PASADO,
PRESENTE Y FUTURO DE LOS MUNICIPIOS INDÍGENAS La
transformación de un grupo nómada a una poderosa
estructura organizada, tuvo su origen en la unidad social denominada
«Calpulli» (grupo de casas), al que Soustelle califica
de «célula básica» y Jorge Carpizo como
la «institución jurídicopolítico más
antigua de México». Los mexicas aportaron una institución
social, el «Calpulli», que se integró a partir
de los clanes en que se dividieron los originarios barrios donde
se establecieron a su llegada en el siglo XIV, provenientes de
la región de Aztlán al noroeste de México. El
«Calpulli» era una comunidad de familias que tenían
los mismos dioses, resolvían internamente sus problemas
cotidianos, a través de sus autoridades, como el calpullec,
que fue el personaje que impartió justicia, llevaba un
registro de régimen comunal agrario de las tierras y su
producción; el Tecuhtli, jefe militar; los Tequitlatos,
dirigentes del trabajo comunitario; los calpizques, recaudadores;
los tlayacaneques, encargados de los cuadrillas; los tlacuilos,
escribanos y los topiles o gendarmes. El
«Calpulli» tenía su propio gobierno formado
por un consejo de ancianos, que designaban a los funcionarios
del «Calpulli», éste consejo de ancianos estaba
formado por representes de cada familia constituyendo una «junta
vecinal». El templo local del «Calpulli», alrededor
del cual se organizaba la población vecinal, era atendido
por el Quacuilli (sacerdote de barrio). Por
lo anterior, diferentes historiadores señalan al «Calpulli»
como antecedente del régimen municipal novohispano, ya
que fue una consistente organización política, social
y económica de los aztecas desde su origen. Ante
la conquista española, el encuentro con una nueva civilización
significó para los pueblos indígenas un problema
singular; integrarse a la civilización occidental o conservar
sus valiosas tradiciones y formas de vida. Al finalizar la época
colonial sólo unos pocos indígenas se habían
segregado de su legado cultural En la Independencia figuró
un mero cambio de tutelaje; es decir, no difiere de la situación
en que se encontraba en la época de la Colonia. Durante
el periodo que transcurre de la Independencia a la Reforma, se
puede decir que el problema del tratamiento a los pueblos indígenas
quedó relegado a segundo término. A la entrada del
liberalismo político y más tarde del positivismo
con Andrés Molina Enríquez y Antonio Caso y posteriormente
con Manuel Gamio y Edmundo O’Gorman surgió la concepción
que considera imprescindible conservar su organización,
idioma y costumbres. Durante los años subsecuentes se sumaron
diferentes corrientes en pro y en contra, afortunadamente predominaron
los primeros, por lo que, resulta comprensible que México
fuera de los primeros países en ratificar el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado
en 1989, en el que se reconoce «las aspiraciones de las
comunidades indígenas a definir sus propias formas de vida
y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer
sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco del estado». Al
plantearse la reivindicación de los usos y costumbres de
los pueblos indígenas, en 1989, se instala en México
la Comisión de Justicia para los Pueblos Indígenas,
que dio como producto la reforma al artículo 4 en 1992,
elevando a rango constitucional los derechos, culturas, lenguas
y costumbres de los pueblos indígenas. México,
es un país donde conviven dos sociedades diferenciadas:
la población indígena y la mestiza, por eso, en
el artículo 4 de nuestra Carta Magna se establece que «la
nación mexicana tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley
protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas,
culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas
de organización social, y garantizará a sus integrantes
el efectivo acceso a la jurisdicción del estado...».
Otras
disposiciones constitucionales que benefician a las comunidades
indígenas, se encuentran en el Artículo 27, fracción
VII, párrafo 2º y 3º que otorgan acceso a la
justicia protegiendo la integridad de las tierras de los grupos
indígenas, y considerando en la ley el respeto y fortalecimiento
de las comunidades, promoviendo acciones de fomento necesarias
para elevar el nivel de vida de sus pobladores. Los indicadores
del Instituto Nacional Indigenista señalan que la población
indígena se concentra principalmente en Oaxaca, Quintana
Roo, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán,
México, San Luis Potosí, Sonora y Michoacán. Es
Oaxaca el Estado con mayor presencia indígena en el país
con el 53% de la población, 15 de las 56 etnias existentes
se asientan en él y más del 60% de su población
es indígena, le siguen Quintana Roo con 37% y Chiapas con
35%. De los 2’427 municipios de la República Mexicana
en 809 hay predominio indígena, de éstos, 669 se
consideran como de alta y muy alta marginalidad. En
el México de hoy, los pueblos indígenas aún
poseen formas propias de gobernarse, de organizarse económica,
social, política y culturalmente que los distinguen de
otros pueblos y culturas, y se manifiestan en las comunidades
que los conforman en la geografía de nuestro país,
dando lugar a problemáticas con un rostro específico,
propio de la diversidad regional de una nación históricamente
pluricultural y pluriétnica mostrando grandes contrastes
en su desarrollo, luchando afanosamente por una real definición
del Estado y su valoración ante una sociedad inmersa en
