Después
de la alternancia Durante el último sexenio la política mexicana ha estado dominada por la cuestión de la alternancia, convertida en un verdadero mito que condicionaba radicalmente la acción de los partidos de oposición. El objetivo de éstos en cualquier régimen democrático, naturalmente, debe ser lograr que esa alternancia se produzca. Pero en México ese objetivo aparecía como un mito en el sentido de que distorsionaba la agenda política en dos aspectos. En primer lugar, no era posible -desde esa perspectiva- solucionar los problemas más importantes mientras el PRI siguiera ocupando Los Pinos. En
segundo lugar, mientras no se produjera la alternancia no existiría
democracia en México. La
consecuencia del peso de ese mito sobre la oposición era
la imposibilidad o enorme dificultad que encontraba el gobierno
para negociar posibles acuerdos sobre políticas de Estado.
Ciertamente existían factores coyunturales que dificultaban
la negociación, en particular la falta de hábitos
y reglas en una Cámara acostumbrada a funcionar en condiciones
de mayoría absoluta del PRI hasta las elecciones de 1997.
Pero no se puede ignorar la hipoteca que sobre cualquier acuerdo
establecía la prioridad de la alternancia. Puesto que hasta
que ésta no se produjera no existiría democracia
ni se podría ir a la raíz de los problemas, cualquier
acuerdo con el gobierno quedaba deslegitimado como complicidad
interesada con un régimen autoritario, y la oposición
podía rehuir cualquier responsabilidad en la resolución
de los problemas del país. Ahora
ha quedado roto ese círculo vicioso. La alternancia ha
tomado cuerpo a través de un proceso electoral transparente
y ejemplar, que demuestra -aunque difícilmente pueda admitirlo
la oposición de este sexenio que ahora termina- la existencia
previa de condiciones democráticas en México. Nadie
le va a poder regatear al presidente Zedillo el mérito
histórico de haber culminado los 20 años de reformas
electorales que han puesto a estas elecciones a salvo de cualquier
denuncia o sospecha, y dice mucho a favor del presidente electo
que haya sido el primero en reconocerlo así. Pero, como
es lógicamente inevitable, el precio de la alternancia
ha sido la derrota del primer candidato priísta elegido
en unas elecciones primarias que tuvieron amplio eco y respaldo
social, y por ello mismo resulta más dolorosa: parece necesario
al menos reflexionar sobre las causas de esa derrota. Y
en este sentido conviene subrayar un componente casi fatal de
la pulsión de cambio que ha determinado el sentido del
voto de muchos ciudadanos: 71 años son muchos años
en el gobierno, y esta prolongada continuidad del PRI en el poder
convertía a México en una anomalía. Se puede
pensar que ésta es una razón frívola, pero
en un país crecientemente joven era inevitable que pesara
cada vez más, especialmente cuando la globalización
de la información permitía a los jóvenes
mexicanos percibir la singularidad del régimen. Existe
probablemente un importante peso de este factor cultural en el
electorado más joven, y sería un error no tomarlo
en cuenta por su aparente superficialidad. Un
segundo factor es que la crisis de 1995 ha dejado fuertes cicatrices,
especialmente cuando se recuerda la recurrencia de las crisis
-la maldición- de final de sexenio. La vulnerabilidad de
la economía mexicana a los choques externos, manifiesta
además en diciembre de 1994 tras unos años de expectativas
muy altas, ha sido un fuerte pasivo que los electores han endosado
al PRI, sin que los aspectos positivos de su gestión hayan
podido compensarlo. Éste es, por cierto, otro de los aspectos
en el que el presidente electo va a comenzar su mandato en una
situación de notable ventaja: la cautela con la que el
presidente Zedillo ha evitado que el vencimiento de deuda a corto
plazo pueda amenazar la estabilidad financiera durante los meses
de cambio de gobierno. Un
tercer factor, sin duda, ha sido la dificultad para conciliar
dentro de un mismo proyecto a los sectores históricos y
