EL PRI Y LA CONSTITUCIÓN
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ*

Una doble celebración nos congrega. En ella somos solidarios. Por una parte, la fiesta de la Constitución política y social de los mexicanos: la Carta de 1917. Por la otra, el ingreso a otra etapa, que deberá ser intensa y fecunda, en la historia viva de nuestro partido: la instalación de un nuevo Consejo Político Nacional. Ambas oportunidades, reunidas en una fecha histórica, sugieren -o mejor aún: demandan- reavivar nuestra memoria, reasumir nuestros deberes y emprender, con paso firme y largo, el camino del futuro.

En ese camino nos hallamos. Habremos de recorrerlo unidos y convencidos. Esa es la convocatoria natural de este día y será la divisa de los días que vengan. Días de trabajo. Días de contienda. Días de prueba. Días de definiciones y afirmaciones enérgicas. Un solo horizonte y un solo apremio: México, y en éste, nuestro partido vigoroso y renovado, el Partido Revolucionario Institucional, con el que recorrimos el siglo XX y haremos el trecho que nos corresponda en el nuevo siglo.

La celebración constitucional, que pertenece a todos los mexicanos, compete radicalmente a los priístas. La reivindicamos con títulos legítimos. Es motivo de recordación, reflexión y compromiso para el pueblo y para el partido que lo representa. Constitución de 1917 y Partido Revolucionario Institucional tienen el mismo origen, provienen de la misma fuerza, encarnan los mismos anhelos, representan los mismos ideales. De ahí la comunicación entrañable, la identidad maciza, entre esa Carta de libertad, democracia y justicia, que son promesa revolucionaria, y este partido revolucionario que propone al pueblo lo que nuestra Constitución previene: libertad, democracia y justicia; este partido, que hoy se dispone -con mayor entusiasmo y convicción que nunca- a iniciar una nueva cruzada por la Constitución de los mexicanos y por los principios y valores que ella aloja.

La Constitución de México no surgió apenas un 5 de febrero, sin pasado ni sustento. Tuvo historia y tuvo cimiento. Llegó de mucho tiempo, de triunfos y derrotas, de entusiasmos y quebrantos. Llegó nutrida con los vientos populares que arribaron en la Independencia, animaron en la Reforma y resolvieron en la Revolución Mexicana. Es, en consecuencia, una constitución legítima y fidedigna: obra de siglos y de generaciones, no trabajo de unas horas ni producto de un puñado de notables, sobrados de codicia y carentes de memoria. La comisión redactora es el pueblo de México. Ya trabajaba cuando acudimos a la Independencia y no ha cesado desde que triunfó la Revolución popular y armada. Esos son nuestros notables: millones de mexicanos, de la ciudad y del campo, del aula y la fábrica.

Como esgrimió las armas, aquella comisión intemporal y numerosa empuñó la pluma y escribió, con amplios giros históricos, las decisiones fundamentales de la nación mexicana. Es por ello que en esa Constitución nos hemos reflejado y nos reflejamos todavía. Habrá que cuidar que esa escritura de los derechos de la nación y las obligaciones de la república, una Constitución asediada, no altere su rumbo ni mude su espíritu. En horas de cambios atropellados, promesas incumplidas y retornos flagrantes, el peligro acecha. Hay el riesgo de que este tiempo de sombras se convierta en una larga estación sombría. De ahí que la firmeza de la ley suprema sea compromiso de nuestro partido: un compromiso que se halla en las manos de esta organización política y de sus legisladores, representantes de un pueblo que espera lealtad a la voluntad entregada y al deber prometido. Estoy seguro de que daremos buenas cuentas de esta responsabilidad estricta.

La Constitución mexicana, que no responde a una ingeniería de gabinete, sino al genio y la figura, al talante y la exigencia del pueblo de México, recogió desde aquellos días de 1916 y 1917 los grandes lineamientos de nuestra vida política, social, cultural y económica. No los inventó, a partir de lecturas y ocurrencias. Los recogió sencillamente en el único sitio del que podía tomarlos, con certeza y suficiencia: la vida de la nación mexicana, sus sentimientos persistentes, sus rotundas exigencias. En este sentido, fue testamento de una época y escritura de otra. Se mantienen vigentes sus principios, su esencia, sus valores primordiales. Rigen con lozanía, con la frescura del primer día. Rigen por su validez intrínseca, por su filiación profunda y genuina con las necesidades del ser humano y de la sociedad democrática: un ser humano con identidad y rostro, una sociedad con patria y adjetivo: mexicanos. Rigen, a pesar de claudicaciones, tropiezos y extravíos.

