Perú:
el largo camino hacia la democracia La
toma de protesta de Alberto Fujimori para un tercer mandato de
cinco años al frente del gobierno peruano fue tan violenta
que se esperaba. La ceremonia de investidura, enmarcada en la
celebración del 179° aniversario de independencia,
al que se pretendió dar un carácter histórico,
generó en una jornada de violencia iniciada por supuestos
infiltrados del Servicio de Inteligencia Nacional en la denominada
Marcha de los Cuatro Suyos -puntos cardinales del antiguo imperio
Inca-, encabezada por el excandidato presidencial Alejandro Toledo. Fujimori
inicia su tercer periodo de gobierno, tras una década en
el poder, con un país polarizado entre quienes avalan sus
logros y aquellos que rechazan su gobierno por las medidas antide-mocráticas
con las que se postuló a la Presidencia al haber interpretado
la Constitución de 1997 y el polémico proceso electoral
en el que abundaron las denuncias sobre irregularidades, lo que
ha llevado tanto a organismos internacionales, de derechos humanos
y partidos de oposición a cuestionar la legitimidad de
su mandato. Aunque
a nivel internacional no se han producido las reacciones que se
esperaban como las sanciones económicas anunciadas por
los Estados Unidos, si llama la atención que solamente
los mandatarios de Bolivia y Ecuador, Hugo Bánzer y Gustavo
Noboa, respectivamente, decidieran asistir a la toma de posesión,
y que el resto de los gobiernos invitados fueran representados
por funcionarios de segundo o tercer nivel, lo que sin duda no
causó mella en el recién mandatario electo, quien
a lo largo de estos diez años ha demostrado en más
de una ocasión que no está dispuesto a ceder ante
las presiones y mucho menos ante quienes considera sus enemigos. La
postura de Washington frente a Perú, posterior a la controvertida
segunda vuelta electoral, fue un cambio total al grado de manifestar
su disposición de «trabajar» con el gobierno
reelecto. Pero ¿a qué obedeció el viraje
de los Estados Unidos con Fujimori contra quien lideró
las presiones internacionales para exigir, previo a las dos vueltas
de los comicios, un proceso libre y justo y respaldó las
gestiones de la Organización de Estados Americanos (OEA)
para denunciar las irregularidades durante y después del
proceso electoral? La única respuesta podría ser
el Plan Colombia que forma parte de la estrategia geopolítica
de Estados Unidos en la subregión andina, en donde el Perú
del Chino juega un papel importante, si se toma en cuenta que
ha garantizado cierto grado de «gobernabilidad». Alberto
Fujimori ha inaugurado su tercer mandato aferrado a su tradicional
estilo de actuar, confiado en su férreo control sobre los
tres poderes del Estado. Prueba de ello son las denuncias interpuestas
en contra de los organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos,
entre quienes figuran legisladores de oposición que deberán
enfrentar sanciones parlamentarias y denuncias penales por negarse
a legitimar al nuevo gobierno. La
situación para Fujimori no es fácil ya que los costos
políticos podrían ser aún más altos
lo que le dificultará asegurar una mínima gobernabilidad.
Su discurso luego de ser ungido en el Congreso demostraron una
vez más que no está dispuesto a la apertura democrática
o la inclusión de sectores que le son hostiles y que su
compromiso agendado ante la OEA de realizar reformas al sistema
judicial, protección a los derechos humanos y libertad
de expresión, permanecerán en la interrogante. Los
problemas del presidente peruano no se circunscriben sólo
a la esfera política. En lo económico y social también
enfrenta dificultades ya que los intereses de la deuda externa
sextuplican el total de las exportaciones y en el cumplimiento
con los compromisos externos, se calcula que la mitad de la población
vive con menos de un dólar al día y que el desempleo
y subempleo asciende al 63% de la Población Económicamente
Activa (PEA). Aunado
a lo anterior, se rumora que Fujimori ha irritado a la comunidad
empresarial que en otros tiempos fue su aliada y que ahora, como
en el caso particular de las compañías mineras,
importante motor de las inversiones en el país, han amenazado
con cancelar proyectos si no se restauran las concesiones tributarias
que el gobierno eliminó. Es
difícil vaticinar cuanto tiempo le queda al Chino en el
poder, pero por su accionar a lo largo de una década todo
parece indicar que su régimen se convertirá en el
más prolongado de Perú si llega al 2005, año
en el que no se puede descartar podría presentarse nuevamente
como candidato presidencial y permanecer por un nuevo periodo.
Es por ello que la oposición «recalcitrante»
–como la denomina Fujimori– tiene que convertirse en
una opción que permita encaminar y consolidar un verdadero
proceso democrático. Alejandro
Toledo ha propuesto un Frente Democrático Nacional que
agrupe a todos los sectores de oposición. Sin embargo,
el triunfo de este Frente dependerá en buena medida de
su capacidad para presentar y proponer una visión alternativa
a los problemas que aquejan al país y no únicamente
acciones de protesta y movilizaciones callejeras. Esta nueva etapa de Fujimori, que es arriesgado afirmar será la última, promete ser turbulenta. ¿Sabrán los dirigentes de oposición mantener la unidad y el ánimo que los ha guiado en estos últimos meses para construir en los próximos años un orden democrático distinto al que han conocido los peruanos en el pasado? *Secretaria Técnica de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPPPAL.
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