APROXIMACIONES
AL 2 DE JULIO Los
pueblos de por sí son deferentes, Pocos
partidos políticos en el mundo pueden sentirse tan satisfechos
de la labor realizada desde el gobierno, como el PNR-PRM-PRI en
sus 71 años de ocupar la presidencia de la República.
La hazaña del PRI puede sintetizarse en una frase: haber
conducido a México de una sociedad tradicional a un mundo
moderno sin el totalitarismo socialista o el autoritarismo franquista,
mucho menos con la brutalidad de las dictaduras militares de Sudamérica. Hoy,
por voluntad de una mayoría de los electores que acudieron
a las urnas, perdimos la presidencia, pero no la confianza de
la mayoría de los mexicanos. Seguimos siendo el partido
político que, sin alianzas, obtuvo el mayor número
de diputados y senadores. Seguimos contando con el mayor número
de gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales.
Somos un partido de masas organizadas en una estructura nacional
que ningún otro partido posee. Gracias
a ello tenemos tanto un acervo histórico envidiable que
nos confiere legitimidad como una presencia en la sociedad que
no depende de arrebatos efímeros, apiñados en torno
a una persona. A
pesar de ello, los resultados electorales fueron un golpe que
cimbró al partido. Acusaciones, negras sospechas y enfrenta-mientos
han surgido más como resultado del shock que de la reflexión,
sin que ésta haya estado ausente. Estas líneas buscan contribuir al análisis de porqué perdimos la elección presidencial. Como toda reflexión primeriza no pretende ser exhaustiva y mucho menos definitiva. La reflexión sobre lo acaecido debe revestir un carácter colectivo debido al sinnúmero de temas que abarca pero, a la vez, es tarea inaplazable ya que sólo un diagnóstico acertado permitirá recuperar la presidencia de la República. La hazaña del PRI El
siglo XX fue el siglo de la Revolución mexicana. La Constitución
de 1917 preservó los elementos liberales de 1857 en lo
que se refiere a la forma democrática, republicana y federal,
a las garantías individuales, pero incorporó, por
vez primera en la historia de las constituciones modernas, las
garantías sociales. También conservó la libertad
del mercado, pero recuperó para la nación la vieja
prerrogativa de la Corona española: los derechos originales
de propiedad sobre el subsuelo, así como sobre la tierra
y las aguas, prerrogativa sobre la cual se fundó el derecho
del Estado a imponer limitaciones a la propiedad privada. México
había descubierto «la tercera vía». Una
revolución puede transformar, de inmediato, el marco jurídico
de un país, pero no una sociedad. Ni la democracia ni el
desarrollo económico se logran por decreto; menos la igualdad
y el bienestar social. Ninguno de estos objetivos es excluyente
de los otros, pero los medios para alcanzarlos son diferentes
y en ocasiones pueden, al menos temporalmente, ser incompatibles. Sólo
la política, como arte que es, puede ir privilegiando los
derechos del individuo o los del Estado, las exigencias del buen
funcionamiento del mercado con las de la distribución del
ingreso, los reclamos democráticos y étnicos con
los requerimientos del orden y la preservación de la unidad
nacional. Todos son derechos legítimos y necesarios para
el buen funcionamiento de la república pero, dado que los
recursos son limitados, no se puede alcanzar el ejercicio de todos
estos derechos en forma inmediata y mucho menos en forma cabal. La
política requiere, ante todo, de políticos que ambicionen
el poder y luchen por él, pero también de reglas
aceptadas por todos que permitan regular la competencia. De lo
contrario, ésta se convierte en enfrentamiento violento
en donde se impone la fuerza, no la política y menos la
voluntad de los ciudadanos. En el México de los años
veinte carecíamos de un sistema que regulara la lucha por
el poder y que asegurara su transmisión pacífica,
pero, más grave aún, carecíamos de ciudadanos
que arbitraran con su voto la lucha por el poder. La
idea genial de Plutarco Elías Calles fue agrupar a todas
las fuerzas revolucionarias, y más genial aún fue
lograrlo para combatir al enemigo común: la reacción
de un lado y la anarquía del otro. La primera no era un
mito. Cuando se creó el PNR los cristeros habían
estado en lucha desde 1926 y los patrones habían creado
la Coparmex para oponerse a la reglamentación del artículo
123. El riesgo de anarquía tampoco era un mito. No sólo
fueron las rebeliones de 1923, 1924 y el asesinato de Obregón.
