Iniciativa Indígena por la paz*

Con el propósito de abordar de la manera más exhaustiva posible el tema de nuestro número 133, el Movimiento Indígena, examen solicitó a la señora Rigoberta Menchú Tun una referencia a la situación de los indígenas en el ámbito internacional.
Ella nos correspondió con el documento que a continuación se presenta, el cual es una interesante toma de posición en cuanto a la atención de los asuntos indígenas y más aún, de toda forma de discriminación. examen expresa su agradecimiento a la Fundación Rigoberta Menchú, con sede en la Ciudad de México, por su valiosa colaboración.

Los participantes en la Conferencia Satélite convocada por la Iniciativa Indígena por la Paz, reunida en la Ciudad de México los días 4 y 5 de noviembre de 2000, hemos decidido adoptar las propuestas contenidas en la presente declaración, como contribución desde la experiencia indígena, a fin de que los Estados y organismos internacionales las incorporen en las recomendaciones finales y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

Para ello, reafirmamos nuestro compromiso de combatir con determinación estos fenómenos, promoviendo medidas jurídicas y políticas públicas inclusivas, fomentando el diálogo intercultural, para lograr cambios de mentalidades, actitudes y comportamientos -individuales y colectivos- que promuevan la igualdad, la justicia, el respeto a la diferenciación cultural y la diversidad como base fundamental de la convivencia humana en un mundo sin racismo.

La mundialización económica y la migración internacional contemporáneas vienen a reac-tualizar y agudizar la discriminación institucionalizada y sistemática contra nuestros pueblos, marginándonos de los beneficios del desarrollo a través de políticas públicas excluyentes.

Los pueblos indígenas, consideramos necesario contribuir a la unidad en la diversidad y continuar construyendo procesos que armonicen lo particular y lo universal, a través de un diálogo intercultural.

En virtud de estas consideraciones, declaramos que:

La normativa sobre Derechos Humanos debe aplicarse respetando su carácter universal e indivisible para todos los pueblos e individuos, sin excepciones. Estos principios, por lo tanto, deben aplicarse plenamente al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.

El racismo es un problema histórico que tiene profundas raíces en el colonialismo y la esclavización de pueblos enteros. Está presente hoy, afecta y vicia el principio anterior.

El racismo contra nuestros pueblos, ha sido visualizado de forma diferente a como se lo ha hecho con el que afecta a otros pueblos o grupos. Con frecuencia es encubierto y se le toma falsamente como fenómeno histórico del pasado y no como proceso continuado real y vigente. El racismo y la discriminación racial son tragedia que continúan ocasionando violencia contra nuestros pueblos dondequiera que nos encontramos, sea en países en vías de desarrollo o en los así llamados países desarrollados.

Este fenómeno amenaza de manera integral la sobrevivencia de los pueblos indígenas en todos los aspectos, en nuestra integridad individual y colectiva, nuestra cosmovisión, nuestras formas de organización y nuestros valores culturales, espirituales y tradicionales.

Las manifestaciones del racismo y la discriminación incluyen, entre otras, las siguientes:

- Las limitaciones, restricciones y deformaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo nuestro derecho a la vida y nuestra continuada existencia como pueblos indígenas.

- Los actos de genocidio, etnocidio y ecocidio resultan, todos, en la extinción de nuestros pueblos.

- La extinción de derechos aborígenes sobre nuestras tierras, territorios y recursos, incluyendo nuestros medios de subsistencia, así como los derechos confirmados por tratados y acuerdos firmados con los Estados. Ha de señalarse que el concepto de extinción se nos aplica solamente a los pueblos indígenas y sus derechos.

- Las prácticas de desposesión, expropiación, confiscación, usurpación y dominación de nuestras tierras, territorios y recursos.

- La falta de aceptación de, y los ataques a, las prácticas culturales y espirituales, las economías y formas de vida tradicionales, a nuestro patrimonio cultural e intelectual, así como a nuestros lugares sagrados y de significación histórica, de los que hacen parte nuestras prácticas de salud y conocimientos farmacológicos, combinados con continuados intentos de apropiación de éstos, incluyendo códigos genéticos humanos, animales y vegetales.

- Las acciones de racismo institucionalizado, así como la falta de acción del Estado para atacar las manifestaciones de discriminación y racismo cuando emergen y se manifiestan, ya que esto último tiende a alentar y legitimar las actitudes y comportamientos de ese carácter.

- Los procesos de asimilación basados en ideas de superioridad de un grupo o de una cultura sobre otra, que buscan hacer desaparecer la identidad diferenciada indígena considerándola inferior, incluyendo procesos de transmigración que transforman mayorías indígenas en minorías en nuestros propios territorios.

- Los desplazamientos y la reubicación forzados de pueblos indígenas fuera de nuestros territorios por conflictos armados o para implementar proyectos de desarrollo ajenos a nuestros pueblos.

- La falta de respeto a las normas y principios de equidad en la prestación de servicios de salud, el acceso a la vivienda, a la formación, capacitación y educación en todos los niveles, así como al empleo, lo que resulta en la frustración de nuestros planes integrales de vida y en nuestra mayor exclusión y empobrecimiento.

- La imposición de la hegemonía de sistemas jurídicos coloniales que buscan desconocer y anular los sistemas jurídicos propios de nuestros pueblos, agravados por la falta de acceso adecuado a los tribunales y la negación del principio del debido proceso, lo que trae consigo, entre otros efectos, la denegación de justicia y, a menudo, la muerte de indígenas mientras se encuentran bajo custodia y porcentajes altamente desproporcionados de encarcelamiento.