Sabemos perfectamente que una generación no puede encadenar con decisiones inmutables a las generaciones que la sucedan. El pasado y el presente no son diques contra el futuro, sino puentes para hacer, en el curso de los tiempos, el camino común que nuevos pasos engrandecen. Cada generación tiene su circunstancia, sus motivos, sus razones y sus anhelos. Bienvenidos. Son capítulos de una historia congruente y poderosa, que se turnan la estafeta y la encomienda. Cada uno agrega lo que puede y lo que debe al acervo de lo que todos pueden y todos deben.

La integridad de los valores y los principios no impide el progreso de la existencia y la oportunidad de las soluciones. Por el contrario, los fomenta. Supone -con legítima certeza- que cada día aportará sus propias novedades para retener y engrandecer, con todas ellas, la integridad del patrimonio moral y político del hombre y del pueblo. Así, la renovación del cuerpo legal -como del cuerpo social o del cuerpo político- constituye una garantía de vida.

Nuestra Constitución recoge decisiones fundamentales. Su conjunto es el baluarte de México y los mexicanos. No un baluarte remoto, de bienes distantes y para extraños ciudadanos. Baluarte nuestro, inmediato; garantía de cada uno, de cada hombre, cada mujer, cada familia, cada grupo. Se trata de conquistas históricas que no tienen retroceso, o no debieran tenerlo:

Reconocimiento del ser humano como eje de la sociedad y razón del Estado: ser humano con derechos plenos, intocables y crecientes.

Democracia como sistema de vida: no sólo cómputos electorales, organizaciones políticas, elecciones regulares, sino eso y mucho más todavía: sistema de vida, que es decir sistema de justicia como la quiere y exige el lema de nuestro partido: justicia social verdadera.

Soberanía del pueblo, fuente del poder legítimo, dueño de las instituciones y, mejor todavía, dueño de su destino.

Estado social que no invade libertades naturales, pero tampoco incurre en olvidos y abandonos, reticencias y deserciones; poder comprometido con los que menos tienen; república generosa y vigilante, dispuesta a que la libertad, la igualdad y la justicia sean vida y experiencia, no sólo retórica.

Federalismo y municipio libre, foros de libertades y autonomías en los que se desarrolla y enriquece la vida de los ciudadanos.

Recursos naturales como patrimonio de la nación, inalienable y providente: recursos energéticos que no están sujetos al capricho de funcionarios sin títulos de dominio, que el pueblo jamás ha cedido. El sufragio popular asigna deberes, no endosa la nación ni autoriza el remate de sus bienes.

Estado laico en el que culmina una historia azarosa y al que se confía la libertad de todos y el respeto a cada uno.

Nación independiente y soberana: política internacional de principios, largamente trabajados, penosamente conquistados; nación que se reconoce como parte de la humanidad y se compromete con ella, pero no se desconoce como república libre y hogar de hombres y mujeres con identidad y patria.

Subordinación de autoridades y ciudadanos a la ley suprema de la República: predominio cierto y firme de la Constitución sobre todas las leyes y todos los actos; predominio que preserve el Estado de Derecho y asegure la democracia.

Estos -y algunos otros- son los principios esenciales de nuestra carta histórica, que se renovó en 1917. Son moralmente invulnerables. Es preciso que también lo sean políticamente. Esto se halla en la agenda de nuestro partido.

Hace un año se planteó de nuevo, con tambor batiente, la peregrina idea de sustituir la Constitución del pueblo, la carta histórica de los mexicanos, por un ordenamiento advenedizo, fraguado de prisa. Otra vez soplaron vientos de aventura. Habría que ver lo que eso enseña, pero sobre todo lo que eso encubre. La pretensión del relevo constitucional no ha cedido. Se mantiene al acecho.

