PROMETER
NO EMPOBRECE...** Concluye
el año con un bagaje de lecciones: unas, experiencias;
otras, advertencias. En este año revisamos temores y esperanzas.
También confirmamos el valor de los refranes, los adagios,
las moralejas. Sabiduría popular, antigua y fresca. Por
ejemplo: del dicho al hecho; prometer no empobrece; del plato
a la boca y otros en sentido semejante. En suma: una cosa dicen
las palabras; las realidades ofrecen otra. Veamos botones de muestra.
Con eso basta para dejarnos en vela, inquietos e inciertos. El 2000 será un año que los mexicanos no olvidaremos en mucho tiempo. Hasta aquí llegaron los hechos del pasado, y desde aquí comienzan los hechos del porvenir. Por supuesto, este género de linderos es siempre convencional: ni el pretérito concluye de pronto ni el futuro comienza de una vez. Los
tiempos de la historia, como los tiempos de la vida, son un continuo
que no admite fronteras. Sin embargo, ponemos linderos para emprender
la reflexión y proponer la acción. Hay que asirse
a mojoneras que nos permitan mirar hacia atrás y calcular
hacia adelante. La vida lo reclama. Y hoy lo reclama mucho más,
porque el 2000 ha sido de veras un año insólito.
Para muchos, creyentes a pie juntillas, diciembre traería novedades magníficas. Habría cambios. Mejor
todavía: diciembre inauguraría los cambios que la
nación solicitaba. La exigencia de cambio levantó
al pueblo mexicano. Hubo versiones diferentes. Unas calaron, otras
no. Por mandato del 2 de julio, aquéllas se hicieron cargo
del porvenir. Para todos los efectos útiles, éste
comenzaría en diciembre del año 2000. Y diciembre
ha transcurrido. ¿Qué tenemos a la vista? A
unos meses de las elecciones y a unas semanas del cambio de gobierno,
podemos meditar en el cambio prometido. Obviamente, un mes no
es gran cosa para lograr progresos notables y aliviar males inveterados.
Exigir milagros sería tan injusto como absurdo. No podemos
hacerlo, aunque se nos haya ofrecido que en 15 minutos –sí,
15 minutos, sólo 15– habría sorpresas descomunales
y que hoy –sí, hoy– se producirían avances
que no se consiguieron en un larguísimo ayer. No tomamos
estas ofertas al pie de la letra. Fueron promesas ligeras, como
ligeras serían nuestras exigencias si quisiéramos
hacerlas efectivas. Dejémoslas en lo que fueron: sólo
palabras que se lleva el viento. ¿Lo sabíamos? Lo
que alarma no es la ausencia de grandes sorpresas redentoras en
estos días del mes que concluye. Más que eso, preocupa
el signo de los acontecimientos, que pugna con las promesas, pone
los proyectos en entredicho y ensombrece el futuro. En este sentido,
hubo un suceso devastador al cabo de diciembre, cuando concluyeron
las deliberaciones de la famosa Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos y se anunciaron los nuevos salarios en
las tres zonas económicas que aún existen en el
país. Hace
15 días, en mi columna de Excélsior, me referí
con preocupación a la inminente definición de los
salarios mínimos que habrán de regir en el año
2001. Dije que ciertas voces obsequiaban a los trabajadores, además
de la espesa retórica de costumbre, el aliciente de bendiciones
extraterrestres mejor que el estímulo de prestaciones terrenales.
No es que aquéllas sobren; es que éstas faltan.
Y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
se aguardan salarios, no jaculatorias. Con todo respeto para aquellos
y para éstas. El golpe brutal sobre la economía de los trabajadores menos favorecidos se produjo el 22 de diciembre, víspera de la Navidad. Millones de trabajadores que sobrevivieron a la vacua promesa de «bienestar para la familia» aguardaban una legítima correspondencia a su prudente espera. Sobre ellos –dijo el discurso oficial: no el de hace unos años; también el de hace unos días– se construyó la «bonanza» que ahora disfrutamos y que esos trabajadores no han conocido en lo absoluto. Seguramente
oyeron los clarines del cambio, la recuperación y la justicia
que se anunciaron en la campaña del 2000, y probablemente
supusieron que la «revolución de la esperanza»
proclamada a tambor batiente, comenzaría a llegar el día
22; aunque fuera simbólicamente, bajo la forma de un gesto,
una señal, un signo alentador. Menuda noticia les aguardaba.
