El
PRI, el Estado y los derechos de los pueblos indígenas La
cuestión indígena mexicana es secular. Se trata
de un proceso histórico que lleva 500 años desarrollándose,
cuyo eje consiste en la siempre conflictiva y compleja relación
entre distintas visiones del mundo, entre distintas matrices civilizatorias.
Primero, el encuentro a la vez violento y fecundo entre las culturas
mesoamericanas y la cultura europea, expansionista y homogeneizadora.
Posteriormente, la difícil convivencia entre la sociedad
mestiza dominante y los pueblos indígenas sobrevivientes.
Siempre
ha sido una relación abrumadoramente desventajosa para
los pueblos indígenas en todos los terrenos: cultural,
social, económico y político. En el inicio del siglo
XXI, la deuda histórica con ellos es enorme, nos exige
imaginar grandes líneas de acción del Estado y la
sociedad para reivindicar las causas indígenas con justicia
y dignidad. La
última década del siglo XX registró, en México
y en el mundo, una fuerte tendencia hacia la reivindicación
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La
globalización ha obligado a replantear los fundamentos
del derecho internacional, de los derechos humanos, y ha introducido
la noción de derechos colectivos de los pueblos autóctonos
como marco integral de los derechos individuales. El convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo es ejemplo
de ello. Este
proceso ha contribuido a la intensificación y diversificación
de los vínculos entre todas las culturas del mundo, abriendo
nuevas posibilidades para el enriquecimiento de la convivencia
humana en todo el orbe. Si bien la globalización trae consigo
beneficios evidentemente desiguales, perjudicando sobre todo a
los indígenas, a la vez es portadora de orientaciones democráticas
y aires de tolerancia que favorecen el reconocimiento de los pueblos
indígenas como sujetos diferentes y dignos. En México, el levantamiento armado de los indígenas chiapanecos de 1994 impuso el tema indígena con tal intensidad, que de inmediato ocupó un lugar central en la agenda política de los principales actores políticos y sociales del país, despertando incluso un amplio interés más allá de nuestras fronteras. De este modo, el análisis y la búsqueda de soluciones para la compleja problemática indígena está ineludiblemente ligada a la solución del conflicto chiapaneco, por la naturaleza de las demandas y la repercusión política del movimiento armado. Sin embargo, no debe perderse de vista que la cuestión indígena va más allá de Chiapas. La fuerte presencia nacional e internacional de este tema nos ha permitido visualizar su complejidad que implica no sólo aspectos políticos y sociales, sino que abarca dimensiones culturales, religiosas, ecológicas, de discriminación, de desarrollo social, de marginación aguda. –II– Muchas
son las lecciones del levantamiento indígena chiapaneco.
Ocurre justo cuando en el mundo se están discutiendo los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, desde el
derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía,
hasta el derecho a la tierra, la educación intercultural,
la salud y la alimentación. Mostró que la idea de
construir naciones homogéneas no representa la vía
apropiada para impulsar la democratización de sociedades
multiculturales y pluriétnicas como la mexicana. Sobre
todo, nos forzó a conocer y reconocer la intolerable realidad
social indígena. No debe olvidarse que los diez millones
de indígenas mexicanos son los más pobres entre
los pobres de este país; que millones de indígenas
sufren e incluso mueren por falta de atención médica
elemental, por una alimentación raquítica o por
la incomunicación y marginación en que se encuentran. Para
superar la pobreza indígena es necesario impulsar proyectos
modernos e integrales. Las identidades socioculturales de los
pueblos indígenas no están divorciadas del aprovechamiento
de los logros y avances científicos y tecnológicos
que ofrece la modernidad en los diversos rubros del desarrollo:
producción, infraestructura, servicios, comunicación.
Las tradiciones de los pueblos indígenas no se contraponen
a los avances tecnológicos; debemos desterrar ese mito.
