EL
DESAFÍO DE LA 18 ASAMBLEA - Cancelado por los hechos el liderazgo presidencial, la XVIII Asamblea Nacional definirá los nuevos ejes de gobernabilidad interna del PRI - La nueva gobernabilidad deberá situarse en una mayor consideración a las expresiones regionales del partido - El ejercicio de controles autoritarios para imponer conductas políticas, deberá ser sustituirlo por acuerdos democráticos En
la medida en que profundizamos en los desafíos a los cuales
nos enfrenta la XVIII Asamblea Nacional de nuestro Partido, vamos
tomando conciencia de la magnitud de los trabajos que nos esperan.
Entre esos desafíos hay algunos de carácter singular
que no pudieron darse en otras épocas o etapas del partido. Un
caso así es el de la gobernabilidad interna del Partido.
Desde luego, no es que ese problema sea nuevo en sí. Siempre
ha sido necesario, y lo será, establecer los mecanismos
a través de los cuales puedan adoptarse las decisiones
e impartirse las directrices partidarias. Pero los términos
en que ahora deberemos hacer frente a ese requerimiento son distintos
que en el pasado. Las
decisiones mayores venían siendo directamente adoptadas
o, más frecuentemente, inducidas por el Presidente de la
República en turno, que durante las siete décadas
anteriores venía siendo un ciudadano postulado por nuestro
Partido. Esta costumbre, esta forma de hacer las cosas, no es
que fuera exclusiva del «caso mexicano» y del PRI-gobierno,
como nuestros adversarios se empeñan en presentarlo. En
casi cualquier país del planeta el gobernante ejerce liderazgo
real sobre el partido que lo postuló e hizo elegir. Puede
discutirse qué grado de liderazgo es admisible o razonable,
pero no la naturaleza de la relación que suele establecerse
en esos casos. Como
quiera que sea, este liderazgo del Presidente de la República
sobre nuestro Partido, y su prolongación durante un amplio
lapso, tuvo una funcionalidad clara en cuanto a facilitar la gobernabilidad
y toma de decisiones criticas en el seno del PRI. Cuando
un asunto resultaba un tanto conflictivo o difícil de resolver,
había una instancia, la presidencial, cuya autoridad no
era discutida, para darle una salida. El Presidente podía
también marcar líneas generales para orientar el
quehacer del Partido. Y solía asimismo validar las listas
de aspirantes a ciertos puestos de elección popular. Con
indudables inconvenientes en cuanto a la acumulación de
poder que este presidencialismo supone, gobernabilidad y disciplina
eran en principio y en lo general asuntos resueltos. Salta a la
vista que ese estado de cosas ha llegado a su fin a partir del
momento en que el PRI perdió la elección presidencial
de julio de 2000. En
los primeros días y meses siguientes a ese acontecimiento
político, el Partido no acertaba a reencontrar los mecanismos
de su gobierno interno. Ciertamente los estatutos regulan el funcionamiento
de las estructuras de toma de decisiones, principalmente el Comité
Ejecutivo Nacional, el Consejo Político Nacional y la Asamblea
Nacional. La
Asamblea Nacional es el órgano supremo del PRI, el más
amplio, democrático y participativo al que hasta hoy podemos
recurrir para establecer los grandes lineamientos del quehacer
de los priístas. Esto ha sido así en verdad, incluso
bajo las condiciones pasadas del liderazgo presidencial, hasta
el punto de que las asambleas generales pudieron bloquear y bloquearon,
en ocasiones con eficacia, iniciativas y directrices emanadas
del titular del Ejecutivo Federal. La
Asamblea Nacional, sin embargo, es un órgano con miles
de integrantes que funciona durante unos días cada vez,
y luego de concluir sus sesiones no vuelve a reunirse sino después
de lapsos prolongados. Por su propia naturaleza y dimensiones
no puede funcionar de manera continua ni siquiera con frecuencia
y sus funciones son normativas. Por definición las decisiones
de la Asamblea son normas para el conjunto del partido, hasta
el tiempo en que vuelve a ser convocada y reunida. El
Consejo Político es un órgano colegiado que conforman
unos cuantos cientos de priístas. Ha sido hasta hoy una
muestra de la composición de fuerzas del Partido. Durante
mucho tiempo, sin embargo, y pese a que debía ser un foro
de análisis y un organismo decisorio, el Consejo Político
con frecuencia convalidó deliberante decisiones tomadas
en otros niveles, con las excepciones que son del dominio público. Cancelado
por lo hechos el liderazgo presidencial, el Consejo Político
Nacional ha emergido como un órgano con creciente vida
propia, que tiene la jerarquía estatutaria para debatir,
decidir, elegir, dar lineamientos y supervisar ciertas acciones
del Comité Ejecutivo Nacional, dentro del marco de los
documentos fundamentales del partido. Ha
mostrado funcionalidad en el plazo medio, y, por sus características
y composición, puede reunirse con mayor frecuencia. No
es, sin embargo, y como resulta obvio, un organismo operativo
ni puede tomar las decisiones de todos los días. Éstas,
las decisiones cotidianas, así como la operación
de los programas y acciones del Partido, corresponden al Comité
Ejecutivo Nacional. En el sistema anterior, su presidente, era,
sobre todo, un nexo con el Ejecutivo Federal de extracción
