CHIAPAS:
EL CONFLICTO PERSISTENTE Y LA PAZ POSIBLE El
levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) el 1° de enero de 1994 en Chiapas, marcó
el inicio de un conflicto que rebasa con mucho la dimensión
chiapaneca y colocó en el debate público temas de
tal profundidad, que ha obligado a la revisión crítica
de diversos valores y realidades políticas, sociales y
culturales que, en mucho tiempo, no habían sido cuestionados
tan contundentemente en México. El
contexto.- El levantamiento indígena del EZLN ocurre
en un momento en que el régimen político prevaleciente
en México durante décadas presenta claros signos
de agotamiento. Desde 1982, las fuerzas que sustentaban al régimen
priista experimentan un reacomodo que derivó en una correlación
claramente orientada en favor de los grandes intereses financieros
y empresariales, relegando a las grandes masas populares que históricamente
le dieron sustento, poder y legitimidad. Este
cambio se expresó en una redefinición del papel
del Estado, donde éste es relevado de diversas responsabilidades
sociales. Cuando por este motivo el Estado no pudo ya mantener
el esquema de prestaciones económicas y políticas
con los sectores corporativos a cambio de apoyos, tuvo que acentuar
sus rasgos autoritarios. De este modo se gestó una creciente
crisis política determinada por la escasa representatividad
de las estructuras políticas respecto a los intereses populares
y la consecuente pérdida de legitimidad. En un período
de severas crisis económicas, el momento político
resultaba altamente inestable. En
las elecciones de 1988 estalló el descontento popular.
Emergió la figura del ciudadano como sujeto político,
quien votó como nunca antes en contra del régimen
priísta, al grado de poner en duda la validez del proceso
electoral y desencadenar una crisis de legitimidad de origen para
el nuevo gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el presidente
en cuyo sexenio estalló el conflicto chiapaneco. Salinas
reestructuró la economía, la abrió al exterior
y la asoció a Estados Unidos y Canadá a través
del Tratado de Libre Comercio (TLC). Sin embargo, no liberó
los procesos políticos, no inició la democratización
de la vida pública que su escasa credibilidad inicial obligaba.
Controló las variables macroeconómicas, pero los
principales beneficios fueron para los más ricos. Utilizó
al máximo las estructuras autoritarias del régimen,
generando un gran descontento político, incluso entre la
clase política priísta, que por primera vez en décadas
padeció asesinatos políticos para dirimir diferencias.
Por
otro parte, la reforma salinista al artículo 27, que abría
la propiedad social y comunal de la tierra a la dinámica
mercantil, fue percibida por campesinos e indígenas como
la formalización de su situación de despojo y abandono;
junto con el manejo claramente clientelar e insuficiente de la
política social, se completó un marco de adversidades
y descontentos para los más pobres entre los pobres de
México: los indígenas. Otra reforma salinista, que
modificó la relación entre el Estado y las Iglesias,
liberó la acción política de la Iglesia Católica
que, en el escenario chiapaneco, se asumió como un actor
político central. Este
periodo histórico presenta, a la vez, la transformación
y maduración de la sociedad al margen de los controles
corporativos; un proceso de diversificación social y pluralización
política expresado en el fortalecimiento de opciones políticas
de izquierda y derecha, el surgimiento de organizaciones sociales
independientes, el florecimiento de agrupaciones no gubernamentales
sindicales, que se constituían en nuevas fuentes y sustentos
de poder. Ello en el marco de una fuerte tendencia hacia la globalización
de la información, las finanzas y los valores occidentales. La
aparición del EZLN.- El levantamiento armado del EZLN
cuestionó severamente la legitimidad de todo el régimen.
