6º INFORME PRESIDENCIAL MENSAJE
DEL DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON,
Señor
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Señoras
y señores Diputados y Senadores del Honorable Congreso
de la Unión; Mexicanas y mexicanos:
Saludo a las ciudadanas y los ciudadanos que integran la quincuagésima
octava Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión.
Por
el bien de México, les deseo que realicen una intensa y
fructífera labor legislativa. En
cumplimiento de lo que me ordena el artículo 69 de la Constitución
de la República, entrego a la Presidencia del Congreso
un informe escrito sobre el estado general que guarda la Administración
Pública del país. Como
lo establece la Ley Orgánica del Honorable Congreso, en
los próximos días las señoras y los señores
legisladores analizarán el informe escrito que acabo de
entregar. Los
funcionarios de la Administración Pública Federal
estarán atentos a los llamados de ambas Cámaras
del Congreso, a fin de proporcionar cualquier información
o explicación adicional que requieran las señoras
y los señores legisladores. Por
lo tanto, no utilizaré esta honrosa oportunidad de acudir
a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión para
resumir o exponer el contenido del informe escrito que recién
he entregado. En
vez de ello, aprovecharé la valiosa y última oportunidad
de hablar desde esta altísima tribuna para ofrecer una
reflexión sobre la marcha de nuestra Nación durante
el período de mi mandato, y sobre algunos retos que enfrenta
el desarrollo de nuestro país. Por eso conviene subrayar que es en el informe escrito, y no en este mensaje, donde se hallan extensamente tratados otros temas, muchos otros temas, de interés general.
Deseo iniciar con una breve recapitulación de la forma
en que he ejercido el mandato que me confirió el pueblo
de México. Antes
que nada me propuse ejercer una Presidencia democrática
y republicana, rigurosamente atenida a lo que establecen la Constitución
y las leyes. Por
obligación y por convicción, he sido respetuoso
de la división de poderes y de nuestro federalismo. He
procurado que esta Presidencia no sólo sea democrática,
sino que impulse firmemente la democracia en México. Desde
el primer día de mi mandato, renuncié a utilizar
todo poder extra constitucional antes asociado con la Presidencia.
He
gobernado consciente de que a lo largo de nuestra historia, el
patrimonialismo –esa idea terriblemente equívoca de
que la investidura del cargo y hasta los bienes de la Nación
son patrimonio de quien gobierna– ha sido la causa de graves
desviaciones y abusos. De ahí la decisión de cumplir
con mi obligación y ejercer una Presidencia ajena a ese
patrimonialismo. He
actuado bajo el principio de que en el ejercicio de su función,
el Presidente de la República no tiene ni reconoce amigos
ni familiares. Estos pertenecen al ámbito de las relaciones
personales y afectivas que de ningún modo debe vincularse
con el ejercicio del mandato presidencial. He
cumplido con el deber de percibir como salario, exclusivamente,
lo que cada año ha sido aprobado en el presupuesto por
la Cámara de Diputados y felizmente seré un expresidente
que deberá trabajar para apoyar el sustento de su familia. El
altísimo honor que significa la investidura presidencial
nunca me ha hecho olvidar que la porta temporalmente, un ser humano
más y que se trata de un poder acotado por la ley y por
otros poderes asimismo representativos. Por
eso suprimí diversos aspectos ceremoniales que consideré
incongruentes con un ejercicio republicano de la Presidencia.
Creo
que el gobernante antes que notable y notado, debe ser útil. Asumí la Presidencia con la convicción de que es un factor primordial para unir siempre a los mexicanos, nunca para dividirnos.