Esa propuesta pudiera obedecer a dos objetivos, ambos determinantes, pero ninguno confeso. Uno, el propósito flagrante de inaugurar la vida y comenzar la historia con fecha precisa: un 2 de julio, digamos, y sustituir en el pórtico de la gran Constitución de 1917 el nombre que ésta lleva -Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista- por otro nombre que luego se lea, como hasta hoy se ha leído el de Carranza, a lo largo de un siglo.

Así se habría suprimido de un plumazo -formalmente, un plumazo constituyente; históricamente, un plumazo espurio- la referencia a la persona y al movimiento que ella encarna. La sustitución del nombre anunciaría, a voz en cuello, el final del ímpetu revolucionario y el principio de otro tiempo, que sería, en el fondo, reanudación del tiempo que se suspendió en 1917, traído al galope desde el siglo XIX para presidir el XXI.

No lo suponemos; lo sabemos. Ya ha habido sustituciones o supresiones de este género. Benito Juárez, el más ilustre de los mexicanos, sigue pagando el precio de otra Constitución mexicana, la Carta de 1857, y de otra explosión popular, el movimiento de la Reforma. Sin embargo, excluido de algunos muros y extraído de algunos cuadros, sigue presidiendo nuestra historia. Son demasiado firmes sus raíces, demasiado poderosas sus ideas. Así son las raíces y las ideas de la Constitución que ahora padece un estado de sitio.

Ese es el primer objetivo probable de la novedad constitucional que se ha venido patrocinando. El segundo se localiza bajo la punta de aquel iceberg no tan sumergido: es la finalidad, acariciada desde hace ciento cincuenta años, de sustituir el proyecto histórico de la república libre y laica, federal y democrática, popular y social, independiente y soberana.

Más allá de la ingeniería impaciente, de la imaginería desbocada o del preciosismo estilístico, ¿cuáles serían, si no, los objetivos plausibles del relevo intentado? ¿Qué cambiaríamos, entre todas esas decisiones fundamentales del pueblo? ¿Los derechos del individuo? ¿La soberanía popular? ¿La democracia integral? ¿El federalismo? ¿El Estado social y laico? ¿El dominio de la nación sobre sus recursos naturales? ¿La independencia de la república? ¿La supremacía constitucional? Si nada de eso cambiaría, ¿para qué queremos una nueva Constitución? Y si todo o algo de eso cambiara, ¿querríamos semejante Constitución? ¿Desearíamos encontrarnos en el futuro inmediato con el pasado lejano?

Aquí vivimos de nuevo los dilemas del cambio: concepto magnífico cuando tiene sentido que lo ennoblezca; palabra temible cuando el cambio es retroceso, incertidumbre, vacuidad, o peor: insignia sin contenido, mástil sin bandera, palabra sin idea.

Una y otra vez se nos ha llamado a la reforma del Estado, un tema de los años emergentes, impulsado por nuevas circunstancias y nuevas exigencias. Sí, hay que reformar el Estado. Pero es indispensable precisar antes de qué reforma se trata. Podemos caer en la ilusión de que reforma del Estado es revisión administrativa o traslado de facultades entre los órganos del poder político; en suma, revisión de procedimientos y reubicación de poderes en beneficio de los poderosos. Los ciudadanos serían espectadores. Difícilmente podríamos suponer que ese concepto de reforma del Estado es el que interesa a un pueblo y mejora la vida de sus habitantes.

La verdadera reforma del Estado, la que hoy necesitamos con apremio, implica una relación reformada entre el Estado, la sociedad y los ciudadanos. La reforma del Estado que puede interesar, atraer y favorecer a los mexicanos no sería el reacondicionamiento -engañoso y distractivo- de los órganos del poder político, sino el reacondicionamiento de las circunstancias para hacer posible la vigencia efectiva de los derechos individuales y sociales: libertad, justicia, seguridad, trabajo, educación, salud, vivienda. En otros términos, una reforma del Estado a partir de un Estado socialmente comprometido. Ahí está la respuesta a la pregunta sobre el significado que pudiera tener esa reforma, no una cualquiera, sino una que mejore la calidad de la vida. Y no es esa, por ahora, la reforma en ciernes.

