LA
POLÍTICA DEBE ESTARPRESIDIDA POR LA ÉTICA Los
objetivos del Partido Revolucionario Institucional como organización
política, se vinculan directamente con el mandato Constitucional
que, atribuyendo a los partidos políticos el carácter
de organismos de interés público, les impone la
obligación de promover la participación ciudadana
en la vida democrática del país y contribuir a que
los ciudadanos accedan al ejercicio del poder. Por tratarse de
organizaciones que afilian libre e individualmente a los ciudadanos,
debe entenderse que llevan a cabo una acción política
de elevadas finalidades y que como tal, las acciones que realicen
deben estar revestidas de los más elevados principios de
la ética política. Pero
si bien ese actuar debe responder a los principios éticos,
nunca debe perderse de vista que son los hombres y no las instituciones
quienes violan, con su inadecuada conducta, las reglas de la convivencia
civilizada, vulneran las virtudes que deben cumplir en su actuar
público y con sus conductas llegan al extremo de cometer
delitos que dañan el cuerpo social del que forman parte,
y que en ocasiones se excede en su valoración externa de
los hechos que se atribuyen a la Institución, más
que a los hombres que los cometen. Desde
los textos de Aristóteles se afirma la necesidad de que
las formas de conducta moral no incurran en el vicio, la incontinencia,
la bestialidad y la brutalidad y que las virtudes intelectuales
deben ser elementos fundamentales del quehacer político,
a fin de que no haya excesos ni defectos en el actuar de los ciudadanos.
Nuestro Código de ética partidista tiene por objeto
el establecimiento de las bases y principios que deben regir entre
los militantes, los dirigentes del Partido y quienes ocupen cargos
de elección popular o sean servidores públicos en
los Poderes del Estado mexicano; asimismo, impone a sus miembros
como compromiso ineludible la lealtad y el cumplimiento de los
documentos básicos y las plataformas electorales, ratificadas
a través del voto popular que nos otorga la ciudadanía,
y que se cumplan en programas de gobierno. Empieza
por reiterar que la militancia política exige plena solvencia
moral y que nosotros, militantes de un partido político
como el Revolucionario lnstitucional, debemos asumir cabalmente
las normas de la más acendrada moralidad pública,
y retomar el viejo principio de hidalguía de nuestro género,
que es dar al actuar público el elevado contenido de ser
una cuestión de honor. Toda
organización social debe dar a sus miembros un marco normativo
que regule su conducta de una manera equilibrada, y que distinga
Ia practicada por cada uno de sus miembros, cuando éstos
hayan cumplido con los valores éticos o cuando los haya
vulnerado, o se hayan conducido dentro de lo que el filósofo
Aristóteles llamaba «el vicio y la incontinencia». Así, los Estatutos de nuestro Partido establecen una serie de estímulos como recompensa a la conducta ética y al honor con que lleven a cabo el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. De acuerdo con su conducta en su actuar político y partidista, se otorgan reconocimientos, menciones honoríficas o preseas. Pero no basta que existan los estímulos a quien tiene el honor de recibirlos. También
es indispensable tener precisión en las reglas que determinan
las faltas, los vicios contrarios a las virtudes exigidas, las
incontinencias vulneradoras de la temperancia y del equilibrio
y el exceso de las conductas abusivas que pueden convertirse en
brutales violaciones de los más elevados principios que
rigen la vida de la comunidad. Nuestro
Código de ética y el reglamento de la Comisión
de Honor y Justicia como órgano colegiado para conocer,
y en su caso determinar, tanto el otorgamiento de estímulos
como la aplicación de las sanciones a miembros militantes,
cuadros y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional,
han regido nuestra vida institucional hasta la fecha. Pero es
importante considerar que el tiempo exige reajustes en las instituciones
y en las normas, de acuerdo con la realidad actual del país
y del mundo. Por lo tanto, debemos replantearnos con claridad
cuál es esa conducta ética a la que estamos obligados,