He trabajado para estar cerca de la gente de todas las regiones
del país, de todos los grupos sociales, de todos los credos
y de todas las preferencias políticas, sin distinción. He
seguido con cuidadosa atención cómo percibe la población
los principales asuntos del país y he sido respetuoso de
la crítica que libremente se ha expresado. He informado
a la ciudadanía sobre las decisiones del Ejecutivo, pero
la responsabilidad de ellas ha sido enteramente mía. A
pesar de que reconozco que la suspicacia es la conducta política
por excelencia, he preferido asumir el riesgo de equivocarme por
un exceso de confianza, y no por un exceso de sospecha. En
todo momento he procurado hablar con la verdad a la gente. Apoyado
en la verdad, he tratado de exponer con franqueza pero sin exageración,
los problemas del país. Además siempre he tenido
absoluta confianza en que los mexicanos tenemos la capacidad de
superar cualquier desafío por grande que sea. Creo
que el gobernante no debe lamentarse nunca por la complejidad
de los problemas que afronta y puedo afirmar, con toda honestidad,
que el privilegio de ser Presidente de los mexicanos compensa,
con mucho, cualquier esfuerzo y cualquier aflicción causados
por el cumplimiento de esa responsabilidad. He
disfrutado llevar la investidura presidencial con sobriedad y
cuidando su dignidad, pues representa el Poder Ejecutivo de todos
los mexicanos. Entiendo
la tolerancia como el reconocer y respetar que en el marco de
la ley, los demás no piensen, no opinen, no decidan y no
actúen como uno mismo. He
ejercido la Presidencia practicando la mayor tolerancia posible
pero sin abdicar de ninguna de sus responsabilidades. Por
muchísimas razones –de convicción política,
de estrategia básica y de experiencia personal– no
creo que la represión sea solución a los conflictos
sociales. Como Presidente de la República, he preferido
excederme en la tolerancia antes que adelantarme en el uso de
la fuerza pública, incluso legal y legítima, y aun
ante claras provocaciones. Con
palabras y con actos he mostrado mi ideología. Muchas de
mis convicciones están fuertemente influidas por el liberalismo
que floreció en México con la generación
de la Reforma. Sin ambigüedades, soy liberal en lo político
y en lo económico. Creo
que la libertad política irrestricta de los ciudadanos
–que sólo confiere la democracia– es condición
indispensable para el desarrollo de los pueblos y las naciones.
No concibo naciones realmente soberanas si sus ciudadanos no disfrutan
de las libertades individuales y políticas esenciales. Asimismo,
concibo la libertad económica como el medio más
poderoso para acrecentar los empleos, los ingresos, el bienestar
y la riqueza de los pueblos. Veo en la economía de mercado
un medio muy poderoso para alcanzar el progreso de cualquier nación.
Pienso
que la libertad de participar en los intercambios económicos
es una libertad esencial, de gran valor intrínseco, para
cada ciudadano. Ello le confiere a esa libertad un alto valor
social, independientemente de su significado material. Por
otra parte, y con igual certeza, creo en el Estado, pues sin él
no hay Nación ni puede haber justicia, que es su fin supremo.
Justicia en un sentido estrictamente legal, de garantía
del Estado de Derecho, y justicia social, entendida no como la
igualdad de condiciones, sino como la igualdad de oportunidades. Creo sin reserva que el Estado debe ser activo e intervencionista para alcanzar la justicia social. Esta
debe ser una tarea primordial de cualquier gobierno, como lo reclamó
la Revolución Mexicana, con cuyas principales propuestas
me identifico. A
la Revolución de 1910 debemos no sólo la afirmación
de nuestras libertades y garantías individuales, sino los
derechos sociales fundamentales de los mexicanos, así como
las instituciones del Estado responsables de garantizar esos derechos. Al
igual que la gran mayoría de los mexicanos, siento, además,
una profunda deuda personal con esas instituciones, pues ellas
se encargaron de igualar mis oportunidades de salud, educación
y formación con las de otras personas para salir adelante
en la vida. A
partir de estos valores y principios he procurado cumplir como
Presidente de México. Asumí
esta responsabilidad con el propósito de trabajar, sumándome
a la voluntad y el esfuerzo de todos los mexicanos, a fin de hacer
de México, entre todos, un mejor país para nuestros
hijos. Un mejor país que el de nuestros abuelos y nuestros
padres. Un mejor país que el que hemos tenido nosotros. En
eso, precisamente, consiste la tarea del desarrollo nacional.
De ninguna manera el desarrollo se limita al progreso material,
sino que abarca el disfrute de todas las libertades esenciales
del ser humano. Libertad
para educarse, libertad para alimentarse, libertad para cuidar
la salud, libertad para trabajar, libertad para emprender, libertad
para participar en los intercambios económicos, libertad
para opinar, libertad para intervenir en las decisiones y los
asuntos públicos. Entendida
así la tarea del desarrollo, desde el inicio de mi mandato
convoqué a todos los mexicanos a reconocer su magnitud
y su complejidad y, al mismo tiempo, a emprenderla con confianza,
humildad y realismo. Con
confianza, pues contamos con la enorme fortaleza que nos dan nuestras
raíces milenarias y nuestra larga historia de luchas para
erigir la gran Nación independiente que hoy somos y que
se proyecta con gran vigor hacia el siglo XXI. Con
humildad y realismo pues incluso en el caso, no siempre seguro,
de contar con la mayor voluntad, la mejor estrategia y el más
amplio esfuerzo, los avances que se pueden conseguir en un sexenio
resultan irremediablemente limitados. Además,
es más seguro avanzar con pasos quizás pequeños
pero firmes, que con movimientos bruscos y arriesgados. El
desarrollo es necesariamente un proceso de largo plazo. Se alcanza
eslabonando cuidadosamente el trabajo perseverante de varias,
de muchas generaciones. Cada
una, si tiene éxito, hace su aportación, tanto con
algunos resultados de beneficio inmediato, como sentando las bases
para hacer más fructífero el esfuerzo de las generaciones
siguientes. Si
se tiene éxito se puede avanzar más rápido;
se puede incluso acortar el camino; pero nunca podrá eliminarse
del todo el esfuerzo para recorrerlo. El desarrollo es un concepto muy amplio e integral, pero pasa necesariamente por el crecimiento económico. Este es un medio primordial para alcanzar muchos de los fines del desarrollo.