Sin
oportunidades de educación ni acceso al sistema económico,
y sin representación política propia y efectiva,
los pueblos indígenas se encuentran en un laberinto de
marginación, exclusión y olvido. Esta realidad del
mundo indígena debe indignarnos a todos y concitar nuestro
compromiso para cambiarla radicalmente. La grave marginación indígena se profundiza por la persistente mirada discriminatoria hacia ellos por parte de la sociedad dominante. Desde la independencia de México, las élites políticas buscaron disolver las culturas y pueblos indígenas a través de su integración forzosa a los cánones de la cultura nacional hegemónica. Desde entonces se ha practicado un indigenismo de Estado consistente en un integracionismo radical, indolente hacia la necesidad de que los pueblos indígenas conserven sus culturas, sus costumbres, sus valores, sus modos de organización; en una palabra, sus identidades, milenarias muchas de ellas. –III– El
momento político que vive el país al inicio del
gobierno del primer presidente no priísta, puede ser propicio
para abordar una solución histórica, de Estado,
para la problemática indígena. Ciertamente
Vicente Fox, el PAN y las fuerzas que los apoyan tienen una declarada
orientación de derecha, proempresarial. La mentalidad y
los referentes ideológicos del nuevo gobierno son los más
alejados de las causas indígenas; en el horizonte de su
cultura política, los indígenas representan una
presencia incómoda que distorsiona la imagen moderna de
la sociedad dominante. Pero
los compromisos políticos de Fox, y sobre todo la dinámica
democrática de la vida política y social mexicana,
potenciada por los resultados del 2 de julio, genera una gran
capacidad de las fuerzas políticas y de la sociedad en
general para condicionar la acción del gobierno foxista
y promover esquemas cada vez más democráticos y
participativos para la relación entre el Estado y la sociedad.
Aquí es donde la cuestión indígena encuentra
espacios de solución. La salida al conflicto chiapaneco
y el desarrollo integral de los indígenas requieren, según
los diagnósticos de las principales fuerzas políticas
y sociales, amplios acuerdos y consensos que sólo pueden
fructificar en el marco de una profunda reforma del Estado. –IV–
Tenemos
que resolver el conflicto chiapaneco y construir una política
indígena de Estado. Sólo así saldaremos la
deuda histórica con los indígenas de México.
El momento político ofrece posibilidades para la acción.
En diversos momentos el PRI ha manifestado su convicción
de reconocer ampliamente los derechos de los pueblos indígenas,
sin más límite que el respeto a los derechos humanos,
en especial los de la mujer, y la integridad del Estado y la Nación.
Sin embargo, el mero reconocimiento de los derechos políticos
de los pueblos indígenas no será suficiente para
propiciar su desarrollo integral. Es
preciso generar las condiciones políticas, sociales, económicas,
culturales e institucionales que permitan reivindicar a los indígenas.
Con base en estas consideraciones, y consciente de su nueva situación
de fuerza opositora, el PRI tiene que definir su propia política
indígena sin apartarse de las siguientes premisas: 1.
El conflicto chiapaneco debe ser resuelto cuanto antes. Los Acuerdos
de San Andrés Larráinzar son producto de una negociación
pública y plural, razón por la cual son la base
legítima para formular la Ley indígena que hace
falta en México. Los Acuerdos garantizan los derechos políticos
y culturales de los pueblos indígenas y definen los términos
de la nueva relación entre éstos, la sociedad y
el Estado. Su traducción en ley, en reformas constitucionales,
debe pasar por un amplio debate, público y plural, que
tenga por centro nervioso al Congreso de la Unión. 2.
Los derechos de los pueblos indígenas, particularmente
los relativos a la libre autodeterminación y la autonomía,
son básicos para evitar que sus derechos sociales, económicos
y culturales caigan en dinámicas asistencialistas, paternalistas
o manipuladoras. 3.
