EL
PRI DEBE HACER SUYAS LAS PRINCIPALES REIVINDICACIONES OBRERAS
Y CAMPESINAS El
Partido Revolucionario Institucional vive una etapa de profunda
redefinición de sus principios esenciales. El actual contexto
sociopolítico es el de una alternancia que no ha logrado
asignar nuevos valores a la sociedad mexicana. Este proceso, el
de asignación autoritaria de nuevos valores podría
definir, en el mediano o largo plazo, las nuevas características
del régimen. Sin embargo, nada hay en el terreno de la
realidad que garantice la factibilidad de construir, en las condiciones
del presente, un nuevo orden político. En
este contexto, la reforma estructural del PRI, en lo que concierne
a sus valores y principales reivindicaciones, debe dar paso a
una redefinición de su identidad ideológica que
sea pertinente y de vanguardia para un país como México,
que no sólo está inmerso en un amplio y complejo
proceso de cambio, sino que en muchos sentidos es ya una Nación
diferente a la del siglo xx. Al mismo tiempo, debe ser capaz de
reivindicar en lo inmediato el conjunto de intereses de la gente
que lo integra: obreros, campesinos y clases medias populares,
porque ese conjunto de intereses es de la sociedad mexicana en
su conjunto. Existen
ámbitos diferentes y complementarios. El primero apunta
al largo plazo, a ganar el futuro de las contiendas electorales
del siglo que se inicia con una visión actualizada de nuestros
principios y valores; el segundo, implica una adecuación
de estrategias para mantener lo que tiene, para fortalecer sus
bases y para ampliar sus perspectivas. Las
notas siguientes presentan una agenda mínima de reivindicaciones
obreras, campesinas y populares que el Partido Revolucionario
Institucional podría incorporar como referentes válidos
en su proceso de reforma. La
globalización es un hecho, no una opción deliberada.
Sus efectos sobre la política, la economía y la
cultura tienen gran impacto en sociedades en proceso de modernización
como la nuestra. México debe participar en el mundo globalizado
como un país capaz de promover los intereses nacionales,
en lugar de que su gobierno permita, por omisión o comisión,
que se desintegre nuestra identidad, se succione nuestro esfuerzo
productivo y se comprometa la integridad de nuestro territorio. En
el ámbito obrero, parece necesario señalar que tanto
el inicio de un gobierno autodefinido como empresarial como las
tendencias de la economía mundial apuntan al establecimiento,
mediante la reforma a la Ley Federal del Trabajo, de la llamada
flexibilidad laboral que se traduce, en el terreno de los hechos,
en la exigencia de eliminar: a) el sistema actual de pagos por
despido, negociación colectiva y contratos obligatorios
para la industria; b) la repartición obligatoria de utilidades;
c) las restricciones a los contratos temporales, de plazo fijo
y de aprendizaje; d) los requisitos de promoción basados
en la antigüedad; e) el registro de programas de capacitación
proporcionados por las empresas; y f) las obligaciones derivadas
por los empleados de subcontratistas, etcétera. La definición
que el Partido Revolucionario Institucional debe asumir es la
de un franco rechazo a esta pretensión por su carácter
regresivo y atentatorio de las conquistas laborales. En
el ámbito campesino, resulta conveniente recordar que constituye
el sector que por sus rezagos, condiciones de propiedad de la
tierra, arriendo, mano de obra y producción, representa
un riesgo de conflicto social y político. Su participación
organizada puede afectar en importante medida la agenda de políticas
del gobierno federal y, por supuesto, orientar en forma determinante
el proceso de transformación del régimen. La insatisfacción
campesina se expresa en demandas concretas y redistributivas que
si no encuentran respuesta inmediata son focos potenciales de
confrontación. Es fundamental que el Partido Revolucionario
Institucional sostenga las banderas de los campesinos por congruencia
histórica y por razones de justicia. El sector popular es grande y complejo. Interactúan en él los más diversos grupos y expresiones sociales y políticas. El reposicionamiento del Partido de cara a la próxima Asamblea tiene que ver más con su operación que con la definición de su agenda. Lo que hay que cambiar es su forma de relacionarse con la sociedad y ampliar el espectro de su vinculación orgánica con ONG‘s las llamadas minorías sociales. Reivindicaciones obreras En
