EL
PAPEL DEL CONGRESO LOCAL Actualmente
los ciudadanos demandan una actuación que sea transparente
y efectiva por parte de las instituciones políticas que
los representan. Por lo tanto existe una creciente presión
social sobre todas las ramas del poder público para que
funcionen apropiadamente. En particular, al área legislativa
se le demanda ejercer sus responsabilidades eficientemente dentro
de un sistema democrático, el cual se caracteriza por una
sana y equilibrada división de poderes públicos.
La
rama legislativa es responsable de representar los intereses de
los ciudadanos, estableciendo y adaptando la legislación,
así como la supervisión de las otras áreas
del poder público. La percepción del Poder Legislativo
es mala entre el ciudadano promedio. Hay entre académicos
y líderes de opinión la impresión de que
este Poder público no ha practicado sus funciones adecuadamente
restándole credibilidad y legitimidad. Es importante que los esfuerzos para modernizar la tarea legislativa, que enfrenta el reto de satisfacer las necesidades de ciudadanos más informados y mejor educados, se erijan como una de las prioridades de los Congresos Locales, para reducir críticas e incrementar la credibilidad social de este poder público.
De tal forma que el fortalecimiento del Poder Legislativo local
se constituye en tarea prioritaria para avanzar en la democracia
y la equidad social en el territorio nacional. Los
desafíos de esta labor involucran la adecuada expresión
de la voluntad popular, la sana representación y el eficaz
desarrollo de las funciones legislativas formales y las de control,
deliberación, jurisdiccional, administrativa y política
en el ámbito correspondiente. Estoy
convencido que cumplimentar estas condiciones nos permitirá
alcanzar el objetivo fundamental que el Poder Legislativo se ha
formulado en un mundo globalizado, mantener el Estado de Derecho
y Libertad que hemos construido, ya que su conservación
garantiza que la libertad de cada individuo sea compatible con
la libertad de todos. Es
en este contexto, donde el papel del Poder Legislativo Local adquiere
gran preponderancia en el sustento de la equidad social. Las profundas
desigualdades existentes en los territorios de las distintas entidades
federativas, podemos afirmar, provienen en gran medida de una
visión limitada de la asignación de recursos en
el gasto social, donde se excluye a segmentos importantes de la
población. Entonces el reto del Poder Legislativo Local
se centra en la transformación de un Estado de Derecho
Jurídico y Económico a uno esencialmente Social.
Para
solventar esta percepción, no es posible reducirse a la
administración del gasto social, sino ampliarse a la creación
de arreglos institucionales que sean el consenso de la demanda
social; propiciando un cambio en el concepto de la acción
legislativa como institución, a uno innovador que la contemple
como organización dinámica. Esta
permuta conceptual sugiere la valoración del desempeño
legislativo en función del cumplimiento de una agenda que
corresponda a objetivos de corto y mediano plazo que observe la
eficiencia legislativa en términos de producción
legislativa, debates, planes de información, etc. Esta visión sobre el papel del Legislativo Local restablece el fortalecimiento del contrato que tienen el gobierno y la ciudadanía para incrementar su eficiencia social en términos de bienestar general.
Ante las condiciones actuales debemos repensar, con responsabilidad
social, el papel que ha desempeñado el Poder Legislativo
local como Constituyente Permanente. No es con mayor asignación
de recursos disponibles ni con mejorar la gestión social,
es decir con un desarrollo organizacional óptimo, como
este Poder Público ganará la legitimidad necesaria
que demuestre la conformación de un Estado de Derecho Social,
sino con el esfuerzo colectivo concertado entre los distintos
actores sociopolíticos activos y emergentes para avanzar
en la construcción de los valores sociales que deberán
regir las nuevas reglas del juego. Esta
nueva propuesta de la edificación axiomática de
la vida legislativa conllevará a desterrar el sentimiento
de alineación social respecto a que los cuerpos legislativos
se visualizan representando más a los propios partidos
políticos que a la ciudadanía, contribuyendo al
desprestigio de los mismos. Es por ello que el funcionamiento
de una democracia sana, se sitúa en el aceptado desarrollo
de la vida legislativa, donde la mediación de los partidos
políticos se advierta como adecuada por obedecer los anhelos
y aspiraciones sociales, de tal forma que contribuya a superar
la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas
actuales, evitando así, la «partidocracia»
que padecemos. En
otras palabras, la institucionalización de la vida legislativa
como la organización representante de a voluntad popular
se interpreta como una exigencia ciudadana. Donde los legisladores
locales como parte del Constituyente Permanente se convierten
en los portadores de proyectos nacionales, movilizadores de opinión
pública y agentes de cambio que defienden y promueven los
valores de soberanía e independencia consagrados en nuestra
Carta Magna. El compromiso que los legisladores locales han asumido con sus representados debe trasladarse de manera íntegra a un plano más amplio que lo juzgue como un compromiso nacional que denote una óptica social que asegure libertad y participación de todos lo mexicanos. Esta actitud debe verse como parte del Constituyente Permanente que proclama y protege la identidad nacional. *Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Puebla, LIV Legislatura.
|
