LOS
JÓVENES Y EL PODER De
los varios fenómenos culturales que impactan la evolución
del ser humano en su tránsito cronológico hacia
los diferentes roles de la vida en comunidad, destaca el del poder
público o poder político. Desde las primeras impresiones
de la convivencia, ante el niño están presentes
las imágenes de la organización social en la cual
se desenvuelve y de la autoridad, pero la percepción del
poder político requiere un elemento específico de
comprensión: es capacidad de acción, que puede llegar
a ser irresistible si es necesario, basada en el dato de lo popular,
que la califica y legitima. Por eso es poder público, porque
deviene del pueblo, a través de los distintos mecanismos
constitucionales para incorporar la voluntad popular: las elecciones
(legisladores y ejecutivos, federal y locales; cabildos y presidentes
municipales); la designación corresponsable de los titulares
de una función por los órganos que constituyó
el voto ciudadano (conformación de la Suprema Corte, del
Consejo General del IFE o del Tribunal Electoral), la designación
de servidores públicos dependientes de un órgano
constituido por la voluntad de los electores (secretarios del
despacho, directores de organismos públicos descentralizados
o secretario general de la Cámara de Diputados); o la designación
de funcionarios públicos dependientes de un órgano
constituido por la aludida actuación corresponsable de
otros órganos (magistrados y jueces de distrito en el poder
judicial o directores ejecutivos del IFE). ¿Cuándo
se produce esa percepción? ¿Es un asunto relacionado
con el paso del tiempo? ¿Es una cuestión vinculada
al entorno político, económico, social y cultural
en el cual nos desenvolvemos? Corresponde a los estudiosos de
la cultura cívica, a partir de los métodos de investigación
que aportan la sociología y la ciencia política,
establecer respuestas a esas interrogantes. Estoy cierto de que,
en mucho, se encontrará un cruce en las hipótesis
cronológica y del entorno de las personas para intentar
dar una respuesta al momento en el cual se percibe el fenómeno
del poder público, no sólo en sus manifestaciones
externas, sino en la comprensión de su especificidad. En atención al desarrollo demográfico del país, la población joven que hoy accede a la calidad de ciudadanos, o que accederá a ella en el horizonte de los próximos seis años, constituye un reto mayúsculo para toda formación política. Se trata de un reto doble; asumir la visión que aporten -con sus elementos de pluralidad- al momento político presente, pero también considerar que los jóvenes que votarán por primera vez en 2003 y cuya expectativa de vida rebasará los 80 años, en el 2050 tendrán 65 años, habrán podido sufragar en 8 elecciones presidenciales y serán –de conservarse las tendencias de planeación demográfica– cerca del 25 por ciento del electorado de ese momento. Abordar
ese doble reto es esencial, porque no hay una percepción
política de los jóvenes que vaya mudándose
con el tiempo; más bien puede haber una percepción
política -en términos de generalización-
de generación o derivada de las condiciones con que un
determinado segmento de la población aprecia el fenómeno
del poder público y su ejercicio. En
diversos círculos de opinión y reflexión
se expresa que los jóvenes no votaron por el PRI en los
comicios del presente año. A falta de estudios o documentos
que permitan comprobar esa afirmación, por lo menos cabe
colegir que el joven ciudadano tuvo un comportamiento electoral
que guarda proporción al resto social: no más del
37 por ciento de los jóvenes que acudieron a las urnas
sufragaron por los candidatos priístas (con el ingrediente
de que el análisis de otras elecciones ha acreditado que
en los jóvenes de 18 a 24 años, el promedio de absten-cionismo
es mayor al del resto de los ciudadanos). Ese debe ser, por lo
menos, el punto de partida de la introspección del Partido
en torno al voto de la juventud y el horizonte por venir. Si
aceptamos la premisa mínima del voto de los jóvenes,
en un contexto de sufragios decrecientes en proporción
a los ciudadanos con posibilidad de votar, las interrogantes que
tienden a establecer la razón del comportamiento general
y del comportamiento particular, deben ser necesariamente diferentes,
aunque no excluyentes sino complementarias. No aspiraré
a enunciar ambos rangos, sino tan sólo a apuntar lo que
hace a quienes en una a tres ocasiones (1994, 1997 y 2000) han
ejercido el derecho al sufragio activo. En el conglomerado multicausal
de que no hayamos alcanzado el buen éxito que nos propusimos
para obtener el triunfo en la elección presidencial y la
mayoría absoluta en las Cámaras del Congreso de
la Unión, entre los ciudadanos jóvenes es preciso
detenernos a pensar, sobre todo, en la conciencia que se tiene
de la situación socio-económica de las familias
y las expectativas para superarla –en el supuesto de que
mayoritariamente no es ventajosa. En muchos hogares mexicanos
observamos a jóvenes que aprecian a sus padres –no
obstante una vida de trabajo y sacrificio– como parte de
un sistema político y social que no ha sido capaz de asegurarles
condiciones de bienestar en su etapa productiva y en el retiro.