De ahí el énfasis que hemos puesto en establecer
las condiciones necesarias para el crecimiento sostenido de la
economía nacional. En
esa tarea, sin embargo, el primer desafío de esta administración
fue hacer frente a una de las más severas crisis financieras
que haya conocido nuestro país. Un
enorme y creciente déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos financiado con entradas de capital de muy corto
plazo; la acumulación de deudas con vencimiento casi inmediato
por más de 41 mil millones de dólares; una fuerte
inercia de fugas de capital generada en varios episodios a lo
largo de 1994; una política de rigidez cambiaria sin adecuado
sustento fiscal ni financiero; un sistema bancario sumamente quebrantado;
y una economía con crecimiento muy bajo a pesar de la disponibilidad
sin precedente de ahorro externo, fueron algunos de los factores
incubados de tiempo atrás –no en unos días
como algunos quisieron sostener– que explican la erupción,
en diciembre de 1994, de aquella grave situación de emergencia
económica. La
fuerza con que ésta irrumpió resultó impredecible
debido a que algunas de las circunstancias que influyeron en su
gestación eran inéditas; sencillamente no se conocían
antes. Por
ejemplo, no se conocía la extrema volatilidad de los flujos
de capital –de origen distinto a créditos bancarios–
que ingresaron al país en montos sin precedente en los
años previos a la crisis. Durante
los primeros meses de 1995, el país vivió bajo un
enorme riesgo, en varios momentos casi materializado, de insolvencia
absoluta, lo que habría provocado un cierre masivo de fuentes
de empleo y el desmantelamiento de una parte considerable del
aparato productivo nacional. Estuvimos
en verdadero riesgo de perder no miles, sino millones de empleos
y de vivir una contracción económica, no de uno,
sino de varios años. Ante
ese riesgo, no dudé en tomar todas las medidas que juzgué
necesarias para enfrentar aquella emergencia. Lo hice convencido
de que sin esas medidas, el costo social de la crisis habría
sido mucho más alto. Insisto,
la crisis causó un severo daño en los niveles de
vida de la población durante 1995. Pero estoy seguro de
que ese daño habría sido mucho más grande
y prolongado sin las decisiones entonces adoptadas. En
aquellos momentos apelé al recio carácter de la
gran mayoría de los mexicanos, expuse con toda franqueza
la gravedad de la situación, así como la severidad
de las acciones necesarias para enfrentarla. Al mismo tiempo sostuve
que, de cumplirse esas medidas, la emergencia se superaría
relativamente pronto y que, al cabo de la ineludible contracción
económica inicial, entraríamos a una etapa de crecimiento
sostenido. Gracias
al trabajo, la disciplina y decisión de todos los mexicanos,
hoy podemos decir que aquel propósito se cumplió. La
crisis de 1995 significó una caída de 6.2 por ciento
en el producto interno bruto, una altísima inflación
del 52 por ciento y una tasa de desempleo que en agosto de aquel
año llegó hasta 7.6 por ciento de la población
económicamente activa. Pero, gracias a las medidas aplicadas,
gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos los mexicanos, desde
1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente. En
el Plan Nacional de Desarrollo, de mayo de 1995, propuse una estrategia
para alcanzar, durante el período 1996 año 2000,
una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto superior
al 5 por ciento. Los
datos de años anteriores y los correspondientes al primer
semestre del presente año, permiten afirmar que esa meta
será cumplida. Lo
mismo ocurrirá con la meta de inflación, que se
propuso llegase a fines de este año, a un máximo