materia de empleo El
trabajo se ha convertido en el factor central de realización
de las personas y en un instrumento privilegiado de redistribución
del ingreso. El PRI debe asumir como uno de sus valores centrales
la demanda para generar cada año un mayor número
de plazas. Nadie puede desconocer que del trabajo productivo de
las personas depende su nivel de vida y la satisfacción
de sus necesidades más apremiantes. El desempleo atenta
contra la dignidad de las personas y los derechos humanos. El
trabajo constituye un derecho irrenunciable. En este contexto, el Partido debe enarbolar la reivindicación de más, pero también mejores espacios laborales y hacer del empleo digno y bien remunerado uno de sus nuevos valores, con base en los siguientes principios: -
De libertad, para que las personas elijan en forma autónoma
la actividad productiva que deseen desempeñar. - De justicia, para que tengan trabajo todos quienes estén buscándolo y lo necesiten, disminuyendo el tamaño del sector informal y aumentando el número de trabajadores incorporados a los servicios de seguridad social. -
De desarrollo, para que todo trabajador tenga acceso a la formación
necesaria para ocupar puestos de mayor calificación. -
De equidad, para cancelar toda discriminación por razones
de género. - De igualdad, para fomentar oportunidades iguales para los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares. La política del empleo que abandere el PRI debe estar en sintonía con los objetivos económicos y sociales del desarrollo. Asimismo, debe pugnar por la implementación de una política laboral tendiente a armonizar las necesidades de mano de obra con las prioridades del crecimiento regional y local. En
materia de libertad de asociación y autonomía sindical El
Partido debe promover reformas a la ley laboral para evitar la
injerencia del poder ejecutivo federal en la calificación
de la elección y configuración de las dirigencias
sindicales. Debe
demandar la aplicación de normas en materia de relaciones
de trabajo que afirmen el derecho de los trabajadores a constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como el
de afiliarse a éstas, conforme a la legislación
vigente. Debe
pronunciarse contra todo acto de la autoridad tendiente a menoscabar
la autonomía y libertad sindical. Debe
alentar la modernización, depuración y fortalecimiento
de la gestión de los sindicatos, a fin de que asuman sus
responsabilidades para coadyuvar a elevar la productividad en
el marco de una creciente competencia internacional, sin conculcar
los derechos de los trabajadores, y preservando y defendiendo
la autonomía sindical, consagrada en la Ley. Debe oponerse a las políticas y programas del gobierno que busquen atraer la inversión extranjera sobre la promesa de minar conquistas laborales. Debe rechazar cualquier medida que incentive la inversión privada limitando la libertad sindical, el derecho de sindicación o la negociación colectiva. En
materia de contratos colectivos En
materia de unidad obrera En
materia de flexibilidad laboral Es
indispensable simplificar el aspecto procesal (más de 600
artículos) de la Ley Federal del Trabajo, revisando los
tiempos y procedimientos (sin llegar a juicios sumarios y reconociendo
la garantía de audiencia) a los que se debe llegar para
tener un laudo o una sentencia, en la inteligencia de que un juicio
largo es un juicio caro, en detrimento de los derechos del trabajador
y de los intereses económicos de las empresas. Se requiere fortalecer y ahondar en el diálogo y las acciones tendentes a consolidar una Nueva Cultura Laboral de mayor eficiencia y productividad, favorable al trabajador, a la empresa y al desarrollo de la economía, donde el método democrático y el consenso, sean los elementos que rijan sin excepción las relaciones laborales en todo el país, preservando el carácter tripartito de la relación laboral, a fin de que ninguna de las voces de este tripoder pueda imponerse autoritariamente sobre las otras. En
materia de equidad y género También, debe pugnar porque la legislación laboral contemple un apartado que defina condiciones de trabajo particulares para la mujer y una protección especial en caso de que se vea expuesta a riesgos de trabajo. Asimismo, debe pronunciarse por erradicar prácticas discriminatorias o de acoso sexual. En
materia de protección al salario El
Partido debe reivindicar la lucha de los trabajadores por mejores
salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, en el marco de
una política nacional que se identifique plenamente con
sus causas sociales. En este sentido, debe demandar salarios,
prestaciones y condiciones generales adecuadas y suficientes para
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores
y sus familias. Debe adoptar medidas de política partidista a fin de asegurar que los grupos de ingresos más reducidos y en las zonas menos desarrolladas del país, cuenten con el apoyo de diversos programas sociales. En
materia de trabajo infantil En
materia de empresas multinacionales El Partido Revolucionario Institucional debe asumir como principio rector en su relación con las empresas nacionales y multinacionales que la operación de éstas esté en armonía con las prioridades del desarrollo y con los objetivos y la estructura social de nuestro país. Ambos tipos de empresas deben estar sujetas a prácticas adecuadas en materia social y laboral. En
materia de empresas privadas nacionales En
su identificación orgánica con los trabajadores,
el PRI debe dar prioridad en sus definiciones y valores fundamentales
al empleo, al desarrollo profesional y a la promoción de
la capacitación técnica. En este sentido, debe definir
una relación independiente con el gobierno y las autoridades
laborales y exigir a las empresas una acción consecuente
para fomentar sus inversiones productivas a fin de crear empleos
tanto directa como indirectamente. El
PRI debe rechazar el axioma que vincula el uso de tecnologías
al desplazamiento laboral. Es posible utilizar estas tecnologías
y a la vez crear nuevos empleos. Se requiere un compromiso explícito
para innovar en el ámbito tecnológico sin afectar
los niveles de empleo. El Partido debe pronunciarse por la defensa de los derechos de los empleados públicos; fomentar su organización; facilitar su preparación permanente y pugnar por el establecimiento del servicio civil de carrera. En
materia de inversión en desarrollo humano En
materia de seguridad en el empleo El
Partido debe demandar de los empresarios un claro compromiso en
la promoción de la seguridad en la fuente de trabajo y
la cancelación de políticas que acentúen
el desempleo. Debe plantear la exigencia para que informen con
antelación sus fusiones, adquisiciones de empresas o transferencias
de producción que tengan efectos importantes sobre el empleo,
a fin de que estas repercusiones sean analizadas y se puedan formular
políticas pertinentes. El Partido Revolucionario Institucional debe definir en sus documentos básicos su firme oposición a los procedimientos de despidos arbitrarios y pronunciarse por incorporar una amplia reforma que asegure la protección de los ingresos de los trabajadores cuyo empleo haya terminado. En
materia de formación y capacitación En
materia de trabajadores migrantes Debe
reconocer que la determinación de emigrar obedece a una
decisión personal influenciada en la realidad socioeconómica
del país. En este sentido, debe pugnar por el establecimiento
de condiciones de trabajo dignas para todas las personas en sus
lugares de origen. El
PRI debe confirmar sus principios de defensa irrestricta de los
derechos elementales de los trabajadores migrantes, pero debe
aceptar también la posibilidad de una relación menos
rígida con los Estados Unidos en esta materia. En todo
caso, debe poner énfasis en que sea una relación
transparente y respetuosa de los derechos del trabajador mexicano. El
Partido debe ser vigilante de que las disposiciones destinadas
a proteger a los trabajadores migrantes se cumplan cabalmente
e incidan en la defensa de la mano de obra nacional en los Estados
Unidos. Debe pronunciarse contra la explotación de dichos
trabajadores y exigir igualdad de trato y de oportunidades. Debe vigilar, asimismo, el respeto de los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes y demandar la adopción de medidas para fomentar una auténtica igualdad en lo que se refiere a la ocupación y el empleo, seguridad social, derechos sindicales, libertades individuales y colectivas. En
materia de seguridad e higiene Reivindicaciones campesinas La
base social de origen campesino del Partido Revolucionario Institucional
constituye una de sus fortalezas más importantes. Afianzar
su identidad con este amplio sector de la población implica
reposicionarlo en una amplia agenda de temas económicos,
sociales, culturales y políticos. En la medida en que el
