LOS
PROPÓSITOS LO SIGNIFICAN; LOS HECHOS LO CALIFICAN Señor
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; señor Presidente
de la Suprema Corte de Justicia; señor Presidente del Senado;
señoras y señores representantes de los tres Poderes
de los Estados de la Federación que nos distinguen con
su presencia; autoridades del Distrito Federal; estimados parlamentarios
representantes del Parlamento Andino, del Parlamento Centroamericano,
de COPPPAL, del PARLATINO y de FIPA; distinguidos invitados especiales;
compañeras y compañeros legisladores: La
obligación de informar del Presidente de la República
al Congreso de la Unión refleja el espíritu del
Constituyente de propiciar el equilibrio entre los poderes y de
subordinar los actos del Ejecutivo al análisis de la soberanía
popular representada en el Congreso. Por ello, la ceremonia del
informe debe superar un formulario ritual o de culto a la personalidad
y constituirse como el espacio de encuentro entre dos vertientes
de la representación popular: el Ejecutivo y el Legislativo,
que fomentan con su conducta republicana el aprecio de la ciudadanía
por el poder público y promueven la comprensión
de la sociedad sobre los hechos del gobierno, garantizando a un
tiempo, que desviaciones y yerros sean revisados por las instancias
competentes, para encauzar su rectificación. Así
es. El informe se presenta ante las Cámaras porque es el
Congreso de la Unión la expresión legítima
de la pluralidad política y social mexicana, constituida
como poder, el Poder Legislativo, que además de la fundamental
atribución de formular leyes, dispone de la facultad de
fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. Por
encima de antagonismos o lealtades partidistas, la hora de la
democracia mexicana exige que las Cámaras desplieguen a
plenitud su responsabilidad constitucional y reclama que el Ejecutivo
aquilate y aprecie la trascendencia de que la República
disponga de un Poder Legislativo vigoroso y actuante. Como
lo señaló Norberto Bobbio: «El poder que hace
de un soberano a un soberano, que hace surgir el Estado como unidad
de dominio y por tanto como totalidad a partir de la sociedad
compuesta de partes en cambiantes y efímeras relaciones
entre ellas, es el Poder Legislativo. «La
idea de la comunidad política desde la polis griega hasta
el Estado moderno está íntimamente vinculada, en
contraste con el estado de naturaleza, a la idea de una totalidad
que mantiene unidas a las partes, que de otra de manera estarían
en perpetuo conflicto entre ellas. Lo que asegura la unidad del
todo es la ley y quien tiene el poder de hacer leyes, de condere
legis es el soberano». Hasta aquí la cita. Los
legisladores integrantes de la LVIII Legislatura han pretendido
estar a la altura de su circunstancia, inmersos en un proceso
de cambio, diputados y senadores de las diversas fuerzas que conforman
el Congreso de la Unión han reflejado actitud política,
conciencia de Estado y vocación social. Actitud
política que permitió –no obstante que ninguna
de las fuerzas partidistas ostentan la mayoría absoluta–
impulsar los acuerdos necesarios para lograr que en el marco del
primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura,
de las 35 leyes aprobadas por la Cámara de Diputados, 32
lo fueran con la concurrencia de todos los grupos parlamentarios
representados y sólo tres fueran por mayoría simple. Por
su parte, el Senado de la República aprobó 31 dictámenes
a iniciativas y minutas, de los cuales 29 contaron con el voto
unánime de los grupos parlamentarios. Con
igual responsabilidad, los congresistas han analizado, y en su
caso, ratificado los nombramientos de los ciudadanos embajadores
propuestos por el Ejecutivo, y estudiaron y aprobaron, cuando
fue procedente, los ascensos de los mandos militares y de la Armada
con pleno respeto al profesionalismo e institucionalidad de nuestro
Ejercito y Marina, ambos cuerpos salvaguarda de la integridad
nacional. En
este lapso también se dieron decisiones políticas
innovadoras y de trascendencia, abrir la tribuna a los representantes
indígenas del EZLN; transparentar el escrutinio a las auditorías
realizadas en FOBAPROA; buscar una alternativa legislativa al
veto sobre la legislación rural que permita al campo disponer
de un nuevo ordenamiento para su reactivación; interponer
una controversia constitucional ante la Suprema Corte, por lo
que a juicio del Congreso es un exceso de la facultad reglamentaria
del Ejecutivo. Esta
última decisión, además de reflejar lo saludable
que es un sistema de división de poderes, evidencia el
apego de senadores y diputados a la potestad de la ley representada
en la dignidad de la Suprema Corte de Justicia. Conciencia
de Estado, la de la LVIII Legislatura que permitió que,
además de que diversas iniciativas presentadas por legisladores
prosperaran, de los 6 proyectos propuestos por el Ejecutivo en
el Primer Periodo de Sesiones, todos se aprobaran con las reformas
y adiciones pertinentes. Lo
afirmo categóricamente, el Poder Legislativo ha actuado
con seriedad y compromiso con la sociedad mexicana, ejerciendo
sus facultades constitucionales, nunca para obstruir el desempeño
de la función pública, nunca para obstaculizar por
afanes protagónicos o partidistas al titular de otro poder;
nunca para enturbiar la gobernabilidad en épocas en donde
la vigencia de las instituciones es un soporte básico para
la viabilidad del país. La
misma convicción ha llevado a las Comisiones Legislativas
a sopesar mesuradamente iniciativas que han generado una enorme
polémica entre los diversos sectores de la población,
como es el caso de la reforma hacendaria. En
las Cámaras, en época de profundización democrática,
debemos tener las puertas abiertas y el oído atento al
rumor social, al sentir de la gente, a la observación de
los ciudadanos, para que la tarea de legislar, que cala hondo
en el presente y el porvenir de la realidad de nuestro pueblo,
corresponda de manera fiel a lo que más conviene al desarrollo
nacional. La
sociedad, sus expresiones colectivas, las personas, pueden saber
que en el Congreso de la Unión hay representatividad e
interlocución firme para proyectar sus demandas y propuestas.
