipo de relación con la autoridad propia del virreinato. La utopía social de Zapata no era moderna: era una utopía retrospectiva, un sueño de la Nueva España.

Los levantamientos y las matanzas no pararon hasta que Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario que reunió a las facciones de ciudadanos armados con un único objeto: instaurar una mecánica de transmisión pacífica del poder. Calles explicó que con su iniciativa, México pasaba de una era de caudillos a una era de instituciones. El partido funcionó porque Calles siguió siendo, ya fuera de la Presidencia, el árbitro máximo. Y su función fue efectivamente institucionalizada al consolidarse el presidencialismo con Lázaro Cárdenas. Nació así el sistema mexicano. Y debo aclarar aquí que, para mí, los contornos del «sistema» no coinciden con los de la República.

El partido, en su forma actual y con la sigla de PRI, se organizó en 1946, o sea en la segunda posguerra, con la intención de formar parte de un proyecto cuyo objetivo sería aprovechar la dinámica de la reconstrucción mundial para echar a andar al país por el camino de un desarrollo acelerado.

Los resultados fueron lo que conocemos como «el milagro mexicano». En veintidós años, lapso que finalizó con la crisis de 1968 y la matanza de Tlatelolco, México se convirtió en la duodécima potencia industrial del mundo. En el aspecto social, la realidad posrevolucionaria de las masas combatientes hizo que los gobiernos sucesivos pusieran especial cuidado en sus políticas de servicios, de salud, seguridad, y de educación. Así, gracias al “sistema”, México ha tenido y con excepción de la crisis de Tlatelolco, cincuenta y ocho años de estabilidad y de transmisión pacífica del poder. Fue quizá el único país que apoyó como tal a la República en la guerra civil española. Y fue también, con apoyo en la Constitución, el primer país en el mundo que reivindicó para la nación los productos del subsuelo y nacionalizó la industria petrolera. EI México posrevolucionario no ha conocido cuartelazos, ni guerras sucias, ni dictaduras militares, ni guerras civiles.

EI “sistema» se dice presidencialista. Defiende enconadamente el presidencialismo y, como es obvio, gira en torno al Presidente de la República, quien además de sus inmensos poderes como responsable del Poder Ejecutivo, que la Constitución le reconoce, es el jefe nato del PRI.

La función de este partido es mantener la unidad de la «familia revolucionaria» y prepararla para que apoye en todo momento al Presidente, sobre todo en ese acto fundamental -que existe aunque no se le reconozca- por el cual hacia el final de su mandato designa personalmente, sin consultar nadie, sin debate público, a su sucesor en el poder. Todo gira alrededor del Presidente, quien nombra a todos los funcionarios o aprueba su nombramiento, incluso en el nivel de director general o de simple director. Y éste designa también, a su vez, a todos los candidatos a los puestos de elección que el PRI ocupa en un 95 por ciento. El poder del Presidente es tan grande que Daniel Cosío Villegas llamó al «sistema» la «monarquía sexenal». Sin embargo, la Presidencia está sujeta a una limitación tajante: no hay reelección.

El Partido es hegemónico. Pero no es un partido ni cerrado ni pétreo. Todo lo contrario: es extremadamente poroso. Entra en él prácticamente quien quiere. El PRI da por un hecho que todos los burócratas que alimenta el Estado son, o deben ser, militantes suyos. Podría decirse que el PRI, de una manera vaga pero real, considera que todos los mexicanos son naturaliter priístas. Yo he sido funcionario publico y, como tal, he pagado cuotas al PRI sin haber tenido nunca carnet de priísta. En los últimos diecisiete años ha habido en el PRI una renovación que consistió en cooptar generaciones enteras de dirigentes jóvenes, con educación universitaria a los que se abrió el acceso a los más altos cargos del Estado dejando de lado a los militantes asiduos, los que desde entonces se les identifica como «dinosaurios políticos».

Por otro lado, desde 1946, o sea desde su nacimiento bajo la forma actual, el PRI reconoció que necesitaba una oposición. Al fin de cuentas su fuente de legitimidad es la forma republicana que considera la separación de los poderes, el funcionamiento de los partidos, las elecciones. Y esto lo obliga a una «ficción democrática» (como dicen Ricardo Guerra y Chevalier) para la cual necesita una oposición mínimamente genuina. De allí que el sistema haya tratado de remediar la debilidad congénita de los partidos de oposición, debilidad concomitante de la hegemonía priísta, mediante recursos legales que le permiten colocar en la Cámara de Diputados a representantes de los partidos que no podrían conseguir una curul por medio de las urnas.

El pasado mes de noviembre se promulgó un Código Federal Electoral por el cual la Cámara podrá ser integrada por 300 diputados elegidos por votación mayoritaria y 200 que lo serán según el principio de representación proporcional. Los partidos que alcancen por lo menos el 1.5 % del total de la votación emitida para las listas regionales, tendrán derecho a que se les atribuya diputados de este último carácter. En tales medidas se ha reconocido un “perfeccionamiento de la democracia», pero aunque sí suponen cierto progreso, chocan con los instintos de los priístas de no conceder nada, absolutamente nada, a las oposiciones.

Todos los análisis ajenos al Partido insisten en que el sistema, y por supuesto el PRI, están en una crisis terminal. Esa crisis que se hizo patente en el año 68 y con la matanza de Tlatelolco, coincide con el fin del orden mundial que, construido a partir de la segunda posguerra, significó también el principio de la era post-industrial, es decir de la liquidación definitiva del modelo económico desarrollista para lograr el cual se había creado el «sistema”.