una economía globalizada que en su mejoría permanece
indiferente, olvidando a este número mayoritario de hermanos
de raza que se encuentra muy por debajo de la media nacional,
más aún cuando ese grupo caracterizan en buena parte
lo que somos, de nuestra identidad, y son ellos a quienes se le
ha dificultado el acceso a mejores niveles de vida, y otros se
encuentran desvalorados en grado extremo, ignorados, despreciados
y manipulados, por los «cultos», los «entendidos»
y los «iluminados». Hoy en día es necesario
que se haga efectiva la autonomía, la libre determinación,
una verdadera participación de los municipios indígenas
en el aprovechamiento de sus recursos naturales, que así
como se reconocen «los usos, costumbres, recursos y formas
específicas de organización social», es necesario
que la legislación avance en el sentido de tender puentes
indispensables para establecer una nueva relación del Estado
mexicano con los municipios indígenas. Sin embargo debemos
estar conscientes que su problemática no se resuelve con
un marco jurídico que reconozca y respete sus derechos
si no va acompañado de una serie de estrategias y acciones
encaminadas a lograr su progreso que les permita alcanzar un nivel
de bienestar. La
lucha por la autodeterminación va más allá
del sólo terreno político. Hoy en día muchos
pueblos no pueden decidir libremente el manejo de los recursos
que reciben. Estos recursos van encuadrados y etiquetados de modo
que la autodeterminación económica no existe; la
programación en la aplicación de los recursos en
los municipios indígenas no está acorde con el horizonte
cultural de los mismos, se requiere sensibilidad para consensuar
la diversidad. El
respeto a los gobiernos municipales, el diálogo constante,
la atención indistinta y plural dentro del marco constitucional
hacen de las relaciones de los niveles de gobierno el clima propicio
para el fortalecimiento y consolidación de los municipios
indígenas, constituye esto también la posibilidad
de hacer realidad la reforma constitucional del artículo
115 y lograr que en los municipios existan gobiernos locales,
que la reforma como seguramente coincidimos no se detenga. No
podemos pensar en «mecanismos de descentralización
tipo», igualmente sería desproporcionado, injusto
e inequitativo aplicar a los gobiernos municipales una formula
a partir de la captación de sus impuestos. Una forma insensible
de tratar la reforma constitucional es la de limitar la entrega
de recursos a partir de la capacidad tributaria de los pueblos.
Al contrario hoy más que nunca se requiere construir también
la nación de abajo hacia arriba y no sólo de arriba
hacia abajo, erradicado a fondo, y no sólo con palabras
cualquier visión paternalista y autoritaria, en su lugar,
permitir que los municipios indígenas asuman su libertad
con todas sus consecuencias. Porque
no valen, ni son viables los esquemas iguales de distribución
de recursos hacia todos los desiguales, o las fórmulas
exclusivamente técnicas y casi automáticas de cesión,
dádiva o devolución de atribuciones. El federalismo
debe ser en cierto sentido una respuesta, una correspondencia,
una reciprocidad, un reconocimiento, más aún en
una sociedad contrastada diversa y plural. El
municipio indígena en la agenda nacional requerirá
de una atención objetiva y realista para su incorporación
a procesos de modernización que revaloren su identidad
cultural y promuevan su prosperidad armónica y equitativa.
Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, han emitido sus respectivas leyes
de derechos y cultura indígena, en este sentido. El
Partido Revolucionario Institucional, deberá necesariamente
reencontrarse con las mayorías enarbolando la «Justicia
y Democracia Social» esto implica el replanteamiento del
proyecto nacional, apelando a nuestras raíces y voluntad
como nación, realizando por lo menos las siguientes acciones:
se deben retomar los resultados de la Consulta Nacional sobre
Derechos y Participación Indígenas que llevó
a cabo el Poder Legislativo Federal en 1995 y promover su factibilidad
hasta donde sea posible. Es
necesario impulsar la aprobación de la Ley Reglamentaria
del Artículo 4º. Constitucional, que contenga una
real definición de todos los derechos exclusivos e irrenunciables
de los municipios indígenas. Propugnar
para que en materia legislativa se regule y uniformen los criterios
en su técnica censal de las instituciones oficiales que
determinan el número poblacional de los municipios indígenas,
su distribución en el territorio y sus rezagos en los niveles
de bienestar, ya que estos resultados son punto de referencia
en la elaboración de los planes y programas de desarrollo
regional y consecuentemente en la asignación de los recursos.
Proponer
que los esquemas y criterios utilizados para la asignación
de los recursos sean más equitativos, sencillos y claros,
eliminando fórmulas entrampadas y que se difunden a lo
largo y ancho del territorio nacional, en todos los idiomas de
las 56 etnias. Hoy
más que nunca recobra fuerza la frase de Benito Juárez
refiriéndose a los pueblos indígenas en 1848, siendo
Gobernador del Estado de Oaxaca: «Gobernar con ellos, no al margen o por encima de ellos y mucho menos contra ellos, hace más expedita la marcha de la administración general del estado y es la expresión cabal de auténtica democracia». *Economista. Periodista. Miembro de la Comisión Nacional de Ideología del PRI desde 1989.
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