GOBERNAR
ES MÁS QUE ADMINISTRAR
JUAN
CARLOS DELGADILLO SALAS*
La
acción de la administración pública suele
ser entendida como un esfuerzo permanente de negociación
política en el cual el Estado reconoce autoridad al conjunto
de actores que conforman el cuerpo social, al tiempo que promueve
su desarrollo económico, político y social. Así,
el principal objetivo de la gestión gubernamental es lograr
el equilibrio adecuado entre la acción administrativa y
la decisión política logrando la estabilidad en
un sistema determinado.
En
la actualidad, en el terreno de las ciencias administrativas,
la gestión pública, es concebida cada vez más
como una ciencia social tecnológica, la cual, a la luz
de las nuevas teorías de lo público, conserva la
posibilidad de diseñar y ejercer un modelo racional de
aplicación de la autoridad administrativa y del poder político.
En
México, sin embargo, el nuevo gobierno de Vicente Fox,
a contrapelo de estas corrientes, ha subestimado peligrosamente
la idea del poder político y de su vinculación con
las tareas de gobierno, reduciendo y simplificando la delicada
tarea de lograr equilibrios en los pesos y contrapesos de un sistema
político a una mera cuestión de decisiones gerenciales,
fundamentadas en metodologías que se desarrollaron originalmente
en la iniciativa privada para racionalizar procesos administrativos
y que omiten, por definición, la complejidad de las variables
que inciden en la conducción de los asuntos públicos.
Durante
los últimos meses, Fox y su equipo de colaboradores se
han empeñado en señalar que su tarea principal al
frente del gobierno será la de eficientar la administración
y optimizar los recursos públicos.
Es
claro que una visión tan simplista de la cuestión
pública encierra trampas teóricas y metodológicas
que amenazan al experimento de Vicente Fox con un fracaso que
no sólo puede ser irremediable, sino sobre todo, peligroso
para el país.
En
el origen del paradigma foxista de la administración, descansa
la teoría de la racionalidad administrativa, fuertemente
criticada por teóricos como Simon, March y Olsen, que han
expuesto las serias limitaciones de un modelo que basa la optimización
de recursos, a partir de considerar variables sociales estables
a largo plazo (pues estas pueden cambiar en períodos muy
cortos de tiempo) y que no define una vinculación precisa
entre el proceso de toma de decisiones y las implicaciones políticas
y sociales de la acción administrativa. Tradicionalmente,
los enfoques basados en el modelo racionalista han ignorado sistemáticamente
los contextos en los que se desenvuelven los agentes sociales,
restando importancia a las fricciones naturales que suceden entre
ellos. Por esta razón el modelo racionalista, sólo
ha operado con éxito en el terreno de la administración
privada, siendo la base teórica sobre la que se desarrollaron
en los años 80s y 90s los enfoques
y metodologías más utilizados en la actualización
gerencial del sector privado como la mejora continua, la calidad
total, y la reingeniería y rearquitectura de procesos.
Con
estos puntos de vista, ignorando lo precario de su propia situación
política y las limitaciones de sus propias visiones en
un escenario tan amplio y tan diverso como el México del
siglo XXI, los funcionarios foxistas, cuya experiencia en la conducción
de asuntos públicos es mínima -por no decir nula-,
se preparan para extrapolar estas metodologías al sector
público, amenazando con destruir los equilibrios administrativos
y políticos que aún dan soporte al sistema social
del país, amenazando con llevarnos al caos administrativo.
En
la óptica de los gerentes de Fox, los ciudadanos y sus
necesidades pueden ser concebidos como «clientes»
que reciben «productos» accesibles libremente en un
«mercado político» que tendrá sus propios
mecanismos autorreguladores. Es decir, en su visión, gobernar
es administrar. El ejercicio del poder político como tal,
no es sino una variable más en el «proceso metodológico
de toma de decisiones».
Sin
embargo, la realidad es más cruda: día con día
el sistema social es marco de una constante contienda social.
Dependiendo del enfoque ideológico podemos hablar de lucha
de clases, o de confrontación de grupos, términos
que a fin de cuentas son expresión de un único fenómeno:
de una dinámica que se manifiesta a partir de un constante
enfrentamiento entre las fuerzas sociales, el cual requiere de
ser administrado o arbitrado políticamente por el gobierno
y por sus áreas operativas, a partir de contar con elementos
de negociación, intermediación y solución
del conflicto.
Es
cierto que la contención del conflicto social cotidiano
pasa en la actualidad, necesariamente, por el conocimiento y aplicación
de la administración y de sus instrumentos de tecnología
social de punta. Sí, pero también pasa por el uso
adecuado de la Razón de Estado para incrementar sustancialmente
la capacidad de la administración para contener, controlar
y encauzar institucionalmente el fenómeno de la contienda
social. El ejercicio del gobierno requiere no sólo de la
racionalización y optimización administrativa sino,
sobre todo, de la capacidad para interpretar y resolver políticamente
la crisis social que puede existir en un sistema administrativo.
En
esta óptica, nuestra óptica, gobernar es más
que administrar. Gobernar es hacer uso de la política.
Es, en palabras de March y Olsen, padres del llamado nuevo institucionalismo,
reconocer que todo sistema político se fundamenta en procesos
agregativos e integrativos, los cuales reconocen y aceptan que
la política se concibe como un conflicto de intereses y
como la creación de valores y aspiraciones colectivas que
permiten la cohesión y la estabilidad social, y en el que
las instituciones de la administración pública deben
facilitar los intercambios entre los actores sociales.
Vicente
Fox por el contrario, ha definido una propuesta de gobierno basada
en una retórica funcionalista y ha integrado un equipo
de gobierno notoriamente apolítico. Ha establecido un sistema
altamente confuso de toma de decisiones colectivas que no sólo
no otorga certidumbre alguna sobre las perspectivas de estabilidad
de la administración y la política en el país,
sino que además, puede agotarle aceleradamente el reducido
margen de maniobra con el que actualmente cuenta, al exponer a
su equipo no sólo al desgaste natural del ejercicio de
la autoridad pública, sino a las fricciones propias de
conflictos de poder surgidos de atribuciones y competencias mal
definidas, redundantes y poco claras.
Los
riesgos son latentes. Concebir al gobierno como una mera instancia
de administración puede significar el fracaso del nuevo
régimen y representar, para Vicente Fox, la cancelación
de sus expectativas de logros espectaculares, situación
que puede llevarlo, ante la falta de otro tipo de apoyos institucionales
para sostener su posición política (como podría
ser una mayoría en el Congreso), a una tentación
totalitaria. Sería en el sentido más puro, el fracaso
de la política.
*Licenciado
en Ciencias Políticas y Administración Pública
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la
UNAM. Funcionario público. Analista colaborador de los
diarios electrónicos: presidenciables.com, diariopolitico.com,
lapalabra.com y agorapolis.com. Actualmente es asesor en la LVIII
Legislatura del Senado de la República.
