GOBERNAR ES MÁS QUE ADMINISTRAR
JUAN CARLOS DELGADILLO SALAS*

La acción de la administración pública suele ser entendida como un esfuerzo permanente de negociación política en el cual el Estado reconoce autoridad al conjunto de actores que conforman el cuerpo social, al tiempo que promueve su desarrollo económico, político y social. Así, el principal objetivo de la gestión gubernamental es lograr el equilibrio adecuado entre la acción administrativa y la decisión política logrando la estabilidad en un sistema determinado.

En la actualidad, en el terreno de las ciencias administrativas, la gestión pública, es concebida cada vez más como una ciencia social tecnológica, la cual, a la luz de las nuevas teorías de lo público, conserva la posibilidad de diseñar y ejercer un modelo racional de aplicación de la autoridad administrativa y del poder político.

En México, sin embargo, el nuevo gobierno de Vicente Fox, a contrapelo de estas corrientes, ha subestimado peligrosamente la idea del poder político y de su vinculación con las tareas de gobierno, reduciendo y simplificando la delicada tarea de lograr equilibrios en los pesos y contrapesos de un sistema político a una mera cuestión de decisiones gerenciales, fundamentadas en metodologías que se desarrollaron originalmente en la iniciativa privada para racionalizar procesos administrativos y que omiten, por definición, la complejidad de las variables que inciden en la conducción de los asuntos públicos.

Durante los últimos meses, Fox y su equipo de colaboradores se han empeñado en señalar que su tarea principal al frente del gobierno será la de eficientar la administración y optimizar los recursos públicos.

Es claro que una visión tan simplista de la cuestión pública encierra trampas teóricas y metodológicas que amenazan al experimento de Vicente Fox con un fracaso que no sólo puede ser irremediable, sino sobre todo, peligroso para el país.

En el origen del paradigma foxista de la administración, descansa la teoría de la racionalidad administrativa, fuertemente criticada por teóricos como Simon, March y Olsen, que han expuesto las serias limitaciones de un modelo que basa la optimización de recursos, a partir de considerar variables sociales estables a largo plazo (pues estas pueden cambiar en períodos muy cortos de tiempo) y que no define una vinculación precisa entre el proceso de toma de decisiones y las implicaciones políticas y sociales de la acción administrativa. Tradicionalmente, los enfoques basados en el modelo racionalista han ignorado sistemáticamente los contextos en los que se desenvuelven los agentes sociales, restando importancia a las fricciones naturales que suceden entre ellos. Por esta razón el modelo racionalista, sólo ha operado con éxito en el terreno de la administración privada, siendo la base teórica sobre la que se desarrollaron –en los años 80’s y 90’s– los enfoques y metodologías más utilizados en la actualización gerencial del sector privado como la mejora continua, la calidad total, y la reingeniería y rearquitectura de procesos.

Con estos puntos de vista, ignorando lo precario de su propia situación política y las limitaciones de sus propias visiones en un escenario tan amplio y tan diverso como el México del siglo XXI, los funcionarios foxistas, cuya experiencia en la conducción de asuntos públicos es mínima -por no decir nula-, se preparan para extrapolar estas metodologías al sector público, amenazando con destruir los equilibrios administrativos y políticos que aún dan soporte al sistema social del país, amenazando con llevarnos al caos administrativo.

En la óptica de los gerentes de Fox, los ciudadanos y sus necesidades pueden ser concebidos como «clientes» que reciben «productos» accesibles libremente en un «mercado político» que tendrá sus propios mecanismos autorreguladores. Es decir, en su visión, gobernar es administrar. El ejercicio del poder político como tal, no es sino una variable más en el «proceso metodológico de toma de decisiones».

Sin embargo, la realidad es más cruda: día con día el sistema social es marco de una constante contienda social. Dependiendo del enfoque ideológico podemos hablar de lucha de clases, o de confrontación de grupos, términos que a fin de cuentas son expresión de un único fenómeno: de una dinámica que se manifiesta a partir de un constante enfrentamiento entre las fuerzas sociales, el cual requiere de ser administrado o arbitrado políticamente por el gobierno y por sus áreas operativas, a partir de contar con elementos de negociación, intermediación y solución del conflicto.

Es cierto que la contención del conflicto social cotidiano pasa en la actualidad, necesariamente, por el conocimiento y aplicación de la administración y de sus instrumentos de tecnología social de punta. Sí, pero también pasa por el uso adecuado de la Razón de Estado para incrementar sustancialmente la capacidad de la administración para contener, controlar y encauzar institucionalmente el fenómeno de la contienda social. El ejercicio del gobierno requiere no sólo de la racionalización y optimización administrativa sino, sobre todo, de la capacidad para interpretar y resolver políticamente la crisis social que puede existir en un sistema administrativo.

En esta óptica, nuestra óptica, gobernar es más que administrar. Gobernar es hacer uso de la política. Es, en palabras de March y Olsen, padres del llamado nuevo institucionalismo, reconocer que todo sistema político se fundamenta en procesos agregativos e integrativos, los cuales reconocen y aceptan que la política se concibe como un conflicto de intereses y como la creación de valores y aspiraciones colectivas que permiten la cohesión y la estabilidad social, y en el que las instituciones de la administración pública deben facilitar los intercambios entre los actores sociales.

Vicente Fox por el contrario, ha definido una propuesta de gobierno basada en una retórica funcionalista y ha integrado un equipo de gobierno notoriamente apolítico. Ha establecido un sistema altamente confuso de toma de decisiones colectivas que no sólo no otorga certidumbre alguna sobre las perspectivas de estabilidad de la administración y la política en el país, sino que además, puede agotarle aceleradamente el reducido margen de maniobra con el que actualmente cuenta, al exponer a su equipo no sólo al desgaste natural del ejercicio de la autoridad pública, sino a las fricciones propias de conflictos de poder surgidos de atribuciones y competencias mal definidas, redundantes y poco claras.

Los riesgos son latentes. Concebir al gobierno como una mera instancia de administración puede significar el fracaso del nuevo régimen y representar, para Vicente Fox, la cancelación de sus expectativas de logros espectaculares, situación que puede llevarlo, ante la falta de otro tipo de apoyos institucionales para sostener su posición política (como podría ser una mayoría en el Congreso), a una tentación totalitaria. Sería en el sentido más puro, el fracaso de la política.

*Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Funcionario público. Analista colaborador de los diarios electrónicos: presidenciables.com, diariopolitico.com, lapalabra.com y agorapolis.com. Actualmente es asesor en la LVIII Legislatura del Senado de la República.