de 10 por ciento anual. Desde el pasado mes de abril, la inflación
acumulada anual ha sido menor a 10 por ciento. Por
su impacto social, el resultado más alentador de la política
económica ha correspondido al empleo, que ha venido creciendo
sistemáticamente durante cinco años. En consecuencia,
la tasa de desempleo abierto llegó a 2 por ciento el pasado
mes de julio y promedió 2.2 por ciento durante los primeros
siete meses del presente año. Ambas
tasas son las más bajas que se han registrado desde que
contamos con esta estadística. Los
salarios reales, que sufrieron un muy grave deterioro durante
la crisis, comenzaron a recuperarse en algunos sectores en 1997,
y en un mayor número de ellos a partir de 1998. En
el proceso de alcanzar estas metas, la economía mexicana
ha debido superar otras duras pruebas provenientes del exterior,
como lo fueron las turbulencias financieras de Asia y diversos
países emergentes, ocurridas entre 97 y 99, así
como el desplome en los precios del petróleo en 1998. Por
otra parte, debe reconocerse que la expansión de la economía
de nuestro principal socio comercial -sostenida ya por varios
años-ha sido un factor favorable para el desempeño
de la economía mexicana. Hoy
vuelvo a refrendar mi más entera convicción de que
tal y como nos lo propusimos, la economía mexicana no tendrá
sobresaltos ni retrocesos alrededor del cambio de gobierno, y
que cuenta con condiciones adecuadas para seguir creciendo en
los siguientes años. El
crecimiento económico alcanzado por nuestro país
desde 1996 ha tenido un firme sustento en la disciplina fiscal
y monetaria, así como en el cambio estructural que han
registrado diversos sectores productivos y que ha favorecido su
competitividad. Gracias
a ello, México se ha convertido en una auténtica
potencia exportadora a nivel mundial. Este año, nuestro
país estará colocando en los mercados internacionales,
productos por un valor superior a los 160 mil millones de dólares. Durante
estos años, el sector exportador ha sido uno de los motores
más eficaces para la creación de empleos y donde
los salarios se han recuperado con mayor rapidez. Entre
muchas otras importantes razones, por eso hemos desplegado una
estrategia de negociación diplomática y económica
con otros países, sin precedente por su intensidad y diversidad. Dicha
estrategia ha tenido dos ejes igualmente importantes: la defensa
de nuestros principios de política exterior, que por fortuna
coinciden sustancialmente con el Derecho Internacional, y la promoción
de los intereses del país. Los
mexicanos podemos tener la certeza de que México es hoy
una Nación más fuerte, más respetada y más
reconocida en todo el mundo. Hoy,
México tiene pactadas condiciones de libre comercio con
27 naciones. Por su alcance y por la importancia económica
de nuestros socios comerciales, podemos afirmar que ningún
otro país del mundo cuenta con una red similar de acuerdos
para que sus productos accedan con ventaja a tantos mercados nacionales. La
apertura a las corrientes mundiales de comercio e inversión
ha apoyado el crecimiento de la economía, y esto, a su
vez, ha sido un medio muy importante, mas no el único,
para enfrentar el reto fundamental del desarrollo del país:
hacer efectivas las libertades humanas esenciales que antes describí.
O, en otras palabras, combatir los graves, los muy graves rezagos
sociales. Sin
embargo, la solución a estos rezagos requiere más
que el solo crecimiento económico, requiere la acción
directa del Estado, con políticas sociales eficaces y el
mayor monto posible de recursos para su financiamiento. Sin
esa acción directa del Estado, es imposible igualar las
oportunidades de las personas; es imposible combatir la pobreza.