cuáles los valores y principios que debemos respetar indefectiblemente
y qué actitudes o acciones los vulneran; cuál es
el grado de daño que producimos a nuestra organización
política, y por tanto, qué reconocimientos debemos
dar a los primeros y qué sanciones debemos aplicar a los
últimos. La
sociedad actual, más informada, con mayor nivel de educación,
recibe los mensajes críticos del actuar de los hombres,
cuya vida se desenvuelve en el difícil campo de la actividad
política y que por tanto, tienen sus conductas a la vista
de la propia comunidad a la que deben servir en el ejercicio de
la actividad que pretenden desempeñar. Como
consecuencia del largo tiempo transcurrido desde la fundación
de nuestro Partido, que nació en un fenómeno inducido
desde el poder público, pero que tiene una realidad fáctica,
sustentada en la multiplicidad de organizaciones políticas
que se conjuntan en 1929 para integrarlo; ha recibido de manera
continua el juicio sólo crítico de quienes por razones
de la más diversa índole, producen sus análisis
sólo con el fin de resaltar la parte negativa de un actor,
y nunca la parte positiva del quehacer público cotidiano. Así,
en la actualidad pretenden evaluar, ya no la conducta de los hombres,
sino a la institución misma. Se estima que no han respondido
a una actuación dentro de las normas de la ética
política, y consideran que las sanciones del sistema sustentado
en las bases del Partido Revolucionario Institucional son aplicadas
a simples chivos expiatorios o corderos pascuales, según
la ideología de los críticos del momento. No se
valora en su justa apreciación lo doloroso que es para
una organización política, darse cuenta de la falla
humana de sus miembros y de la necesidad de la aplicación
de sanciones que tengan capacidad de convencer a la sociedad que
la organización política sí propugna por
la recta actuación de sus integrantes. Desde
el estatuto, como documento fundatorio del Partido Nacional Revolucionario
aprobado en el Teatro de República de la Ciudad de Querétaro,
junto con el Pacto de Unión y Solidaridad, las organizaciones
que lo suscribieron establecieron, en su capítulo vigésimo
segundo, la obligación ineludible, no sólo de sumarse
y cumplir los estatutos, sino de lealtad a los elevados postulados
del programa y a sus principios, estableciendo sanciones que iban
de la amonestación a la expulsión definitiva del
organismo, a quienes incumplieran la prescripción mencionada. La
larga historia de la vida del Partido que mantuvo en el poder
a las fuerzas y principios derivados de la Revolución mexicana,
transita no sólo por los estatutos, y documentos básicos
del Partido de la Revolución Mexicana que en su capítulo
sexto establece las sanciones a quienes vulneren con su conducta
los principios del Partido, hasta la reestructuración llevada
a cabo para dar lugar al nacimiento del Partido Revolucionario
lnstitucional, en el capítulo décimo sexto, igualmente
regula las normas sancionadoras para aquelIos individuos que siendo
miembros del Partido, incumplan los postulados que regulan la
vida institucional del mismo. Este
proceso culmina en la pasada Décima Séptima Asamblea
del Partido Revolucionario lnstitucional, que aprueba un «Código
de ética» que va más allá de la simple
sanción al incumplimiento. Así, al recoger inquietudes,
críticas, aspiraciones y anhelos, busca que los militantes,
dirigentes y servidores públicos que accedan a los puestos
de elección a impulso del Partido Revolucionario Institucional,
sean leales a los principios y firmes en su ideología,
pero sobre todo ciñan sus conductas a los más elevados
principios de la ética política. Ahora,
al inicio de las tareas de la Décima Octava Asamblea Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, vuelve a ponerse en
el tapete del debate, la necesidad de que el Partido sea más
firme, a fin de conducir a sus miembros por el sendero de la ética
en el actuar político. Para ese efecto, se instituye una
Tribuna con el tema de «Código de Ética». Esta
decisión nos mueve a realizar algunas reflexiones que van
más allá de la simple formalidad de tratar de revisar
esas normas reglamentarias y los procedimientos de su aplicación.
