EL
RECLAMO INDÍGENA En
los últimos años las diversas organizaciones que
constituyen el movimiento indígena nacional han impulsado
la lucha contra de las terribles desigualdades y las injusticias
que padecen millones familias indígenas mexicanas; es una
lucha contra la marginación y la exclusión que mantienen
sumidas en la pobreza extrema, en el olvido y el abandono a la
mayoría de nuestra población. Este movimiento expresa
el reclamo que cuestiona permanentemente la pobreza de miras de
nuestro Estado mexicano el cual, no obstante los altos objetivos
del proyecto nacional, ha mostrado su incapacidad para ofrecer
soluciones satisfactorias a las demandas históricas de
los pueblos indígenas. Los
indígenas rechazamos tener como destino la pobreza, la
desnutrición y el analfabetismo, no merecemos concentrar
los índices más dramáticos del rezago social
y mucho menos continuar siendo presas del botín político
y de la manipulación corporativa, de elites políticas,
de rebeldes encapuchados o de los tristemente célebres
«turistas revolucionarios» que poco contribuyen a
nuestro desarrollo y convivencia pacífica. Desde
1910 hasta nuestros días, los indígenas seguimos
siendo igual de pobres, víctimas de la anti-revolución
que en las últimas décadas privilegió las
políticas neoliberales contrarias a los intereses populares;
políticas que negaron la existencia del problema indígena,
y utilizando todos los medios, inclusive la violencia, pretendieron
administrarlo hasta conseguir la extinción de nuestros
pueblos y culturas, como medio para disfrazar los errores, la
ignorancia y las omisiones cometidas desde las alturas burocráticas
en nuestro país. Porque
la Política Indígena del gobierno ha sido errónea,
siempre excluyente de la participación indígena
en su diseño y promotora de la intermediación de
antropólogos con tendencias museográficas, lejanos
de nuestras aspiraciones. El indigenismo oficial muestra ya signos
de agotamiento y obsolescencia conceptual e institucional, es
intolerable seguir tratando a los indígenas como menores
de edad, sin fuerza ni capacidad para conducir inteligentemente
su destino. ¿Qué acaso no existe otra visión
aparte del paternalismo o el asistencialismo? Por
si esto fuera poco, los indígenas enfrentamos a una sociedad
racista y discriminatoria, que obliga sistemáticamente
a abandonar la identidad indígena como condición
para formar parte de este país, de su cultura supuestamente
«moderna», de sus instituciones y de sus leyes. ¿Es
posible alcanzar el desarrollo, sin antes haber reconocido nuestras
diferencias y aprender a convivir con ellas? ¿En verdad
hemos arribado a la democracia, cuando la evidencia muestra que
todos los beneficios están negados a los indígenas,
increíblemente a un paso de llegar al siglo XXI? Siendo
objetivos, la globalización, la democracia, la izquierda
o la Tercera Vía no han significado nada para los indígenas.
Al contrario, sólo constatamos que quienes impulsan un
rostro más humano del desarrollo, reconocen intrínsecamente
que éste careció siempre de uno. El
proyecto de nación en su origen es amplio e incluyente,
pero la práctica política ha privilegiado el desarrollo
de ciertas regiones y actividades económicas por sobre
lo más importante: la gente. Esta concepción nos
ha llevado a la tolerancia de la presencia y la demanda indígena,
pero no al compromiso y la atención efectiva que reivindique
a nuestros pueblos. No
se trata de pagar culpas o errores pasados, al contrario, se tienen
que reconocer derechos históricos y políticos legítimos
y ser congruentes con la justicia, la igualdad y la democracia
que define la Constitución de la República. No se
trata de fomentar el Estado benefactor, dadivoso y caritativo,
se trata de hacer efectivas sus funciones de promotor de las libertades,
la equidad y el desarrollo. Los
indígenas solamente queremos ejercer plenamente nuestros
derechos y ser corresponsables del crecimiento, el bienestar y
la democracia. Por ello, proponemos siete puntos fundamentales
para el diseño de una Política de Estado que garantice
en el mediano y largo plazos, la ciudadanía plena y la
vida digna de los pueblos indígena mexicanos, a través
de: 1.
Un Pacto de Voluntad Política entre los Poderes de la Unión
y la sociedad, traducido en el compromiso de atender el problema
indígena de manera prioritaria, mediante la construcción
de una Política Indígena de Estado. 2.
Formular e instrumentar el Programa Nacional de Desarrollo Integral
para los Pueblos Indígenas, estructurado bajo las siguientes
estrategias: a).
El Programa Emergente para el Combate a la Pobreza Extrema, destinado
a solucionar definitivamente los rezagos sociales y económicos
que hoy padecen las familias y comunidades indígenas, a
través de los siguientes componentes fundamentales: -
Atención Primaria de la Salud y Medicina Tradicional; b).
El Programa de Apoyo a la Autonomía, destinado a estimular
y a apoyar las iniciativas que formulen los pueblos y organizaciones
indígenas en el campo de su revitalización, desarrollo
y actualización cultural, étnica, política
y administrativa. c).
El Programa de Cultura e Identidad, orientado a superar definitivamente
la segregación, subordinación, el racismo, el menosprecio,
el abandono y la hostilidad contra los estilos de vida, las costumbres
y los idiomas de los Pueblos Indígenas; a fomentar la convivencia
en la diversidad cultural del pueblo mexicano y para hacer posible
la revitaliza-ción y el renacimiento de cada una de las
culturas y lenguas indígenas, la mayoría de ellas
expuestas ahora a la deformación o a la extinción
definitiva. d).