Un grupo de indígenas en armas puso en evidencia el fracaso
de la ya de por sí menguada política social salinista,
tuvo que recurrir a la violencia para evidenciar la cerrazón
y el autoritarismo de las estructuras políticas dominantes,
destruyó el mito de la paz social que presumía el
régimen como uno de sus más caros activos y oscureció
la supuesta entrada triunfal del país al primer mundo anunciada
por el gobierno salinista. El
momento histórico y la naturaleza de las demandas y los
integrantes del EZLN le proporcionaron al movimiento una enorme
legitimidad. La simpatía nacional e internacional hacia
el EZLN le brindó incluso un espacio moral derivado de
la conciencia de culpa de la sociedad dominante por tanto tiempo
de desprecio y olvido hacia los indígenas. Los indígenas
mexicanos reaparecieron en la escena nacional en un momento en
que a nivel internacional cobraba fuerza la tendencia hacia el
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El
EZLN provocó un impacto en la conciencia moral de los mexicanos,
sacudió las certidumbres en torno a la idea de lo nacional,
la convivencia social y la solidaridad. Pero sobre todo tuvo un
fuerte impacto político. Apareció en los tiempos
de la sucesión presidencial de 1994 cuestionando la legitimidad
del gobierno, y anunciando su propósito de derrocarlo e
instaurar un régimen democrático. Orilló
al gobierno salinista a realizar una reforma electoral en pleno
proceso sucesorio, con el afán de legitimarse y retomar
algunas banderas de los neozapatistas. El
levantamiento zapatista colocó la problemática indígena
en el centro de la atención nacional. El gobierno, los
partidos políticos, la sociedad civil organizada, los medios
de comunicación y la sociedad en general voltearon los
ojos hacia los indígenas y se acercaron a sus demandas.
Había un grupo armado con una declaración de guerra
al ejército y gobierno mexicanos que obligaba a discutir
sus exigencias. Así
se generó un gran debate nacional, es decir, los temas
de la problemática indígena se conocieron y discutieron
en los espacios de decisión pública, delineando
un programa de acciones políticas necesarias para enfrentar
la cuestión indígena. El debate se condensó
en los espacios de negociación entre el gobierno federal
y el EZLN. El resultado fue una indiscutible victoria de los indígenas
armados que obligó al gobierno a firmar los Acuerdos de
San Andrés Larráinzar, que recogen las demandas
indígenas en materia de derechos y cultura indígenas. El
conflicto chiapaneco generó de este modo el análisis
de dos grandes pendientes mexicanos: la necesidad de un nuevo
pacto entre el Estado y los pueblos indígenas que reconozca
sus derechos políticos, y la asunción político-jurídica
de la naturaleza multicultural y pluriétnica de la Nación
mexicana. La
situación política.- Los Acuerdos de San Andrés
firmados en febrero de 1996 por el gobierno federal y el EZLN
son resultado de un intenso proceso de discusión y negociación
pública, seguido por la opinión pública nacional
e internacional; un acuerdo al que la Ley para el Diálogo
obligaba. La Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa), formada por legisladores federales y derivada de la
Ley del Diálogo, hizo una propuesta de Ley de Derechos
y Cultura Indígenas tomando como base los Acuerdos. Sin
embargo, en el momento de procesar legalmente los Acuerdos el
gobierno federal dio marcha atrás, argumentando que la
ley derivada de éstos vulneraba la integridad y soberanía
del Estado. Desde 1996 hasta el 2000, el gobierno federal ha persistido
en un enfoque que concibe el conflicto como regional, no nacional;
sustentado por extranjeros y agitadores profesionales, no por
indígenas; en todo caso un enfoque que reduce el problema
a una cuestión de más presupuesto para los indígenas
chiapanecos y no un problema de derechos políticos y defensa
de las identidades culturales de los pueblos indígenas. El
diálogo se rompió. El gobierno desplegó un
estrategia para desgastar el movimiento eludiendo su atención.
El EZLN se replegó y el conflicto quedó en una inestable
indiferencia oficial, generando tensiones y sucesos deplorablemente
violentos como los del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, donde
fueron asesinados 45 indígenas, incluyendo niños
y mujeres embarazadas. Los
Acuerdos de San Andrés contemplan el reconocimiento del
derecho a la libre determinación y la autonomía
de los pueblos indígenas, respetando sus rasgos culturales.
Este elemento es el que mayor polarización genera. EL alcance
de los Acuerdos muestra que el conflicto chiapaneco tiene repercusión
en todo el país; se trata definitivamente de un problema
nacional cuya solución afectará a diez millones
de mexicanos. La solución del conflicto chiapaneco implica
reformar disposiciones constitucionales fundamentales, tales como
la composición cultural de la Nación mexicana, los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y nuevas formas
de organización política. Implica, necesariamente
la reforma política del Estado. Táctica
y estrategia.- El triunfo de Vicente Fox y el PAN modifica
la naturaleza del régimen político mexicano. Si
bien las fuerzas que apoyan a Fox impulsan un proyecto que seguirá
orientándose preferentemente hacia el beneficio de los
intereses financieros, empresariales, trasnacionales, es evidente
que las tendencias democratizadoras del sistema político,
potenciadas por la alternancia en el poder federal, pueden moderar
e incluso reorientar algunas líneas fundamentales del foxismo.