En 1929, cuando se encontraba reunida la Asamblea Constituyente
del nuevo partido, estalló la revolución escobarista. Asegurar
la transmisión pacífica del poder y crear un sistema
político que regulara la lucha para alcanzarlo no fue la
única hazaña del PRN-PRM-PRI. También lo
fue, y no de menor envergadura, promover el surgimiento de partidos
políticos de oposición mediante sucesivas reformas
políticas, así como de ciudadanos reales mediante
la educación, la urbanización, la industrialización,
las comunicaciones, etc. En suma, haber hecho de una sociedad
rural, aislada, con valores tradicionales y sin prácticas
ni cultura democráticas, otra moderna, laica y democrática. La
magnitud de la tarea sólo puede medirse por comparación
con lo acaecido en Latinoamérica, incluso en sociedades
que en 1910 se encontraban más desarrolladas que México. En otro trabajo analicé el concepto de «transición a la democracia» elaborado en España a la muerte de Franco y concluí que no era aplicable a México. Baste señalar en este espacio que no se requirió de ninguna modificación al marco jurídico (como fue necesario en España, en los países socialistas y en las dictaduras militares) para que la oposición ganara la presidencia de la República. Cabe preguntarse entonces el porqué de la utilización abusiva de este concepto que legitimó una irracional campaña electoral que estuvo dominada no sólo por el desconocimiento en bloque de lo realizado por los gobiernos priístas, algo propio de una campaña, sino por la desnaturalización de su obra, su deformación deliberada. Más delicado resultó que algunos sectores de la sociedad, en particular los más beneficiados del desarrollo, lo hayan asimilado como dogma de fe. Tal fue el caso de muchos académicos y en general de una clase media poco interesada en la participación política y básicamente ayuna de conocimientos elementales en la materia. Desafecto, indiferencia o rechazo Los
casi 16 millones de votos obtenidos por el candidato triunfador
fueron inferiores en un millón a los alcanzados por el
candidato del PRI hace seis años, a pesar del aumento en
el padrón. Además, no votó más de
una tercera parte de los electores y el voto por el PRI y el PRD
en conjunto fue muy superior al del PAN. No puede hablarse, por
consiguiente, de una victoria aplastante y menos si se considera
la composición del Congreso, mencionada en la introducción
de este artículo. Sin
embargo, esos 16 millones de votos derrotaron al candidato del
PRI, a pesar de que la mayoría de las encuestas, incluyendo
la última del diario Reforma, otorgaban una ligera ventaja
a Francisco Labastida. Ciertamente esta ventaja, que al inicio
de la campaña era muy amplia, se fue reduciendo. Pareciera,
por consiguiente, que una buena parte de los electores fieles
al PRI no acudió a las urnas, mientras que sí lo
hicieron sectores que en otra ocasiones se abstenían. También
pudo ocurrir que un importante grupo de perredistas haya transferido
su voto al PAN para elegir Presidente de la República. En
cualquier caso, nos enfrentamos a una disímbola alianza
de sentimientos, que no de intereses, que se propuso eliminar
al candidato del PRI a como diera lugar. Más
que buscar en las personalidades de los candidatos, o en las bondades
de la publicidad, las causas del triunfo de uno y la derrota del
otro (factores que jugaron un papel importante) conviene hurgar
en nuestro pasado reciente algunas razones que hicieron posible
que el supuesto «cansancio» del PRI generara tácitas
alianzas contra natura. Nuestro pasado reciente, los último 30 años, conoció dos etapas claramente diferenciadas. Una comparación, aunque sea sumaria, entre los periodos 1970-1982 y 1983-2000 permitirá apreciar la magnitud y profundidad de los cambios realizados. Primera etapa Al
asumir la presidencia el Lic. Luis Echeverría, México
vivía una situación explosiva ya que, de un lado,
la población crecía a una tasa del 3.5% anual y,
del otro, la industria, bajo los moldes tradicionales, veía
limitado su crecimiento. En el campo el aumento de la población
impidió seguir dotando de tierras a los campesinos, lo
cual llevó al parvifundismo. La ineficacia económica
de la agricultura y de la industria, además de limitar
el empleo, tendía a mantener bajos los salarios. A todo
lo anterior había que sumar las secuelas del movimiento
estudiantil. Contra
lo que se supone habitualmente, Echeverría intentó
abrir la economía e incrementar las exportaciones de productos
mexicanos, como lo manifestó en Estados Unidos su entonces
joven subsecretario de la Presidencia, Muñoz Ledo, en mayo
de 1971, y como lo mostró la creación del IMCE y
los viajes del presidente al exterior. Las
circunstancias exteriores no eran propicias. De un lado, Estados
Unidos enfrentaba serios problemas en su balanza de pagos que
lo obligó a devaluar el dólar y a imponer, en agosto
de 1971, una sobretasa del 10% a todas sus importaciones. Los
esfuerzos mexicanos para obtener una dispensa, con base en «la
relación especial» que se suponía existir
entre los dos países, no tuvieron éxito, como tampoco
las gestiones para acceder a los mercados del Tercer Mundo, a
pesar de la retórica de solidaridad y fraternidad. Los
problemas políticos urgían para retomar rápidamente
el crecimiento económico. De ahí, que se recurriera
a un mayor gasto público para estimular la demanda interna,
aumentar el empleo y el ingreso, ya que los mercados externos
permanecieron inaccesibles. De ahí también el papel
creciente del Estado en la economía y el intento de revivir
la cultura de la Revolución mexicana. A pesar de las considerables
reservas petroleras, éstas no alcanzaron a extraerse para
financiar el gasto público, lo que condujo al endeudamiento
externo, a la inflación y a la devaluación de 1976,
la primera en 20 años. En el siguiente sexenio, 1976-1982, el esfuerzo por continuar creciendo en el marco de una economía cerrada no tuvo éxito, a pesar de los enormes recursos que se obtuvieron por los ingresos del petróleo, que llegaron a representar el 90% de las exportaciones mexicanas. A pesar de la gravedad de las crisis económicas de 1976 y 1982, y de sus repercusiones en el empleo y el ingreso, no asistimos, en ninguno de esos finales de sexenio, a un desafecto por el PRI como se vivió en la campaña electoral de 2000, quizá debido a que las creencias políticas no se tocaron, como señalaba el politólogo Guy Hermet en la cita del inicio del trabajo. Segunda etapa En
el periodo 1983-2000 se llevó a cabo la ya inaplazable
apertura de la economía, lo que implicó cambiar
el papel del Estado, la naturaleza de las tareas gubernamentales
y, por consiguiente, al personal responsable de ejecutarlas. Sería
imposible, en este espacio, analizar a fondo la amplitud y profundidad
de los cambios realizados. Sin embargo, algunos ejemplos pueden
proporcionar los trazos principales del cuadro. Nadie
puede objetar la necesidad de sanear las finanzas públicas
y ello se puede hacer simultáneamente aumentando los ingresos
y / o disminuyendo los egresos. El énfasis ha sido puesto
en la segunda opción y, así, se procedió
a la venta o liquidación de empresas estatales, a la reducción
del personal ocupado en el aparato gubernamental y a la cancelación
de subsidios al consumo que fueron calificados de «onerosos
y generalizados». Las
dos primeras medidas enviaron un mensaje claro de que el empleo
no dependería en lo sucesivo del Estado, sino del mercado.
La eliminación de los subsidios, a su vez, indicó
que el consumo popular sería también un problema
de oferta y demanda. La rapidez y eficacia con que se procedió
a la disminución de los egresos contrasta con la lentitud
y torpeza con que se han llevado a cabo las reformas fiscales
y el combate a la evasión a fin de aumentar los ingresos. También
es difícil objetar la necesidad de desregular la economía,
eliminar disposiciones innecesarias que fomentaban la corrupción,
así como reducir y simplificar trámites. Todo ello
abatía lo que, pomposamente, se denomina «costos
de transición» y permitía, además,
la utilización de nuevos materiales, como envases y empaques
que abarataron el precio final de los productos. Hasta aquí
muy bien, pero de ahí a hacer de un simple proceso administrativo
un dogma de la nueva economía para generalizarlo es dar
un paso muy importante. Así, el nuevo dogma se aplicó
a ciegas a otros ámbitos de la actividad productiva, como
el bancario. El deliberado abandono de la supervisión y
el control de las operaciones de los bancos nos llevó a
la necesidad del Fobaproa, que requirió subsidios fiscales
muy superiores al concedido a la tortilla. Nuevamente
el mensaje era muy claro: se daba preferencia al mercado y se
olvidaba el papel rector del Estado, establecido en la Constitución.
En su lugar se adoptó la tesis del Estado «promotor».
Una simple revisión de los documentos de la Secretaría
responsable permite constatar que sus programas de desarrollo
se limitaron al fomento y la promoción o a propiciar y
estimular diversas actividades, sin ningún compromiso de
la Secretaría, salvo desregular. Nuevamente el mensaje,
en particular a los pequeños y medianos empresarios, fue
que, en lo sucesivo, el éxito dependía de su capacidad
de competir en el mercado y no de la protección del Estado,
del otorgamiento de créditos blandos o de estímulos
fiscales. Huelga comentar que los funcionarios responsables de
las acciones promotoras carecieron del tiempo, el entusiasmo o
la dedicación para hacerlo. Y
con ello se abordará un segundo aspecto del tema, el del
personal responsable de las tareas gubernamentales. En un estudio
reciente la profesora I. Rousseau analiza el perfil de la nueva
élite en el poder, desde 1983. A grandes rasgos puede afirmarse
que su origen social es más elevado, que se educó
en instituciones privadas y que realizó estudios de postgrado
en Estados Unidos. Este grupo, identificado como tecnócrata, calificado de neoliberal, tenía que entrar en conflicto con la clase política. Pero lo que hubiera sido rivalidad se convirtió en acre enfrentamiento por muchas de las orientaciones de la nueva élite: un desconocimiento insolente de la historia de México, un desprecio manifiesto por la Revolución mexicana y su herencia y, sobre todo, una ciega admiración por el modelo estadunidense, acompañado de una ignorancia supina acerca de los procesos de modernización llevados a cabo por otros países como los europeos y los latinoamericanos que son más ilustrativos del esfuerzo modernizador mexicano, liberal en el siglo XIX y priísta en el XX. Repercusiones del jalón modernizador Al
modificarse el papel rector del Estado se abandonó a su
suerte a las clases populares, que en el nuevo lenguaje se denominó
consumidor y cuyo bienestar dependería, en lo sucesivo,
de que encontrara productos de precio y calidad «acordes»
a sus necesidades. A
los pequeños y medianos empresarios se les prometió
que se convertirían en los nuevos agentes del desarrollo
y que el Estado apoyaría su iniciativa, pero ni su cultura
productiva los preparaba para desempeñar su nuevo papel,
ni las políticas promotoras suplieron insuficiencias o
deficiencias. A
todos los mexicanos, sin distingo de clase, ocupación o
profesión, se les pidió que aumentaran su competitividad
para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades
que ofrecía el nuevo modelo económico, pero los
programas de capacitación para y en el trabajo han tardado
en ponerse en práctica. El
cambio en el lenguaje manifestó claramente la modificación
de valores y creencias que habían regido, durante varias
décadas, el desarrollo económico. Naturalmente las
repercusiones de este cambio sólo se hicieron sentir lentamente,
cuando los requisitos de los nuevos empleos eran más elevados;
cuando el empresario, con independencia de su tamaño, se
percató de su falta de competitividad; cuando los estudiantes
y egresados de las universidades públicas percibieron que
su formación o la carrera estudiada dejaba mucho que desear. Todo
ello no podía dejar de causar un malestar difuso, un desasosiego
íntimo, un vago sentimiento de frustración personal.
