CHIAPAS
Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS: ENCRUCIJADA DE LA NACIÓN Hoy
Chiapas es la encrucijada de la nación. No porque así
lo haya decretado, en su momento, la parafernalia propagandística
nacional e internacional, en torno al conflicto surgido por la
aparición del EZLN en la madrugada del 1° de enero
de 1994, sino por un hecho esencial: ahí ante los pueblos
indígenas, vivimos la urgencia de dar su más pleno
sentido a la promesa que une a los mexicanos como pueblo. Es
la promesa de justicia, sin la cual no hay dignidad compartida;
promesa que sólo alcanzaremos mediante un ejercicio permanente
de corresponsabilidad unos con otros, unos frente a otros, para
reconocernos como ciudadanos y personas radicalmente únicas,
dispuestos a sumar esfuerzos y a conciliar diferencias en una
sociedad ordenada para que cada quien logre sus objetivos y viva
de acuerdo a su idea de felicidad. Es
la promesa de la democracia, para que nadie domine a nadie y que
la ley sea el fundamento de la seguridad y de relaciones equitativas
entre todos. El
México justo, democrático y de dignidad para todos
al que aspiramos, se encuentra en Chiapas ante su aquí
y ahora. Ahí
está en juego nuestra esperanza: una Constitución
que marca el rumbo y nos otorga certidumbre; un Estado que sea
como la Ceiba o Pochote, árbol de sombra generosa que a
todos ofrece abrigo. En
Chiapas, el peregrinar de un pueblo ha de llegar finalmente al
encuentro de la promesa. O la hacemos efectiva entre todos o nos
perderemos en el desierto. Tengamos
claridad, como si ello todavía fuese necesario, frente
a la convocatoria que nos hacen las comunidades indígenas,
convocatoria a compartir sus anhelos, a enfrentar junto con ellas
el dolor de la injusticia, a reivindicar su autonomía sustentada
en la cultura y las tradiciones, a acompañarlas en su decisión
de tomar en sus manos su propio destino. Julio
Boltvinik ha analizado con un gran rigor estadístico y
objetividad la pobreza en Chiapas. Un hecho llama la atención.
En particular, en la zona rural, las categorías de pobre
y pobre extremo, se vuelven poco significativas. El investigador
del Colegio de México definió una nueva categoría:
la de indigente. Ella expresa el nivel de pobreza de los que sólo
alcanzan la mitad de las normas establecidas para medirla. Los
indigentes son «los pobres de los pobres», como les
llamó Luis Donaldo Colosio. Si
se consideran los medios rural y urbano por entidad federativa,
encontramos que Chiapas es el estado más pobre del país.
Su área rural es la zona más pobre de México,
seguida de cerca de las áreas rurales de Guerrero y Oaxaca.
Su área urbana es la segunda más pobre de la República,
después de la de Durango. El contraste entre la pobreza
rural que es del 93.3 por ciento y la urbana que es del 85.9 por
ciento, es menor que en otros estados o que en el conjunto del
país, lo que sólo significa que en Chiapas la pobreza
es general. Se estima que del total de la población, o
sea, de 3 millones 210 mil habitantes, 2 millones 900 mil, es
decir el 90.2 por ciento, son pobres. En este universo sólo
314 mil personas resultaron no pobres. De acuerdo con los indicadores
de este análisis, el 83 por ciento de los pobres, o sea,
el 75 por ciento de la población total, son indigentes.
Si se observa que el 92.5 por ciento de los pobres, que serían
los más aventajados en este universo, son pobres en extrema
pobreza, es evidente que en Chiapas se tiene una estructura social
fuertemente cargada hacia la pobreza más aguda. En el medio
rural, el 93 por ciento de los pobres son «indigentes»
y en el urbano el 67.2 por ciento. En conclusión, 2 millones
398 mil chiapanecos, están por debajo de los indica-dores
de la extrema pobreza. ¿Qué
hemos de hacer junto con las comunidades? Tener un conocimiento
exacto y sin simulación alguna de esta pobreza; analizar
sus causas: la escasez de tierra y la lucha que esto provoca,
la dispersión poblacional, el analfabetismo y la carencia
de infraestructura, entre las principales; reconocer la fuerza
de su cultura, su diversidad y pluralidad, incluyendo la historia
y la función de las iglesias. En
conclusión, sobre todo, en Chiapas, cada comunidad aspira
a ser una estructura comunitaria para la justicia, en diálogo
con la nación y el mundo. Edificar estructuras comunitarias para la justicia sólo compete hacerlo a las comunidades indígenas. A
la sociedad, a las diversas organizaciones y al gobierno, les
corresponde sumarse a esa voluntad y crear condiciones favorables
para que ella logre sus fines. ¿Cómo
sumarnos a la voluntad indígena? Aquí, brevemente,
me permito enunciar algunos axiomas prácticos, para intentar
responder a la convocatoria que se nos hace a todos desde Chiapas. Primero.-
Respetar la decisión de las comunidades ante las diversas
opciones. Ha
de pensarse en ofrecer a las comunidades una diversidad de proyectos
de producción entre los cuales puedan optar. Se trataría
de proyectos a pequeña escala, ajustados a las características
naturales, sociales y culturales de la comunidad, la localidad,