Se empezó a advertir, por ejemplo, que el PRI, con su estructura de sectores, se ha quedado chico frente al país, y sobre todo en lo que respecta a las ciudades. Por efecto también de las políticas revolucionarias han surgido números imprecisos, pero seguramente grandes, de nuevos electores potenciales a los que el PRI no llega y para los cuales el PRI no tiene cabida. Se trata de masas, en general más educadas, que no soportan las desigualdades sociales y económicas, al parecer sin solución visible; masas que están fastidiadas con el lenguaje, los comportamientos o la corrupción endémica de los gestores del poder; que han empezado a cobrar conciencia de que forman una sociedad civil (aunque parezca extraño este concepto apenas empezó a arraigar en México hacia principios de 1985); y que querrían vivir la política de otra manera. Y esas masas nuevas han aparecido, sobre todo, en el norte y en el centro del país.

Con la presente crisis, que tiene la ominosa dimensión del endeudamiento y de una inflación de tres dígitos, se empieza a ver al sistema con otros ojos. Por ejemplo -y éste eso un fenómeno de los últimos seis meses-, cuando se precipitó la ansiedad que despierta la designación del candidato del PRI a la Presidencia de la República y hubo clamores para que terminara la práctica del dedazo» -o sea la designación que, sin consultar a nadie ha hecho siempre el Presidente de su sucesor-, los priístas organizaron una tempestuosa defensa del presidencialismo. Pero esto obligó a muchos a concluir que el presidencialismo debía ser visto con mirada fría y que había llegado la hora de preguntar: ¿Gobierna en verdad autocráticamente el Presidente, o funciona sólo como garante del statu quo ante los intereses fácticos que forman el sistema y marcan al Ejecutivo los límites de su actuación? Con los tres últimos presidentes, la opinión pública ilustrada se empeñó en suscitar, en torno a cada uno de ellos, un consenso tal que lo convirtiera en un agente eficaz de las reformas necesarias al sistema para vivir una mejor democracia. Pues bien, no se logró tal cosa. O se logró a medias, en los arranques de los sucesivos sexenios, para perderse luego en un retorno a lo habitual.

Los episodios de reacción antipriísta en elecciones como las del Norte han puesto de relieve algo que en más de una ocasión he reiterado. La condición que diríamos «provisional» del sistema mexicano y del PRI. Si la reacción profunda, histórica del país es un republicanismo acendrado, lo cual en términos contemporáneos significaría una democracia efectiva, esa vocación -florecida transitoriamente con la República Restaurada- se ha visto frustrada en la perspectiva temporal. Siempre se ha repetido: aún no, el país no está preparado, el pueblo no está listo para tal responsabilidad, hay que educarlo antes, y satisfacerlo en los aspectos sociales. En el pasado, el porfiriato fue uno de esos aplazamientos, uno durante el cual el país debía conocer paz y progreso. El largo siglo del sistema está resultando ser otro, de manera que habría llegado ya la hora de desmantelar la estructura de esos pisos de nuestra política -en un nivel constitucional y un nivel superconstitucional-, para que sólo quedaran el horizonte de la Constitución y el brillo de la República.

No obstante, este tomar conciencia de la condición de transitoriedad del sistema y del PRI para volver a la vocación republicana, implica cierta zozobra: la que inspira la posibilidad de que todo lo que puede emerger con tal cambio sea cierta fragilidad del país. ¿Cómo puede haber una verdadera vida republicana en pleno esplendor institucional si no existen verdaderas alternativas para el ejercicio del poder? Quizá se teme, oscuramente, que al ser quebrantado el sistema el país caiga en un caos de imprevisibles consecuencias. Pensemos en una situación como la de El Salvador, pero con las dimensiones y la violencia que podría adquirir algo así en México: una visión semejante hace palidecer al más valiente.

Lo que se contempla entonces es la necesidad de reforzar, como antes dije, no tanto el sistema como el presidencialismo para que éste se convierta en un instrumento eficaz de reforma. México, entonces, ¿soñaría otra vez con reformas aunque el problema de reforzar la presidencia ante las arquitecturas del sistema se plantee como de difícil solución?... Lázaro Cárdenas realizó su operación política creando, ante las coaliciones de caudillos que sostenían el maximato de Calles, una nueva base de poder formada por los obreros y los campesinos. Pero en este 1987, obreros y campesinos llevan medio siglo de enfrentarse a todo un racimo de cacicazgos políticos que resistirían cualquier proyecto serio de reforma. De hecho, en los últimos tres sexenios se ha visto, aunque no se ha dejado que el fenómeno aflorara a plena luz, cómo esos cacicazgos han parado en seco ciertas veleidades presidenciales de renovar la vida nacional. Quien lee historia no puede menos de recordar el regalismo que se llevó a la práctica en España, en el siglo XVIII, para que los soberanos borbones pudieran reformar la vetusta nación. Y recordarán también que el resultado de aquello fue, tras la Revolución Francesa, el derrumbe de la monarquía tradicional y la entrada en España, y en los territorios de ultramar, de una modernidad por la cual seguimos un áspero y amargo combate.

*Como resultado de una conversación con el director de examen respecto de las circunstancias políticas y sociales de hace 15 años y las del México actual, el Maestro Hernández Campos nos comparte la conferencia que dictó en la Universidad de Toulouse, Francia en 1987; nuestros lectores podrán sacar sus propias conclusiones.