El 5 de febrero del año 2002, el Partido Revolucionario Institucional celebra la Constitución y reasume el espíritu constitucionalista. Lo hace dentro de una circunstancia extraordinaria y promisoria. Nos hallamos, desde hace un año y medio, inmersos en un proceso de reflexión, deslinde, compromiso y fortalecimiento. Ese proceso, por supuesto, atravesó horas difíciles, con infinitos riesgos. Ni el proceso ha terminado, ni las horas son fáciles, ni han desaparecido los peligros. Sin embargo, en la marcha hemos acumulado y aprovechado experiencias, y avanzado en el rumbo que conduce a una definición crucial, de la que dependen todas las restantes: individuales y colectivas. Hemos avanzado en la necesidad y en la posibilidad de establecer cuál es la misión del partido en la hora actual. Un partido político es, finalmente, el portador de una misión política. Es verdad que pretende ocupar el poder, pero también lo es que no puede aspirar a éste sin el mérito que sólo confieren la altura de un ideal y la nobleza de un proyecto.

La meditación sobre los temas constitucionales que nos interesan, abre la puerta para la reflexión sobre los temas partidistas que también nos atañen. Ahora, el Partido Revolucionario Institucional, que ha mostrado su enorme fuerza popular, es un partido en la oposición y tiene al frente una tarea descomunal, que es, al mismo tiempo, practicable y magnífica: primero, resistir la avalancha que se despliega contra los intereses de la nación, sus libertades, su justicia y su independencia; y luego -o simultáneamente, mejor dicho- proponer una auténtica alternativa que reúna nuevamente los cabos sueltos de la política nacional y enfile la nave del Estado -atrapada en la tormenta-, por un rumbo claro, conforme a un proyecto democrático y hacia un puerto seguro. El país dista de ello, y padece esa distancia cada vez más: ni rumbo, ni proyecto, ni puerto. Se diluye la confianza y se agrava el desconcierto.

En la XVIII Asamblea General de Delegados se reinstaló el debate interno y se llegó a un buen número de conclusiones. Son una perspectiva priísta sobre la letra y el espíritu de la Constitución de México en esta etapa: tradición e innovación en armonía. Ahí tenemos el instrumento ideológico y programático que oponer a la avalancha demoledora y proponer al pueblo dolido y desconcertado. El PRI, que se yergue en un punto clave de la escena, debe dar los siguientes pasos de manera lúcida, prudente y resuelta. Darlos con la conciencia de que está en juego su destino, pero sobre todo la misión histórica que le compete y el objetivo al que ésta sirve: México.

Hacia el PRI concurre la esperanza de millones de militantes, que se han mantenido firmes y se proponen estarlo, pese a la presión de las circunstancias y al embate de unas corrientes que dicen ser democráticas y exhiben, como prenda de ese membrete, un autoritarismo que no se resigna a la costumbre democrática: admitir la pluralidad y respetar al adversario. A esos millones de militantes pudiera sumarse la voluntad de otros millones de mexicanos cuya esperanza está declinando. No es que nos interese beneficiarnos con los frutos de tantos errores e incumplimientos. Es que debemos asumir, como partido político, la responsabilidad que nos incumbe en esta hora incierta.

Asumir esa responsabilidad se halla también entre los deberes del partido de oposición que ahora somos. México requería la idea y la mano del estadista para sortear los enormes problemas que plantea nuestro tiempo. No se dispone ni de esa idea ni de esa mano. Por lo tanto, nuestra organización política debe colmar el vacío. Hoy, el PRI puede iniciar una nueva misión histórica: ser un «partido-estadista»; convocar al pueblo, repensar la república, sugerir el proyecto, perfilar el destino, encabezar la marcha. Este partido, que fue singular en el pasado, por diversos conceptos, debe serlo en el presente, por otros motivos. Constituido como «partido-estadista», el PRI hará el cambio y reanimará la esperanza. Considero que esta es nuestra función contemporánea, y que a ella debemos enfilar la reflexión y el comportamiento.

Ha comenzado la revisión interna. Otros capítulos aguardan. Hoy se instala, bajo excelentes augurios, el nuevo Consejo Político Nacional: un órgano más amplio y representativo, que tiene legitimidad de origen y seguramente tendrá legitimidad de obra. Quienes formamos parte del Consejo Político Nacional en otras etapas -y desde luego yo mismo- saludamos con afecto y consideración, con solidaridad y respeto, a los nuevos integrantes de este cuerpo directivo. Me satisface que otros priístas asuman, en su propia hora, la enorme responsabilidad que recae en el Consejo Político. Les deseamos éxito y les ofrecemos colaboración en su ardua tarea: una colaboración que se muestre en retirar obstáculos y sumar energías.