La
madurez política de la sociedad mexicana mostrada en la
contienda electoral de julio, el fortalecimiento de un sistema
de partidos con actores fuertes, la consolidación de un
Congreso plural, la libertad de los medios de comunicación,
el crecimiento de la sociedad civil organizada, el compromiso
democrático del país con el mundo globalizado, entre
otros datos políticos, van a introducir cada vez más
elementos democráticos en la relación del Estado
con la sociedad y condicionarán considerablemente las decisiones
públicas del gobierno foxista. El
escenario político es distinto al de hace seis años
cuando irrumpió el EZLN. En estos años el movimiento
armado zapatista se ha desgastado, su presencia perdió
frescura y sólo en contadas ocasiones genera el asombro
y la movilización incluso de sus seguidores. Eso es cierto.
Pero el conflicto mantiene intactas sus implicaciones políticas,
razón por la cual el gobierno de Fox no debe sucumbir a
la tentación de intentar una acción de fuerza para
eliminarlo, o montar una escena donde él presenta iniciativas
de solución y el Congreso las rechaza o las aprueba, ganando
Fox en cualquier caso. Es necesario destrabar el conflicto. El
EZLN condiciona la reanudación del diálogo y la
firma de la paz a la aprobación de los Acuerdos de San
Andrés, sin eso dicen que no se reanudarán las negociaciones.
Es preciso que el Congreso asuma un papel central en la búsqueda
de salidas al conflicto; para ello se necesita que los partidos
políticos dialoguen y acuerden posiciones, sobre todo se
requiere que el PAN, el partido de Fox, haga un replanteamiento
de su iniciativa de Ley indígena y se acerque más
al espíritu de los Acuerdos de San Andrés, pero
PRI y PRD deben a su vez aportar elementos de solución.
El gobierno federal y el Congreso, incluyendo a diversas organizaciones
sociales, tienen que consensar las vías de solución. El
gobierno de Chiapas también ha sido ganado por la oposición.
Este elemento debe contribuir a distender el ambiente en la zona
de conflicto, posibilitando la restauración de instancias
mediadoras para agilizar la reanudación del diálogo.
A ello puede contribuir el gobierno foxista con señales
como el repliegue del ejército a zonas de menos contacto
con las comunidades zapatistas o el desarme de grupos irregulares
que desestabilizan la región. El
EZLN es el único interlocutor en el conflicto. Su condición
de grupo armado está reconocida por una ley federal. La
paz se tiene que firmar con ellos. El EZLN no es la Diócesis
de San Cristóbal; su status legal, político y legítimo
es distinto al de los presuntos grupos paramilitares; el trato
político debe ser distinto. Desde este enfoque realista
se deben desplegar los elementos mencionados para solucionar definitivamente
este conflicto armado. Esa es la táctica, la política. La
ruta de solución del conflicto chiapaneco pasa por el reconocimiento
de los derechos políticos y culturales de Todos los indígenas
del país. La estrategia o el sentido histórico,
la visión de Estado, consiste en orientar el tema chiapaneco
hacia la construcción de una nueva relación entre
el Estado y los pueblos indígenas que permita saldar la
deuda histórica que la sociedad dominante tiene con los
indígenas de México. En esta estrategia el EZLN
ya no es, ni puede ser, el único interlocutor. Debe escucharse
la voz de todos los indígenas de todas las regiones del
país; las posiciones de las fuerzas políticas; las
aportaciones de la sociedad civil; las propuestas del gobierno.
El
diagnóstico de la cuestión indígena debe
orientarse hacia una solución histórica. Implica
la realización de una gran reforma del Estado que articule
las demandas y las transformaciones de la sociedad mexicana, que
refleje, encauce y organice en términos jurídicopolíticos
la naturaleza multicultural de la Nación mexicana y el
perfil pluriétnico de la sociedad. La estrategia de Estado exigiría que, por consenso, se diseñaran, con la participación indígena, los mecanismos legales e institucionales que permitan, en el tiempo largo de la historia, que los pueblos indígenas puedan alcanzar el desarrollo social que hoy se les niega, y cuenten así con las bases materiales que les permitan ejercer a cabalidad sus derechos políticos. Que las leyes no sean letra muerta. Licenciado
en Ciencia Política por la FCP y S de la UNAM.
|
