DESARROLLO
SOCIAL, NUEVAS PERSPECTIVAS La
XVIII Asamblea Nacional de Delegados del Partido Revolucionario
Institucional, fue el espacio para la deliberación, la
discusión respetuosa y la generación de nuevos consensos
en torno a la oferta política que hace nuestro Partido
a la sociedad mexicana. En
todas las tribunas de discusión, fue la voz de la militancia
la que marcó el rumbo, el sentido y la nueva vocación
del PRI frente a una realidad social y política caracterizada
por la complejidad. En
lo particular, en la Tribuna correspondiente al tema «Desarrollo
Social, Igualdad de Oportunidades y Lucha contra la Pobreza»,
la participación de cerca de 500 delegados de todas las
entidades del país, así como de todas las corrientes,
sectores y organizaciones, posibilitó la generación
de una nueva propuesta para el desarrollo social en nuestro país. En
el reconocimiento de que uno de los principales saldos del siglo
XX consiste en la carencia de oportunidades iguales para todos,
así como la existencia de enormes brechas de desigualdad,
pobreza y marginación, las y los delegados se pronunciaron
por la exigencia de una nueva política social del Estado
Mexicano, basada en la participación ciudadana, en el respeto
a las tradiciones y costumbres de las comunidades y pueblos, y
en la organización social como motores del desarrollo nacional. Para
el Partido Revolucionario Institucional, la agenda del siglo XXI
está determinada por la agenda social; las enormes diferencias
que existen entre regiones; la inequidad en el acceso a servicios
y satisfactores básicos, el desempleo, el empleo informal
o inestable, la inequidad entre géneros, son sólo
algunos de los retos que se plantean, y frente a los cuales se
exige el diseño de políticas y programas con capacidad
efectiva para superar los rezagos y disminuir las diferencias
sociales. Dentro
de la discusión de la Tribuna, se señaló,
fundamentalmente, que es necesario continuar con una reforma del
Estado que tenga como eje articulador a la política social;
esto implica que la reforma de lo estatal deberá redimensionarse
y pasar de la discusión sobre el «tamaño»
del aparato burocrático, para situarse en la restitución
de capacidades públicas y atribuciones capaces de poner
freno a los excesos del mercado. Lo
anterior, se plantea a la luz del reconocimiento de que el sistema
económico imperante genera exclusión, pobreza y
vulnerabilidad social; un sistema en donde hay grandes «ganadores»
y millones de «perdedores». Si esto es así,
para el Partido resulta fundamental revisar el entramado jurídico-político
que rige los mecanismos de apropiación y distribución
de la riqueza social, de tal forma que puedan establecerse nuevos
equilibrios que den certidumbre a los proyectos de vida, y posibiliten
el acceso a niveles dignos de bienestar para todas las familias. La
Reforma del Estado que se exige, tiene como finalidad responder
a los retos que deberemos enfrentar como sociedad en los próximos
25 años: una transición demográfica acelerada;
una transición epidemiológica que incrementará
los gastos en servicios de salud de manera exponencial; la fragmentación
de los núcleos familiares y la modificación de los
modelos tradicionales de las familias; el creciente desempleo;
el incremento en los niveles de consumo de drogas y estupefacientes;
y la aparición de nuevas formas de pobreza y fenómenos
emergentes que generan una mayor complejidad social. Para
el PRI queda claro que sólo mediante la revisión
del andamiaje institucional que tiene el mandato de prestar servicios
a quienes menos tienen, podrá iniciarse un proceso que
genere una tendencia hacia el mejoramiento de la calidad de vida
de las personas y sus familias. Así
visto, la pobreza deja de ser considerada como un problema de
carencia de ingresos, y se le dimensiona desde una perspectiva
cultural, social e incluso política, que requiere de nuevos
dispositivos, nuevas instituciones y una clara orientación
para evitar que la fragmentación social afecte de manera
irreversible a los entornos de certidumbre, principalmente a los
núcleos familiares y comunitarios. Adicionalmente,
quizá una de las principales aportaciones que se hicieron
en esta Tribuna, consiste en la generación de un sistema
nacional de seguridad social integral, que trascienda la visión
de la salud, y que permita generar, para todas las familias, la
certeza del ingreso, de que contará con servicios y espacios
para la cultura, el esparcimiento, la seguridad de los hijos de
las madres y padres trabajadores, la garantía de pensionas
más justas y que permitan, al final de la vida laboral
de las personas, contar con una calidad de vida digna. En
síntesis, la propuesta, que sin duda constituye un planteamiento
de vanguardia en nuestro país, es que debemos transitar
de una visión de la seguridad social, considerada como
un derecho laboral, hacia la construcción de una nueva
garantía constitucional; es decir, se plantea que cada
persona, por el hecho de nacer en México, tenga acceso
durante toda su vida a los servicios de seguridad social. Para
el PRI, los derechos sociales consagrados en la Constitución
son irrevocables, y además se reconoce que es impostergable
incrementar y garantizar el piso de derechos sociales básicos
que den a las personas y sus familias la seguridad de que viven
en una sociedad en la que la igualdad de oportunidades y las condiciones
para el desarrollo social son una realidad cotidiana. Sin duda alguna, el intenso trabajo de las y los delegados que participaron en esta Tribuna dentro de nuestra XVIII Asamblea Nacional, ha permitido que nuestro Programa de Acción cuente con una nueva propuesta social, de vanguardia y que retoma la esencia de nuestro Partido, que es el compromiso con la Justicia Social. *Coordinador de la Tribuna “Desarrollo Social, Igialdad de Oportunidades y Lucha contra la Pobreza” de la 18 Asamblea General de Delegados.
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