Hacia
la nueva democracia Por
su capacidad de apertura y transformación incesante, la
democracia contemporánea guarda apenas el nombre como referencia
de su origen. Es la concepción universal de ciudadanía
lo que finca las principales distancias del selecto rigor excluyente,
establecido en la remota Grecia. Una ciudadanía sin fronteras,
ésta, con su complementario fervor por las instituciones
que tienden a mundializarse a la velocidad de las hegemonías
empresariales. Además, no existe ningún parentesco
entre la antigua polis y la cultura urbana de nuestros días.
En extinción, el actual fundamento de patria tiende a sustituirse
por apego al Estado de bienestar; y en general es difusa, siempre
dinámica, la responsabilidad burocrática sobre la
red de poderes que están inclinados a desacreditar la función
de los partidos políticos. La
nueva organización democrática se distingue por
la fuerza que adquieren los grupos de presión en una realidad
que necesita definir territorios para ejercer el derecho al voto
y establecer lineamientos republicanos. Empero, aunque la soberanía
popular se conserva en espacios delimitados geográficamente,
las decisiones más importantes dependen del mercado internacional,
cuya expansión rompe fronteras y constriñe, de hecho,
las posibilidades de acción de los ciudadanos. De tal modo
el desarrollo de la democracia para el siglo XXI se anuncia en
tirantez contradictoria entre la oligarquía fusionada a
las mayores potencias y el brote de un individualismo reforzado
por la cultura del libre comercio. Con
ser republicanas las instituciones vigentes, tampoco los ideales
fundadores de la República guardan relación alguna
con lo que sólo podemos identificar actualmente bajo el
término de sociedades abiertas: estructura aún difusa
de vida en común que, no obstante basada en la soberanía
popular, entraña la supremacía internacional de
dominios reales que determinan el destino global de la política
y politizan, de manera simultánea, a las fuerzas discrepantes.
Así la capacidad de gestión, no obstante contar
con instrumentos jurídicos y sociales que garantizan la
seguridad ciudadana, enfrenta grandes obstáculos al desafiar
el control de los dueños del dinero. Al lado de los países
más poderosos es evidente que, en la defensa de sus intereses,
durante el porvenir inmediato los empresarios no aceptarán
equiparar su voto al de los asalariados. La creación de
una Asamblea internacional prefigura una primera respuesta internacional
para resguardar los derechos, aunque es de creer que, de acuerdo
a sucesos ya experimentados por la ONU y otros organismos multinacionales,
prevalecerán las decisiones más duras y cerradas
en contra del espíritu de solidaridad distintivo de los
demócratas. Es
innegable, en este aspecto, que cualquier expresión de
la democracia requiere del establecimiento de fronteras para legitimarse
y después resguardarse a partir, en principio, de un sistema
de control fiscal. El libre tránsito de personas, ideas,
bienes, servicios, tecnologías, capital, mercancías
e inclusive derechos, responsabilidades y toda suerte de agrupaciones
no gubernamentales, sin embargo, condiciona el nomadismo, el desarraigo
social y la evasión tributaria. Tal anticultura, desprendida
de una suerte de república flotante, transterritorial y
extralimitadas en sus derechos, repercute directamente en las
reacciones del hombre urbano quien, dividido a su vez en zonas
de riqueza y miseria, hace ya en la actualidad lo propio para
defender sus cotos de privilegio en una psicología que,
desde los años ochenta, comenzó a identificarse
bajo la terminología del Norte y del Sur, equivalente a
las realidades inconciliables de la riqueza y la pobreza. Una
situación tan aciaga como la que se vislumbra en indicios
desalentadores nos obliga a pensar el destino de la seguridad
ante un panorama que, democrático sólo por el significado
trascendental del Este
fenómeno de desigualdad insalvable entre la riqueza y la
miseria engendrado por las libertades conlleva, paradójicamente,
la causa que imposibilita el anhelado desarrollo de la democracia.
De hecho, el modelo económico que inspira la rápida
transformación de las instituciones republicanas a nombre
de la justicia entraña una injusticia sin precedentes históricos,
aunque de signos dictatoriales. A
la fecha, el mundo discurre rápidamente nuevas formas de
participación ciudadana; pero al mismo tiempo cede a las
presiones de la oligarquía monetaria. Es ésta, por
tanto, la hora del tribalismo y el poder cerrado contra la sociedad
abierta y sus beneficios. Tal peculiaridad, invariablemente en
detrimento de la cultura política, no sólo impide
la práctica de cualquier forma de solidaridad, sino que
está suscitando una tremenda batalla entre los organismos
democráticos. El
margen de acción de la burocracia, por otra parte, no sólo
disminuye con más rapidez que la empeñada en la
búsqueda de respuestas institucionalizadas, sino que prueba
su impotencia para contrarrestar esta caricatura de poder nómada
y sin embargo absolutista. En sus puntillosas observaciones de
este proceso, Jacques Attali advirtió que, de seguir esta
tendencia, quizá los propios partidos políticos
remanentes se infiltren en la democracia para destruirla desde
un supuesto poder gubernamental cuya capacidad de atender las
demandas disminuye de manera irremisible. Y,
su conclusión: «la democracia podría desaparecer
incluso en Occidente». Tal amenaza contra el que se considera
el mejor o menos peor de los sistema de gobierno podría
ciertamente cumplirse en el porvenir inmediato, a menos que se
consoliden no sólo las instituciones, sino especialmente
los instrumentos económicos y sociales para recuperar la
función del Estado y asegurar, sobre todo con las clases
medias, formas de vida responsable y capaces de participar en
la transformación de su entorno con algo más que
el sólo ejercicio electoral. En
contrapunto, el mayor atractivo de la democracia moderna consiste
de anteponer el imperativo de los derechos humanos como condición
de gobernabilidad. En principio, la aspiración de ampliar
nuevas estrategias de participación ciudadana al través
de asociaciones cada vez más representativas, exigentes
y complejas se presenta como garantía de un sistema de
justicia en equidad y con libertades. Empero, la expectativa de
regular el orden de las comunidades locales es mínima en
las condiciones actuales. Los acontecimientos lo indican por sí mismos: el destino de la verdadera democracia depende de la formación de un nuevo político y de otra consciencia de acción partidista. La democracia no puede lograrse sin demócratas y estos, desde su origen remoto, están sólidamente educados en sentimientos de utilidad, fraternidad y solidaridad o se reducen a nada; si acaso, caricatura de acción limitada, gestores y pobres intermediarios entre la necesidad sedentario y el nomadismo de los poderes reales.
Los demógrafos calculan que la población mundial,
hacia el 2030, se estabilizará en torno a los diez mil
millones de habitantes. Abundarán los Como nunca, por tanto, es inminente formar políticos a la altura de la necesidad y recobrar la tarea mediadora de los partidos. No es democracia en estos términos lo que habrá de salvar al planeta, sino la tarea cotidiana, responsable y ética de la nueva política. * Ensayista de origen hindú. Especialista en historia de la cultura.
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