DESARROLLO
SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LUCHA CONTRA LA POBREZA La
formación y consolidación de las regiones de desarrollo
económico que existen en el ámbito mundial está
influyendo, en ocasiones de manera determinante, en el establecimiento
de novedosos patrones de racionalidad económica que buscan
la máxima generación de riqueza.1 En este contexto,
nuestro país ha pasado de un modelo proteccionista de economía
fundado en la intervención del Estado, hacia un modelo
de apertura comercial, competencia económica y racionalidad
en el proceso de las políticas públicas.2 El
modelo de creación de riqueza que impera en el plano mundial
muestra entre sus saldos más complejos, que 4 mil 600 millones
de personas vivan en algún grado de pobreza, que mil 600
millones lo hagan en la «pobreza atroz», y que sólo
16% de la población del mundo concentre más del
70% del producto mundial. Los países que no disponen del
capital humano, de la ciencia y de la tecnología, así
como de las capacidades de organización para competir en
los mercados internacionales, se ven marginados del desarrollo,
ampliándose la distancia entre el bienestar y la pobreza.3
Desde
esta condición de la humanidad en el mundo es necesario
pensar el papel que tienen y habrán de desempeñar
los Estados, los gobiernos, los partidos políticos y la
ciudadanía en su pluralidad y diversidad para sentar nuevas
condiciones de igualdad en la diferencia, que permitan desterrar
la pobreza, que conduzcan a edificar condiciones de igualdad de
oportunidades para todos, y que permitan potenciar y generar nuevas
capacidades en las personas, las familias, las comunidades y los
pueblos indígenas, para que puedan responder, desde sus
saberes, capital social y tradiciones, a los retos que plantean
las nuevas tendencias de la economía global. Ante
la desigualdad mundial y los retos que impone a nuestro país,
se hace necesario renovar las vocaciones políticas de transformación
y perfeccionamiento de la vida social. En esa lógica, los
partidos políticos se ven ante la empresa inédita
de transformar su papel en lo social, de actualizar su oferta
política ante ciudadanías caracterizadas por la
diversidad, la pluralidad, la fragmentación y la heterogeneidad,
y de renovar sus estructuras para acercarlas a las demandas de
nuevos colectivos que resienten significativamente el conjunto
de contradicciones estructurales que transportan las tendencias
internacionales del mercado, la producción y las finanzas.4
En este sentido, una política social de Estado debe ser
necesariamente el resultado de la deliberación democrática
y plural en la República, del conjunto de las fuerzas políticas
y sus representaciones en el Congreso de la Unión, del
poder ejecutivo federal, de los gobiernos de las entidades federativas,
de los centros de educación superior y de la sociedad civil
organizada. La
participación de México en los nuevos escenarios
internacionales debe obedecer a un sentido mayor y éste
consiste en crear las condiciones y las capacidades que permitan
a las personas, las familias, las comunidades y los pueblos indígenas,
realizar sus proyectos personales y colectivos de vida con autonomía,
potenciando sus saberes y capital social y con la posibilidad
de mantener y dar vigencia a sus costumbres, valores y tradiciones.
En
México debe construirse una política social de Estado
en democracia. Los mecanismos democráticos deben garantizar
la más amplia participación posible de los ciudadanos
y de los grupos sociales en la formación de la política
social. En esta tarea nadie puede estar ni ser excluido. Las elecciones
motivan la competencia entre partidos políticos y por ese
medio la mayoría representada, que es una suma de minorías,
decide cuestiones que conciernen al conjunto social, con la mayor
participación posible; de ese modo, la democracia debe
ser la posibilidad del encuentro para construir políticas
para todos y desde todos. Políticas que transportan los
asuntos y los problemas de lo social como componentes ineludibles. El
PRI ha sido pieza clave en el proceso de democratización
nacional. Este es el papel histórico que le ha tocado desempeñar
y lo ha hecho con responsabilidad y congruencia; más allá
de sus aportaciones al perfeccionamiento de las normas e instituciones
electorales. Nuestro Partido ha sido contundente al aceptar en
cada caso la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De esta
madurez política, de este respeto a las instituciones y
de este grado de desarrollo político se ha dado muestra
fehaciente el 2 de julio de 2000. El
PRI, en el reconocimiento de las diversidades propias de una sociedad
compleja no acepta ni ratifica las desigualdades sociales que
generan exclusión y marginación, que levantan fronteras
entre los mexicanos, y que perpetúan la pobreza y la vulnerabilidad.
