EL
DIVORCIO DE LAS PALABRAS CON LOS HECHOS * Posicionamiento del grupo parlamentario del PRI en la Comisión Permanente sobre el desempeño del Poder Ejecutivo Federal. Como
legisladores, tenemos la obligación de fortalecer el equilibrio
de poderes y conformar un auténtico y legítimo contrapeso
que pondere con objetividad las acciones del Poder Ejecutivo Federal
y el cumplimiento de los compromisos contraídos en beneficio
de los mexicanos. El
afán es comprometer nuestro esfuerzo para defender los
intereses de las mayorías populares y apostar a que le
vaya bien a México y no sólo a sus dirigentes. La
gobernabilidad democrática en una sociedad plural, requiere
de varios ingredientes que no se han cumplido cabalmente. A
la oferta incumplida de acotar el presidencialismo exacerbado,
el régimen ha centrado su actuar político en la
figura presidencial, lo que rompe con la esperanza democrática
de limitar el culto a la personalidad. La
tolerancia, que no el autoritarismo, debe ser la conducta que
concilie y promueva el debate sobre los grandes asuntos nacionales. El
vigor de nuestra democracia debe sustentarse en el respeto al
Poder Legislativo electo por el pueblo. No olvidemos que en este
foro parlamentario está la representación nacional
de las mayorías. Por ello, es elemental que el Poder Ejecutivo,
electo por una minoría de mexicanos, pondere la importancia
de su relación con este poder soberano. En
más de una ocasión, esta soberanía ha reclamado
con enérgica dignidad los desaciertos del Poder Ejecutivo. El
Presidente propone y el Congreso dispone, ha quedado como una
frase retórica. Hay
evidencias de la intención del Poder Ejecutivo para actuar
excediendo sus atribuciones y hacer a un lado las decisiones mayoritarias
del Congreso de la Unión. El
veto a la Ley de Desarrollo Rural y la Controversia Constitucional
planteada por la emisión del decreto con Reformas al Reglamento
de la Ley del Servicio Público de Energía, son ejemplos
de nuestras afirmaciones. Nos
preocupa, porque daña al país, el divorcio de las
palabras con los hechos. Nos preocupa que la Institución
Presidencial pierda dignidad y decoro por privilegiar simpatías
mediáticas que poco ayudan a la buena marcha del gobierno
y a la discusión y solución de los problemas que
aquejan a la sociedad. Es
un clamor incesante, el referente a las fallas en el combate a
la inseguridad pública. El gobierno federal no ha sabido
o no ha podido instrumentar medidas coordinadas con las diferentes
dependencias, para dar una lucha frontal contra la delincuencia
y recuperar la seguridad pública. Nos
preocupa que la incongruencia y las contradicciones del discurso
político, generen incertidumbre, incredulidad y desconfianza,
porque debilitan a nuestras instituciones y a la unidad de los
mexicanos. La
política de comunicación del régimen se ha
caracterizado por enaltecer la imagen presidencial, haciendo del
titular del ejecutivo el centro de todas las acciones de gobierno.