Justamente el carácter indefinido de esos sentimientos
impedía, en el ciudadano común y corriente, en particular
de clase media con aspiraciones de ascenso social y de mejoramiento
económico, formular un diagnóstico acertado, identificar
el jalón modernizador experimentado por el país
y tomar las medidas (capacitación, adiestramiento o estudio)
para salir adelante. En
lugar de ello se buscó un chivo expiatorio en el cual descargar
frustraciones individuales y rencores colectivos, ¡y qué
mejor que el PRI! Su larga permanencia en el poder, las historias
de corrupción reales y las de fantásticas e imaginarias
fortunas alimentaron la irracionalidad colectiva que desembocó
en expresiones como «más de lo mismo», cuando
todo había cambiado, en la falsificación de cifras
acerca del número de pobres, en los juicios generales sobre
la educación y los servicios de salud... todo lo cual desembocó
en la expresión «sacar a patadas al PRI de Los Pinos». En cambio nadie quiso reparar en los programas y plataformas del «cambio». Quizá se hubieran percatado de que ahora sí vendrá «más de lo mismo», un neoliberalismo sin los atenuantes de «la tercera vía» con la que el PRI supo conducir al país a lo largo del siglo XX en su larga marcha a la modernidad. Conclusión La
descripción de algunos de los trazos con que se llevo a
cabo el jalón modernizador de los últimos 18 años,
a los que habría que añadir las crisis económicas
de 1986 y 1994, permiten apuntar que el cambio de modelo de desarrollo
afectó intereses económicos y creencias básicas
de la sociedad que eran consideradas pilares de la cultura política
mexicana, como fueron el nacionalismo, la relación con
las Iglesias, el denigrado y ahora añorado paternalismo,
y varios temas más que exigirían otro trabajo. Nada
de lo anterior invalida la necesidad de que México abriera
su economía, se vinculara con otros países y regiones
e hiciera un gigantesco esfuerzo por aumentar su competitividad.
Lo que no queda claro, fue la necesidad de afectar el papel del
Estado, la legitimidad de la Revolución mexicana y el papel
del Partido Revolucionario Institucional, quien pagó la
mayor parte de los costos del jalón modernizador, el último
la pérdida de la presidencia de la República. Dicho lo anterior, sólo queda preguntarse por el futuro, un futuro que aparece promisorio, en lo económico, para aquellos que puedan adaptarse a las crecientes exigencias de la competitividad y frustrante para los que no puedan recibir una capacitación o una educación de calidad. Existe el gran ries go
de que se acentúen las diferencias entre personas y empleos,
entre empresas y regiones del país, si no hay una enérgica
y deliberada política del Estado. En
lo político, dada la composición de fuerzas, el
futuro es incierto. El riesgo de tomar el camino venezolano es
muy grande. Y esto no es una suposición. El candidato triunfador
declaró a La Jornada que era necesario un nuevo pacto social,
ya que desde 1917 no se ha modificado. M. Ledo será el
responsable de «la mesa de la transición» que
estudia ya el proyecto de nueva Constitución. Por lo pronto
ya afloró el diferendo con el poder judicial. El
camino venezolano comenzaría con la inclusión del
referéndum en el actual texto constitucional para que el
futuro presidente, dirigiéndose al ciudadano por encima
de los partidos, comenzando por el propio PAN, pueda derogar el
marco jurídico vigente, cuando éste no fue el mandato
electoral. Las responsabilidades del PRI y de otros partidos de oposición en los próximos años, aunque diferentes, serán mayores y en primerísimo lugar defender el orden jurídico. De ahí la importancia de no dilatar el análisis de la situación a fin de acometer las próximas tareas. El autor de estas líneas sólo desea haber contribuido al esfuerzo de reflexión colectivo que hoy inicia examen. *Escritor y analista político. Fue investigador y secretario del Colegio de México. *Político, diplomático, legislador.
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