ECUACIÓN* Desde hace tiempo plantee la necesidad, más apremiante cada día, de revisar críticamente la tesis que habla de la absoluta hegemonía priísta en la vida de este país durante los últimos 70 años. Parecería,
a primera vista, que tal revisión sería inútil
porque a estas alturas nadie duda de la preponderancia priísta
en ese largo lapso. Pienso, contrariamente, que la tesis requiere
ser matizada porque ello ayudaría a caracterizar mejor
lo que ha sido, políticamente, la vida de este país
en las últimas décadas. Para
hablar con propiedad de que ese periodo ha sido de incontrastable
hegemonía del PRI se habría necesitado demostrar,
de modo riguroso, que tal fenómeno ha sido a todas luces
innegable y evidente, lo cual, en estricto rigor, no ha sido así;
al menos no lo ha sido con la característica que se le
atribuye. Los gobiernos que se han sucedido de 1929 a la fecha
se han apegado, en primer lugar, a la Constitución General
de la República, y sólo en segundo término
han respondido a su origen partidario y a influencias momentáneas.
Esto último ha sido condicionado por el grado de conciencia
partidista de los altos funcionarios y porque la acción
priísta hubiese sido muy penetrante, de un incontrastable
espíritu rector. Los hechos han demostrado que las cosas
no se han dado siempre así y que es indispensable analizar
con cuidado cada etapa y cada gobierno. Pondré un sólo ejemplo: la nacionalización petrolera, quizá el hecho político y social más trascendente del siglo XX en la vida mexicana, no fue producto directo del programa partidario, sino fruto de una serie de circunstancias que desembocaron, convergentes, en la gran decisión de 1938. Sería
un tanto ocioso hacer la relación pormenorizada de ese
proceso. Baste decir que fue un esfuerzo nacional prolongado,
incluso contradictorio en cierto grado, que comprendió
desde la organización sindical de los petroleros hasta
el fallo de la Suprema Corte, que condenó a las empresas
a pagar determinado aumento a los trabajadores de la industria.
Obró también, de manera definitiva, la audacia histórica
del Presidente Cárdenas. Es posible, muy posible, que de
no haber mediado entonces la decisión del patriota mandatario,
la nacionalización se habría dado de todos modos,
dado que cristalizó una aspiración que fue conformándose
con el transcurrir de los años. Lo concluyente fue que
la expropiación se dio por la decisión del mandatario,
clamorosamente apoyada por el pueblo, pero sin haber estado inscrita,
de modo expreso, en el programa del PNR-PRM. Sólo en cierto
modo, por tanto, el Partido tuvo que ver, con antelación,
en las grandes decisiones del poder público. Malamente,
pues, se puede hablar de «70 años de gobiernos priístas»
si con ello se quiere significar que la influencia del Partido
ha estado presente, clara y expresa, en los actos del gobierno
durante ese largo lapso. El enunciado sólo es justo si
se quiere hablar del respaldo activo del PRI a las decisiones
del gobierno, pero no como una decisión partidista que
hubiese inducido al poder público a la toma de las grandes
decisiones. Lo que sí ha existido es el aprovechamiento
oficial –justo y legítimo– de la influencia y
de la acción del partido para darle cauce y solidez a las
determinaciones sustanciales del propio gobierno. Y
aun en este aspecto la realidad no abona íntegramente la
relación partido–gobierno como una ecuación
en que el programa y la acción del organismo político
hayan determinado siempre las acciones oficiales. Ha habido momentos,
y no pocos, en que el Ejecutivo no ha podido o deseado aprovecharse
de la acción del partido para darle a sus propias decisiones
un apoyo masivo de tal magnitud que hubiese facilitado el logro
de esas determinaciones. Tal circunstancia ha debilitado la acción
oficial, y esto debe reconocerse. Interpreto
este hecho como expresión del temor presidencial de ver
crecer a su lado una fuerza política que, aun afín,
podría en cierto momento contrarrestar la omnipotencia
del propio Ejecutivo. Este es el resultado histórico del
régimen presidencialista que nos rige. De
todo lo anterior se puede concluir que los «70 años
de gobiernos priístas» es una tesis que generaliza,
por comodidad de definición, lo que ha ocurrido en esas
siete décadas, pero no es un hecho histórico, incontrovertible,
que se haya dado en la realidad. Lo ideal habría sido que
la acción gubernamental hubiese respondido, en todo momento,
a la influencia del partido, ideológica y práctica,
pero en los hechos no ha sido así. Y no se ha dado de esa
manera porque el Presidente de la República, cabeza pensante
y actuante del gobierno, ha actuado en función de factores
imponderables, ajenos muchas veces a su voluntad, o bien por su
inspiración personal, diferente en muchos casos a lo que
podría significar la influencia directa del partido. Será necesario, pues, que cada etapa de gobierno sea analizada en su propio contexto histórico, a fin de que el examen sea riguroso, de un gran realismo, lo que en manera alguna significa que se le desligue de los hechos que la preceden y que en mucho la explican. *Artículo aparecido en Excélsior (pag. 4), el 26 de septiembre de 2000. Por su pertinencia en el debate actual sobre nuestro Partido, se presenta a los lectores de examen, con autorización del autor. **Legislador,
periodista, politólogo.
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