Los mexicanos pueden saber que no habrá presiones ni descalificaciones
que precipiten una decisión legislativa si no existe la
conciencia sobre la razón de la misma y su utilidad para
la nación. La
vocación social de la Legislatura resulta del entretejido
de personalidades y biografías de militantes de distintas
opciones políticas, pero todos con el interés común
de impulsar el desarrollo de México y erradicar los rezagos
sociales. Compartimos
un concepto amplio de democracia, que no se circunscribe a la
contienda electoral, y que para existir plenamente requiere desenvolvimiento
económico y distribución del ingreso, que propicien
y generalicen oportunidades. Un
vasto proceso de ciudadanización sustentado por una formación
educativa sólida, de ahí nuestro respaldo a las
universidades públicas, especialmente a la UNAM, equidad
que erradique exclusiones y elimine abismales diferencias sociales,
protección al ambiente y responsabilidad ecológica,
respeto a los derechos humanos, tolerancia y libertad de expresión. Entorno
democrático que para realizarse requiere espacios, donde
la convivencia social y familiar, no esté amenazada por
la inseguridad permanente o por sucumbir en el torbellino de un
país erosionado por la delincuencia organizada y el narcotráfico. Saludamos
la información sobre decomisos y captura de narcotraficantes
a que ha hecho referencia en su Informe. Conceptualización
democrática que nos proyecte en el mundo, como un país
con instituciones representativas consolidadas, con dignidad soberana
y capacidad para multiplicar sus vínculos con el exterior,
nutrido por su raigambre latinoamericano y responsable del papel
estratégico que juega en el continente y en el orbe. En
este marco, subrayo que la defensa de los derechos humanos de
los trabajadores migratorios en los Estados Unidos es prioritaria
para todas las fuerzas políticas representadas en este
Congreso, y que seguiremos con interés las perspectivas
de un acuerdo migratorio, que garantice empleo digno, seguridad
laboral y remuneración justa a millares de compatriotas. Esta
vocación social de los legisladores se nutre del vínculo
permanente con sus representados y se robustece en el contacto
con una realidad, que en muchas ocasiones, golpea por su dureza. Por
ello, como diputada, atenta del acontecer del país, considero
ineludible expresar mi preocupación por un crecimiento
económico cercano a cero en lo que va del año, por
la pérdida de casi 250 mil empleos permanentes, por la
baja de la producción manufacturera en 2.28, por la caída
de la industria de la construcción en 5.3, indicadores
éstos consignados con transparencia en el Informe que fue
entregado a estas Cámaras. Legisladores
de la Comisión Permanente expresaron con toda oportunidad,
lo que con datos oficiales estimaban un rezago preocupante en
el ejercicio del gasto programable del sector público,
las cifras que hoy nos ha presentado, nos llevan a revisar puntualmente
el desahogo de esta preocupación que fue planteada en el
Congreso de la Unión a través de su Comisión
Permanente. Sin
embargo, señor Presidente, es válido subrayar que
hay un tema, en el que lo que hemos escuchado el día de
hoy y lo que plantean un conjunto de fuerzas sociales que se han
manifestado en carreteras, en bodegas, empresas, expresando su
preocupación, evidentemente no hay convergencia. Me refiero
al caso del desarrollo agropecuario. Si
bien es cierto que existen problemas estructurales y circunstancias
de interdependencia económica en la globalidad que inciden
en los hechos antes mencionados, es necesario hacer un llamado
para que se apliquen medidas perentorias que contengan el deterioro
en el empleo y reviertan una situación que es dramática
para muchos mexicanos. Se
asoma aquí, lo que sin duda será un intenso debate.