Por
eso, la política social es indudablemente la tarea más
importante y más difícil del gobierno. Y por eso,
a la política social le hemos dedicado el mayor esfuerzo
y los mayores recursos. A
pesar de la necesaria austeridad que ha prevalecido a lo largo
de este gobierno, y gracias al ahorro en otras áreas de
responsabilidad gubernamental, se logró aumentar significativamente
los recursos destinados a la política social. Hemos
alcanzado, este año, el mayor gasto social federal de nuestra
historia, tanto en términos absolutos, como por habitante,
y como proporción del gasto total federal y del producto
interno bruto. Siendo
grandes y antiguos los problemas de pobreza y de desigualdad de
oportunidades; siendo inevitablemente progresiva y gradual su
solución, es claro que el camino por recorrer es todavía
muy largo. Sumando recursos y esfuerzos sin embargo de los tres
órdenes de gobierno, se ha podido avanzar en los aspectos
esenciales de la acción social del Estado. Para
hacer más eficaz la política social, se han descentralizado
como nunca antes facultades y recursos a los gobiernos estatales
y municipales. Por cada peso que hoy gasta directamente la Administración
Pública centralizada, los estados y municipios están
gastando uno y medio, mientras que en gastaban menos de uno. Porque
la salud es la primera condicionante del desarrollo humano, a
ella se ha dedicado una atención muy especial, que ha quedado
reflejada en avances significativos. En los últimos cinco
años, el gasto federal en salud aumentó más
del 40 por ciento en términos reales. Aumentó
en casi 40 por ciento el número de médicos y de
enfermeras. Se
pusieron en operación cerca de 4 mil unidades médicas
nuevas. Se
alcanzó la cobertura casi total de la población,
del 99 por ciento, con servicios básicos de salud. Se
evitó la quiebra del Instituto Mexicano del Seguro Social,
se le dio viabilidad de largo plazo, y está en marcha uno
de los programas de inversión más ambiciosos de
su historia para mejorar la calidad de sus servicios. Se
promovieron leyes para proteger los derechos de las personas con
alguna discapacidad y se estableció un programa integral
para apoyarlas. Por
experiencia, los mexicanos sabemos que nada es más efectivo
que la educación para igualar las oportunidades de progreso
de las personas y realizar la justicia social. Por
eso hemos dedicado a la política educativa la mayor prioridad,
lo que ha resultado en avances que deben alentar a todos a seguir
trabajando fuerte en este campo decisivo para el futuro de la
Nación. Alcanzamos
la mayor proporción en nuestra historia de recursos federales
destinados a la educación, tanto en relación al
gasto total, como al producto interno bruto. Esta es una buena
base para plantearse metas más ambiciosas. La
matrícula escolarizada del sistema educativo nacional llegó
a cerca de 30 millones de alumnos, casi 90 por ciento de ellos
en instituciones públicas. El
número de escuelas llegó a 220 mil, una de cada
siete ha sido construida en este sexenio. De la planta total de
maestros, de un millón y medio, la sexta parte se incorporó
durante esta Administración. Han
aumentado significativamente las proporciones de los niños
y jóvenes que acuden a la primaria, de los que la terminan,
de los que ingresan a secundaria y la concluyen, y de los que
avanzan hacia los niveles medio superior y superior. Se
ha logrado multiplicar apreciablemente las oportunidades y opciones
de educación superior gracias a la creación de 106
nuevas instituciones públicas de ese nivel. En
su conjunto, el subsidio a la educación superior ha crecido
32 por ciento en términos reales desde 1995. La
matrícula de educación superior es ya de más
de dos millones de alumnos. El
total de los recursos destinados a ciencia y tecnología
aumentó durante este Gobierno, casi 45 por ciento real,
si bien todavía son muy insuficientes. Se
ha hecho una inversión sin precedente para rescatar, restaurar
y ampliar el patrimonio histórico del país así
como para apoyar la creación artística y cultural. Se
han otorgado más de 6 millones de becas de capacitación
para el trabajo y se ha establecido un sistema nacional de competencias
laborales que muy pronto habrá de consolidarse como un
muy eficaz incentivo para la preparación y el estudio permanente
a lo largo de la vida laboral. Nos
propusimos atender de manera especial a quienes tradicionalmente
han carecido de apoyo, no sólo escolar sino alimenticio
y de salud, para poder realizar su educación. Por
eso, entre otras acciones, se multiplicaron tres veces y media
el número de desayunos escolares, para llegar a 4.6 millones
diarios, y en 1997 se estableció el Progresa, que ya alcanza
a 2.6 millones de familias en 56 mil localidades rurales. Un tercio
de la población beneficiada por este programa es indígena.
Según
evaluaciones técnicamente bien fundadas, el Progresa está
probando ser un instrumento sumamente eficaz de la política
social para enfrentar la pobreza extrema. Se
ha puesto énfasis en que los avances de la política
social ocurran precisamente en donde existen mayores rezagos,
señaladamente en el medio rural. Además
de los apoyos de la política social a quienes viven en
el campo, se ha trabajado en la seguridad jurídica de sus
tierras, alcanzando resultados satisfactorios y con recursos presupuestales
crecientes se ha apoyado la producción mediante programas
como Procampo, la Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercialización.
