POR
QUÉ DEFENDER LA CONSTITUCIÓN En
diversos momentos y con variable intensidad, algunos actores políticos
han señalado que es necesario crear una nueva Constitución
Política para México. Son cuatro los argumentos
que se esgrimen. Primero, que la Carta de Querétaro no
es normativa, que existe una inmensa distancia entre sus preceptos
y la realidad del país. Segundo, que la constitución
vigente no regula mecanismos institucionales para incorporar a
nuevos actores sociales y políticos, como el caso de los
grupos indígenas y los grupos sociales emergentes. En
tercer lugar, se ha afirmado que no tienen legitimidad porque
ha sido un instrumento del régimen de la revolución
mexicana y sus continuos cambios han sido resultado de la voluntad
presidencial. Por último, se señala que el proceso
de democratización del país requiere de un acto
fundador y que para romper con el pasado lo mejor es crear una
nueva constitución para culminar la transición democrática. Es
significativo que quienes han hablado sobre una nueva constitución,
no han presentado un proyecto que pudiesen compartir las distintas
fuerzas políticas. Todos están de acuerdo en la
necesidad de cambios profundos en la vida pública del país,
pero no en cuales, ni en la forma de realizarlos. Existen diferencias
sustanciales entre quienes desean una nueva constitución
y es poco probable que en la coyuntura actual, se logren acuerdos
sobre temas centrales como la propiedad, la educación o
la participación del Estado en la economía. Por
otra parte, los argumentos a favor de una nueva constitución
han sido rebatidos por la propia realidad del país. Porque
México ha realizado en las últimas décadas
un cambio político trascendente y la Constitución
de 1917 ha sido un cauce adecuado para este cambio y no un obstáculo.
La reforma al Poder Judicial de la federación en 1994 es
un ejemplo. Lo son también las reformas electorales que
han desembocado en cambios políticos de gran alcance. Factores
centrales de la democracia como son una opinión pública
independiente, la creciente confianza en los procesos electorales
y la alternancia política, se han desarrollado al amparo
de cambios en nuestro marco legal, pero no han sido en contra
de los principios de la Constitución. Considero
que las nuevas realidades sociales del país, las organizaciones
políticas emergentes y aún la problemática
planteada por EZLN, pueden ser resueltas dentro de la Constitución.
Por otra parte, la Constitución de 1917 sigue siendo la
bandera de las principales luchas de la sociedad mexicana. La
exigencia de hacer cumplir la ley y sobre todo, el hecho de que
los trabajadores y campesinos vean en ella la defensa de sus intereses,
demuestra el arraigo social de sus principios. Por ello, más que una nueva constitución, lo que requiere el país es una nueva constitucionalidad. Una nueva forma de concebir la constitución por todos, ciudadanos, partidos, jueces y políticos. Ante
el argumento de que sus preceptos no se cumplen, la respuesta
no debe ser una nueva constitución, sino encontrar mecanismos
para hacerla cumplir. Abrazar el principio de la fuerza normativa
de todas y cada una de sus partes, bajo la idea de que cualquier
segmento de la constitución que no se cumpla extravía
su fuerza como norma. Por
ello es deseable que se incorporen mecanismo de control de la
vigencia de la Carta de Querétaro. Un ejemplo es la Acción
Constitucional por Omisión, prevista en la Constitución
de Brasil y que es un mecanismo de control procesal que evita
que la vigencia de normas programáticas dependa de la discrecionalidad
de los órganos legislativo o ejecutivo. Por lo tanto, la
interpretación de la Constitución se convierte en
pieza angular para su cumplimiento. Además para quienes
consideran que es necesario un acto fundacional para la democracia
mexicana, justo sería reconocer que es más positivo
que todos hagamos un esfuerzo por tener una nueva cultura de la
legalidad. Porque una nueva constitución no garantiza su
vigencia por sí misma. La
necesaria reforma del Estado mexicano no puede verse sólo
desde la perspectiva de una nueva Constitución Política.
Si uno de los problemas fundamentales que tiene el proceso de
democratización del país es la debilidad del Poder
Legislativo frente al presidencialismo, existen propuestas para
lograr un cambio profundo y en el marco de la constitución. El
camino de la reforma constitucional sigue siendo valido y expresa
también que la Carta de Querétaro sigue teniendo
fuerza y capacidad para incorporar nuevas realidades. Es por ello,
que en noviembre de 1997 presenté una iniciativa de reformas
a la Constitución General de la República. El objetivo
de la iniciativa es crear un nuevo esquema de mayor equilibrio
entre los poderes y para ello, propongo el fortalecimiento del
Poder Legislativo.1 La
debilidad del Poder Legislativo tiene múltiples causas,
algunas de ellas de carácter estructural, como su organización
interna. Pero también hay aspectos que tienen que ver con
la relación que guardan los legisladores con la sociedad.