PRI sea capaz de identificarse plenamente con las condiciones
del campesino, podrá reafirmarse como factor clave en la
defensa de sus demandas. En este contexto, resulta indispensable que el Partido reivindique las siguientes causas campesinas: -
Renegociación de todos los tratados de Libre Comercio suscritos
por México en sus capítulos agropecuarios. -
Acceso al crédito para el fortalecimiento productivo del
sector agropecuario. -
Una nueva y eficaz política de comercialización
en los mercados interno e internacional. -
Creación de programas emergentes de empleo. -
Implementación de programas de desarrollo regional y local. -
Desburocratización de la Secretaría de la Reforma
Agraria; agilización de expedientes y total abatimiento
del rezago agrario. -
Cancelación práctica de los latifundios. -
Reorganización social y política de los ejidatarios
y comuneros y eliminación de caciquismos. -
Defensa sistemática de la autonomía de las organizaciones
campesinas. -
Verificación y defensa de los derechos que tiene todo núcleo
de población cuando decida en forma libre y democrática
mantener el régimen jurídico de propiedad comunal
de sus tierras; facilitarles los medios legales para evitar invasiones,
ventas ilegales o lotificaciones. -
Reestructuración de minifundios en unidades de producción,
respetando estrictamente los derechos de sus propietarios. -
Reestructuración de la pequeña propiedad con base
a las normas constitucionales aplicables en la materia. -
Aplicación de una estrategia política para demandar
al gobierno federal ya los gobiernos estatales la puesta en marcha
de programas especiales para incentivar el desarrollo del sector
agropecuario. -
Vinculación más estrecha con el campo y exigencia
al gobierno federal para llevar la educación al siguiente
nivel educativo en las áreas rurales del país. -
Vinculación con centros de educación superior del
país a fin de impulsar el acceso de los campesinos a insumos
tecnológicos para la producción. -
Implementación de un esquema partidista que fomente una
nueva relación con los hombres y mujeres del campo, que
respete su libertad para decidir su incorporación a la
organización social que decidan. -
Orientación técnica permanente para el uso racional
de sus tierras para evitar su degradación y erosión. -
Afirmación de su política ambiental basada en los
principios de sustentabilidad y sostenibilidad ecológica,
particularmente en las zonas campesinas y comunidades indígenas
con vastos recursos naturales. -
Determinación para exigir a las autoridades federales y
estatales la cancelación de desalojos, y la represión
contra comunidades campesinas e indígenas, acciones que
se traducen en desconfianza, descontento y conflicto social. -
Elaboración de una agenda de programas y acciones susceptibles
de aplicación inmediata para detener el gradual pero alarmante
empobrecimiento de la población campesina. -
Promoción de proyectos basados en la organización
social del Partido tendentes a detonar circuitos locales de producción
en las zonas más apartadas y con mayores rezagos sociales
del país. -
Creación, a nivel de partido, de comisiones especiales
de defensa de los derechos humanos en las zonas indígenas
y campesinas. -
Supervisión, a través de su estructura territorial,
del respeto escrupuloso de los derechos humanos en las comunidades
rurales y poblaciones indígenas del país. Reivindicaciones populares Derechos
humanos El Partido Revolucionario Institucional debe asumir el compromiso de promover las reformas legales necesarias para modificar o abrogar las normas y los preceptos legales que restrinjan estos derechos. Además, debe pronunciarse a favor de las comisiones que los protegen y de su absoluta independencia respecto de los órganos del gobierno. Derecho
popular Para el Partido Revolucionario Institucional el respeto a la libertad política debe ser la condición básica de la democracia. Relación
Estado-Iglesia El
Partido Revolucionario Institucional debe asumir el compromiso
de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa. Debe
pronunciarse por el pleno reconocimiento a la personalidad jurídica
de todas aquellas organizaciones constituidas con fines religiosos
y propugnar su incorporación como agentes con obligaciones
fiscales. El
PRI debe reiterar su firme oposición al propósito
de que la iglesia posea bienes más allá de los estrictamente
necesarios para el desempeño de su función pastoral.