modernos del PRI. Ya la XIV Asamblea demostró la dificultad
de ir sin rupturas a una renovación profunda de la estructura
y los apoyos partidarios, y no conviene ser demasiado voluntaristas
en este aspecto. Tanto la profundización de la renovación
como su estancamiento tenían y tienen altos costos, y la
heterogeneidad de las bases sociales, los cuadros y los planteamientos
políticos dentro del PRI es un hecho indiscutible, que
la identidad histórica del partido ha podido contener dentro
de límites aceptables, pero cuya resolución es manifiestamente
difícil. Ésta es una de las grandes incógnitas
de los meses que se abren tras las elecciones del 2 de julio:
la recomposición del proyecto política y la identidad
del PRI ahora como fuerza de oposición. Vicente
Fox, como presidente electo, se va a encontrar en una situación
extraordinariamente favorable, pero a la vez con unas desmesuradas
expectativas que debe tratar de no defraudar. No sólo no
tiene la hipoteca de unas finanzas desequilibradas o vulnerables,
sino que en principio no tiene razones para temer que la oposición
muestre las mismas reticencias a negociar que el gobierno del
PRI encontró desde 1997. Si bien no cuenta con la mayoría
relativa en San Lázaro, la legitimidad de su victoria electoral
deberá ser una buena base para buscar acuerdos con la oposición
en las grandes políticas de Estado. Y ahora ya, desvanecido
el mito de la alternancia, no hay espacio para rehuir las reformas
necesarias para afrontar los problemas de fondo. Es de esperar
que Fox no caiga en el error de posponer estas reformas en nombre
de la herencia recibida, sino que busque desde el primer momento
el consenso para introducir los cambios necesarios. Durante
su campaña, y tras su victoria, Fox ha insistido en gobernar
para todos los mexicanos y contar con todas las sensibilidades.
Es en la Cámara donde debe cristalizar especialmente esa
intención, y sobre todo frente a problemas que preocupan
a todos los mexicanos. El problema de la inseguridad pública
y la violencia, o la baja confianza en la administración
de justicia, son cuestiones de Estado que exigen un amplio consenso
en su resolución. Pues no se trata tanto de tomar medidas
espectaculares como de diseñar políticas de amplio
alcance en el contexto de una reforma general de la administración:
la falta de preparación y la discrecionalidad de los funcionarios
pueden ser el mayor obstáculo para culminar la modernización
del Estado y la sociedad en México. Pero
éstas son reformas que exigen consenso en su diseño
y puesta en práctica, y sobre todo tiempo para su maduración,
ya que para la obtención de resultados significativos es
necesaria su continuidad más allá de los cambios
electorales. Son, por tanto, políticas de Estado, que no
puede imponer un gobierno sin entendimiento con la oposición
sobre los objetivos y las grandes líneas de actuación.
Y es preciso insistir en que el nuevo gobierno va a contar con
un clima extraordinariamente favorable para introducirlas en la
agenda y ponerlas en práctica con apoyo mayoritario en
el legislativo y en la opinión pública. Las expectativas sociales en la alternancia proceden probablemente de un equívoco, pero eso no disminuye la importancia de esas expectativas. La experiencia de otros países demuestra que la incapacidad del sistema de partidos para ofrecer resultados satisfactorios puede dar origen a una peligrosa situación de desconfianza social hacia la política democrática, en la que la irresponsabilidad de líderes ajenos a ese sistema puede hacer vacilar la estabilidad de las instituciones. El candidato Vicente Fox realizó durante su campaña promesas de difícil cumplimiento y recurrió a veces a una retórica discutible: como presidente electo, en cambio, ha sabido estar desde el primer momento en su papel: cabe esperar que no defraude a quienes confiaron en él ni al conjunto de las mexicanas y mexicanos. *Escritor y analista político español.
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