El Programa de Educación de Calidad para la Identidad y
el Desarrollo, cuyo propósito será consolidar un
Sistema de Educación Indígena bilingüe e intercultural,
que tome como tarea central la preservación y el desarrollo
de las lenguas y culturas maternas, que privilegie la enseñanza
de los valores fundamentales de la nacionalidad mexicana y, al
mismo tiempo, permita el acceso ilimitado de los niños
y jóvenes indígenas a lo mejor y más avanzado
del patrimonio cognoscitivo y valorativo de la humanidad. Este
Programa de desarrollo Integral deberá generar 62 programas
de desarrollo etnico, al nivel de programas regionales, orientados
a perfilar las estrategias para el desarrollo integral de cada
uno de los Pueblos Indígenas de México, de acuerdo
a sus intereses y condiciones particulares. 3.
Asignar al menos el 15% del gasto social a la ejecución
del Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
y sus acciones complementarias. 4.
Crear la Secretaría para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas y reestructurar las instituciones del
gobierno federal para la atención de los Pueblos Indígenas,
cuyas atribuciones sean planificar, coordinar y, en su caso, ejecutar
los programas del ejecutivo federal destinados a la superación
de la pobreza y el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. Esta
secretaría deberá contar con un Consejo Consultivo
de Participación Indígena, integrado por representantes
de los Pueblos Indígenas, de la sociedad y los funcionarios
públicos titulares de las dependencias que tengan bajo
su responsabilidad la ejecución de programas indígenas.
Sus atribuciones serán aprobar y evaluar los programas
operativos anuales y vigilar la transparencia en la aplicación
de los recursos. Además en las instancias de planeación
de los tres niveles de gobierno deberán estar incluidos
los indígenas con el propósito de que la planeación
del desarrollo sea verdaderamente democrática, incluyente
e integral. 5.
Garantizar que la dirección de las instituciones encargadas
de conducir la Política Indígena del Estado, estén
dirigidas por indígenas con representatividad y legitimidad
probadas. 6.
Reconocer en la Constitución General de la República
los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, para
alcanzar el desarrollo y la ciudadanía plena. Lo más
importante será hacer congruente nuestra realidad social,
política y étnica, con las estructuras de gobierno
y de representación republicana; por lo tanto, los Pueblos
Indígenas deben ser reconocidos en la Constitución
como entes políticos, integrantes del Pacto Federal, con
representación propia en el Poder Legislativo y con capacidad
jurídica para ejercer su autonomía y libre determinación. Uno:
A ser reconocidos como pueblos, con historia y con futuro, antes
que como comunidades locales, culturas o simples vestigios del
pasado glorioso; Dos:
Al carácter inembargable, inalienable e imprescriptible
de sus tierras y territorios; Tres:
A recuperar y desarrollar sus propias estructuras políticas,
jurídicas y administrativas para ejercer plenamente su
autonomía y su libre determinación en el marco irrenunciable
de la Unidad Nacional. Cuatro:
A tener presencia y representación directas y proporcionales
en todos los órganos de elección popular de la República; Cinco:
A un estilo de vida, una cultura, un idioma y una identidad
propios y diferenciados, en el marco plural y fraterno de la diversidad
mexicana; Seis:
A la justicia, el bienestar, el desarrollo y la modernidad, sin
alienaciones, sin imposiciones y en las mismas condiciones y oportunidades
que los demás mexicanos. Siete:
A ser consultados, de manera que su consentimiento libre e informado
sea requisito indispensable para la legitimidad y procedencia
de cualquier decisión, de los poderes públicos o
de particulares, que afecten o atañan a sus intereses. Ocho:
A participar directamente en el diseño, la ejecución
y la evaluación de los planes, proyectos y acciones que
deriven de esas decisiones, y a dirigir las instituciones y programas
gubernamentales que los ejecuten. Nueve:
Al usufructo exclusivo y a la preservación de sus recursos
naturales y su entorno ecológico, salvo las excepciones
que por interés público señale la ley; Diez:
A protección y defensa, por parte del Estado, en situaciones
críticas, de riesgo o de abuso, dentro y fuera del país. 7.
Garantizar la presencia y la participación de los indígenas
en la toma de decisiones nacionales, a través de dos estrategias: a)
La integración de un Congreso Indígena Transitorio;
compuesto de cuarenta diputados y dieciséis senadores,
elegidos por los Pueblos Indígenas a través del
método que defina el Instituto Federal Electoral. Se coordinarán
con el Congreso de la Unión y las instituciones y tendrá
como tareas centrales promover la participación de los
pueblos indígenas en la discusión sobre las reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígena,
y en la definición de la Política Indígena
de Estado. b) La creación de la Circunscripción Indígena Nacional que, a partir de la LIX Legislatura, garantice la presencia de representantes indígenas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta Política Indígena de Estado cuenta con el consenso y el apoyo de quienes tienen conciencia de la justicia que asiste a la causa indígena y de la necesidad que tiene México, en esta hora de su plena madurez social y política, de alcanzar la democracia y el desarrollo étnicos como la forma más elevada y noble de convivencia humana. * Actualmente es Presidente del Consejo Indígena Mexicano, del Parlamento Indígena de América y Coordinador de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Político Nacional del PRI.
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