EDITORIAL La
función crítica del PRI hacia el nuevo gobierno
se justifica ampliamente en su condición opositora y, a
través de examen, como tribuna de expresión libre,
atenta y objetiva del entorno político. En
estas primeras semanas destacan las actitudes triunfalistas desde
el poder. Ellas condensan un optimismo incongruente con respecto
a la realidad socioeconómica y política cotidiana.
Como consta a la opinión pública, el inventario
de promesas es voluminoso... y continúa creciendo. El manejo
de la imagen presidencial deriva en un chocante culto a la personalidad
que creíamos superado; el desdén por las formas
de la ley resulta preocupante. En tal ánimo, observamos
cómo se está perfilando un gobierno con rasgos mesiánicos,
populistas y caudillistas. Debemos y habremos de enfrentarlo con
principios democráticos, privilegiando el diálogo
y la negociación, celosamente apegados a la legalidad. En
cuanto al discurso, la visión histórica es confusa,
específicamente en lo concerniente al México del
Siglo XX. La propuesta política es contradictoria al pretender
satisfacer a todo auditorio; la información que sustenta
el diagnóstico del país es insuficiente y, por lo
tanto, el pronóstico resulta ser un catálogo de
buenos deseos. La política exterior se encuentra igualmente
indefinida, aunque atropella principios básicos pretextando
su actualización en un mundo global. El
gabinete se distingue por su inexperiencia política y gubernamental.
Ello contrasta con su habilidad empresarial y preparación
universitaria, mayoritariamente especializada en Estados Unidos.
A juzgar por el historial individual de cada integrante del equipo
de trabajo, la tendencia ideológica se acentúa en
la derecha de la geometría política, clasificación
siempre arbitraria pero igualmente indicativa. El
planteamiento económico –ingresos y egresos de la
Federación– enviado a la Cámara de Diputados,
fue austero, frío y carente de imaginación sociológica.
Consecuentemente sufrió modificaciones fundamentales dentro
de un proceso accidentado de negociación entre los dos
poderes. La participación del PRI se distinguió
por su mesura, seriedad y consistencia propositiva; más
cambios fueron iniciados por el PRD y otras fuerzas opositoras.
Hasta el propio PAN manifestó desacuerdos con el proyecto
original. Todo ello resultó definitivo para favorecer el
gasto social y las aportaciones a estados y municipios. La
acción de los diputados y senadores paradójicamente
permitirá al nuevo gobierno cumplir algunas de las expectativas
ofrecidas en campaña. Sin duda, los representantes populares
lograron allegar más recursos al gasto y una mejor asignación
de los mismos, sin torturar en demasía el ingreso. Mejoraron
la previsión de contingencias y aumentaron la vigilancia
y la fiscalización. La historia político–administrativa
recogerá esta experiencia como mérito del Legislativo. El inicio de un gobierno tan polémico demanda la responsabilidad histórica del Congreso General en la defensa de la Constitución, cuya vigencia consiste en darle vida a sus preceptos, convertirla en realidad tangible, al ampliar a todos los rincones y sectores poblacionales la justicia social, perfeccionar el federalismo y la democracia, defender la soberanía nacional, acrecentar las libertades, respetar los derechos humanos; en suma, exigir y, en su caso, obligar al Ejecutivo a cumplir con su encargo. En esta perspectiva, el PRI se sumará a las demandas y necesidades de sus bases sociales y políticas para hacerlas valer en toda la República.
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