Ante la desaceleración económica, ¿cuál
será el papel de la inversión pública y de
la actividad económica del Estado? En
un país con las disparidades y con los problemas que enfrentan
pequeños productores y medianos y pequeños empresarios,
parecería que la ortodoxia de acumular recursos en la Tesorería
y cuidar rigurosamente las variables macroeconómicas, resulta
cuando menos insuficiente. Este es uno de los temas en el que
profundizaremos los parlamentarios desde diversas ópticas,
estoy segura; pero todos en la búsqueda de respuestas acordes
con una realidad económica que hay que dinamizar y lograr
sea más justa. La
viabilidad del país depende de que haya oportunidades para
todos, pues la frustración y la desesperación de
los que poco o nada tienen, pone en tensión al conjunto. Los
legisladores, en las sesiones sucesivas en que analizaremos los
pormenores del informe, convocando a los Secretarios de Despacho
que se requiera para revisar y precisar detalles, emitiremos una
opinión sobre la eficacia o insuficiencia de las acciones
y políticas aplicadas en estos nueve meses del ejercicio
constitucional de su administración. He
escuchado, señor Presidente, con atención las expresiones
que de manera directa ha dirigido a millones de compatriotas que
por la magia de las telecomunicaciones, conocen el contenido del
mensaje de su informe al mismo tiempo que los legisladores. No
es de extrañar que un miembro de este cuerpo colegiado,
manifestara enfáticamente su extrañeza, pues independientemente
de esta nueva realidad tecnológica, el informe se presenta
ante el Congreso de la Unión. Respetuosa
que soy del valor de las palabras, comprendiendo que en voz de
un Presidente más que intenciones son compromisos a nombre
de la institución que representa, también he aprendido
que la sociedad, el pueblo que ha vivido distinguido y desmitificado
un cúmulo de ofertas y propuestas, al final sólo
tiene un veredicto sobre el gobernante y es el que se deriva de
sus actos, de sus resultados. Al hombre público se le evalúa
por su capacidad de hacer; los propósitos lo significan;
los hechos lo califican. Señor
Presidente. Compañeras
y compañeros legisladores; señoras y señores. Formamos
parte de un continuo social que se despliega por más de
30 siglos en esta región volcánica y luminosa, tierra
de paradoja, herida por injusticia y pobreza. La
historia nacional no es patrimonio de nadie, ningún grupo
o facción puede apropiársela, como tampoco podrían
negar el concurso de varias generaciones que durante el siglo
XX edificaron un país de instituciones, teñido de
contrastes donde hubo movilidad social; territorio que con la
pujanza de un pueblo generoso y creativo, pudo arribar al año
2000 como la población más grande de hispanoparlantes;
como la décima tercera economía del mundo; el octavo
país exportador, el segundo socio comercial del mercado
más grande del planeta; con un sistema educativo de amplia
cobertura; con un sistema político dinámico que
mantuvo estabilidad y aptitud para transformarse. También
con millones de pobres; disparidad abismal en los niveles de ingreso;
rezagos en tecnología y competitividad; descrédito
sobre el quehacer público; espacio de cultura e identidad
propia. Con ese legado policromo o claroscuro, los mexicanos pudimos
construir en la civilidad la transición al nuevo milenio.
Ahora, son otros tiempos. La historia contemporánea de México por voluntad de la pluralidad y la vocación democrática de nuestro pueblo, obliga a una convivencia entre ciudadanos de distintos signos ideológicos y trayectorias diversas, que son integrantes de las Poderes de la República. Subyace en ese mandato popular una convocatoria a la capacidad de diálogo y a la tolerancia, para que esta riqueza plural no devenga en parálisis o excesos autoritarios ante la hipotética imposibilidad de llegar a acuerdos. Subyace
la necesidad de generar espacios de confianza democrática
para que ninguna de las fuerzas suponga que quieren aniquilarla
y que la acción del gobierno corresponda a un principio
básico de respeto a los contrarios. Subyace una convicción
profunda sobre la prevalencia del interés superior del
país, de la necesidad de no defraudar las expectativas
de la población mexicana que con extraordinaria sabiduría
concibió un arreglo que obliga a balances y contrapesos;
que exige una convivencia democrática que es un permanente
aprendizaje de humildad y al mismo tiempo de grandeza; demanda
visión de Estado. Tenemos
la enorme oportunidad, si actuamos con seriedad, serenidad y consistencia,
sin protagonismos fatuos o cortoplacismos, de empujar el reloj
de la historia patria y transformar el sistema político
de México, para hacerlo más equilibrado y por ende
mejor garante del interés colectivo. Existe, finalmente, un compromiso ético: no traicionar a una sociedad que optó por la vía política para definir la nueva composición de sus instituciones. Fieles a sus orígenes. Leales a las ideologías y proyectos históricos que a cada uno han dado sustento, sin renunciar a la crítica, al debate, al antagonismo legítimo y consustancial a toda democracia, debemos tener la capacidad de transitar el siglo XXI construyendo. La oportunidad existe; existe también el riesgo; dependerá de imaginación, consistencia y valor. Dependerá en fin, de nuestro amor a México. Creo, con Carlos Pellicer: «La Patria necesita aquellos hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza. ¡Hay tanto y lo que hay es para tan pocos! Se olvida que la Patria es para todos. Si el genio y la belleza entre nosotros fue tanto y natural, que el recuerdo del hombre de otros días nos comprometa para ser mejores. La patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros. Es difícil ser buenos. Hay que ser héroes de nosotros mismos». *Respuesta de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la presentación de su I Informe de gobierno, Palacio Legislativo de San Lázaro, 1º de septiembre de 2001.
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