priísta al tiempo que el más alto dirigente del
Partido y su secretario general un negociador y ejecutor de lineamientos
hacia el interior del priísmo. Los
sectores y las organizaciones poseen sus estructuras organizativas
y decisorias, están dotados de su propia funcionalidad
de conformidad con su ámbito de acción. La existencia
y funcionamiento de estos sectores y organizaciones le ha valido
al PRI críticas, por lo general malintencionadas, desinforma-doras
e inócuas. La principal de ellas es el calificativo de
corporativismo. Con ello intentan aludir al ejercicio de controles
autoritarios de los sectores y organizaciones sobre sus miembros
individuales, validos de mecanismos de poder, para imponerles
conductas políticas. En
la medida en que han existido tales mecanismos y controles están
en franca retirada y en la medida en que la democratización
interna y externa avanzan carecen de eficacia, pues el voto secreto
deja libre a toda conciencia individual. Lo
cierto e indudable, es que los sectores en su ámbito, y
las organizaciones en el suyo, son y seguirán siendo piezas
vitales de la eficacia política del priísmo para
organizar a los grandes grupos de la población con vistas
al activismo y a la participación, y para articular y luchar
por sus propias reivindicaciones. Obreros, campesinos, clases
medias, colonos urbanos, mujeres y jóvenes, principalmente,
encuentran dentro de sus sectores y organizaciones un ámbito
natural de desarrollo y de inserción en el gran conjunto
del priísmo. La
evolución de las cosas en la nueva circunstancia del Partido,
sin embargo, está variando las formas organizativas y las
relaciones entre sectores, organizaciones, y las instituciones
de mando e instancias decisorias del priísmo La
XVIII Asamblea será el foro adecuado para debatir y dar
vida a las nuevas formas de gobierno interno y gobernabilidad
del priísmo. Las estructuras y las funciones existentes
tendrán que revisarse y redefinirse. Este no es un asunto
secundario, ni sencillo. Necesitamos
poner en marcha un cuidadoso proceso de reflexión, análisis
y propuesta para definir de que manera podemos regular mejor las
relaciones entre los componentes del Partido, cómo dirimir
conflictos en su seno, y cómo tomar decisiones de corto,
mediano y largo plazos, bajo un sistema funcional y claramente
democrático. Una
de las vertientes en que deberemos esclarecer estas relaciones,
y encontrar fórmulas equilibradas, es la de la regionalización
del partido – cualquiera que sea su dimensión final
precisa–, y la unidad nacional del priísmo. Aquí
también se involucra un asunto de gobernabilidad y disciplina
partidarias, frente al reconocimiento de la legitimidad de los
intereses y autoridades regionales. En
la historia del Partido ha habido casos de exceso de centralismo
y de autoritarismo que debemos erradicar. Han habido también
funciones y aciertos de los órganos nacionales del Partido,
que han evitado el éxito de grupos de poder empeñados
en imponer sus reglas e intereses, y manejar el PRI como una cosa
propia a niveles regionales. Nuestro
Partido nació de un esfuerzo eficaz por integrar propuestas
regionales y locales –aún municipales– para fortalecer
la capacidad de gobierno en todo el país. Ese empeño
no ha terminado. Es más: ante las nuevas condiciones de
México, en un mundo empujado por la globalización,
los priístas requerimos repensar las estructuras del partido
para contribuir a atender mejor el desarrollo de las regiones,
impulsar su cooperación y equilibrio, y conformar una renovada
unidad nacional, de gran aliento democrático. La
unidad nacional democrática es resultado de la comunidad
de aspiraciones, de la convicción de que México
es una sola nación con múltiples culturas y orígenes.
La fortaleza de ese todo es que México ha de ser mayor
en la medida en que las partes que lo integran -regiones, estados,
grupos sociales- resuelvan sus problemas propios, eleven sus niveles
de vida, enaltezcan su cultura peculiar, y se integren al esfuerzo
del conjunto del país. El
PRI debe contribuir a impulsar el desarrollo regional para avanzar
en la reducción de los contrastes y diferencias de oportunidades
que las separan, impulsar su desarrollo económico y mejorar
su vida. Este impulso al desarrollo regional precisa ser visto
como pieza maestra de un gran esquema de desarrollo nacional. El
mismo principio es aplicable al desarrollo político nacional,
del que la transformación del Partido Revolucionario Institucional
constituye una parte de la mayor importancia. He querido de esta manera hacer una exposición analítica, para llamar la atención de los representantes de los sectores y organizaciones del priísmo coahuilense sobre una de las cuestiones más delicadas, y no resueltas, que nos plantea esta nueva etapa del priísmo, y su 18 Asamblea Nacional: la asamblea de su renovación. *Palabras pronunciadas por el Secretario General del CEN del PRI en la reunión con el Consejo Político Estatal en Coahuila, con motivo de la evaluación de los trabajos preparatorios de la 18 Asamblea General de Delegados. Saltillo Coahuila, 27 de agosto de 2001.
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