SEGURIDAD
NACIONAL: TEMA FUNDAMENTALDE LA XVIII ASAMBLEA Durante
largo tiempo, el concepto seguridad nacional, estuvo vinculado
con la doctrina estadounidense del mismo nombre, elaborada por
los estrategas de aquel país en el marco de la guerra fría,
que concebía como fundamental para contrarrestar el peligro
comunista en el denominado tercer mundo. Estos
principios fueron recuperados por algunos militares latinoamericanos
cuando impusieron las cruentas dictaduras que ocurrieron en Argentina,
Chile y Brasil, entre otros casos. No
hay que perder de vista que esta definición proyectó
fehacientemente la confrontación Este-Oeste en cada uno
de las regiones donde se implementó; al derrumbarse el
muro de Berlín tuvo que ser reconfigurada,aún por
sus originales conceptualizadores, quienes dibujaron los nuevos
perfiles, enviando así un mensaje al resto del globo. Algunos
de estos riesgos, como bien lo señala Peter Miller, representan
a la criminalidad internacional: terrorismo, narcotráfico,
o bien, tienen que ver con los intereses nacionales específicos
como el comercio internacional, inversiones extranjeras, desequilibrios
ecológicos, así como desplazamientos migratorios
que afectan los equilibrios regionales. En
el presente, desde la perspectiva democrática, la seguridad
nacional o sea la seguridad del Estado, no puede concebirse independientemente
de la fortaleza de los elementos que la componen: población,
territorio, poder político respaldado por el orden normativo.
Ciertos autores agregan a la soberanía como otra parte
más. Partiendo
de esa base, queda claro que no puede hablarse de seguridad del
Estado, si cualquiera de los factores que lo sustentan se encuentra
en condición de debilidad. Hablando
del territorio, elemento geográfico indispensable, no basta
que éste sea ocupado por los habitantes. Es preciso el
cultivo del suelo, la producción agrícola, la defensa
de los recursos naturales, y el desarrollo sustentable de todas
las zonas. Por
lo que toca a la población, debe procurarse que tenga acceso
a la alimentación, a la salud, además de que se
encuentre unida en torno a los grandes objetivos comunes, que
deben ser propuestos con definición, firmeza y congruencia
desde la esfera de los gobernantes. De
igual manera, el poder político debe cubrirse de prestigio,
confianza y estabilidad, alcanzable, si las determinaciones estatales
son tomadas con el respaldo del ordenamiento jurídico.
Ya Hans Kelsen apuntaba con puntualidad que, sin la ley, el poder
del Estado es simplemente un fenómeno de fuerza, al igual
que la legalidad, sin los mecanismos para aplicarla, no es más
que un ideal. Y
la soberanía, que debe interpretarse en el contexto contemporáneo
de la globalización en sus múltiples modalidades,
ya que no es únicamente, esa energía endógena
capaz de conducir destinos sin interferencias exógenas. Para
la política exterior de México, durante los periodos
de los gobiernos surgidos del PRI, la neutralidad representó
la determinación de no interferir en los asuntos extranjeros,
no con la sola intención de materializar los preceptos
clásicos como la libre determinación de los pueblos
en el ejercicio de la función diplomática, sino
como el instrumento estratégico óptimo para marcarle
límite a las pretensiones de fuera. Se
equivocan quienes suponen que la actitud de la política
exterior mexicana era pasiva o poco imaginativa de cara a los
acontecimientos mundiales. Por el contrario, se le informaba al
universo de naciones, sobre nuestro interés de que nadie
se entrometiese en nuestros asuntos internos. Encarrilados
hacia las propuestas de futuro, debe reflexionarse sobre retomar
este término sin los espectros imperiales que aparecen,
no sin justificación histórica. Dentro
de la actual legislación se encuentran preceptos legales
que contienen a la seguridad nacional, en renglones como defensa
nacional, telecomunicaciones, inversiones extranjeras, así
como en el código penal y leyes de extranjería,
pasando por instituciones como la Secretaría de Gobernación,
de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República,
Comunicaciones y Transportes, de Economía y otras más
de reciente cuño como el reciente Consejo de Seguridad
Nacional, con funciones a la usanza norteamericana, pero sin las
facultades operativas necesarias que le permitan cumplir efectivamente
con su misión. Por
lo mismo, debemos propiciar un debate sobre el desempeño
de nuestra organización en el espacio de los nuevos problemas
que afecten a la seguridad nacional. El
tono debe dirigirse en un sentido alternativo frente al absurdo
de planteamientos que pretenden arrojar a la sociedad la responsabilidad
de diseñar propuestas del tema, o bien las intenciones
de desaparecer organismos por el desconocimiento de su utilidad
para la estabilidad. No
se trata de minimizar el papel de la gente en la toma de decisiones,
pero es irresponsable que lo comprendido netamente al Estado se
sujete a un consenso, evadiendo así, el deber político
de los elegidos para gobernar. Nuestra
organización política ha sido la mejor intérprete
de las razones de Estado de los líderes históricos:
Juárez maniobrando entre la Guerra Civil al norte del río
Bravo y la intervención francesa apoyada por los tradicionales
sectores conservadores. Carranza y su resistencia a las propuestas
reivindicatorias germanas en pago por ser aliado beligerante durante
la Primera Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas y la
expropiación petrolera con el conflicto europeo que se
vislumbraba. O las administraciones priístas que no tomaban
partido en la confrontación soterrada de las grandes potencias
nucleares. Como
primera opción de alternancia, nuestros argumentos deben
ser los vanguardistas, al tiempo de meditar en la seguridad nacional,
que no es el sinónimo forzoso de la seguridad gubernamental.
Los fundadores del Partido histórico de México,
miraban hacia las próximas generaciones. Nuestra vista
debe enfocarse en esa misma dirección. *Director del periódico La República.
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