Todo lo anterior es consecuencia de la denegatoria del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos declaran en su idéntico artículo 1, que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación.

Por lo tanto, nosotros, los pueblos indígenas, demandamos a los Estados y organismos internacionales incorporar las siguientes medidas, que deberán llevarse a efecto con nuestra más amplia y efectiva participación:

Medidas jurídicas
contra la discriminación

- Instar a los Estados a elaborar marcos jurídico que promuevan políticas realmente pluriculturales y plurilingües, con el pleno reconocimiento y respeto de la diversidad y la promoción de relaciones interculturales en el marco de los derechos individuales y colectivos.

- Aplicar plenamente la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la formulación de la Declaración prevista en el Artículo 141.

- Promover la ratificación del Convenio 169 de la OIT, su aplicación donde ya está ratificado procurando, en procedimientos posteriores, la superación de sus deficiencias, así como su permanente evaluación por parte de los pueblos indígenas.

- Promover el avance y la pronta aprobación del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su Resolución 1994/45, sin abandono ni debilitamiento de los criterios principales que ese texto contiene.

- Expresar nuestra satisfacción por la creación del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas como organismo subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, e impulsar activamente su pronta constitución y puesta en marcha, garantizando una amplia y genuina participación de los pueblos indígenas para lograr una composición representativa que contribuya al avance unitario del movimiento indígena y la preservación de los espacios conquistados hasta el presente, en particular, la del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

- Defender y vigilar el cumplimiento de los derechos confirmados por Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados y los pueblos indígenas.

- Promover la ratificación por todos los países de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

- Demandar la ratificación y aplicación plena de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará.

- Promover la elaboración o reelaboración y puesta en práctica de políticas y legislación migratorias por parte de los Estados, con amplia participación de las organizaciones migrantes y otras entidades vinculadas a la temática, que establezcan la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales de las poblaciones migrantes y los servicios de policía migratoria que correspondan en ese contexto.

- Promover las reformas constitucionales y legales necesarias y la definición de políticas públicas que garanticen la libre determinación de nuestros pueblos y la definición de nuestras propias prioridades y estrategias para el ejercicio de nuestro derecho al desarrollo.

- Promover, en el seno de las organizaciones regionales la elaboración de planes de acción contra el racismo y la discriminación que incorporen los programas de acción que surjan de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

- Exigir que los Estados, organismos internacionales y sector empresarial, se comprometan a analizar todos sus programas institucionales para detectar los elementos de discriminación contra los pueblos indígenas y tomar medidas para su eliminación.

- Promover la transformación integral del sistema indigenista interamericano, a través de la reforma a la Convención de Pátzcuaro, garantizando nuestra presencia y representación en todas las instancias de deliberación y decisión, nacionales y regionales.

Educación, cultura y medios de comunicación

- Demandar a los Estados las condiciones y recursos que aseguren la ampliación de nuestras oportunidades para ejercer nuestro derecho a adquirir, reproducir, manifestar, practicar, desarrollar y enseñar nuestros conocimientos, tradiciones, costumbres y prácticas espirituales.

- Reconocer los procesos, sistemas y metodologías de educación propios de nuestros pueblos mediante una educación que contribuya al desarrollo de la lengua indígena y la afirmación de la identidad.

- Elaborar modelos de educación intercultural y bilingüe inscritos en los sistemas educativos nacionales en todos los niveles, que valoren la riqueza de la diversidad cultural y lingüística de cada país, superen las prácticas discriminatorias existentes en tales sistemas y cuenten con los recursos necesarios para ser llevados a la práctica.

- Promover la eliminación de contenidos discriminatorios de los medios de comunicación y exigir que procedan con respeto a los valores, derechos e identidades de nuestros pueblos. Invitar a los medios de información públicos y privados a que conozcan y reflejen debidamente la diversidad cultural de nuestros países.

- Demandar el apoyo para el establecimiento y fortalecimiento de nuestros medios propios de comunicación y espacios a través de los cuales podamos acceder a todos los demás medios de información no indígenas para difundir una imagen digna de lo que somos y lo que proponemos.

Participación

-Fortalecer la capacidad de las instituciones y organizaciones de pueblos indígenas en la lucha contra el racismo y por la afirmación de sus derechos inaliena-bles, en los niveles local, nacional, regional e internacional.

- Afirmar nuestra decisión de no dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los indígenas del mundo, recurriendo a los tribunales idóneos en cada caso.

- Asegurar que los gobiernos faciliten la participación de líderes indígenas en todos los eventos del proceso preparatorio y en la propia Conferencia Mundial e incorporen a representantes indígenas en sus delegaciones oficiales.

Estas propuestas y demandas, exigen una voluntad política y un compromiso renovados de los Estados y organismos internacionales para la eliminación del racismo y todas las formas de discriminación, cuya efectivización no será posible de no contarse con el marco normativo, los mecanismos institucionales y los recursos suficientes para que los resultados de esta 3ª Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia logren su concreción.

Por nuestra parte, reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de trabajar en conjunto con otros pueblos y sectores afectados por estos mismos fenómenos, conscientes de que sólo la articulación y la alianza entre los actores interesados podrán contribuir a forjar un nuevo milenio libre de racismo.

1 Reconociendo competencia al Comité para recibir y examinar quejas de personas o grupos que aleguen ser víctimas de violaciones de cualesquier derechos estipulados en la Convención, previéndose además el establecimiento de un órgano competente para recibir y examinar esas peticiones cuando los afectados hubieren agotado los demás recursos locales disponibles, en vez de designar un órgano ya existente, el cual deberá integrarse con personas de amplios conocimientos y experiencia en materia de discriminación.

*Conferencia Satélite preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia