¿QUÉ
PASÓ, POR QUÉ Y QUÉ DEBEMOS HACER? Los
resultados del 2 de julio: ¿alguien apuntó las placas? La característica de la elección fue el voto diferenciado. Se votó por el candidato de un partido para un cargo y por el de otros para los demás. Fox obtuvo 15.9 millones de votos, casi 1.8 más que sus senadores y 1.7 por encima de sus candidatos a diputados. Cárdenas acusó el efecto contrario: obtuvo
770 mil menos que sus aspirantes al Senado y 730 mil que los de
la Cámara de Diputados. Con
excepción de los mayores de 55 años, Fox ganó
todos los estratos. Los partidos compartieron el voto juvenil;
pero, la mitad votó por Fox. Su ventaja en los segmentos
más jóvenes le alcanza para cubrir la diferencia
que le permitió ganar. Si la elección hubiera sido
entre los plus 40, el PRI hubiera triunfado. El
voto por «el cambio»: fue la razón para el
43% de los votantes. La AC con su Cambio Ya, se llevó el
66% de ellos: 10.7 millones; AM, jaló el 18%, 2.9. El Cambio
con Rumbo alcanzó el 15% con 2.5. La «propuesta»
con el 22%, fue la segunda razón: significó 8.3
millones de sufragios. De ellos, el 42% fue para el PRI, 37 %
para AC y el 17% para AM. La AC fue el partido «del cambio»,
el PRI el «de la propuesta» y el «del candidato».
De éste último se llevó el 50%; empero, éste
sólo fue el 9%. El voto «leal» apenas llegó
al 5%: 1.88 millones; el 79% de ellos, casi 1.5 millones, fueron
priístas. El 53% de los que votaron por Roberto Madrazo
en la primaria, lo hicieron por Fox en la buena. En
todas las ocupaciones, excepto el hogar, triunfó Fox. La
oposición juntó al 63% de los servidores públicos.
2.5 millones de los 6.7 que votaron, fueron al PRI. El grueso
foxista estuvo en los casi 5 millones de empleados privados que
le dieron ventaja de casi 2 sobre el PRI; y en los casi 700 mil
estudiantes con que también lo superó. De 1.9 millones
de educandos votantes, más de un millón eligió
AC. En los estratos con estudios primarios o menos, el PRI obtuvo
7.3 millones; AC llegó a 5.1. En secundaria y bachillerato,
el PRI llegó a 5 millones contra 7.8 de Fox; esta sola
diferencia le dio una suma igual a su ventaja total. En el segmento
más preparado, la ventaja de Fox fue de casi 2 millones.
La
elección se distinguió por la polarización
de los votos opositores en uno de los dos atacantes, combinada
con la pérdida de competitividad del PRI, que habiendo
aumentado sus votos no lo hizo al ritmo del padrón, rezagándose
particularmente en el DF, el Estado de México y Guanajuato. Determinado
por lo que Daniel Bell llamó la sociedad informada, el
2 de julio fue presidido por una percepción preñada
en buena parte de la sociedad mexicana: el PRI tenía 71
años de infausta permanencia en el poder. Para
el PRI la situación incluía los saldos del mediano
plazo: aumento de la pobreza, concentración del desempleo
en la clase media, la guerrilla chiapaneca y su epígono
en Guerrero. De igual forma, los asesinatos del 94, la crisis
de diciembre, la elevación del IVA, los deudores bancarios,
el Fobaproa y los escándalos financieros, el sentimiento
de inseguridad, junto a los macro secuestradores, y la pérdida
del gobierno de la capital. A lo anterior, agreguemos la coyuntura
conflictiva: una elección primaria sin marcos que impidieran
los excesos de la campaña negativa, la no regularización
de autos chocolate, escándalos de corrupción en
el DDF, la aplicación del Renave, y las magnitudes insospechadas
de los fraudes contra los ambiciosos como indefensos depositantes
de las cajas de ahorro. En
los últimos 15 años la discusión de la agenda
política había acentuado y estimulado una percepción
hipercrítica en los estratos más expuestos a la
persuasión mediática: la población urbana,
en particular los sectores medios menores a 35 años, que
por su edad y hábitat, no vivieron los años felices;
pero, sí los estragos de la globalización, el deterioro
mediático del PRI, y los efectos de la confrontación
que ha sido la construcción del México de fin de
siglo. Estratos que serían, a la postre, los receptores
naturales de la oferta de «cambio». Ante la irrupción de la sociedad informada, los operadores políticos, las estrategias de comunicación y los hilos de argumentación del aparato priísta no alcanzaron a desarrollarse para la competencia mediática. Menos para revertir, con los avances, el sentimiento crítico sembrado en buena parte de los mexicanos. Una encuesta de Reforma de septiembre de 1998 detectó que sólo el 31% de los ciudadanos expresaba una opinión favorable de la Cámara de Diputados; Este País reportó, a mediados de 1999 que los ciudadanos confiaban poco o nada en los partidos: el PAN con el 67 % aparecía con menos desconfianza; le seguía el PRI con el 73%; el PRD llegaba al 81%. El mismo diario, informó que en diciembre de 1998, el 69% desconfiaba del sistema de impartición de justicia. Consulta, reportó en junio de 1999, que el 91% de los ciudadanos tenía poca o ninguna confianza en la política. En agosto de 1999, Nueva Época documentó que el 77% de la gente tenía poca o ninguna confianza en el gobierno. En abril de 2000 según Reforma, el 82% de los mexicanos consideraba que el gobierno era «algo o muy corrupto». Según encuesta de Este País publicada en el 2000, comparando septiembre de 1999 con el de 1998, las personas que consideraban que la situación del país empeoraría en el resto del sexenio pasó de 17 a 40%; y las que consideraban que mejoraría se esfumó de 42 al 12%. Un sondeo de Zogby a principios de junio, informó que la incertidumbre y pesimismo volvieron a reflejarse: el 60.7% dijo que el país iba por mal camino, contra el 26.3% que afirmó lo contrario. Además, el 77.6% dijo que su situación económica actual estaba igual o peor que el año anterior. Otra
mayoría (56.9%) afirmó que el PRI no merecía
retener la presidencia, comparado con el 30.8% que dijo que sí.
Es
sabido que en estas condiciones se genera el value vacuum y el
bajo nivel de lealtad en las sociedades son el caldo de cultivo
para que las campañas con propuesta de cambio tengan efecto. Para algunos analistas la disminución de votos del PRI obedeció a un proceso asociado a la transformación del país. Según este determinismo, los resultados se originan por el deterioro irremediable; el PRI está condenado a su desaparición. Por ello hay que refundarlo. Para otros militantes, el deterioro no está predeterminado; deviene por el manejo deficiente del gobierno, como consecuencia del abandono de los orígenes. La solución es purgar a los culpables de las «desviaciones» y regresar al nacionalismo revolucionario.
La explicación más recurrida por los opositores
es la del «hartazgo». Según ésta, «la
gente» ya estaba harta del PRI–gobierno. Era corrupto,
asesino y autoritario. A tal engendro había que conjurarlo
con esa nueva perestroika llamada alternancia. Esta hipótesis
embona con la de la transición, según la cual, el
país vive en una dictadura, de la que no se podía
salir, excepto por la transición «democrática»,
que implicaba alternar el poder con todos, menos con el PRI. Otras
explicaciones extremas internas sostienen que no hubo fallas,
sino acción concertada. Ernesto Zedillo, fascinado por
la macroeconomía, al mando de los neoliberales entregó
el poder a la ultraderecha. En ese esquema, similar al de la campaña
de Colosio, el presidente no dejó actuar a Labastida, le
impidió hacer alianzas y críticas al gobierno, y
le mandó al comité de campaña. Otros sostienen
que fue Carlos Salinas quien construyó la derrota y financió
los trescientos millones de dólares que se supone costó
la campaña de tres años de Fox. En
mi opinión, ocurrió una combinación de elementos
que van desde la carencia de una política de comunicación
federal desde hace tres sexenios cuando al calor de la «renovación
moral» los presupuestos federales redujeron a la mínima
expresión las partidas de gasto en prensa, comunicación,
publicidad y difusión que reprodujeran el sistema ideológico
y las tareas propagandísticas, hasta el pésimo diseño
y conducción de la campaña presidencial pasando
por el deficiente manejo de las políticas públicas
de carácter social y económico, amén de la
desigual conducción política del partido y los gobiernos
estatales en los últimos lustros. El
desafío político de México es consolidar
el régimen de partidos. El del PRI, su compromiso con la
democracia: acreditarse por sí mismo, autónomo de
los poderes, como parte de aquel. Los partidos están en
crisis, se han vuelto pragmáticos en busca de votos y del
centro político; pero, la vida democrática moderna
no puede desarrollarse sin partidos; y la de éstos, sin
ser competitivos. Desde hace unos años, las contiendas electorales se han ido deslizando a una mayor competencia. Ello reclama replantear, al interior del partido, los sistemas de trabajo y su relación con la sociedad. En
las nuevas condiciones, los medios de comunicación tienen
mayor influencia en la percepción e intencionalidad electoral
y adquieren importancia nuevos elementos. Hoy, las campañas
multitudina-rias han cedido su espacio a las estratégicas.
Las técnicas de competencia reclaman información
preelectoral, diagnóstico de la tensión competitiva,
aplicación de técnicas persuasivas y apego a elementos
jurídico restrictivos para el fondeo y el gasto, además,
la utilización de técnicas sofisticadas, la disminución
de los índices de error. Para competir con posibilidad
de éxito, un partido requiere la aplicación de planes
efectivos, programas eficaces, una mejor organización,
pero sobre todo estar atento a la sociedad que va a decidir quién
gobernará. Si
queremos acreditarnos como partido competitivo las líneas
ya no serán del gobierno, vendrán de la sociedad
y con una legitimidad distinta. Construir una identidad competitiva
en un entorno diversificado formado por la opinión ciudadana,
otros partidos, las iglesias, empresarios, ONG’s, etc. implica
redefinir nuestras alianzas y establecer temas de convergencia
con y desde la sociedad. La
comunicación interna debe mejorar. Tener orden en las redes
interiores de enlace; significa el desafío de la descentralización,
sin fragmentación. Se trata de tener relaciones buenas
en la dirección y con las bases. En los estados hay intereses
locales vivos pero habrá que conciliarlos con los nacionales.
¿Cómo ser partido en el gobierno local sin comprometer
la estrategia nacional? Otra
cuestión lo son las reglas formales. En el Partido las
escritas pesaban menos que las no escritas. En un proceso democrático
unas y otras tienen que ser compatibles. Sin reglas explícitas
no se desarrolla la democracia interna. Es necesario verificar
nuestro nivel de respeto y garantía de los derechos de
los militantes, la organización y los procedimientos, la
existencia y el papel de las corrientes; la funcionalidad y vigencia
de los órganos de gobierno y control interior. La
unidad y la eficacia son necesarias, pero los derechos de los
militantes se tienen que garantizar: participación directa
o de representantes en asambleas, la calidad de elector activo
y pasivo, igualdad de voto, respeto a la periodicidad y revocabilidad
de cargos, carácter colegiado de los órganos de
decisión, vigencia del principio de mayoría, libertad
de expresión, afiliación libre, derecho de audiencia
y de información, libre debate de ideas, formación
de corrientes y existencia de mecanismos democráticos para
reformas partidarias. El mandato imperativo con los legisladores
debe conciliarse con las decisiones de conciencia. En
la vida interior se deben precisar los contenidos, como tipificar
las causas de sanción, la existencia de un órgano
neutral de jurisdicción interna, posibilidad de impugnación
ante decisiones lesivas, articulación de lo organizativo
con lo territorial, responsabilidades claras de los órganos
y condiciones para acceder a cargos, autonomía local, elección
de dirigentes con procedimientos aprobados por asamblea, no intervención
de las directivas para modificar candidaturas, respeto a formalidades,
financiamiento transparente y rendición de cuentas. Los
sistemas de selección de candidatos y dirigentes se han
modificado, pero permanecen atrapados. Aunque siempre se ha advertido
el peligro de la descentralización ante las formas tradicionales
del poder local, nunca se ha puesto en entredicho la unidad territorial.
Ni la consulta directa, ni los sistemas descentralizados han fomentado
la creación de organizaciones de base democrática,
y sí han reforzado las oligarquías locales. La descentralización
puede provocar exclusión, pero es inevitable redistribuir
el poder interno hacia las regiones para reforzar la competitividad
externa. La democracia directa es el ideal de la democracia antigua; sin embargo, tanto los sistemas directos como los de delegados pueden operar si se establecen reglas claras y democráticas, de manera que si representan intereses, no se impongan y se equilibren en la visión e interés general del partido. El riesgo es que predomine la carrera escalafonaria que excluye a jóvenes y a miembros poco «militantes».
No debiera restringirse la oportunidad de ser candidatos sólo
a quienes tienen una militancia probada en la experiencia del
voto pasivo, o el desarrollo de la carrera en el aparato; pues,
buena cantidad de cuadros está en la juventud y muchos,
tan valiosos como los demás, en la administración
pública y la sociedad. Exigencias así son antidemocráticas
y limitan a candidatos atractivos. La democracia interna debe,
por otra parte, asegurar la circulación y la recreación
de los dirigentes. Otra
discusión son los sectores. Se dice que hay incompatibilidad
de la estructura sectorial con las condiciones de competencia.
Que hay contradicción entre modernización y la rigidez
de la estructura laboral. otra vertiente sostiene que hay agotamiento
del «voto corporativo» debido a factores de desarrollo
social, pero también por prácticas antidemocráticas
derivadas de candidatos impuestos por respeto a posiciones de
las organizaciones. En las nuevas condiciones de competitividad
esta concepción reclamaría la liquidación
de esta práctica. Esta
disyuntiva es un falso dilema. Hacer creer que los sectores fueron
creados para ganar elecciones, confunde poder con voto, olvida
que fueron creados para mantener el poder, más allá
de los procesos electorales. Afirmar que deben desaparecer porque
no ganan elecciones es ignorar que éstas se ganan con la
estructura territorial y que el poder se conserva por la sectorial. Una opinión creativa refiere la necesidad de analizar las condiciones particulares de cada sector para proponer reformas; en el popular de agrupar y vincularse con los movimientos emergentes; en el obrero de agrupar al nuevo sindicalismo; y en el campesino, ante el fin del reparto, reeditarse e impulsar a la nueva clase de trabajadores rurales, jornaleros migrantes, la integración productiva de las comunidades indígenas y la organización económica de segundo piso. *Secretario Técnico del Movimiento Territorial.
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