«LA
CARTA»: LEGADO DEL PASADO Y PROGRAMA DE FUTURO Pocas
cosas hay tan atractivas como la idea del cambio. El «hoy,
hoy» y el «ya, ya» acaban de demostrarlo el
pasado 2 de julio en México. Sin embargo, qué pocas
cosas cambian realmente y, de esas, qué pocas son en sentido
positivo. Sobre todo cuando no están inscritas en un contexto
de equilibrio. De
hecho, quizá la principal explicación de la paz
y la estabilidad que ha vivido nuestro país en los últimos
70 años, se encuentre en el empeño puesto por nuestros
gobiernos en la búsqueda de equilibrios básicos.
Quizá también la pérdida de éstos
explique lo ocurrido el pasado 2 de Julio. En nuestro país era ya tradicional que en la integración de cada gobierno se intentara un cierto equilibrio entre representantes de distintas corrientes de pensamiento, de distintas regiones del país, y hasta de distintas edades y profesiones. Pero sobre todo se intentaba tener interlocutores con los distintos sectores e intereses de la sociedad. Siempre había en el gabinete presidencial alguien con quien se sentían cómodos los empresarios y los hombres del dinero, pero también había alguien específicamente para atender o canalizar las inquietudes de los comerciantes medianos y pequeños y de los industriales, alguien para los agricultores ricos, alguien para el campesinado, y así sucesivamente. Desde luego, eran especialmente importantes los contactos con las centrales obreras, los maestros y los médicos, pero también contaban con algún conducto los intelectuales. Fue
esta composición plural la que oxigenó y aceitó
la marcha cotidiana del país. Cuando
en los últimos gobiernos esta pluralidad se fue debilitando
y la integración de los Gabinetes se fue homogenizando
se perdieron representatividad y vitalidad. En paralelo, de manera
gradual pero consistente, se fueron desmantelando gran parte de
las instituciones surgidas de la Revolución y que estaban
destinadas a proteger a los sectores más débiles
de la sociedad. La combinación resultó funesta. A
los rezagos y carencias ancestrales no es posible añadir
nuevos elementos de desigualdad al enfrentar en los mercados a
grupos con capacidad de negociación muy desigual. De ahí
la justificación de todo el andamiaje protector que se
gestó durante décadas. De ahí lo temerario
de destruirlo. Afortunadamente,
una de las cosas que todavía se conservan bien, a pesar
de las muchas tarascadas que se le han dado, es nuestra Constitución
Política. Debemos tener mucho cuidado con las reformas
que algunos grupos pretenden. No digamos ya de aquellos que hablan
de tener una Constitución completamente nueva, es decir,
muy distinta. Sin
duda, el documento más equilibrado e importante con que
contamos los mexicanos es nuestra Constitución. Esta es
un modelo de equilibrio entre los derechos sociales y los individuales;
entre la libertad y la justicia; entre lo local y lo nacional.
Es, en síntesis, un documento nacionalista y progresista. En
particular los artículos constitucionales que se refieren
a la vida económica guardan celosamente el equilibrio que
requiere el país entre los diferentes intereses que confluyen
en su seno; libertad de acción a los actores económicos,
pero bajo la rectoría del Estado, con la salvaguarda de
los recursos básicos de la Nación y con la protección
a los más débiles. No hay nada más injusto
y desigual, que el trato igual entre desiguales. Preservar
en su esencia los Artículos 25 y 26 de nuestra Constitución
Política es indispensable para garantizar la rectoría
del Estado y la planeación democrática del desarrollo
nacional. Preservar
el 27 sigue siendo un sinónimo de nacionalismo en el mejor
sentido del término. Cualquier concesión adicional
tendrá indudablemente muchos más costos que beneficios. El
espíritu antimonopólico del 28 es hoy más
vigente que nunca. Si hay quienes se quejaron de los monopolios
estatales, qué podríamos decir de los que se manejan
por intereses particulares y, sobre todo, si no se aplica una
rigurosa regulación gubernamental que garantice el interés
público. Quienes
aducen que la modificación o eliminación de éstos
y otros muchos artículos constitucionales es un paso hacia
delante, sostienen una falacia. Por el contrario, defenderlos
constituye hoy la única posición progresista y congruente
con lo mejor de nuestra historia. El
Estado tiene como una atribución irrenunciable velar por
el bienestar de sus ciudadanos y, para ello, no puede prescindir
de instrumentos básicos como la planeación macroeconómica
y las transferencias económicas razonadas y socialmente
necesarias; no puede dejar de propiciar el crecimiento económico
y el empleo; no puede tampoco evadir su responsabilidad de garantizar
los satisfactores mínimos de salud, educación y
seguridad, con todo lo que ello implica. La
del centro es la ruta por la que debe transitarse si se aspira
a tener razonable éxito en política y en economía.
La sociedad es plural por definición y para gobernarla
y encauzarla es preciso conciliar. No se puede privilegiar permanentemente
a un grupo o sector en detrimento de los demás. En la búsqueda
del equilibrio radica la única posibilidad de sobrevivencia
civilizada. El marco rector de dicho equilibrio es nuestra Constitución. Costó mucho tenerla. Conservémosla en bien de nuestro país y nuestra convivencia. *Economista
egresado de la UNAM. Maestría en la Universidad
|