El
22 de diciembre –otra fecha que no debemos olvidar, cargada
de simbolismos y advertencia–la austera Comisión Nacional
anunció los aumentos a los salarios de los trabajadores:
6.5% en la zona A, es decir, de 37.90 a 40.35 pesos, lo que significa
2.40 pesos más, cantidad que puede cubrir el precio de
algo así como medio kilo de tortillas. En las otras zonas
el incremento porcentual fue ligeramente mayor y se tradujo en
un puñado de monedas para la mano extendida de los trabajadores:
en la zona B, de 35.10 a 37.95 pesos y en la zona C, de 32.70
a 35.85 pesos. ¡Feliz Navidad, que trajo tan espléndido
presente! ¡Y feliz Año Nuevo, que se sobrellevará
con tan generoso incremento! En
el artículo periodístico que dediqué a ventilar
mis temores sobre el canje de salarios por bendiciones, recordé
que el salario mínimo no constituye una benévola
concesión de los patrones a sus obreros, sino una exigencia
constitucional. Con aire justiciero, que ahora sopla con ingenuidad,
el artículo 123 de la Constitución señala
que los salarios mínimos que reciban los trabajadores «deberán
ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un
jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para
proveer la educación obligatoria de los hijos». Ni
con la más fecunda imaginación se podría
suponer que los salarios mínimos que estarán en
vigor durante la larga vigilia del año 2001 serán
suficientes para lograr esos objetivos que les asigna la Constitución.
Por lo visto, en su primera aparición en la escena, la
revolución de la esperanza quedó muy atrás
de lo que demanda nuestra vieja Constitución revolucionaria.
He aquí una flagrante paradoja en el pórtico mismo
del nuevo siglo. Se
ha dicho que los salarios mínimos se deben mantener en
el irrisorio nivel que se les asignó por ciertos motivos
macroeconómicos, a despecho de los motivos microeconómicos
que plantea el hambre de los trabajadores. En efecto, se arguye
que han de funcionar como «ancla» para contener la
inflación y que la cifra salarial dispuesta corresponde
al cálculo oficial –siempre discutido y discutible–
que se ha hecho sobre la inflación en el año 2001.
Por ello, el trabajador que percibe el mínimo no perderá
poder de compra en el curso del ejercicio. Eso dicen los panegiristas
de estos escuálidos salarios. Empero,
tan dichosa aseveración –otro exabrupto de la esperanza
que ha emprendido su propia revolución– no tiene sustento
en los datos que provienen de fuentes públicas. En Excélsior
del 23 de diciembre (sección financiera, página
1) se señaló que la inflación esperada en
el año 2001 será de 7.58%, según encuesta
del Banco de México. Por lo pronto, el esperanzado trabajador
habría perdido un punto porcentual, en el caso –improbable
caso- de que se confirmase la expectativa inflacionaria. De lo
que no hay duda es de que habrá firmeza en la modestia
salarial, pase lo que pase con la inflación. En
esta ocasión –que no es única en la historia
reciente– el acuerdo formal sobre salarios mínimos
se tomó con el voto conjunto favorable de los representantes
del Gobierno Federal y de los empresarios, y contra el voto adverso
y aislado de la representación obrera. El Estado votó,
pues, contra los trabajadores. El hecho reviste enorme importancia
si se considera que constituye uno de los dos indicadores elocuentes
de la posición que adopta el nuevo Gobierno de la República
-en plena era de cambio y bajo el empuje de la «revolución
de la esperanza»- en materia de política económica.