El PRI en su historia, ha buscado construir un país de
oportunidades para todos, sin excluir algún colectivo social.
Toda
democracia que no atiende a los más desfavorecidos se condena
a sí misma, pone en riesgo las libertades públicas
y fractura los fundamentos éticos de la sociedad. Para
el PRI la construcción de un México en donde la
justicia sea un hecho, una acción y un criterio institucional,
está en relación con la construcción de los
consensos políticos que establezcan estos contenidos en
el derecho a través de la deliberación legislativa.5
La
consolidación y perfeccionamiento de la democracia necesariamente
exige el apego a la ley por todos los actores políticos,
la existencia de instituciones, la fuerza de la razón,
el respeto y tolerancia a los contrarios, la convivencia pacífica,
la unidad y cohesión de la sociedad para alcanzar los intereses
nacionales, y la aceptación ciudadana de las reglas e instancias
públicas y electorales. Históricamente,
el PRI ha manifestado su compromiso con las causas de los grupos
marginados y vulnerables de nuestra sociedad. La consolidación
de nuestra democracia debe tener uno de sus objetivos centrales
en la construcción de un México más justo,
libre de desigualdades que erosionan el tejido social, que imponen
modelos y formas de vida y que excluyen la diferencia. Porque
la pobreza en sí misma constituye la mayor desigualdad
estructural que una persona, una familia o una comunidad pueden
enfrentar. La igualdad de oportunidades pasa necesariamente por
confrontar las causas estructurales de la pobreza y por otra parte,
asegurar a la población el acceso a servicios públicos,
así como a los servicios de educación, salud, vivienda
y previsión social. México
enfrenta problemas sociales complejos que deben ser atendidos
a la luz de los proyectos nacionales que han dado sentido y rumbo
a nuestro país. Los compromisos con los derechos sociales,
vistos como igualdades fundamentales, y con los principios rectores
de la libertad no son discutibles. Nuestro
país posee los acervos filosóficos, políticos
e institucionales para construir una vía propia ante las
tendencias que se registran en los escenarios internacionales;
empero, esta vía propia es un imperativo, si se piensa
en la necesidad de construir respuestas desde lo local y lo regional
ante los cambios globales. Debe recordarse que entre los efectos
del nuevo modelo de creación de riqueza, están la
generación de una desigualdad estructural mundial, la destrucción
de los modos locales de producción, la homogeneidad que
trastoca la posibilidad de la diferencia, y el retorno de patologías
sociales, que en claves como discriminación, racismo, xenofobia
y antisemitismo, muestran su capacidad para reproducirse en el
mundo y en nuestro país. México es una sociedad abierta, que nunca se ha negado al estudio y aplicación de los avances de la humanidad, lo que se plantea aquí, consiste en analizar si el desarrollo social puede alcanzarse desde la imitación de modelos de desempeño económico e institucional que han probado su capacidad para generar pobreza, desigualdad y marginación. Desde esta aseveración, es que se asume la necesidad de construir entre las fuerzas políticas, la ciudadanía y el gobierno una vía, que sea al mismo tiempo una alternativa, para enfrentar desde las normas y las instituciones los retos que plantea el desarrollo social. 1
DRUCKER, Peter. The Post Capitalism Society. New York, McMillan,
1998, p. 74. *Coordinador de la Tribuna. “Desarrollo social, igualdad de oportunidades y lucha contra la pobreza” de la Mesa “Proyecto de Nación: Programa de Acción”.
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