Las
constituciones no se inventan El
proyecto más acabado de la Revolución Mexicana es
la Constitución Política de 1917. Los preceptos
que rigen las garantías individuales y derechos sociales,
en ella contenidos, reflejan las aspiraciones de los mexicanos
que durante el siglo XIX se dieron a la tarea de definir un proyecto
de Nación Justa. En
1917, en Querétaro, se da conclusión a un nuevo
pacto social. Un pacto sostenido en principios, que de las luchas
individuales y regionales construyeron garantías colectivas
para nuestra convivencia y un diseño institucional necesario
para el desarrollo económico, político y social
de México. Una
generación de hombres provenientes de todo el país,
unos surgidos de la lucha revolucionaria, otros de la academia
y de las clases ilustradas, confluyeron en su elaboración.
Hombres hechos en la lucha armada inspirados en las ideas de Flores
Magón, de Francisco I. Madero y su Plan de San Luis, de
Zapata y su Plan de Ayala. Con el interés de redactar una
ley fundamental de carácter social, una Constitución
no abstracta, sino realista; una ley suprema que no sólo
confiriera igualdad, sino que la propiciara a través y
por medio de sus preceptos. Esta
visión queda definida desde el primer orador que hizo uso
de la tribuna, que no fue ningún diputado, sino un líder
obrero queretano llamado Rafael Jiménez, que a nombre de
los trabajadores de México, dio un saludo a los constituyentes,
trasmitiendo el anhelo de un pueblo. Dijo Jiménez: «El
pueblo espera que la Constitución sea verdadera, real,
efectiva, liberal y fundada sobre bases inconmovibles a fin de
que se mejore un tanto la condición económica, política
y social de los mexicanos». Las
Constituciones no se inventan, ni se rehacen al gusto de los gobernantes.
Ello quedó de manifiesto al reconocer como base de la discusión
de 1917 a la Constitución liberal de 1857 y los planteamientos
de reforma del «Jefe Máximo» del Ejercito Constitucionalista,
Don Venustiano Carranza, los cuales fueron superados por la visión
de futuro, la inteligencia y la ideología social de los
constituyentes. No
podemos entender el texto máximo del país sin la
conducción que el Diputado Luis Manuel Rojas hizo de los
debates de esos 218 hombres, con visión de unidad y búsqueda
de consensos durante los 48 días que duraron las deliberaciones.
El análisis fundamental, que para formular los dictámenes,
hicieron Francisco J. Mújica y Paulino Machorro y las participaciones
destacadas de legisladores en la construcción de instrumentos
jurídicos de avanzada como: El
consenso creado para la redacción del artículo 3°
Constitucional que hizo Felix F. Palavicini, que aun siendo representante
de Carranza, logró, junto con Alberto Román, poner
el acento en la educación como motor de una sociedad hacía
estadios más democráticos e igualitarios, despojada
de fanatismos y dogmas, científica y laica, dando salida
a una de las discusiones más largas y constructivas del
constituyente. El
activismo que llevó a cabo Pastor Rouaix, que junto a los
diputados Macías y De los Santos generaron un grupo de
cabildeo que le dio sentido a las demandas obreras quedando plasmadas
en un artículo especial, el 123, destrabando la discusión
del artículo 5°. La
participación de Heriberto Jara, Esteban Baca Calderón,
Cándido Aguilar, Rafael Martínez Escobar y Luis
Cabrera en la redacción del Artículo 27 que daba
respuesta a la lucha agraria, demanda fundamental de la revuelta
revolucionaria. Y
qué decir de la asesoría permanente que prestó
el Maestro Andrés Molina Enríquez, que aún
no siendo diputado, definió a través de sus redacciones
buena parte de los textos básicos de la Constitución,
bajo la mirada acuciosa y el pensamiento lúcido de Francisco
J. Mújica. Digna
es la evocación y el recuerdo a esos 206 hombres que signaron
la carta magna, al igual que a todos aquellos que siendo senadores,
diputados federales y locales en casi un siglo han respetado sus
principios, adaptándolos a los cambios que ha vivido nuestra
sociedad y el mundo. Nuestros
legisladores han sido garantes de modernización nacional
a través de una revisión de nuestros ordenamientos
jurídicos, que los hace actores fundamentales del cambio
que ha vivido nuestro país en los últimos 72 años.