Buena parte del porvenir de nuestra organización política, del alcance de sus mejores metas, del prestigio que adquiera y conserve entre sus militantes y ante los ojos del pueblo -que es foro y tribunal en el que comparece el partido todos los días- depende del acierto que logre el flamante Consejo Político Nacional. Y todo ello también depende -no hay duda- del acceso al partido de las nuevas generaciones, los jóvenes de México, que tomen en sus manos limpias y fuertes el legado de sus predecesores y lo conviertan, engrandecido, en el patrimonio de sus sucesores.

Pero dije que otros capítulos aguardan. No en el futuro distante, sino ahora mismo. Otros capítulos que también deberán ser fecundos en buenos resultados y en progresos. Necesitamos unos y otros. Los necesitamos para perdurar. Y los necesita el pueblo para que actúe, vigoroso y eficaz, el partido político que habrá de representarlo y defenderlo. A esto concurren muchos intereses: los de casi cien millones de mexicanos, que constituyen la nación con la que se ha comprometido nuestro partido y a la que no puede abandonar ni fallar en una circunstancia crítica como la que hoy atraviesa.

Se halla en marcha una competencia interna. En la elección de quienes deberán ocupar la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional participan distinguidos militantes, todos ellos con una larga hoja de servicios y un acreditado aprecio por nuestra organización política, a la que han entregado muchos años de su vida. Son priístas de primera línea. Son, además, nuestros compañeros. Y son nuestros amigos. Los saludamos con esos sentimientos de amistad y compañerismo. Tienen a su cargo una grave tarea hasta el momento de los comicios internos y después de ellos. Más allá de los trabajos proselitistas, que son legítimos y necesarios, les ha correspondido otro trabajo todavía más necesario y legítimo: contribuir -con todos nosotros, sus compañeros y sus amigos- a la unidad que es condición de nuestra fuerza como partido político; unidad de la que depende la posibilidad que tengamos de mantener a salvo el proyecto nacional que representamos, con todo lo que ello significa. Y significa mucho en nuestra historia: la del partido y la del país.

Hay quienes apuestan a que el Partido Revolucionario Institucional será derrotado desde dentro. Es una antigua apuesta, que antes perdieron nuestros adversarios y que perderán ahora. Para que otra cosa pasara sería necesario que se desvaneciera la convicción que nos une y anima, y olvidáramos el compromiso que tenemos con la nación mexicana, mucho más que con nosotros mismos. En las décadas de los gobiernos priístas, nos acostumbramos a ver en los mayores recintos de la República una consigna inapelable: «la Patria es primero». Hoy, que esa consigna palidece, nuestro partido puede rescatarla y practicarla: dentro y fuera. Creo que el partido está preparado y resuelto a ganar de nuevo en esta competencia. Lo está a ganar en la batalla por la nación. Lo está a prevalecer en la elección de diputados federales en el 2003. Lo está a recuperar el Poder Ejecutivo Federal en el 2006. Y estoy persuadido de que los priístas no olvidamos que el 2003 pasa por el 2002, y el 2006 pasa por ambos. Las buenas cuentas del tiempo son referencia y condición para las buenas cuentas de la política.

La Constitución de 1917 sigue encarnando la mejor corriente de la vida pasada y el mejor proyecto para la vida futura de la nación y de la república. Y el Partido Revolucionario Institucional, parte de aquélla y promotor de ésta, refrenda una vez más su filiación popular y su compromiso nacional. Lo hace en una celebración que también es recordación, reflexión y compromiso. Lo hace en una circunstancia histórica particular: la instalación del nuevo Consejo Político Nacional y la proximidad de una elección interna en la que compiten priístas de profunda convicción. Y lo hace, sobre todo, en una coyuntura insólita. A este crucero acuden viejos caminos y en él principia el camino del porvenir. El Partido Revolucionario Institucional sabrá transitarlo, en la vanguardia del pueblo y con la bandera de la Constitución.

¡Viva el PRI!

*Mensaje en la Sesión Solemne de instalación del Consejo Político Nacional, Auditorio “Plutarco Elías Calles”, 5 de febrero de 2002.