HACIA
UNA NUEVA POLÍTICA INDÍGENA DEL PRI En
el próximo mes de noviembre el PRI realizará su
XVIII Asamblea General de Delegados. Esta reunión es probablemente
la más trascendental de la historia del Partido, sólo
comparable con la asamblea constitutiva del PNR, antecedente del
PRI. La
Asamblea se vislumbra como el espacio para que los priístas
de todo el país unamos esfuerzos, voluntad y creatividad
para propiciar la transformación histórica de nuestro
partido. El PRI desde su origen estuvo ligado al máximo
poder político de país, la Presidencia de la República.
Esta situación privilegiada condicionó y determinó
la cultura y las prácticas políticas del PRI durante
décadas, estableciéndose una interdependencia entre
PRI y gobierno que en las últimas dos décadas derivó
en una relación desventajosa para el Partido que tuvo que
asumir los costos políticos de las gestiones gubernamentales
de los presidentes emanados de sus filas. En
los últimos años se han gestado procesos de cambio
de largo aliento en los ámbitos de lo social, de la economía,
la política y la cultura en México y en el mundo.
Los gobiernos y los partidos políticos se han visto en
la necesidad de replantear su funcionamiento y su relación
con la sociedad. El PRI no cambió al ritmo que lo hizo
el país y el mundo. El PRI se alejó de la sociedad,
ésta ya no se sintió representada por él,
y se distanció de los gobiernos priístas que ejercieron
su gestión por caminos muchas veces opuestos a la doctrina
del PRI. La
responsabilidad de ejercer el poder, impidió un deslinde
del PRI frente a las políticas impopulares de los últimos
gobiernos. El año pasado el PRI perdió la Presidencia
de la República y en la actualidad como priístas
comprometidos tenemos que asumir el reto histórico de transformar
nuestro partido y de convertirlo en una alternativa real de gobierno. Este
proceso de transformación del PRI y de consolidación
de la democracia, coincide con el resurgimiento de la cuestión
indígena en México y en otras regiones del mundo.
Desde 1994, cuando se alzaron en armas los indígenas chiapanecos
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
se colocó en la agenda nacional con una fuerza sin precedente
el tema indígena. El
conflicto chiapaneco generó una negociación entre
el gobierno federal y el EZLN, que derivó en la firma de
los Acuerdos de San Andrés en 1996. Estos acuerdos establecen
las bases para que el Estado mexicano reconozca los derechos colectivos
de los pueblos indígenas. La
Comisión de Concordia y Pacificación, conocida como
Cocopa, tomó como base los Acuerdos de San Andrés
para elaborar una propuesta de Iniciativa de reforma constitucional
en materia de derechos y cultura indígena. En diciembre
del 2000 el recién nombrado Presidente Vicente Fox, hizo
suya la Iniciativa de la Cocopa y la presentó ante el Senado
de la República. Posteriormente,
se originó el debate y la negociación parlamentaria
que tuvo como resultado una reforma constitucional en materia
de derechos y cultura indígena que fue ratificada por la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el
18 de julio del año en curso. El
nuevo marco legal pone las premisas para una nueva relación
entre pueblos indios y Estado, y con base en él tenemos
que plantear e impulsar la política indígena que
queremos que el PRI asuma como suya en su próxima Asamblea. Desde
su origen el Partido ha abanderado la causa indígena, hoy
día es el único Partido que tiene una estructura
indígena y a lo cual se debe que el PRI continúe
obteniendo un alto índice de votos en las zonas rurales,
los indígenas son nuestros más fieles electores
y militantes. El
partido no cierra sus oídos a la problemática indígena,
tal es la razón por la que en la organización de
la XVIII Asamblea se contempla en la Comisión de Proyecto
de Nación, una mesa de debate, denominada Tribuna de Causas
Indígenas, específicamente para tratar la problemática
de los indígenas del país y discutir lo que ellos
quieren del partido, y en la que participarán los propios
indígenas como delegados con voz y voto. Sí,
el PRI tiene la obligación de asumir con claridad su compromiso
con uno de los sectores más vulnerables de la población,
los indígenas, y para ello se hace necesario impulsar como
parte activa del proceso de reestructuración que el partido
tiene que vivir a partir de la XVIII Asamblea, una política
indígena de partido que tenga entre algunos de sus objetivos
los siguientes: -
Impulsar el compromiso estatutario del PRI de abrirse a la participación
libre y directa de los indígenas en las decisiones del
Partido, así como garantizar un mínimo de espacios
en sus estructuras locales y nacionales para la representación
de los pueblos indios, desde los comités municipales o
distritales hasta el Consejo Político Nacional. -
Fortalecer y ampliar las estructuras indígenas del Partido,
en particular las secretarías de Acción Indígena
estatales y nacional, que requieren de una mayor cantidad de recursos
económicos y políticos para desarrollar satisfactoriamente
sus funciones. -
Promover el compromiso del Partido para asegurar la representación
indígena en las candidaturas a las diputaciones locales
y federales, así como las postulaciones para los ayuntamientos
y demás espacios de representación popular, sobre
todo en los municipios con población indígena significativa;
siempre sobre la base de liderazgos indígenas auténticos
y una representatividad amplia y acreditada. -
Impulsar un acuerdo político con las principales fuerzas
políticas y sociales del país, con el gobierno federal
y los gobiernos locales, en consulta y coordinación con
los pueblos indígenas, para crear una Política Indígena
de Estado, con la participación directa de los indígenas
y sustentada en el nuevo marco legal en materia indígena. -
Impulsar la transformación de las instituciones gubernamentales
que tienen un impacto directo en el desarrollo de los pueblos
indígenas, tal es el caso del Instituto Nacional Indigenista,
con el objetivo de garantizar la participación de profesionistas
y líderes indígenas representativos. -
Impulsar la elaboración y aprobación de la ley reglamentaria
de la reforma constitucional en materia de cultura y derechos
indígenas, con la finalidad de incluir las observaciones
hechas por líderes indígenas, especialistas en la
materia y nuestro punto de vista doctrinario. -
Promover en los congresos locales la realización de leyes
indígenas que reflejen la particularidad de la problemática
indígena de cada entidad. -
Promover desde el ámbito legislativo la asignación
de recursos financieros para el desarrollo integral de los indígenas. -
Impulsar una campaña nacional permanente a favor de la
tolerancia, contra la discriminación y el desprecio de
los pueblos indígenas y su cultura. - Promover la organización de los indígenas, para avanzar en la creación de las condiciones y las formas prácticas que permitan a las comunidades indígenas el ejercicio pleno de sus derechos de acuerdo en la nueva legislación en la materia. *Maya oriundo de Motul, Yucatán. Secretario de Acción Indígena del CEN del PRI y Diputado Federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión
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