Ha llegado el momento en que el Partido establezca, como obligación
fundamental de sus integrantes, cualquiera que sea el carácter
que tengan, militantes, simpatizantes, dirigentes o funcionarios,
ajustar su actuar al principio de que la política es una
actividad que debe estar presidida por la ética; y que
es inaceptable la vieja idea del divorcio completo entre la política
y la ética, definida por Maquiavelo. Deben regirse por
el principio de que la naturaleza humana, en la conducta de la
misma sociedad y sobre todo la conducción del Estado, debe
tener a la ética como parte de su estructura más
íntima, para que pueda realizar a la perfección
su propósito de búsqueda de la justicia social para
todos los mexicanos. Debemos
integrar un cuerpo legal que trascienda a la normatividad pura
de las conductas correctas o incorrectas, y que transformando
en disposiciones jurídicas principios de moralidad, construyamos
un auténtico Código de Ética. Aún
cuando, como expresamos anteriormente, errores, faltas y delitos
cometidos por los hombres, no deben afectar a las instituciones;
éstas en cambio sí deben tratar que los hombres
que la componen no incurran en actos que constituyan vicios reprobables
y vulneren los principios de la ética. La
política debe ser elevada acción de búsqueda
de las mejores condiciones de vida para la sociedad. El Estado
tiene justificación en la medida que propugne por dar a
sus ciudadanos esas mejores condiciones de vida que estimamos
constituyen la justicia social. Los
gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional han
llevado a cabo acciones a través de la actuación
responsable de la mayoría de sus miembros, de muchas decisiones
que han producido bienestar y progreso. Han mejorado la educación
como elemento fundamental del desarrollo social, han establecido
sistemas que brindan a la población servicios de salud,
han impulsado el desarrollo de la industria y el comercio y lamentablemente,
no obstante los esfuerzos realizados, no han tenido éxito
en generar esas mejores condiciones para los hombres del campo.
Sin embargo, en un balance justo, lo logrado excede con creces
los ilícitos cometidos por algunos de los miembros del
Partido que condujo al País en los últimos 70 años. Para
volver a otorgarle credibilidad y confianza al Partido, la sociedad
le exige justipreciar las acciones de sus miembros, sancionar
a quienes han actuado contra las más elementales reglas
de la ética y la convivencia social. Los
priístas de base demandan que sus dirigentes y candidatos,
pero sobre todo sus funcionarios y servidores públicos
sean leales a los principios, firmes en sus convicciones ideológicas
y respetuosos de la moral pública. Lo
mexicanos requieren un Partido que prevenga cualquier acto de
corrupción y que sancione a quien lo cometa, para lo cual
debe establecer, además de una administración transparente,
la vigilancia de los órganos del Partido, a fin de aplicar
estrictamente el Código de ética partidaria del
Partido Revolucionario lnstitucional. Debe
hacerse notar que es complicado codificar reglas de derecho tendientes
regular la ética, pues toda disposición jurídica,
para ser valedera en sí misma, debe tener un contenido
ético. Pero la ética es el actuar intrínseco
del hombre, la búsqueda del valor mismo, la distinción
más trascendente entre moral y derecho; va más allá
de las circunstancias que tradicionalmente se consideran como
tales, y se encuentra en la íntima percepción del
hombre que sabe que su actuar es ético para él mismo
y que la norma jurídica impone una conducta valedera para
la sociedad. El
esfuerzo que debemos realizar es normar las conductas partidistas
del priísmo, para que se logre la remotísima aspiración
de conjugar el deber y el actuar con el reconocimiento y la sanción,
cuando el sujeto no se conduzca dentro de esas normas de conducta.
Que también los reconocimientos respondan a la plenitud
del cumplimiento del deber ético y político, pero
sobre todo que, a través de la construcción de un
auténtico cuerpo normativo que regule las conductas, como
un estricto Código de ética, convenza a la ciudadanía
del propósito de depuración y renovación
que anima a los priístas al celebrar una nueva Asamblea
y construir, con la renovación de sus principios, bases
que den a los mexicanos la confianza para poder volver a brindar
al Partido Revolucionario Institucional su apoyo y su voto. *Coordinador de la Tribuna «Código de ética» de la 18 Asamblea General de Delegados.
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