Por eso, un aspecto central es lograr mayor vinculación
de los miembros del Congreso con sus representados. Para ello,
se debe introducir la reelección inmediata de diputados
y senadores, lo que permitiría la formación de una
autentica carrera parlamentaria y, sobre todo, el representante
tendría una mayor responsabilidad con quienes lo eligieron.
Es necesario introducir instituciones de democracia semidirecta
como la iniciativa popular o el referéndum. La posibilidad
de que cada Cámara pueda decidir la realización
de una consulta popular previa a la discusión y votación
de un proyecto de ley, fortalecería socialmente al Congreso. Se
requiere fortalecer al Senado de la República, creando
nuevas reglas para la aprobación de la Ley de Ingresos
y que el Senado participe en la aprobación del Presupuesto
de Egresos y de la Cuenta Pública. La CNDH, debe informar
al Senado y ello reforzaría la presencia de éste
en temas como la procuración de justicia en el país.
Debe ampliarse el papel del Senado en la política exterior,
para que sea él quien apruebe cualquier tratado internacional
que suscriba el Ejecutivo. De vital importancia, es que el Senado
participe en el diseño y evaluación de las políticas
en el ámbito estatal y regional. Para
reforzar el papel del congreso como órgano de control del
Ejecutivo, el Senado debería ratificar algunos nombramientos
de Secretarios de Estado que por su importancia deben ser objeto
de discusión. Por ello, además de ratificar el nombramiento
del Procurador General de la República, se propone que
los nombramientos del Secretario de Hacienda y Crédito
Publico y el Secretario de Relaciones Exteriores, tengan que ser
ratificados por el senado de la República. Asimismo el
Senado debe discutir y ratificar el Plan Nacional de Desarrollo.
Si
las funciones más importantes de los parlamentos contemporáneos
son las de control, vigilancia e investigación del ejecutivo,
es indispensable poner al día esta función en México.
Para ello, se debe, en primer lugar, agilizar la formación
de Comisiones de investigación, que puedan investigar sobre
cualquier asunto publico y que sus resultados tengan efectos para
exigir responsabilidad, política, administrativa o penal.
De esta manera la fuerza de las comisiones crecería y sería
un instrumento de control. Estas y otras propuestas contenidas
en la iniciativa presentada en noviembre de 1997, permitirían
fortalecer al Congreso y ayudarían a construir un esquema
más racional de colaboración entre los poderes. Se
requieren en México cambios profundos para que el poder
controle al poder. La reforma del Estado Mexicano es una necesidad
para que el país pueda desarrollarse en todos los aspectos.
Sin embargo, para reformar al Estado no se requiere, hasta el
momento, de una nueva constitución. No existen los acuerdos,
entre las diversas fuerzas políticas como para lograr un
acuerdo de tal magnitud y por otra parte, la Constitución
de 1917 sigue teniendo una fuerza social profunda. En ella están
expresados los proyectos y aspiraciones de los grupos más
diversos, pero sobre todo, las aspiraciones de los trabajadores
del campo y la ciudad. En ella también, es viable introducir
nuevas instituciones para que sectores tan importantes como los
grupos indígenas puedan integrase en la diversidad del
país. El reto es entonces que la Constitución de 1917 se cumpla cabalmente y que todos los actores políticos y sociales de la nación trabajemos para que la legalidad se fortalezca. Defender la Constitución es hoy una lucha por el cambio democrático. Es la defensa de las más profundas aspiraciones de los mexicanos, de la justicia social y de la libertad. 1Esta iniciativa la presenté el 10 de noviembre de 1997 en el Senado de la República junto con el Senador José Trinidad Lanz Cárdenas. Una versión completa de la propuesta se encuentra en mi libro: La reforma al Poder Legislativo en México, Cuadernos constitucionales México-centroamerica No 32. Editado por al UNAM y la Corte de constitucionalidad de Guatemala, México 1998. *Licenciado en Derecho por la UNAM. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa Casa de Estudios. Diputado y Senador por el Estado de Baja California. Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI. Ha publicado diversos ensayos en revistas especializadas en Derecho y dos libros «Claroscuros de la representación política» y «La reforma del Poder Legislativo en México». Actualmente es Diputado a la LVIII Legislatura.
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