GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA: PESOS Y CONTRAPESOS ¿Será
acaso delirante afirmar que la vida actual se mantiene en su anacrónica
atmósfera de caos, de desorden, de locura crónica,
de deshonestidad buscada cual bufones medievales, de afirmación
permanente de que al mundo lo estamos depredando y de que los
gobiernos están al servicio de las grandes compañías
transnacionales? La
pregunta parece mal intencionada u ociosa pues los gobernantes
son –en principio– quienes mejor deben saber acerca
del quehacer político-administrativo, de leyes, de ética,
de economía, de planes y de programas de gobierno. Aunado
a lo anterior, por principio de honestidad y responsabilidad,
los gobernantes deben ser individuos preparados técnica
y académicamente, además de ser mujeres y hombres
con vocación y sensibilidad de servicio pues son -en principio.
Los representantes del sentimiento popular y los conductores políticos
para lograr la oportuna satisfacción de las demandas y
necesidades sociales de manera honesta, congruente, eficiente
y eficaz. Por
lo mismo, parecería ocioso afirmar que ya no hay mucho
qué hacer y solo nos queda esperar al cataclismo político
final. Es
más, sin el ánimo de perturbar el conformismo larvario
de los pesimistas, hay quienes consideran que ya no es necesario
o deseable instrumentar nuevas reformas políticas al país,
ni pensar acerca de la gobernabilidad y los pesos y contrapesos. Empero,
existe en el mundo de las ideas políticas el ideal permanente
de augurar el advenimiento del digno acompañamiento de
la vida gobernable con una democracia legítima sustentada
en la participación ciudadana que reconfigure pesos y contrapesos
y, en consecuencia, mayores posibilidades de una vida digna para
todos. La
propuesta de la reflexión se origina en el mismo espíritu
que inspiró a pensadores tales como Tocqueville que plantearon
ideas de lo que hoy denominamos, entre otras, la división
de poderes, con el objeto de evitar que los gobernantes se sientan
mesías omnipotentes que pueden de todo y con todo. La
división de poderes obedece a cuatro razones fundamentales.
La primera –y probablemente la más importante–
es la permanente desconfianza que sienten los gobernados de sus
gobernantes. La segunda a la necesidad de organizar el trabajo
gubernamental, con el fin de facilitar el desempeño de
las funciones de las autoridades y lograr con ello una gestión
más eficaz. La tercera tiene como razón de ser la
garantía política de que quien promulga las leyes
no las ejecute y mucho menos que el responsable de realizar y
materializar los actos de gobierno sea quien procure, administre
o imparta injusticia. La cuarta –y no por eso menos significativa–
es la razón político-administrativa de que la gobernabilidad
se sustenta en pesos y contrapesos entre los poderes ejecutivo
y legislativo con lo cual se abren dos posibilidades. La primera
es que, en un momento dado, se viva en lo que se ha denominado
«gobiernos divididos», es decir que la titularidad
del poder ejecutivo la asuma un individuo de un partido político
«X» y la composición del poder legislativo
sea predominantemente mayoritaria de un partido diferente. La
segunda es la usualmente llamada «gobiernos unificados»
cuya característica es que en los poderes ejecutivo y legislativo
impere el mismo partido político. En cualquiera de ambos
casos lo que otorga legalidad y legitimidad al proceso político
es la decisión soberana y democrática del pueblo. La
división de poderes es, entonces, lo que comúnmente
se denomina «pesos y contrapesos». Lo cual significa
tender los lazos de articulación y enlace que disminuyen
la brecha de la desconfianza entre gobernantes y gobernados, pues
la representación de intereses entre los diversos actores
políticos y la diversidad de singularidades de una sociedad
obligan a la conciliación de soluciones y negociaciones
políticas entre las partes involucradas, lo cual crea una
democracia incluyente, participativa y plural. El
más influyente teórico de la división de
poderes es, sin duda, Montesquieu, quien vislumbró la amenaza
de la degeneración del absolutismo en despotismo. Por ello
planteó la siguiente pregunta: ¿Existe acaso un
medio operativo y organizativo apropiado para conjurar ese peligro?
La respuesta la encontró en la división de poderes,
pues consideró que ésta es un freno contra la corrupción,
el principio de los contrapesos es el elemento del buen gobierno
y virtud contra el ejercicio arbitrario del poder, pues la ventaja
del acotamiento de las funciones garantiza la representación
de la soberanía nacional. Los
norteamericanos Adams, Jay, Hamilton y Madison acogieron las ideas
de la división de poderes y en largas discusiones sobre
el ejercicio del poder y la democracia propusieron instrumentar
en la naciente unión americana un equilibrio de «checks
and balances»; es decir de controles y contrapesos que les
permitiera sentar las bases para vivir y convivir con actos formales
de gobernabilidad y, en consecuencias, lograr la consecución
de su proyecto nacional. La
idea de la gobernabilidad en las democracias modernas sigue sustentándose
en la división de poderes que se manifiesta en la interdependencia,
la intercomunicación, la interconexión y la interrelación
de los poderes fácticos con el objeto de garantizar que
la mayoría no se convierta en una dictadura que someta
a la minoría, ni que una minoría se asuma como víctima
y recurra al chantaje y se apropie de los instrumentos que benefician
a las mayorías. Por
ello, gobernabilidad y división de poderes son una unidad
y emblema que evita la paralización del gobierno y la desintegración
de la comunidad, pues la primera solo se puede reconocer en la
legalidad y legitimidad a fin de satisfacer las demandas y necesidades
sociales y la segunda en la pluralidad y en la tolerancia que
sienta las bases de la convivencia armónica que permite
la viabilidad política de una nación. Dicha
unidad es una característica esencial de la forma republicana
del gobierno y por ende una cualidad de la vida democrática.
Es más, permite al pueblo la posibilidad de la realización
del juicio político y la factibilidad de cambiar de gobernantes
sin derramamiento de sangre. Además
de lo anterior existe lo que hoy en día algunos teóricos
han denominado la existencia de otros poderes que no son gubernamentales,
pero que están involucrados en el ejercicio del poder.
Ejemplo de ello son los medios de comunicación masiva y
las organizaciones no gubernamentales que ejercen su actividad
política creando opinión, pesos y contrapesos y
se convierten en interlocutores entre los poderes formales y los
ciudadanos. Dicha
interlocución opera más en el campo de la coordinación
que en el de la subordinación, pues es otra de las formas
que permite la gobernabilidad. Además es una veta que permite
mejorar las relaciones entre gobernantes y gobernados. La pregunta que se formularon Montesquieu, Tocqueville, Hamilton o los constituyentes mexicanos de 1824, de 1857 o de 1917 sigue sin respuesta definitiva y probablemente nunca se tenga de manera absoluta. No obstante, es fundamental seguir hurgando en la discusión sobre el tema aquí expuesto, con el fin de que la gobernabilidad democrática sea el adecuado equilibrio político recolector de la pasión humana por la justicia social. *Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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