el municipio y la región. Segundo.-
Alentar proyectos que tengan efectos sociales multiplicadores. En
las condiciones de injusticia en que viven las comunidades, todas
ellas reclaman con urgencia que su esfuerzo no se desperdicie
y que su trabajo sea el fundamento de la justicia y la equidad
social. Maximizar
el efecto social de los proyectos posibles exige que éstos,
por su especialización productiva, su ubicación
y su funcionamiento, tengan una gran capacidad vinculatoria con
otras actividades de la comunidad, la localidad, el municipio
y la región. Tercero.-
Impulsar los proyectos que ya han sido propuestos por las comunidades. Existen
numerosos proyectos productivos surgidos de la iniciativa de las
propias comunidades. Este es el momento de hacerlos viables. Las
fórmulas sociales y financieras pueden ser inéditas,
mediante la participación de organismos multilaterales
internacionales, la inversión privada, así como
de recursos gubernamentales. Cuarto.-
Aplicar una política social participa-tiva, incluyente
y eficaz. En
materia de salud y nutrición, educación, vivienda
y servicios, los programas y las políticas deberán
tener objetivos y metas precisos. El rechazo moral de la injusticia
incluye la condena de la negligencia. Chiapas ha de convertirse
en ejemplo de una nueva política social sustentada en la
participación comunitaria, que fortalezca los vínculos
sociales y ofrezca condiciones favorables al despliegue de las
capacidades de cada uno de los miembros de las comunidades. Quinto.-
Construir una infraestructura para el desarrollo. Es
necesario, en primer lugar, favorecer la comunicación entre
las comunidades de la localidad, del municipio y de la región.
Luego, hay que comunicar las diversas regiones del estado y a
éste con el sureste de México y con el ámbito
internacional. Asimismo,
debe construirse la infraestructura física necesaria para
impulsar el desarrollo de las regiones y proteger a las que se
encuentran expuestas a los cataclismos naturales. Sexto.-
Fomentar la inversión. El gobierno local tiene un programa
de fomento a la inversión que debe ser conocido entre los
empresarios a fin de que se decidan a participar en Chiapas. El
gobierno federal ha de estudiar la viabilidad de ofrecer estímulos
fiscales a la inversión en Chiapas, con el propósito
de establecer las empresas que se conviertan en palancas del desarrollo
económico de las diversas regiones, sobre todo, de las
más afectadas por la pobreza, los rezagos y la marginación.
El
Fondo Chiapas habrá de consolidarse aumentando sus recursos
y elevando su capacidad para apoyar los numerosos proyectos que
se le presentan en las áreas que ha determinado como prioritarias:
acuacultura y pesca, agroindustria, turismo, maquila, industria
e infraestructura. Ha
de darse continuidad al proyecto de establecer el Fondo de Fomento
Minero para promover la explotación de minerales como oro,
plata, cobre y aluminio que posee Chiapas. Séptimo.-
Buscar la justicia en Chiapas mediante el diálogo con la
nación. Las
estructuras para la justicia deben llegar a las comunidades indígenas
mediante proyectos adecuados a su cultura, su organización
y su capacidad productiva. Esto, en el contexto de desarrollo
de las localidades, los municipios y las regiones. Hay
muchas comunidades que, a través de su experiencia, pueden
hacer grandes aportaciones a las demás. Es el caso de las
que se dedican a la producción de artesanías y a
la producción y comercialización de café.
En esta última actividad destaca la Unión de Ejidos
de la Selva, en Las Margaritas, con 1,200 socios, dedicada a la
producción, comercialización y promoción
del café orgánico, que tienen marca propia y distribuyen
su producto en diversas ciudades del país y del extranjero.
En
esta perspectiva, Chiapas en su conjunto debe reubicarse en el
ámbito de la nación. Esto exige decisiones estratégicas
por parte de los gobiernos estatal y federal, en cuanto a la vinculación
económica de la entidad con el sureste y el resto del país,
así como a su posicionamiento estratégico frente
a Centroamérica y las naciones de América del Sur.
Octavo.-
Buscar la justicia en Chiapas en diálogo con el mundo. El
conflicto político de Chiapas que estalló el 1°
de enero de 1994 ha merecido la atención del mundo entero.
Hoy, edificar estructuras de justicia entre las comunidades indígenas
chiapanecas, debe motivar una convocatoria internacional a que
los reclamos se conviertan en acciones concretas e inéditas,
para que ellas, alentadas por la solidaridad de todos, mexicanos
y ciudadanos del mundo, tomen sus propias decisiones. El
conflicto de Chiapas, de manera contradictoria, renovó
las preguntas esenciales de nuestra convivencia: ¿Qué
nos une? ¿Qué podemos esperar juntos del futuro? Hoy, lograr la justicia para las comunidades indígenas, nos pone ante otra pregunta de la mayor urgencia: ¿Qué debemos hacer? Si somos capaces de responder, entonces, sabremos finalmente qué somos. *Coordinador de asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.
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