Es
muy desafortunado que hayamos tenido muy adversas condiciones
climatológicas y los más bajos precios internacionales
de los productos básicos en muchos años. Con todo,
la producción agropecuaria y forestal ha crecido en cada
uno de los años de esta Administración. Esta tendencia
no se registraba desde hace más de un cuarto de siglo. Con
la participación de la sociedad y a partir del fortalecimiento
del marco normativo e institucional, se ha puesto gran empeño,
con resultados alentadores, en frenar el deterioro del medio ambiente
y proteger nuestros vastos, pero muy frágiles, recursos
naturales. El
Estado mexicano ha respondido a la población afectada por
los graves desastres sufridos en años recientes, para lo
cual ha sido fundamental el papel de nuestras Fuerzas Armadas. Ha
sido un altísimo honor servir como su Comandante Supremo
y constatar, cada día, la lealtad a la Nación, el
profesionalismo y la entrega del Ejército, la Fuerza Aérea
y la Armada de México. No
obstante los avances antes señalados y los que se documentan
en muchos otros aspectos en el informe escrito que he entregado,
no sería honesto ni correcto declararme satisfecho por
lo alcanzado. Una vez que se ha recorrido un trecho, por más
esfuerzo que se haya dedicado, lo más importante es ver
lo que falta por recorrer; reconocer lo mucho que todavía
está por hacer para llegar a la meta que todos deseamos.
En
particular, deben reconocerse aquellos aspectos en los que, a
pesar del esmero, la tarea ha resultado muy distante respecto
a lo que nos propusimos. Este
es mi sentir, entre otros temas, como lo es de toda la gente,
en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad.
Nunca
estuvimos con los brazos cruzados. Mi primera iniciativa de reforma
constitucional logró la cabal independencia y el fortalecimiento
del Poder Judicial Federal y estableció las bases para
contar con un sistema nacional de seguridad pública. Se
promovió y se logró reformar las leyes para tipificar
mejor y castigar más fuerte los delitos. Se
aumentó el presupuesto federal para seguridad 300 por ciento.
Se canalizó una parte muy importante de ese aumento al
ámbito de los estados y el Distrito Federal, pues casi
el 95 por ciento de los delitos son del fuero común y por
ley deben ser perseguidos y castigados por las autoridades locales,
no por las federales. Recientemente
se creó una nueva Policía Federal Preventiva. Emprendimos
una depuración sin precedente de malos elementos incrustados
en diversas instituciones. Y, pese a todo, la criminalidad sigue
siendo un problema muy grave. Confío
en que el esfuerzo hecho no habrá sido en vano y en que
muy pronto se percibirán efectos positivos mucho más
importantes que hasta ahora. Por
lo pronto, admito con pena que es muy justificada la insatisfacción
social por este problema. La
democracia es el único sistema político que garantiza
libertades esenciales, como la libertad de pensar, creer y opinar;
la libertad de organizarse y participar; la libertad de disentir
y criticar; la libertad de escoger. La
democracia tiene historia en México. La
democracia fue un precepto que la generación liberal de
la Reforma plasmó en la Constitución de 1857. La
democracia fue la causa que llevó a Madero a iniciar el
movimiento de 1910 y es un principio fundamental en la Constitución
surgida de la Revolución Mexicana. La
democracia fue propósito y un compromiso fundacional del
partido político al que pertenezco, y ha sido razón
principal de lucha de los otros partidos políticos nacionales. Hacer
que la democracia ya no fuese un ideal postergado fue el propósito
de sucesivas reformas políticas, señaladamente a
partir de la de 1977. Esas
reformas fueron resolviendo, uno a uno, muchos de los temas que
tradicionalmente fueron causa de controversia, disgusto y aun
conflicto. Cada una de ellas fue una aportación muy valiosa y resultó decisiva para los pasos subsecuentes. Expreso
mi reconocimiento a quienes en su momento alentaron, concibieron,
pactaron y legislaron cada una de esas reformas. Y,
sin embargo, pese a los méritos de cada reforma y al avance
político que significaron, nadie podía soslayar
que persistía un ánimo social de insatisfacción
con nuestra democracia. Cuando
existe tal percepción, ella entraña en sí
misma un obstáculo muy serio para emprender las tareas
del desarrollo. Si la gente no se siente como parte de un país
realmente democrático, entonces no asume conductas democráticas
en el ejercicio de sus derechos, y mucho menos en el cumplimiento
de sus obligaciones. Por
todo lo anterior, consideré que todos los mexicanos debíamos
unirnos en la tarea inaplazable de alcanzar la plena normalidad
democrática. Así lo manifesté en el acto
mismo en que asumí la Presidencia de la República.