Una vez reconocidos los derechos políticos de los pueblos
indígenas, es necesario movilizar todo el aparato del Estado
para crear las condiciones institucionales, los mecanismos y las
instancias que permitan liberar y canalizar eficazmente los recursos
necesarios para que más de diez millones de compatriotas
se incorporen dignamente a los beneficios en materia de salud,
educación, vivienda, alimentación, servicios básicos,
abasto, empleo, comunicación e información, entre
otros. Sin bases materiales, los derechos políticos son
letra muerta. 4.
Se trata de edificar una nueva relación entre el Estado,
la sociedad y los pueblos indígenas para alcanzar una solución
integral, justa y duradera a sus reclamos históricos. Esta
relación debe reconocer los plenos derechos económicos,
sociales, políticos y culturales de los pueblos indígenas,
así como su libre y efectivo ejercicio; una relación
que permita crear las condiciones de equidad, igualdad, respeto
y tolerancia que hagan posible la convivencia y el libre desarrollo
de las diversas culturas en el seno de la sociedad nacional. 5.
Desde luego, no sólo es cuestión de leyes: es preciso
asumir una nueva actitud frente a los indígenas. Erradiquemos
la discriminación y la intolerancia en la familia, la escuela,
el partido político, el gobierno, los medios, la sociedad
en su conjunto. Asumámonos sin ambages como una nación
multicultural y pluriétnica. Más allá de
la ley, cada mexicano debe hacer un nuevo pacto de convivencia
y respeto con los indígenas, adoptando una actitud incluyente,
tolerante y generosa. 6.
La solución del conflicto chiapaneco y la cuestión
indígena en general forman parte inseparable de la Reforma
del Estado que habremos de impulsar en un futuro cercano todos
los partidos políticos del país. 7.
Es necesario construir entre todos una política indígena
de Estado, esto es, un conjunto de disposiciones legales e institucionales
ampliamente consensuado con los pueblos indígenas, los
partidos y fuerzas políticas importantes, las principales
fuerzas sociales, la sociedad civil organizada y desde luego el
gobierno; una política que no sufra modificaciones sustanciales
ante los cambios sexenales de gobierno. Esta política debe
tener como único fin que los pueblos indígenas salgan
definitivamente de su marginación estructural y puedan
ejercer sus derechos políticos libremente. –V– El
PRI conserva una considerable fuerza y presencia nacional. En
la solución del conflicto chiapaneco y la formulación
de la política indígena de Estado, el PRI está
obligado a jugar un papel principal; debe incluso arriesgar su
capital político si fuese necesario. Hay múltiples
razones para ello. Porque
el origen, los valores ideológicos, la composición
y la orientación política del partido, necesariamente
a favor de las clases populares, si quiere recuperar credibilidad
y legitimidad, así lo exigen. Porque
en la hora de la derrota y el tránsito hacia la condición
de partido opositor, el PRI pudo constatar, una vez más,
que los indígenas son el sector de la población
mexicana que más votos le dio, casi el doble de lo que
obtuvo a nivel nacional. Porque
en el nuevo escenario político, los partidos tienen que
jugar en dos pistas. Necesitan reconstruir sus proyectos y ofrecer
a la sociedad metas y acciones modernas, democráticas,
responsables y a favor del interés general; pero a la vez,
en la intensa disputa por la preferencia de la ciudadanía,
tienen que marcar el ritmo, ir a la vanguardia de los movimientos
políticos. Y la cuestión indígena es ejemplar
para esta estrategia. En esta hora histórica por la que atraviesa la Nación mexicana, en la que se inicia la experiencia de la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo, el vínculo del PRI con el movimiento indígena es indisoluble. La lucha por una vida digna para más de diez millones de mexicanos es un compromiso esencial. Sus demandas, reclamos y anhelos son bandera irrenunciable del PRI. *Maya oriundo de Motul, Yucatán. Secretario de Acción Indígena del CEN del PRI y Diputado Federal a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión.
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