LA
«NUEVA» ESTRUCTURA DEL GOBIERNO Todo
lo que tiene que ver con la llegada del gobierno encabezado por
Vicente Fox se ha convertido, no sólo en noticias que de
suyo pueden serlo, sino en noticias que generan expectativas desmedidas
porque van apareciendo acompañadas de decisiones rodeadas
de un cierto misterio, lo que mantiene a la ciudadanía
siempre expectante. Pero también porque las «primicias»
se acompañan de declaraciones de parte del recién
llegado presidente que añaden, si cabe, mayor dosis de
sorpresa, y le imprime lo que podría calificarse como característica
distintiva del nuevo presidente, esto es, un sesgo de espectacularidad.
El diseño de la estructura de gobierno y de quienes serían
sus colaboradores directos, no escapó a esa dinámica. Atrapada
la integración del gabinete y los cambios a la estructura
orgánica del gobierno, entre la noticia de que se estaba
en la búsqueda y caza de «talentos» por una
lado, y las declaraciones hechas en el sentido de que llegaría
un «gabinetazo», aumentaron y potenciaron la normal
curiosidad de quiénes serían los elegidos para materializar
en decisiones un proyecto político encabezado por primera
vez en el México posrevolucionario por un partido de oposición,
el de Acción Nacional. No
podría sostenerse que efectivamente llegaron los mejores,
ni tampoco que la propuesta de ajuste al aparato administrativo
se haya hecho con todo el rigor y la racionalidad necesarios en
búsqueda de los mejores resultados. Lo que sí se
puede afirmar, es que hay novedades en ambas propuestas. La
propuesta del nuevo gobierno consistió en modificaciones
a la Ley Orgánica de la Administración Pública
para crear la Secretaría de Seguridad pública a
efecto de que el Ejecutivo contara «con el instrumento que
hará las propuestas necesarias para reordenar y especializar
el diseño y atención de la política criminal
federal a través de una sola estructura orgánica».1
Este cambio intenta responder a una de las demandas más
sentidas de la sociedad en relación con el problema de
la inseguridad, tratando de darle unidad de mando a las diversas
acciones que se emprendan en este aspecto y de contar con una
dependencia que tenga responsabilidad exclusiva en dicha materia. La
estructura vigente se modifica no sólo de forma, esto es,
cambiando los nombres de algunas dependencias, sino también
implica alguna transformación de fondo, como podría
ser un importante reacomodo de funciones. Es el caso, por ejemplo,
de la supresión de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial, que dejaba fuera «diversos sectores de la economía
como son toda la amplia gama de servicios los cuales representan
un gran porcentaje de la actividad nacional»2, para dar
paso a la de Economía que «al ser la disciplina que
tiene que ver con la creación de la riqueza pública
y el conjunto de ejercicios e intereses económicos, ayude
al desarrollo nacional...»3 Esta Secretaría también
se encargará de coordinar y apoyar empresas asociadas a
grupos de escasos recursos. Lo mismo ocurre con la de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, que cambia de nombre y se reacomodan
tareas, por el de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, que se modifica por el de Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Los cambios en los nombres de las secretarías reflejan,
de alguna manera, la prioridad que el nuevo gobierno otorga a
las atribuciones que por ley se le confieren. El desarrollo como
eje rector, la seguridad pública, la gobernabilidad democrática,
el aprovechamiento racional de recursos naturales y la necesidad
de garantizar insumos para la alimentación forman parte
importante del compromiso que el nuevo gobierno estableció,
primero como oferta de campaña y después como responsabilidad
gubernamental. De
ahí que se fortalezcan las atribuciones de algunas secretarías,
notablemente las de la de Gobernación, para convertirla
en el eje de la «gobernabilidad democrática»
que implica, según lo declarado por la Comisión
encargada de emitir el dictamen sobre las reformas a la Ley Orgánica,
el que se «genere una nueva forma de llevar a cabo la política
interior, que se apoye en la unidad nacional, en la participación
ciudadana, en las tareas propias de una gobernabilidad democrática
incluyente, que tiene su expresión en una sociedad plural
y en la construcción de consensos».4 Sin que quede
claro el sentido otorgado a los conceptos de gobernabilidad democrática,
participación ciudadana y sociedad plural, se intuye que
los cambios propuestos en las atribuciones que le corresponderán
a la Secretaría de Gobernación, caminan en dos direcciones:
quitarle las responsabilidades en materia de seguridad pública,
que por su magnitud y dificultad requieren de una atención
particular y exclusiva, y centrar su atención en el trabajo
político, esto es en la búsqueda de acuerdos y la
construcción de consensos. Hubo,
finalmente, algunos cambios que no fueron aceptados como el de
identificar a la Secretaría de Desarrollo Social como de
Desarrollo Humano. Respecto
a las nuevas Comisiones Coordinadoras que aparecen por encima
de los secretarios, es evidente que su integración rebasa
el marco que la Ley Orgánica de la Administración
