EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LA COORDINACIÓN FISCAL
ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO*

La vertiente fiscal de la propuesta de «nueva hacienda pública», enviada por el presidente Fox al Congreso de la Unión el pasado mes de abril, ha generado un intenso proceso de discusión y análisis que todavía muestra posiciones encontradas. Desde hace varios meses esta reforma tributaria se encuentra en el centro de la discusión política del país y seguramente estará presente en el curso de las próximas semanas.

Se trata de un asunto de primera importancia para la definición del país que se quiere construir en los próximos años. Su resolución adquiere además un carácter de urgencia, porque dentro de pocas semanas, el 15 de octubre, se entraría a la discusión sobre la iniciativa de Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2002; esto sin duda plantearía un escenario de mayor complejidad para alcanzar los acuerdos necesarios entre las diversas fuerzas políticas que se expresan en el Congreso.

No son, sin embargo problemáticas aisladas ni mucho menos diferentes. Tanto la orientación del presupuesto federal, como las necesarias modificaciones fiscales para que el presupuesto sea efectivamente un instrumento a fin de elevar los niveles de bienestar de la población, forman parte de un mismo sentido de acciones, que en conjunto definen a la política económica. En esa definición, que constituye parte esencial del proyecto de país, debemos participar todos.

La experiencia del año pasado en la estructuración del presupuesto federal nos recuerda que el debate presupuestal es al mismo tiempo una definición en torno a las bases de nuestro pacto social y a la forma en que dicho pacto deberá ser reformulado. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue modificado después de difíciles negociaciones que mostraron las diversas posiciones que existen en las fuerzas políticas representadas en el Congreso en esta materia.

Interesa destacar que en las ampliaciones y reasignaciones hechas al proyecto original se dio un apoyo adicional en materia de federalismo, que viene a sumarse al aún insuficiente, pero gradualmente mayor apoyo que los estados reciben como porcentaje del PIB en aportaciones y participaciones federales. Éstas pasaron de 1.8 % en 1982 a 7.3% para este año.

Es tiempo de que esta mayor transferencia de recursos, que en buena medida ha obedecido a una descentralización concebida y operada desde el centro, con poca participación de los municipios, tenga en éstos la principal garantía del impacto deseado con los recursos ejercidos.

Aunque crecientes, los recursos para responder a la demanda social en los municipios son todavía insuficientes. Esto nos regresa al debate actual sobre la reforma fiscal. Debemos cuidar de no regresar a un Estado con dimensiones mayores a las que recomienda la salud financiera, pero tampoco podemos caer en un Estado débil, incapaz de hacer frente a sus responsabilidades sociales.

Ciertamente, el fenómeno de la globalización en el que estamos inmersos impone la estructuración de un esquema tributario que no se aparte de los existentes en el resto del mundo, y especialmente con los de nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, sin dejar de ser competitivos debemos buscar los mecanismos para que al mismo tiempo seamos más justos en la distribución del ingreso nacional. Padecemos una de las distribuciones del ingreso más inequitativas del mundo y ante tal desproporción no puede permitirse que únicamente opere el mercado. Ese es el espacio para la política.

Pero ésta, para que realmente lo sea, debe ejercerse responsablemente, sin propuestas inviables de paraísos que no existen ni aquí ni en ningún lado. Es un hecho que para que cualquier nivel de gobierno asuma responsablemente sus compromisos, debe contar con los recursos suficientes y eso implica cumplir con varios elementos.

Se requiere de una ciudadanía comprometida con el pago de sus impuestos. Esto, sin duda, tiene que ver con la percepción que tiene el ciudadano de la retribución que recibe por el pago de los mismos, y esto en varios sentidos tiene que ver con los servicios que recibe por parte de los Ayuntamientos.

Se necesita de una clase política que asuma con responsabilidad los compromisos establecidos con la sociedad, teniendo claras las posibilidades y las líneas de su proyecto político, pero también los límites a los que se está sujeto por un manejo responsable del presupuesto. Con la economía no se juega.

Es necesario el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante un mecanismo de traslado de recursos más equitativo, a través de la Ley de Coordinación Fiscal. Los municipios deben integrarse con pleno derecho al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y tener una representación en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. Ese es el ámbito donde pueden proponerse las medidas para mejorar la mecánica con la que opera dicho Sistema; en ese ámbito los municipios no tienen presencia alguna.

No es adecuado, ni política ni económicamente, que desde 1980 se encuentre en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, y que el municipio, más compenetrado con los problemas de la comunidad no carezca de representación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para hacer sentir sus puntos de vista y la problemática que enfrenta.

Una expresión más de la necesidad de que el municipio participe en el diseño de las políticas públicas, la representa el hecho de que en las discusiones llevadas a cabo para la reforma fiscal, y en donde han participado gobernadores, legisladores y desde luego funcionarios federales, no han participado los municipios a través de ninguna de sus representaciones nacionales.

Democracia y descentralización son procesos complementarios. Es necesario que la democracia electoral que se vive en nuestro país se traduzca con mayor fuerza en la descentralización efectiva de la vida pública y en una mayor presencia de los municipios en las decisiones nacionales. Cada vez más la calidad de vida de los ciudadanos tendrá que ver con la capacidad de gestión y con la transparencia en el ejercicio de los recursos con los que cuenten los Ayuntamientos.

*Presidente municipal de Centro, Tabasco.