EL
PAPEL DEL GOBIERNO, LOS PARTIDOS , LOS CANDIDATOS, LOS MEDIOS
Y LA SOCIEDAD El
Estado Nación tiene como elementos fundamentales la población,
el territorio, el gobierno y el orden jurídico. La aparición
de los partidos políticos en su concepción moderna
es relativamente reciente, sus orígenes son situados en
el gobierno parlamentario en oposición al origen divino
del monarca, entendido éste como fuente de legitimidad
de su poder soberano. El
nacimiento del Estado Nación que hoy es México,
a su vez, tuvo rasgos parlamentarios, como lo muestra la Constitución
de Apatzingán de 1814. Se trata, desde luego, de un texto
con un valor simbólico, el que corresponde a un antecedente
muy importante en la lucha por la independencia nacional, pero
que propiamente no llegó a constituir la base de un gobierno
más que localizado en los lugares de su predominio militar,
fugaz y trashumante. Dicho
documento fundador estableció una república parlamentaria
con un poder ejecutivo de tipo directorial, es decir, colegiado
y rotativo. Iniciada la República después de los
escarceos imperiales, la inestabilidad y la guerra civil fueron
las experiencias más señaladas, hasta llegar, durante
el siglo XIX, a los gobiernos encabezados por presidentes fuertes
que consolidaron su poder institucional con la fuerza de las armas,
particularmente dos de ellos: Benito Juárez y Porfirio
Díaz, de entre los cuales Juárez emerge y permanece
por su intransigente respeto a la legalidad republicana, en la
paz y en la guerra. En
el siglo XX, después de la Revolución de 1910, la
consolidación de las instituciones, marcadas con una clara
preocupación social derivada de los fracasos del liberalismo
décimonónico –particularmente en el caso de
la tenencia de la tierra en el campo, que propició el despojo
y la concentración de la propiedad-, ha conocido un largo
recorrido caracterizado por el perfeccionamiento de las instituciones
democráticas y su relación con las fuentes reales
de poder -permanentes, emergentes y oscilantes. El
riesgo del militarismo fue superado gracias a la conducta patriótica
e institucional de los presidentes militares, entre los que destacan,
a su vez, los generales Lázaro Cárdenas del Río
y Manuel Avila Camacho. Los gobiernos encabezados por presidentes
civiles, a partir del presidente Miguel Alemán Valdés
y hasta la fecha, han contribuido al fortalecimiento de un sistema
de partidos políticos, hasta llegar al escenario presente,
plural y competitivo, cuyo rasgo esencial es la posibilidad real
de alternancia entre los diferentes partidos políticos
que compiten a los cargos de gobierno sustentados en la elección
popular. La
aportación de nuestro partido ha sido, como la obra de
Juárez, ejemplar en la paz y en la guerra pero ahora político
partidista, para señalar así, de manera metafórica,
la etapa de predominio de un partido político surgido de
la lucha armada y la otra etapa, la presente, de civilidad en
una competencia basada en los principios de igualdad y equidad. En
el escenario actual, sostengo que la gobernabili-dad democrática
debe tender a un pluralismo partidista moderado, de entre cuatro
o seis partidos políticos nacionales, a fin de asegurar
la representativi-dad y capacidad de gestión que tengan
los partidos con representantes populares electos, para lograr
la culminación de sus reivindicaciones. Sostengo, por lo
tanto, que ni la polarización que entraña el bipartidismo
ni la pulverización que implica un pluralismo desbordado,
pueden ser convenientes para una adecuada gestión de las
legítimas y diversas -sin duda en ocasiones antagónicas-
demandas de la sociedad mexicana. El principio o estrategia –en el artículo 89 constitucional es un principio normativo– de cooperación internacional para el desarrollo, se convirtió en una interrelación que ha conducido a las zonas de libre comercio e, incluso, a formas supranacionales de gobierno colectivo. Hoy, más que nunca, las fronteras de las naciones han sido derribadas por la tecnología, particularmente en el caso de los intercambios financieros y los medios de comunicación. Sin
duda las fuentes reales de poder son oscilantes y, paradójicamente,
virtuales. El poder civil emergió de entre los revolucionarios
triunfantes. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
de la Unión hubo de ser reformado para señalar,
expresamente, la prohibición de asistir con armas a las
sesiones de las Cámaras. Esta disposición, por cierto,
ahora anacrónica para fortuna nuestra, permanece vigente.
En
ese movimiento pendular de las fuentes reales de poder que contribuyen
a configurar la acción del Estado, los medios de comunicación
se ubican en un lugar central. El perfeccionamiento de los instrumentos
legales de control de la competencia electoral se acerca a una
nueva etapa, correspondiente a la democracia interna, en el caso
del financiamiento y la difusión de las campañas
electorales para lograr la postulación de sus candidatos.
Ha llegado también el momento de centrar nuestra atención
en los medios de comunicación, cuyo impacto en la lucha
político electoral es indudable. En
todos los casos, el juez de la última instancia se encuentra
en la sociedad, que se manifiesta en el voto a favor o en contra
de un partido político, en la compra de uno u otro medio
de comunicación impreso o al encender, apagar o cambiar
de canal el televisor. La gobernabilidad democrática entraña, pues, una síntesis equilibrada y en armonía de la contribución de los actores sociales reseñados, que permita la consecución de los objetivos del Estado nacional. Los Constituyentes de Apatzingán consignaron -en un artículo de su obra- que dicho objetivo era la felicidad del pueblo. Con más realismo pero con igual ambición, los priístas proponemos que el poder sirva a la gente. *Coordinador de la Diputación Federal por el Estado de Puebla y Secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
|
