EL
PRESUPUESTO FEDERAL Y LA COORDINACIÓN FISCAL
ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO*
La
vertiente fiscal de la propuesta de «nueva hacienda pública»,
enviada por el presidente Fox al Congreso de la Unión el
pasado mes de abril, ha generado un intenso proceso de discusión
y análisis que todavía muestra posiciones encontradas.
Desde hace varios meses esta reforma tributaria se encuentra en
el centro de la discusión política del país
y seguramente estará presente en el curso de las próximas
semanas.
Se
trata de un asunto de primera importancia para la definición
del país que se quiere construir en los próximos
años. Su resolución adquiere además un carácter
de urgencia, porque dentro de pocas semanas, el 15 de octubre,
se entraría a la discusión sobre la iniciativa de
Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos de la Federación
para el 2002; esto sin duda plantearía un escenario de
mayor complejidad para alcanzar los acuerdos necesarios entre
las diversas fuerzas políticas que se expresan en el Congreso.
No
son, sin embargo problemáticas aisladas ni mucho menos
diferentes. Tanto la orientación del presupuesto federal,
como las necesarias modificaciones fiscales para que el presupuesto
sea efectivamente un instrumento a fin de elevar los niveles de
bienestar de la población, forman parte de un mismo sentido
de acciones, que en conjunto definen a la política económica.
En esa definición, que constituye parte esencial del proyecto
de país, debemos participar todos.
La
experiencia del año pasado en la estructuración
del presupuesto federal nos recuerda que el debate presupuestal
es al mismo tiempo una definición en torno a las bases
de nuestro pacto social y a la forma en que dicho pacto deberá
ser reformulado. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue modificado
después de difíciles negociaciones que mostraron
las diversas posiciones que existen en las fuerzas políticas
representadas en el Congreso en esta materia.
Interesa
destacar que en las ampliaciones y reasignaciones hechas al proyecto
original se dio un apoyo adicional en materia de federalismo,
que viene a sumarse al aún insuficiente, pero gradualmente
mayor apoyo que los estados reciben como porcentaje del PIB en
aportaciones y participaciones federales. Éstas pasaron
de 1.8 % en 1982 a 7.3% para este año.
Es
tiempo de que esta mayor transferencia de recursos, que en buena
medida ha obedecido a una descentralización concebida y
operada desde el centro, con poca participación de los
municipios, tenga en éstos la principal garantía
del impacto deseado con los recursos ejercidos.
Aunque
crecientes, los recursos para responder a la demanda social en
los municipios son todavía insuficientes. Esto nos regresa
al debate actual sobre la reforma fiscal. Debemos cuidar de no
regresar a un Estado con dimensiones mayores a las que recomienda
la salud financiera, pero tampoco podemos caer en un Estado débil,
incapaz de hacer frente a sus responsabilidades sociales.
Ciertamente,
el fenómeno de la globalización en el que estamos
inmersos impone la estructuración de un esquema tributario
que no se aparte de los existentes en el resto del mundo, y especialmente
con los de nuestros principales socios comerciales. Sin embargo,
sin dejar de ser competitivos debemos buscar los mecanismos para
que al mismo tiempo seamos más justos en la distribución
del ingreso nacional. Padecemos una de las distribuciones del
ingreso más inequitativas del mundo y ante tal desproporción
no puede permitirse que únicamente opere el mercado. Ese
es el espacio para la política.
Pero
ésta, para que realmente lo sea, debe ejercerse responsablemente,
sin propuestas inviables de paraísos que no existen ni
aquí ni en ningún lado. Es un hecho que para que
cualquier nivel de gobierno asuma responsablemente sus compromisos,
debe contar con los recursos suficientes y eso implica cumplir
con varios elementos.
Se
requiere de una ciudadanía comprometida con el pago de
sus impuestos. Esto, sin duda, tiene que ver con la percepción
que tiene el ciudadano de la retribución que recibe por
el pago de los mismos, y esto en varios sentidos tiene que ver
con los servicios que recibe por parte de los Ayuntamientos.
Se
necesita de una clase política que asuma con responsabilidad
los compromisos establecidos con la sociedad, teniendo claras
las posibilidades y las líneas de su proyecto político,
pero también los límites a los que se está
sujeto por un manejo responsable del presupuesto. Con la economía
no se juega.
Es
necesario el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante
un mecanismo de traslado de recursos más equitativo, a
través de la Ley de Coordinación Fiscal. Los municipios
deben integrarse con pleno derecho al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal y tener una representación en la Reunión
Nacional de Funcionarios Fiscales. Ese es el ámbito donde
pueden proponerse las medidas para mejorar la mecánica
con la que opera dicho Sistema; en ese ámbito los municipios
no tienen presencia alguna.
No
es adecuado, ni política ni económicamente, que
desde 1980 se encuentre en vigor la Ley de Coordinación
Fiscal, y que el municipio, más compenetrado con los problemas
de la comunidad no carezca de representación en el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal para hacer sentir sus puntos
de vista y la problemática que enfrenta.
Una
expresión más de la necesidad de que el municipio
participe en el diseño de las políticas públicas,
la representa el hecho de que en las discusiones llevadas a cabo
para la reforma fiscal, y en donde han participado gobernadores,
legisladores y desde luego funcionarios federales, no han participado
los municipios a través de ninguna de sus representaciones
nacionales.
Democracia
y descentralización son procesos complementarios. Es necesario
que la democracia electoral que se vive en nuestro país
se traduzca con mayor fuerza en la descentralización efectiva
de la vida pública y en una mayor presencia de los municipios
en las decisiones nacionales. Cada vez más la calidad de
vida de los ciudadanos tendrá que ver con la capacidad
de gestión y con la transparencia en el ejercicio de los
recursos con los que cuenten los Ayuntamientos.
*Presidente
municipal de Centro, Tabasco.
