POR
EL IMPERIO DE LA LEY El
trabajo de la Coordinación de la Tribuna sobre Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, fue trascendental y útil
en virtud de las aportaciones de los Estados y del Distrito Federal,
las que nos señalan la necesidad de revisar y reconstruir
nuestras relaciones con la sociedad, redefinir nuestras tareas
como organización política, recuperar el dinamismo
que alguna vez se tuvo y afirmar la convicción de lucha
que fue suplantada por la sumisión y el burocratismo, transformarnos
en un partido moderno que sea una opción real de poder
sin olvidar nuestra ideología y especialmente replantear
nuestros compromisos con las mujeres, jóvenes, campesinos,
clases medias, obreros, estudiantes y grupos vulnerables, mediante
un cambio de actitud. A
lo largo y ancho del país, los priístas y los mexicanos
en general expresan su preocupación por la creciente inseguridad
pública toda vez que la delincuencia afecta su vida, el
bienestar, la seguridad, el patrimonio de sus familias, socavan
la paz y tranquilidad sociales; por los atrasos, vicios y carencias
en materia de procuración e impartición de justicia
ya que persiste la corrupción e impunidad en todas los
ámbitos, y por la necesidad de fortalecer e impulsar una
mayor cultura de respeto y defensa de los Derechos Humanos. A partir de la existencia de nuestro Estado de Derecho que significa imperio de la ley en el que toda persona y autoridad deben sujetarse a la misma, se hizo un amplio análisis de la situación real en materia de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, llegándose a las siguientes conclusiones: a)
Procuración de Justicia Para el PRI, la procuración de justicia deberá buscar el fortalecimiento de la autonomía funcional y técnica del ministerio público; impulsar los derechos de las víctimas del delito y reparación del daño; establecer preceptos que garanticen un trato adecuado al ciudadano en la formulación de sus denuncias; cumplir eficazmente los términos para la integración de la averiguación previa; llevar a cabo cambios para perfeccionar la legislación del sistema de investigación y persecución del delito; promover la homogenización de las leyes penales del fuero común en el país; mejorar los servicios periciales; revisar la edad de imputabilidad penal de los jóvenes limitando el beneficio a reincidentes en conductas calificadas como delitos graves. b)
Impartición de Justicia Sobre
la impartición de justicia, el PRI sostiene que lo fundamental
es recuperar la credibilidad de la sociedad en la función
jurisdiccional; atender los reclamos de justicia, en los ámbitos
laboral, agrario, administrativo, civil, mercantil, familiar y
ambiental; promover el fortalecimiento de la Defensoría
de Oficio en el ámbito Federal y Estatal; considerar la
actuación de profesionales bilingües para la atención
de los indígenas; incrementar significativa y constantemente
los presupuestos de egresos del Poder Judicial; llevar a cabo
una revisión integral de la Legislación de Amparo;
mantener el sistema de la Corte como órgano supremo de
control de constitucionalidad y legalidad; consolidar el Consejo
de la Judicatura Federal como el órgano responsable de
la administración y disciplina del Poder Judicial; considerar
la conveniencia de conformar al Órgano Jurisdiccional apreciando
la multiplicidad de la formación de un jurista, la carrera
judicial, la docencia, la investigación académica,
y ttener una capacitación integral pudiendo establecerse
convenios con las Instituciones de Educación Superior. Asimismo
llevar a cabo modificaciones al orden normativo para que en las
propuestas para la integración del Tribunal Electoral se
considere el conocimiento y la experiencia en derecho electoral;
precisar que el juicio de revisión constitucional electoral
sólo deberá proceder para impugnar los actos o resoluciones
de órganos estatales encargados estrictamente de la función
electoral, exceptuando aquellos que en ejercicio de su soberanía
realicen los poderes de los estados; asimismo, señalar
expresamente el alcance de la atribución de disponer el
cumplimiento sustitutivo de sus resoluciones. Igualmente se propone impulsar amplias revisiones de los sistemas procesales correspondientes a las materias que competen a los tribunales administrativos, con el ánimo de lograr una mayor celeridad en los procedimientos y la disminución de trámites. c)
Seguridad Pública y Rehabilitación En
materia de Seguridad pública el PRI considera imperativo
señalar que los problemas de seguridad no se resolverán
con planteamientos de corto plazo o golpes espectaculares, por
lo que se requiere profesionalizar los cuerpos policíacos
y modernizar el equipo en los tres niveles de gobierno; diseñar
e instrumentar un sistema de normas y procedimientos que materialice
la carrera policial, a partir de reglas de ingreso, promoción
y retiro, así como de criterios para la fijación
de percepciones y reglas precisas sobre previsiones sociales;
combatir el crimen organizado; prevenir las conductas delictivas
y fortalecer a través de la educación, la enseñanza
de los valores éticos, cívicos y sociales desde
los primeros niveles escolares. La readaptación social debe tener como objetivo la dignificación de los centros de readaptación social; distinguir sanciones de acuerdo con la naturaleza y gravedad del ilícito; promover la conmutación de penas menores por trabajo voluntario en la comunidad; establecer colonias penitenciarias; impulsar que el trabajo sea obligatorio para los reos a fin de que contribuyan a su sostenimiento y nuevas políticas e instituciones para el tratamiento de menores infractores, brindándoles auténticas oportunidades de rehabilitación y, cuando lo requieran, de atención y de protección, para el efecto, el PRI se pronuncia por la creación de internados educativos. d)
Derechos Humanos El PRI se pronuncia categóricamente a favor de los Derechos Humanos y de las garantías establecidas por nuestra Constitución y se esforzará por ser una vía de reclamo en la defensa de estos derechos, con la convicción de que en el ámbito de los derechos humanos sólo es posible avanzar si las libertades individuales se hallan plenamente protegidas. El Partido exigirá el eficaz acatamiento de las normas constitucionales, actualizándolas con la realidad cotidiana, y comprometerá a sus legisladores en esta tarea; establecer que el respeto de los Derechos Humanos pueda ser planteado mediante la interposición del juicio de garantías; pugnar por la mayor protección de los derechos humanos de los indígenas, de los trabajadores migratorios, de las mujeres, de los niños y niñas, de los adultos mayores y de capacidades diferentes; y, una adecuada coordinación que permitirá una mayor y mejor protección de los derechos humanos para evitar cualquier discriminación. *Coordinador
de la Tribuna «Justicia, Seguridad y Derechos Humanos»
de la 18 Asamblea General de Delegados.
|