Lo
hice convencido de que para lograr la normalidad democrática
se requería abordar, sin doblez alguno, la causa principal
de insatisfacción con nuestra democracia: las condiciones
de la competencia política para acceder al poder público. Desde
esta misma tribuna convoqué a todas las fuerzas políticas
a trabajar juntos para subsanar esa insatisfacción. Pocas
semanas después, el 17 de enero de 1995, el gobierno y
los partidos suscribimos un Acuerdo Político Nacional por
el que nos propusimos trabajar por una reforma definitiva. Después
de prolongadas y complejas negociaciones, por primera vez en nuestra
historia se logró un consenso total que hizo posible la
aprobación unánime, por el Congreso, de la anhelada
reforma constitucional en materia electoral. Reitero
mi sincera gratitud a quienes participaron en su formulación,
negociación y aprobación. La
reforma fijó nuevos principios constitucionales claros
y modernos a los que deben ceñirse todas las leyes electorales
federales y estatales del país. La
reforma confirió total autonomía tanto al Instituto
Federal Electoral, responsable de la organización de las
elecciones, como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, responsable de impartir la justicia electoral. La
reforma estableció principios claros y mecanismos justos
para el financiamiento de los partidos políticos y las
campañas electorales, así como para su acceso a
los medios de comunicación. La
reforma también estableció la elección por
voto libre y directo del Jefe de Gobierno y de los delegados del
Distrito Federal. Además,
el Gobierno de la República promovió que las características
de las nuevas disposiciones electorales fuesen asimiladas en las
legislaciones de los estados de la Federación. La
reforma logró claramente su objetivo: condiciones justas
para la competencia política. Las
nuevas leyes y las instituciones electorales han acreditado paulatina
pero firmemente su seriedad y confiabilidad. Durante
el sexenio se han celebrado 96 elecciones estatales y dos elecciones
federales. Al
cabo de todos esos procesos, es posible asegurar que la suspicacia,
las recriminaciones y los conflictos electorales han quedado atrás. Se
ha cumplido el propósito común que expresé
el 1º de diciembre de 1994: que todos quedemos satisfechos
por la forma, por la forma en que se llevan a cabo las elecciones,
independientemente de sus resultados. Las
leyes e instituciones surgidas de la reforma enmarcaron las elecciones
del pasado 2 de julio, en que se eligió Presidente de la
República para el período 2000-2006, y se renovaron
ambas Cámaras del Congreso de la Unión. La
jornada electoral se caracterizó por la tranquilidad y
una alta participación ciudadana, y estuvo precedida por
las campañas más intensas y competidas de nuestra
historia. Al
cabo de esa jornada, unos ganaron y otros perdimos. La
mayoría del voto eligió a Vicente Fox Quesada, de
la Alianza por el Cambio, como Presidente de la República.
La votación para diputados y senadores determinó
una composición plural en ambas cámaras del Congreso,
donde ningún partido político cuenta con mayoría
absoluta. Estos
resultados son inéditos en la historia política
del país. Por eso es natural y muy comprensible que desde el 2 de julio, muchos de quienes participan en la política nacional y de quienes la analizan, se hayan ocupado de explicar las causas de este resultado.
He leído y escuchado con atención muchas de esas
explicaciones y no me cabe duda de que todas ellas tienen muy
valiosos elementos de verdad. Pero también creo que no
todas reconocen suficientemente un hecho sencillo, contundente,
ineludible, que nos remite a la esencia misma de la democracia:
Los
mexicanos votaron con libertad y en secreto. Cada voto contó
y, como en toda democracia, la mayoría decidió. Insisto.
Esta es la esencia de la democracia electoral: que la voluntad
popular, expresada en el voto, determine quién gobierna
la Nación y quiénes representan a la ciudadanía. En
la explicación de los resultados electorales, asumo sin
cortapisas la responsabilidad que pudiese haber tenido el desempeño
del gobierno. Sin embargo, creo que la explicación de los
resultados no puede estar completa si no se considera que en cualquier
competencia, máxime en la competencia política,
debe tomarse en cuenta también, lo hecho por los vencedores. Sin
menoscabo de la satisfacción de quienes en esta elección
resultaron ganadores, y sin ignorar la tristeza y la pesadumbre
de quienes resultamos derrotados, creo que todos, absolutamente
todos, debemos asumir un hecho: México ha completado su
camino hacia la democracia. Tras
un largo proceso que comprendió luchas cruciales de nuestro
pueblo en los siglos XIX y XX, los mexicanos del presente contamos
ahora con todos los elementos que integran una democracia moderna:
garantías individuales, libertades cívicas, sistema
de partidos, elecciones libres y justas, pluralismo y, ahora,
como resultado de la voluntad ciudadana, como resultado de la
voluntad ciudadana, alternancia política. México
está viviendo como nunca antes la democracia. E insisto,
esto es cierto gracias a las luchas de las generaciones de mexicanos