Insisten en continuar realizando una campaña publicitaria
que reacciona según los puntos de las encuestas de popularidad,
sin preocuparse por los asuntos de fondo que merece conocer el
pueblo y a lo que está obligado un régimen democrático. Esperamos
que las actitudes y los hechos futuros contribuyan, por el bien
de la nación, a construir una relación de colaboración
responsable, equilibrada y productiva entre los Poderes de la
Unión. En
materia de política económica debemos recordar que
se integró un equipo de transición que trabajó
en los cinco meses previos a la toma de posesión, que recibió
fondos públicos para conocer a tiempo de los asuntos de
las dependencias y entidades federales, así como para entregarnos
en diciembre del 2000 el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
y el estudio de gran visión 2000-2025. Es evidente que
el PND llegó bastante después y el otro estudio
ni siquiera ha llegado. Esta
legislatura ha tenido una actuación responsable y seria
en ambas cámaras, que enriquecieron con modificaciones
consensadas la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de
Egresos. Es
de reconocer aquí la buena disposición que tuvo
el ejecutivo federal para llegar a los acuerdos necesarios de
todas las fuerzas políticas en el Congreso. Las
expectativas de crecimiento económico han creado un ambiente
de desaliento por las reiteradas menciones del titular del Ejecutivo
para decretar, como un acto voluntarista, que su oferta de campaña
de crecer al 7% se va a cumplir. Manejar la economía con
slogans de campaña para crear ilusiones, no sólo
es irresponsable sino poco ético, engaña a la ciudadanía. Vivimos
un federalismo retórico, sin gasto ni inversión
de los recursos que originariamente son de los estados y no de
la federación. El subejercicio en el gasto público
es más grave aún en materia de infraestructura y
del sector agropecuario, que atraviesa por una situación
dramática ante la falta de una política adecuada
para su desarrollo. No considerar una reforma tributaria para
el año 2001 fue un error, pero utilizarla ahora como causal
de la desaceleración económica es injustificable. Las
expectativas del crecimiento con calidad han quedado en simples
propósitos, porque lo único que ha crecido en este
tiempo es el desempleo. El millón 300 mil empleos ofrecidos
a las mexicanas y los mexicanos, se convirtió en 400 mil
desempleados con la frustración de su expectativa laboral
y el impacto, en la de por sí frágil, economía
familiar. El
programa de microcréditos, se sabe bien, no responde a
lo ofertado y es por sí mismo una burla para quienes cifraron
en él sus esperanzas de mejorar sus condiciones de vida. La
inversión nacional y extranjera directa se ha retraído
y los ingresos al país son de capitales especulativos que
revalúan la moneda pero no ingresan a la actividad económica
productiva que requerimos. La confianza se logra con certidumbre
en la política económica y un clima de gobernabilidad
democrática que dé rumbo al desarrollo del país. Los
problemas de México no son coyunturales. Los desafíos
que le marca su estructura demográfica, requieren políticas
de estado que demandan la participación de todas las fuerzas
políticas y de la sociedad en su conjunto. Vivimos
un momento difícil que requiere de todos mesura, prudencia,
reflexión y sensatez, más aun del titular del ejecutivo
federal. La
política social del régimen recoge parcialmente
las propuestas de campaña quedando muy atrás los
resultados comprometidos. La
oferta para duplicar el presupuesto del gasto social quedó
en el 5%. 95% menos de lo comprometido. Esta
es la dimensión real de la respuesta en materia de compromiso
social del régimen. Podemos decir que es casi nula. En
materia de vivienda, el INFONAVIT redujo a la mitad los créditos
ofertados. En
salud, no existe un programa específico de acceso a los
servicios y no se ha profundizado en el compromiso de la federalización
de los mismos. Por
lo que hace a la educación, sólo se ha informado
de avances mínimos en algunos programas. El
tan anunciado sistema nacional de becas no se ha concretado y
menos aún se ha trabajado en el federalismo educativo. Es
necesario impulsar una política económica con sustento
fiscal y responsabilidad social, que se vincule estructuralmente
con la superación de la pobreza y que sea parte de las
políticas compensatorias que atiendan la realidad que lacera
y denigra a diversos sectores sociales. Una política que
permita alcanzar el desarrollo con justicia social. Es
inadmisible que en el primer trimestre del año 2001 se
presente un sub-ejercicio del gasto de más del 10% en la
Secretaría de Desarrollo Social, como si no fuera la política
social una prioridad. ¿Qué avance tiene la aprobación
del Congreso para incorporar a 750,000 familias más en
el PROGRESA? ¿Por
qué se aumenta el precio de la leche de Liconsa, siendo
que esta empresa presentó un balance financiero favorable
en 100 millones de pesos correspondientes al periodo del 2000? ¿Qué
acaso la política social no debe considerar el deterioro
en la economía de las clases más necesitadas? ¿Cómo
entender la propuesta de la llamada nueva Hacienda Pública
Distributiva para cobrar el 15% de IVA en alimentos y medicamentos
y convencer a millones de mexicanos en pobreza extrema con el
engaño de una compensación de 108 pesos mensuales
para amortiguar el golpe a su raquítica subsistencia? No
hay respuestas serias a estas interrogantes. Una
política social debe establecer un programa integral en
los tres niveles de gobierno para el combate a la pobreza. Los
avances en materia de política social son mínimos
y el horizonte es desalentador, porque un gobierno sin compromiso
social no puede llamarse democrático. La
política exterior mexicana debe ser una política
de estado. El distinguido lugar que ocupa nuestro país
en el concierto de las naciones ha sido ganado a través
de una tradición diplomática profesional, propositiva,
activa y deliberativa sobre los temas mundiales, defendiendo siempre
los intereses nacionales, la integridad de nuestro territorio,
la no intervención, la autodeterminación de los
pueblos, la cooperación internacional, la solución
pacífica de controversias y la defensa de la independencia
y soberanía del país. Somos
una nación respetada y respetable que ha sabido sortear
con base en los principios y valores de nuestra política
internacional la problemática de un mundo globalizado. Sin
embargo, el régimen ha centrado su acción internacional
en una definición falsa, que intenta ubicar al titular
del Ejecutivo como el primer Presidente Mexicano demócrata.