Ellos han creado instituciones y les han dado sentido practico
de aplicación en la solución de las demandas populares. Se han construido ordenamientos jurídicos locales que hoy le dan fuerza al pacto federal y a la gobernabilidad de nuestra Nación. Al
estudiar hoy las ideas que hicieron la Constitución Política
Mexicana, vemos la elaboración doctrinal y la experiencia
histórica. La Constitución surge de la razón
y se traduce en actitud, es vigente en cuanto da respuesta a un
ordenamiento, por todos aceptado, para resolver nuestras diferencias
y cohesionarnos como Nación. En ella están los principios
del pensamiento liberal, que es el pensamiento tolerante, que
no es una visión única de lo que debe ser la nación
o el gobierno, sino la definición de principios de lo que
debe ser nuestro Estado de Derecho. Viniendo
de la razón y la lucha social, la Constitución es
motor para ordenar y transformar la realidad. Nuestra Constitución
consolidó un proyecto de Nación. Nuestra cambiante
realidad, ha quedado en ella reflejada en su redacción
a través de una pluralidad de hombres, lo que la salvó
de visiones absolutistas. Es, como dijo Mariano Otero en 1857,
nuestro acuerdo en lo fundamental. Este
fue el racionalismo del Constituyente del 17 y de nuestro constituyente
permanente, que en sus variantes históricas y liberales,
ha hecho de nuestro texto un instrumento fundacional distante
de dogmatismos. La
experiencia constitucional mexicana, y de sus hombres redactores,
es muy aleccionadora. En México, paso a paso, la idea constitucionalista
en acción fue generando realidades y adquiriendo matices
de originalidad que nos han permitido resolver nuestros litigios
de manera pacífica. La
principal enseñanza de cada hombre concentrado en el Teatro
de la República en Querétaro, de diciembre de 1916
a febrero de 1917, y de aquellos que desde la casona de Xicohténcatl
y los recintos de Donceles o San Lázaro hemos tenido la
honrosa oportunidad de servir al país legislando, consiste
en mostrarnos la construcción de un país y una cultura
política nacional, partiendo de una elaboración
racional de validez universal: los principios básicos de
Democracia y Justicia Social, de libertad e igualdad de oportunidades.
Hoy
que se discute la posibilidad de redactar una nueva Constitución,
o como en el caso de la Ciudad de México donde se plantea
tener una por primera vez, el PRI no será muralla a la
modernidad, puesto que, junto con los ciudadanos, la hemos venido
definiendo en las últimas siete décadas, que es
más de la tercera parte de nuestra vida independiente.
Lo
que sí seremos, es dique a los intereses de la derecha
y su pensamiento único, inflexible y revanchista, para
el cual la Constitución es un mero contrato. Y también
debemos ser atemperadores del voluntarismo de una izquierda radical.
Reconocemos la necesidad de discutir y renovar nuestro pacto social
fundamental pero, para ello, sabemos que nuestro papel es generar
consensos a través del diálogo y el debate; evitando
riesgos para el país. No
somos ingenuos. Sabemos que toda Constitución tiene un
componente ideológico que la hace singular. Pero los ciudadanos
que votaron el 2 de julio no le dieron mayoría absoluta
en el Congreso al partido que hoy detenta el poder Ejecutivo Federal.
No hay mandato expreso para hacer una nueva Carta Magna. El
proyecto histórico del PRI, si bien tiene como referente
temporal a nuestros Documentos Básicos, tiene como causa
indeclinable la defensa del espíritu de la Constitución. Nuestro
ideario es el de Jara, Molina Enríquez, Cabrera, Soto y
Gama, Rouaix y Mújica, pero entendemos que debemos actualizar
nuestro pensamiento y propuestas a la luz de las transformaciones
que vive México y el Mundo. En
la agenda del nuevo gobierno está la revisión de
nuestras decisiones esenciales sobre la forma de Estado o régimen,
sobre la organización y las funciones de los poderes públicos,
sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Su esquema
de transición y alternancia, como lo dijo Vicente Fox,
no concluye hasta que no cuenten con una Constitución a
su medida. Ante aquellos que quieren desconocer la historia, estos
modernos Tlacaelels que intentan hacer tabla rasa del pasado,
sin nostalgia ni ataduras, démosles debate inteligente,
sobre todo a su nuevo discurso de derecha, que ya no suena a tienda
de raya, ni a mina ni hacienda, sino a libre mercado, dogmatismo
clerical, caridad en vez de justicia social, búsqueda de
negocios más que generación de bienes públicos,
todo ello adornado de una supuesta modernidad mercadotécnica. A
ochenta y cuatro años de la promulgación de nuestra
Constitución Política, ha llegado la hora de defender
sus principios generales y el marco de sus libertades y garantías
individuales y colectivas. Hoy
más que nunca, que llegó al poder un partido que
nació discrepando de su texto, pero sobre todo, de su aplicación. Luchemos por mantener vigente la separación Iglesia-Estado, por el laicismo y la gratuidad de la educación, por los derechos de los obreros y los campesinos, porque los recursos del subsuelo sigan siendo propiedad de la nación y de todos los mexicanos, particularmente el petróleo y el gas natural, por el fortalecimiento del federalismo y el respeto a la soberanía de los estados de la República. Luchemos,
en suma, por los derechos y garantías sociales que lograron
para el país el movimiento revolucionario de 1910. Derrotar a los nuevos conservadores, como hace 84 años, debe ser nuestro mejor homenaje a la generación del 17. Hagámoslo en unidad, con un priísmo renovado. *Secretario General del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal.
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