que nos precedieron y gracias, también, a lo que ha hecho
nuestra generación. Es decir, no una persona o grupo de
personas; no un partido o grupo de partidos, sino un conjunto
mucho más amplio, que somos todos los ciudadanos. Es
verdad que iniciamos una nueva etapa y que ese inicio está
marcado por el arribo a la democracia plena. La democracia plena
no cierra oportunidades para nadie, las abre para todos. Esta
nueva etapa también significa, de inmediato, responsabilidades
para todos. Por
lo pronto, para quienes dejaremos los cargos conferidos, significa
la responsabilidad de trabajar hasta el último día
de nuestra función, a fin de asegurar las mejores condiciones
posibles en el país durante la transición gubernamental,
así como efectuar una entrega transparente, ordenada y
eficaz de la Administración Pública. Para
quienes acaban de acceder a la representación popular,
significa la responsabilidad de realizar su tarea legislativa
con visión de largo plazo, debatir los asuntos públicos
con afán constructivo, y resolverlos, en el ámbito
de su competencia, antes que nada con lealtad a la Nación
y sus instituciones. México
debe seguir su marcha hacia un desarrollo pleno. Continuar hacia
ese objetivo demandará la voluntad y el esfuerzo de todos,
y exigirá que sigamos superando retos. El
primero de esos retos consiste en consolidar la democracia alcanzada
y ponerla a trabajar para la consecución de los otros fines
del desarrollo nacional y la realización de las tareas
pendientes. Arribar
a la democracia plena no equivale a su consolidación. Consolidar
la democracia plena requiere profundizar el aprendizaje de su
abc, convertirla en una forma de convivencia cotidiana. Consolidar
la democracia requiere hacer realidad, por fin y para siempre,
lo que desde el año de 1946 estableció el artículo
tercero constitucional: que la democracia sea nuestro sistema
de vida; un sistema fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo. La
democracia vale mucho por sí misma, pero no es la solución
a todos los problemas, sino un mecanismo para resolverlos. Asumida
por todos, la democracia debe servir a las causas que son de todos. La
democracia debe servir para preservar la unidad nacional. La
democracia debe servir para seguir enfrentando y derrotar al crimen,
a la corrupción y la injusticia. La
democracia debe servir para impulsar, no para obstaculizar, las
muchas reformas y transformaciones necesarias a fin de asegurar
permanentemente el crecimiento dinámico y sostenido de
la economía nacional, como medio indispensable de combate
a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades. La
democracia debe servir para apoyar la solución definitiva
de conflictos que mucho han dolido a todos los mexicanos. Ahora
más que nunca, la amenaza de la violencia no es –no
puede ser– un recurso legítimo para luchar por la
justicia social. Para este como para cualquier propósito
político, los únicos medios válidos y útiles
son los que ofrecen la ley y la democracia. Para
que la democracia sirva a estos y a otros propósitos comunes
a todos los ciudadanos, es indispensable que en la nueva convivencia
democrática prevalezcan el diálogo sobre el monólogo,
la racionalidad política sobre la pasión política,
el acuerdo sobre el desacuerdo. Estoy
absolutamente convencido de que una consecuencia del nuevo pluralismo
democrático y de la alternancia en el gobierno como posibilidad
efectiva, debiera ser una construcción menos lenta y sinuosa
que hasta ahora, de los acuerdos políticos indispensables
para continuar la transformación de nuestro país. Por
lo pronto, confío firmemente en que la democracia servirá
para que el próximo gobierno no deje de cumplir, por falta
de apoyo de cualquiera de las fuerzas políticas, ninguna
de las tareas conferidas por el pueblo de México. El arribo
pleno a la democracia es un triunfo de la política, pero
significa igualmente un compromiso enorme para quienes creen y
participan en ella.Es legítimo que cada persona, que cada
grupo, cada partido político, tengan su propio proyecto
político. Pero su realización debe sujetarse a las
reglas y a los propósitos de la democracia y, por lo mismo,
al interés general. Ya
nadie puede asumirse eternamente en la oposición, ni nadie
eternamente en el gobierno. Por
lo tanto, ahora todas las fuerzas políticas, sea en la
oposición, sea en el gobierno, deberán tener un
mayor incentivo para contribuir a los cambios que aceleren el
desarrollo de nuestra Nación. A
todos conviene cuidar la casa. No sólo porque es de todos;
sino porque ahora, cualquiera puede ser responsable de ella. Y
nunca debe olvidarse que esta casa nuestra, esta Patria, México,
no sólo tiene una gran historia, sino que promete un gran
futuro. Por
esa historia que es de todos y por ese gran futuro que merecen
nuestros hijos, confío en que los mexicanos seguiremos
trabajando unidos y con ahínco. Agradezco mucho a las señoras y a los señores legisladores el honor de hablar desde esta tribuna. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias, señor Presidente del Congreso de la Unión.
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