Debe establecer claramente su oposición a la pretensión
de la jerarquía eclesiástica de contar con títulos
de concesión para la explotación de estaciones de
radio y T.V. Lo anterior no se opone al reconocimiento partidista al derecho de los ministros de culto a votar y emitir opiniones, en los términos del artículo 130 constitucional, vigente. Libertad
de expresión El
Partido debe pronunciarse por el establecimiento de una relación
de transparencia y respeto entre el gobierno y los medios de comunicación. Debe alentar la formación de una opinión pública plural y responsable que sea la base para consolidar la democracia y permitir la construcción de un nuevo orden político sustentado en el derecho y la justicia social. Poderes
federales El
Partido debe impulsar una reforma constitucional que esclarezca
las responsabilidades de cada orden de gobierno en las funciones
gubernamentales, a fin de evitar que en la práctica se
ejerzan muchas acciones de gobierno a las que concurren Estados,
federación y municipios, sin limitar la participación
de cada orden. Ello causa no sólo indefinición,
sino políticas públicas ajenas a las necesidades
locales. Asimismo, el Partido debe promover: -
La revisión de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo
para reducir sus márgenes de discrecionalidad, pudiendo
dotar al Congreso de la facultad para pronunciarse sobre la legalidad
de los reglamentos. - Que el Presidente de la República pueda ser sujeto a juicio político en caso de faltas graves a la Constitución. Otorgar mayores facultades al Congreso en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, tanto en la conducción de las consultas, como en la aprobación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Derecho
a la información Debe propugnar por el respeto a la libre manifestación de las ideas. Empleo El trabajo se ha convertido en el factor central de realización de las personas. En ese sentido, el PRI debe centrar su plataforma política en la exigencia de generar un número suficiente de empleos, aún en condiciones adversas. Derechos
de los consumidores En
materia de micro, pequeña y medianas empresas Asimismo, debe estar en posibilidades de explotar su relación con el movimiento obrero a fin de pugnar por la creación de centrales industriales y cooperativas sociales que permita a los pequeños y medianos productores tener acceso directo a los centros de consumo, disminuyendo el costo de la intermediación comercial. En
materia de empresas transnacionales En
torno a la Familia -
Mantenerla como la unidad social básica. En
materia de seguridad social y salud -
Recapitalizar los fondos pensionarios del IMSS y del ISSSTE. En
materia de educación pública -
La defensa irrestricta del sistema de educación pública
nacional. Mujer -
Propiciar su intervención más amplia en la vida
pública y política del país. Adultos mayores -
Actualizar la legislación vigente para que todas las personas
de la tercera edad tengan derecho a pensiones, independientemente
de que estén o no afiliados a las instituciones de seguridad
social. Minorías El Partido debe propugnar por el establecimiento y desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo para personas discapacitadas residentes de las zonas rurales y comunidades apartadas, así como demandar al gobierno federal y a los gobiernos estatales la implementación de políticas públicas tendientes a su incorporación plena al mercado de trabajo. b)
En materia de igualdad de oportunidades y de trato El PRI debe plantear en sus principios la reivindicación porque las empresas hagan lo necesario para que las calificaciones laborales y la experiencia sean la base para la contratación, colocación y promoción del personal en todos los niveles. *Coordinadora de la Tribuna «Reivindicación de las causas obreras, campesinas y populares» de la 18 Asamblea General de Delegados.
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