LA
POLÍTICA ECONÓMICA Y EL CONGRESO DE LA UNIÓN El
Presidente de la República al tomar posesión de
su encargo el pasado 1º de diciembre señaló:
«El Presidente propone y el Congreso dispone». Esta
aseveración, que pudo haberse entendido como muestra generosa
de apertura democrática, no fue tal. La nueva realidad
política del País derivada de las elecciones del
2 de julio del 2000 es mucho más implacable. Si alguna
duda quedaba en este sentido, bastó el mes de diciembre
al discutirse el paquete económico del 2001 para disiparla. INGRESOS En
primer lugar es importante destacar el acuerdo político
logrado entre todas las fracciones parlamentarias para entender
que el tiempo de la disputa electoral ha concluido y que era necesario
establecer propuestas serias y viables que contribuyeran a terminar
con la lucha desbocada entre los intereses meramente partidistas.
La
fracción priísta con responsabilidad planteó
que la polarización y la confrontación forman ya
parte de otro tiempo y otras circunstancias; y que ahora debían
regir los imperativos del acuerdo y la razón por el bien
del País. En
este sentido, en un hecho inédito en nuestra historia parlamentaria,
el Congreso de la Unión logró que se modificara
el marco macroeconómico diseñado por el Gobierno
Federal y presentado por el Ejecutivo en su iniciativa de Ley
de Ingresos para el ejercicio 2001. El
consenso fue que el paquete económico presentado por el
Ejecutivo –de marcado acento restrictivo y muy alejado de
las promesas de campaña del actual Presidente– por
omisiones, olvidos y errores conceptuales de forma, presentaba
la posibilidad de alentar serios trastornos y conflictos sociales.
Por eso las reformas que se realizaron al paquete económico
no fueron de forma, sino de estructura, de fondo, para buscar
ampliar así los márgenes de viabilidad a nuestra
cohesión social. De
esta manera, en materia de ingresos se fijaron dos objetivos:
el primero era el de buscar ampliar los recursos para el gasto
público a fin de canalizarlos al cumplimiento de demandas
sociales inaplazables; y por otra parte avanzar en el establecimiento
de un marco normativo que obligue al Ejecutivo a informar oportunamente
al Congreso de la Unión sobre diversos indicadores del
comportamiento de los ingresos públicos nacionales. Fue
así como se logró por el Congreso ampliar en aproximadamente
30 mil millones de pesos los recursos disponibles para este año.
La modificación consistió, por una parte, en eliminar
la drástica reducción de financiamiento público
programable del 0.50% propuesta por el Ejecutivo y llevarla al
0.65% del PIB. Esta
medida permitió contar con poco mas de 9 mil millones de
pesos, al tiempo que se mantiene la tendencia decreciente del
déficit interno que el gobierno calcula ascenderá
al cierre del 2000 a cerca del 1.2% del PIB, aspecto de política
económica con el cual los legisladores priístas
estamos responsablemente comprometidos para mantener intacta la
estabilidad económica del país. Por
otra parte, por concepto de racionalización y ahorros de
carácter administrativo así como por la obtención
eficiente de recursos tributarios y otras disponibilidades financieras,
fue posible identificar importantes márgenes de recursos
presupuestarios por poco mas de 20 mil millones de pesos adicionales
(ver cuadro 1 anexo). Por
otro lado, por primera vez el Ejecutivo Federal quedó obligado
por la Ley de Ingresos a rendir cuentas y a presentar un capítulo
completo de información veraz, oportuna y suficiente en
lo que se refiere a los ingresos y endeudamiento del sector público.
Con ello la capacidad del Congreso para evaluar el flujo de los
recursos públicos y de incidir en la política económica
del país se fortalece de manera importante. EGRESOS Una
vez obtenidos los recursos públicos adicionales, la gran
tarea era buscar los consensos necesarios para canalizar dichos
recursos de manera directa al gasto social, lo cual se logró
principalmente gracias a la defensa de los legisladores priístas
de demandas populares urgentes. En
primer lugar se otorgaron 4, 700 millones de pesos más
a los servicios públicos de educación. De ellos
3,500 irán a la educación básica, 500 más
a la carrera magisterial y otros 700 millones a la educación
pública universitaria. Además se logró canalizar 13,557 millones a través del rubro de aportaciones a los estados para así impulsar un federalismo plural y justo, basado en el desarrollo de las entidades federativas. Por otra parte se destinaron mas de 4,000 millones de pesos para actividades primordiales de comercialización y apoyo productivo al campo mexicano.
También se restituyeron al Distrito Federal recursos para
el combate a la pobreza y los programas sociales del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que ahora
incluye una fórmula de distribución entre las demarcaciones
capitalinas. Para
mejorar la situación de los pensionados y jubilados del
IMSS, ISSSTE, Ferrocarrileros e ISSFAM, se podrá otorgar
un pago por única vez que representa una erogación
de 6,000 millones de pesos. Y
se contará además con 500 millones de pesos para
apoyar a los pequeños ahorradores que fueron defraudados
recientemente por diversas Cajas de Ahorro. De
esta manera la sensibilidad social y el rigor económico
se complementaron. Por
otra parte, es importante destacar también que al discutirse
el Presupuesto de Egresos de la Federación se logró
por los diputados priístas una serie de modificaciones
al proyecto presentado por el Ejecutivo, que mejoran de manera
sustancial el marco normativo del ejercicio presupuestal. De
esta manera, entre otros aspectos, se logró mantener una
Banca de Desarrollo con estructura y funcionalidad propias y acorde
a los distintos fines a que se orientan las diversas instituciones
que la conforman; se democratiza la información de los
programas sociales al hacerse obligatoria la publicación
de los padrones de beneficiarios; se avanza en la idea de que
cada entidad federativa pueda ir diseñando su propio esquema
de desarrollo social al permitir que en el marco de los convenios
de desarrollo social pueda haber transferencia de recursos entre
los programas que lo conforman; se adecuan diversas normas del
Progresa, a fin de que los beneficiarios no dejen de recibir los
recursos sin causa justa y comprobada; y se establece como principio
de coordinación elemental que el programa de Fondo de Apoyo
para micro y pequeños empresarios se hará a través
de fondos estatales constituidos por el gobierno federal con los
gobiernos locales. Fue así como el Congreso dispuso. Lo hizo con responsabilidad, con solvencia técnica, con sensibilidad política y ejerciendo a plenitud su autonomía. Las modificaciones y correcciones realizadas a las propuestas originales del Ejecutivo fueron aprobadas manteniendo las negociaciones en el marco del Congreso y mediante el consenso de todos los partidos políticos, fortaleciendo así nuestra democracia. *Abogado. Diputado Federal. Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Coordinador de la diputación priísta de San Luis Potosí.
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