EDITORIAL

Atraso, miseria, sufrimiento, incomprensión social, son imágenes ineludibles que aparecen al referirnos a los indígenas. Su realidad define la injusticia; su marginación, la urgencia de aplicar los derechos humanos fundamentales.

Su drama remonta los tiempos coloniales. La solución del rezago secular de los millones de víctimas de la desigualdad más extrema, se cuenta entre los principales compromisos del Estado mexicano contemporáneo. Reconocer su condición, es apenas principio de una sucesión de responsabilidades nacionales, también aplazadas. Le sigue la necesidad de realizar ajustes jurídicos, económicos y sociales para completar un proyecto múltiple que, bajo el inminente criterio de pluralidad que garantice la dignidad de los pueblos indígenas, habilite los medios para su avance social.

Aunque complejo y sujeto a acuerdos entre el Gobierno de la República y las partes implicadas, el problema no permite aplazamientos en nuestro régimen democrático: único instrumento del derecho en un sistema de libertades.

Y es el móvil de la justicia lo que a su vez desencadena el dilema histórico del Estado republicano. Aceptar jurídicamente la propuesta de las autonomías nos obliga, por sus consecuencias implícitas, a modificar no sólo una estructura de poder arraigada, sino la actitud general de la sociedad, en especial respecto de los intereses creados. Persistir en la unidad nacional en los términos existentes, por otra parte, conlleva la exclusión de su significado cultural; y, con ello, el rechazo implícito de las diferencias geo-étnicas que nos obligan a cuestionar los principios que determinan la identidad supuestamente única de los mexicanos.

Nuestro desafío consiste en acordar una posición intermedia, viable y expedita, para que el beneficio de unos no suscite nuevos procesos excluyentes que perpetúen el sistema de discriminación que afecta a las minorías.

Nuestro Partido, consciente de la importancia que tiene el destino de los pueblos indígenas en un régimen de representación popular, elaboró este número de examen con el propósito de dar a conocer la diversidad de juicios y situaciones, a veces opuestas, que participan de la actual discusión sobre este tema fundamental de la política mexicana.

El papel que habrán de jugar el municipio, las organizaciones sociales, las iglesias y la presión internacional, a través de las Organizaciones No Gubernamentales, son aspectos que preocupan a la comunidad nacional.

Al advertir, en estas páginas, la magnitud y la complejidad indígena en nuestro país, quizá nuestros lectores coincidan en un hecho innegable: sin el conocimiento de esta realidad que ha persistido durante algo más de cinco siglos, será imposible subsanarla. La justicia, la dignidad y las libertades ciudadanas así lo exigen; sin duda se trata de un asunto prioritario del Estado mexicano.

José R. Castelazo
Director