A partir de esta realidad, el discurso del esfuerzo y el sacrificio
personales puede no decir nada, al tiempo que el atractivo fundamental
radica en obtener –aquí y ahora– los satisfactores
que demandan las concepciones del bienestar que la juventud actualiza
válidamente para sí. Obvio es decir que, en este tránsito, el ejercicio del poder político desgastó a nuestra opción partidaria y que la oferta llana de cambio que se desprendía del solo contraste de ser una formación política distinta a la nuestra, capturó el interés y la atención de muchísimos jóvenes. Ellos esperan resultados y, casi seguro, con espacios de paciencia inversamente proporcionales al ánimo de oportunidades vinculadas con la transformación positiva de sus condiciones de acceso al bienestar. En
este entorno se ubica el trabajo político que los jóvenes
priístas estamos llamados a realizar, a partir del rescate
y revaloración de la política en el Partido y hacia
la sociedad, entendida como actividad vinculada al acceso y ejercicio
del poder público. Al
poder, debemos verlo nuevamente desde una triple perspectiva legitimadora
de la gestión pública del Partido y de los gobiernos
emanados o que emanen de nuestras candidaturas: ¿quién
ejerce el poder?, ¿cómo ejerce el poder? y ¿para
qué ejerce el poder? De la forma en que respondamos a estos
cuestionamientos, podremos alentar que los jóvenes que
sufragaron por nuestro emblema encuentren razones para volver
a hacerlo; que los jóvenes que no sufragaron por nuestro
emblema, encuentren razones para a hacerlo; y que los jóvenes
que sufragarán en próximos comicios valoren nuestra
opción y la sustenten. A
la primera pregunta no debe haber más respuesta que la
democrática; los ingredientes de la participación
ciudadana y del imperio de la regla de la mayoría con respeto
a las minorías, no cejarán en su importancia para
la convivencia política en el Partido y fuera de él.
A la segunda pregunta no puede responderse sino con el camino
de la ley; en los asuntos públicos rige, para quien actúa
y como garantía ante quien se actúa, el principio
de ceñirse a las normas dictadas por los órganos
competentes; así, no hay ejercicio caprichoso del poder,
sino mandatos de ley que pueden obedecerse con sentido democrático.
A la tercera pregunta ha de contestarse con lo que más
apremia hoy en día a la juventud: para beneficio de la
comunidad, entendida en su diversidad y complejidad de intereses
y puntos de vista, muchas veces contrapuestos; no bastan el acceso
democrático y el apego a la ley para que los asuntos que
atañen al poder político queden colmados, es indispensable
que la comunidad alcance los objetivos de desarrollo de toda índole
que se propuso. El desafío está echado: de esta triple concepción del poder público depende, al menos en parte, la posibilidad de sostener y reconstruir las relaciones del Partido con los jóvenes de hoy y del mañana. *Secretario General Adjunto del CEN del PRI.
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