El revés que han sufrido los trabajadores puede constituir
un anuncio del futuro que aguarda a los sectores más desvalidos
en este nuevo capítulo de la era neoliberal que parece
caracterizarse -han dicho algunos observadores- no sólo
en más de lo mismo, sino en peor de lo mismo. Para
colmo, y seguramente como efecto de una conciencia abrumada, la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos creó
otro órgano fecundo: la Comisión Consultiva para
la Modernización del Sistema de los Salarios Mínimos,
que hará lo que debió haber hecho aquella: definir
una política que haga posible la recuperación gradual
y sostenida del salario mínimo. Otra esperanza que se cierne
en el horizonte de los trabajadores. Lástima que se trate,
por ahora, de una simple expectativa, borrosa y remota. En todo
caso viene a confirmar otro dicho del pueblo: muerto el niño,
a tapar el pozo. Dije
que la decepcionante –para muchos, pero alentadora para algunos–
determinación de los salarios mínimos constituye
uno de los dos indicadores elocuentes de la política económica
que pretende seguir el flamante Gobierno Federal. El otro reside
en el paquete económico, como se le suele llamar, del que
forman parte las disposiciones sobre ingreso y gasto de la Federación.
Sobra decir, el impacto que éstas ejercen sobre el conjunto
de la economía. También sobra manifestar –y
falta deplorar– que dichas disposiciones, fruto de una circunstancia
apremiante, carecen de un sustento de política económica
general que cuente con el análisis y el consenso de la
nación. No
se sabría cómo calificar el Presupuesto de Egresos
planteado al Poder Legislativo por el Ejecutivo Federal: ¿uno
más en la serie extenuante de presupuestos restrictivos
que padecimos en los últimos años?, ¿el primero
de una nueva serie, tan sofocante como la anterior? Sea lo que
fuere, el presupuesto que llegó al Congreso carecía
de rubros indispensables, que inmediatamente se echaron de menos,
y era extremadamente parco en otros necesarios, cuya insuficiencia
provocó un laborioso proceso de revisión en la Cámara
de Diputados. En
el primer caso se hallaban los recursos destinados a los estados
de la Federación, que brillaban por su ausencia precisamente
ahora, cuando decimos a voz en cuello que estamos a punto de inaugurar
un «nuevo federalismo», con espléndidos apoyos
para los estados. En el segundo se encontraban diversos rubros
del gasto social, particularmente relevantes en este México
tan colmado de rezagos y carencias. Brillaba por su presencia,
en cambio, la más puntual ortodoxia hacendaria: reducir
más todavía el déficit presupuestal, y acaso
llegar a un presupuesto superavitario, aunque para ello sea preciso
que un buen número de mexicanos -también personajes
de la revolución de la esperanza- pasen de la pobreza a
la miseria. Al fin y al cabo el modelo económico aconseja,
el gobierno manda y el cuerpo aguanta. Afortunadamente,
ocurrió otra revolución: no de la esperanza, sino
parlamentaria, alimentada por un ingrediente distinto de aquélla:
desesperación. Los partidos de oposición, y especialmente
el Partido Revolucionario Institucional, frenaron el proyecto
presupuestal enviado al Congreso y lograron modificaciones relevantes.
Entre ellas destaca el apoyo a los jubilados y pensionados del
sistema de seguridad social. Sabemos perfectamente que la mayoría
de estos derechohabientes recibe pensiones raquíticas –tan
magras como el salario mínimo que sirve para medirlas–,
que apenas permiten a sus destinatarios alcanzar niveles de subsistencia,
como solemos llamar a una situación que se asemeja a la
miseria. Emprender el rescate de estos mexicanos, con racionalidad
y responsabilidad, no es jugar con las finanzas públicas.
Por el contrario, no hacerlo es jugar con la justicia, con la
paciencia y con la paz. Este sí es un juego peligroso.
He aquí los botones de muestra de la era de cambios. Aunque todavía no podemos –porque sería imprudente, antes lo dije– exigir resultados concretos a raíz de las numerosas, bulliciosas y suculentas promesas que recibimos, ya podríamos aguardar señales de política que correspondieran a esas ofertas y acreditarán el valor de esas palabras. Hasta ahora no ha sido así. Peor aún: ha sido todo lo contrario. ¿Cuál será, pues, el rumbo? Por lo pronto, quedemos al tanto, una vez más de que prometer no empobrece. Esta es una buena lección. Uno de sus productos es impulsar a los partidos de oposición –principalmente al PRI– a asumir por su cuenta una enérgica defensa de los intereses del pueblo. *Secretario
General del CEN del PRI
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