Perú:
crisis electoral La sombra de las irregularidades presentadas durante la primera vuelta de las elecciones del pasado 9 de abril en Perú, que dejaron en duda la confiabilidad de los comicios para la segunda vuelta electoral, orillaron al candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo a declinar su participación en las elecciones del 28 de mayo y a solicitar el aplazamiento de las mismas hasta el 18 de junio, poniendo contra la pared al gobierno del candidato-presidente Alberto Fujimori. Aunque Toledo ya había amenazado con una posible retirada, pocos pensaban que fuera a abandonar la contienda una semana antes de la jornada electoral. Sin embargo, su declinación no fue fortuita, la Organización de Estados Americanos (OEA) había declarado en su último dictamen que no existían garantías para una clara contienda democrática, con lo que puso nuevamente en tela de juicio la actuación de las autoridades electorales, que se negaron a posponer la fecha de los comicios. La desconfianza en la transparencia de las elecciones no es infundada. A más de un mes de haberse presentado la denuncia sobre la presunta falsificación de firmas para la inscripción del Frente Nacional Independiente Perú 2000, que junto con tres grupos más respaldan la postulación de Fujimori para un tercer mandato consecutivo, ésta aún no ha sido aclarada, como tampoco han sido corregidas las insuficiencias e inequidades que prevalecieron en la primera vuelta electoral denunciadas por los organismos internacionales de observación electoral. En palabras del propio mandatario, las recomendaciones de la OEA "no se cumplieron porque no eran necesarias o contravenían las leyes del país". Sin embargo, no fue el mismo Fujimori quien transgredió la Carta Magna lanzando su candidatura para otra reelección la cual le estaba prohibida, generando movilizaciones sociales de protesta, que si bien en su momento no fueron enormes, ahora junto con las organizaciones políticas encabezadas por Toledo podrían adquirir otra magnitud y provocar una mayor desestabilización en el país. El proceso electoral peruano inició viciado, pero la misma participación de los partidos de oposición legitimaron la candidatura inconstitucional de Fujimori, quien a lo largo de sus diez años de gobierno ha logrado hacer creer que su poder es inagotable. Muchos peruanos aseguran que su país vive bajo formas dictatoriales con rasgos democráticos en donde el régimen fujimorista controla los medios de comunicación, el Poder Judicial, la Junta Nacional Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros poderes del Estado. La crisis política por la que atraviesa Perú solo puede explicarse a partir de la falta de autonomía de las instituciones y la creación de una estructura de poder surgida luego del golpe de Estado presidencial que acabó con la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, hay un hecho que podría marcar el futuro panorama político de Perú como es la conformación del nuevo Congreso que asumirá sus funciones el próximo 26 de julio, en donde el oficialista Perú 2000 no cuenta con la mayoría absoluta, lo que obligará a Fujimori a negociar con algunos de los partidos opositores que en coalición con Perú Posible representan la mayor fuerza política en el Congreso. Otro autogolpe de Estado no sería posible, ya que Fujimori correría el riesgo de quedar aislado de la comunidad internacional y de sufrir sanciones económicas. Todo indica que el actual mandatario se presentará como candidato único en la segunda vuelta electoral del domingo 28 de mayo y que logrará reelegirse con el apoyo de sus seguidores. Los llamados que ha realizado la oposición para que la población se abstenga de votar muy difícilmente tendrán la respuesta que esperan ya que imperará el miedo a las advertencias que han comenzado a difundirse sobre las obstrucciones administrativas y el cobro de multas. La actual crisis que viven los peruanos es sin duda la expresión más grave de los conflictos por los que atraviesan diversos países de América Latina. Por ello, lo más viable es que las partes lleguen a acuerdo para evitar una mayor desestabilización política y social ya que de lo contrario llegaría a repercutir en el resto de los países de la región, principalmente los andinos, cuya situación es preocupante. *Secretaria Técnica de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
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