Pública establece. Por otra parte no queda claro cuál
será su responsabilidad, si es sólo de coordinación
y qué tramo de control le corresponderá a cada una
de ella. Tampoco queda claro como se coordinarán entre
ellas. Las diferentes denominaciones que las identifican sugiere
que hay diferencias jerárquicas que tampoco se pueden localizar
fácilmente. No se sabe con que partida presupuestal se
cubrirán los sueldos de los funcionarios designados en
esas nuevas responsabilidades. Las interrogantes que se abren
respecto a estas coordinaciones parece que no se despejarán
sino con el tiempo y a través de los resultados que se
vayan obteniendo. Esto de suyo habla no sólo de falta de
experiencia sino de falta de previsión en términos
de qué proyecto de gobierno se espera impulsar. Y si el
proyecto existe, la ciudadanía tendría derecho a
estar mejor informada de lo que se espera haga la Coordinación
de Asesores de Políticas Públicas, el Comisionado
de Asuntos de la Frontera Norte, el Comisionado para el Desarrollo
Humano, con todo lo ambiguo que resulta dicho concepto, el Consejo
Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, la Oficina
de Atención a Migrantes, la Oficina para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, la Oficina de Promoción
e Integración Social para Personas Discapacitadas, el Comisionado
para la Paz en Chiapas, el Coordinador de Asesores de Planeación
Estratégica y Desarrollo Regional, la Coordinación
para el Orden y Respeto, la Oficina de Innovación Gubernamental,
el Plan Puebla–Panamá, la Embajadora Especial para
los Derechos Humanos y la democracia, el Consejo de Seguridad
Nacional y la Coordinación de Opinión Pública
e Imagen. Se
antoja, por las denominaciones de las nuevas agencias, que habrá
que definir con precisión que le corresponde a las secretarías
y qué a las coordinaciones, oficinas, consejos, así
como a los comisionados, coordinadores de asesores, responsable
del plan y embajadora. Por
lo que se refiere a las trayectorias profesionales de los responsables
tanto de los cargos consignados en la Ley Orgánica, como
de los de reciente aparición, se puede decir que a pesar
de que las carreras y trayectorias de algunos de los funcionarios
de los últimos gobiernos priístas ya no correspondían
a la formación en, por ejemplo, universidades necesariamente
públicas, ni en carreras liberales, sí se puede
decir que existe novedad respecto a quienes llegan al nuevo gobierno,
entre otras cosas, porque el desarrollo profesional y la experiencia
las adquirieron en empresas y despachos privados. Es decir, el
contacto con el sector público se tuvo, en la mayor parte
de los casos, desde el otro lado: proveedores, asesores, contratistas.
La visión empresarial cruza de manera horizontal los curriculae
de la mayor parte de los nuevos funcionarios. Estudiaron, en una
proporción importante, administración de empresas,
organización industrial, contaduría pública,
sistemas computacionales, administración y finanzas. Hay,
sin embargo, varios abogados y economistas, además de biólogos,
psicólogos, ingenieros y arquitectos. Con sus excepciones
la mayor parte de los funcionarios estudiaron sus licenciaturas
o postgrados en escuelas y universidades privadas, además
de haber tenido sólo experiencia en el sector privado,
características ambas que sin duda imprimirán un
nuevo sesgo a la actividad gubernamental. A pesar de las declaraciones y de la insistencia en que como resultado de la caza de talentos llegarían los mejores, es evidente que lo prevaleciente es una enorme incertidumbre respecto a como se diseñó la nueva estructura y si se tuvo algún criterio que rigiera su acomodo. Lo mismo ocurre respecto a si los recién llegados fueron efectivamente cooptados a través del mecanismo de «caza talentos» o si su vinculación con el nuevo gobierno se debe a otro tipo de razones. No parece que sea la racionalidad jurídica o técnica lo que guió la integración del gabinete y del «gabinete ampliado». La incertidumbre se convierte en duda cuando no queda muy claro cómo va a operar una estructura en la que hay tantos centros decisorios y entre los que no se sabe quién está por encima y quién depende de quién. Lo que es evidente es que la mayor parte de los nuevos funcionarios adquirieron experiencia en un sector totalmente diferente al que van a operar a partir de sus nuevas responsabilidades. Sin calificar si esa experiencia podrá ser de utilidad en el servicio público en el que la rentabilidad social no puede medirse como la que se obtiene en las empresas, la ciudadanía confía en que sepan responder al reto que tienen enfrente, concediéndoles el beneficio de la duda, en el entendido que son personas cuyo compromiso es con el país y con sociedad a la que sirven. 1
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública con proyecto de Decreto por el que se reforma,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, de la Ley
de Radio y Televisión, de la Ley General que establece
las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de la Ley de la Policía Preventiva y de
la Ley de Pesca, presentado el 9 de noviembre de 2000 por los
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
p.5.
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