Este
bono democrático como lo llaman, niega, en perjuicio del
país, las acciones anteriores en esta materia de los Presidentes
de México y sus cancilleres. Es
un concepto falso y tendencioso que reprueba la exitosa política
internacional de varias generaciones y sobre todo la fiel interpretación
de las luchas del pueblo de México contra los apetitos
hegemónicos en diversas épocas de nuestra historia.
Es
grave la propuesta de una política exterior injerencista
que acuda a la evaluación unilateral del estado de la democracia
en otras naciones para la toma de decisiones. Las frases del «pellizco
a la soberanía» o «la cesión inteligente
de soberanía» son ofensas que por ningún motivo
debemos aceptar. En
las reuniones con los Estados Unidos de Norteamérica, oficiales
y no, ha sido tema recurrente la energía. Este asunto se
inserta en la necesidad de una política clara, firme y
decidida, en la defensa de nuestros recursos naturales y la soberanía
para el manejo de los mismos. No olvidemos que estos son patrimonio
de los mexicanos y no del Ejecutivo Federal. En
materia migratoria no hay avances pero sí retrocesos en
los temas de protección de mexicanos y de acciones reales
para enfrentar con energía la violencia fronteriza contra
nuestros connacionales. Es vergonzante que a cambio de acciones
de patrullaje fronterizo por parte de seudoautoridades mexicanas
como los grupos «Beta», se acuerde la utilización
de balas de goma contra los migrantes mexicanos. El
llamado Plan Puebla-Panamá no es otra cosa que la sustitución
de la conferencia de Tuxtla que buscó establecer el libre
comercio y un mecanismo político para emprender iniciativas
de beneficio para la región. Además de no plantear
asuntos concretos sobre los sensibles problemas del combate al
narcotráfico y la migración, ha sido evidente la
contradicción en el discurso al proponer militarizar la
frontera sur y hacerle el juego de contención migratoria
a los Estados Unidos. Los
viajes del Presidente y su comitiva a diversos países del
mundo no han tenido resultados de beneficio para el país,
ni siquiera proyectos que pudieran ser viables en el mediano plazo.
La intención manifiesta y publicitada, ha sido lograr los
votos necesarios de esas naciones para que México participe
como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Nadie ha explicado porqué es importante y útil para
el país buscar esa posición temporal para el período
2002-2004. Más
allá del anecdotario sobre el peculiar comportamiento del
Ejecutivo y su comitiva en las giras internacionales, sería
alentador que la imagen de nuestro país continuara siendo
respetada y reconocida por su firme y progresista conducta diplomática. La
alternancia no debe quedar en una simple sustitución de
dirigentes, sino en la búsqueda de mejores resultados para
el país. Lo que está en juego es la gobernabilidad
democrática y compartida para el desarrollo del país.
Lo que está en juego es la consolidación de la democracia,
la defensa de los valores nacionales, el reconocimiento y respeto
de nuestra historia y la búsqueda incesante del bienestar
del pueblo de México. A
todo ello, los priístas comprometemos nuestros esfuerzos
como legisladores y como mexicanos. *Senadora de la República a la LVIII Legislatura. (Estado de Tabasco). Secretaria del Programa de Acción y Gestión Social del CEN.
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