LOS
RETOS DE LA DEMOCRACIA. LA GOBERNABILIDAD EN MÉXICO La
actual contienda electoral en México se ha visto caracterizada
en fechas recientes por actitudes y declaraciones que buscan la
notoriedad y la noticia de primera plana por parte de nuestros
opositores. Resulta claro que, ante la falta de claridad en sus
plataformas y programas de campaña, resulta más
cómodo y sencillo recurrir a los simples descalificativos
y a la diatriba, que tratar de presentar al electorado una oferta
política. Cualquier foro es utilizado sin importar cual
sea su naturaleza y fin; lo que les interesa es aprovechar a los
medios de comunicación para transmitir su mensaje de pretendida
denuncia opositora y crítica sistemática al sistema
político. En
la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal
Electoral celebrada el pasado 30 de marzo, con una votación
dividida, los Consejeros Electorales decidieron que no era procedente
sancionar al Partido Acción Nacional por las declaraciones
realizadas por su candidato a la Presidencia de la República,
quien señaló: «Los capos se han apoderado
del partido oficial, de funcionarios públicos desde hace
varios años, cuando se descubren prefieren esconderlo debajo
del tapete para no hacer olas. Este gobierno es parte del problema,
no de la solución, más de lo mismo, significa que
el narcotráfico seguirá creciendo, a mi me parece
que sí se puede enfrentar el problema al terminar con la
tolerancia desde el propio gobierno». El principal argumento
que sostuvieron los señores Consejeros para no sancionar,
fue el pretendido derecho de cualquier ciudadano a expresarse
libremente, el que está contenido en el artículo
6º constitucional. Nada más lejano de la realidad.
La
garantía individual a que se refiere dicho precepto señala
textualmente: «La manifestación de las ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero,
provoque algún delito o perturbe el orden público;
el derecho a la información será garantizado por
el Estado». Nada más claro, los derechos de los terceros
están protegidos en el marco constitucional de un ejercicio
extremo, de un ejercicio desbordado de la libertad de expresión,
como lo fue el caso al que se ha hecho referencia. Pero aún
más: el propio Código Electoral Federal prevé
en su artículo 38, párrafo 1, inciso p), que es
obligación de los partidos políticos: «abstenerse
de cualquier expresión, que implique diatriba, calumnia,
infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos,
a las instituciones públicas o a otros partidos políticos
y sus candidatos, particularmente durante las campañas
electorales y en la propaganda política que utilice durante
las mismas». Aún
cuando la resolución del Consejo General del IFE de no
sancionar al PAN, podría pensarse que llevaba implícita
una autorización para que existiera total libertad de los
partidos políticos, para utilizar precisamente este tipo
de expresiones, estableciendo así, automáticamente,
nuevas y singulares «reglas de campaña electoral»,
la representación de nuestro Partido dejó sentado
muy claramente en el seno de la sesión, que la actuación
del PRI no se ubicaría en el marco de esa resolución;
que nos apegaríamos a lo dispuesto por la ley, que es coincidente
con la aspiración de la mayoría de los mexicanos:
campañas de altura, que presentaran propuestas y ofertas
políticas, propiciando el diálogo y la crítica
severa, pero en un ambiente de civilidad y respeto. Ya
en alguna otra ocasión, cuando los Magistrados Integrantes
del Tribunal Federal Electoral definieron que no era posible que
la Alianza por el Cambio utilizara el emblema con la silueta de
su candidato a la Presidencia, éste calificó el
hecho de «marranadas», situación que motivó
la crítica de la mayoría de los actores del actual
proceso electoral, pero que no mereció de los directamente
afectados una respuesta de controversia, porque los señores
Magistrados están más allá de caer en una
provocación tan evidente. El
Partido Revolucionario Institucional ha reiterado en diversas
instancias que no incurrirá tampoco en ese juego; ha señalado
que continuará con la presentación de propuestas
serias, con la reiteración de su oferta política,
sin caer en el garlito de nuestros adversarios. El
pasado 13 de abril, el propio Instituto Federal Electoral promovió
en una intensa jornada en la sede del propio Instituto, la presentación
de las plataformas electorales de los partidos políticos
y las coaliciones que participan en la actual contienda; salvo
algunas excepciones, la mayoría de los panelistas presentaron
sólo la visión de sus agrupaciones sobre los cambios
que a su juicio hacen falta en este país. Por supuesto,
nuestro partido presentó, a su vez, nuestras propuestas
para responder a las actuales necesidades de la Nación,
controvirtiendo con nuestros adversarios en torno a las que ellos
presentaron, pero en un marco de absoluto respeto y civilidad.
Es esto precisamente lo que hace falta promover aún más,
como lo ha señalado nuestro candidato a la Presidencia
de la República, elevar el nivel de debate; promover el
cambio de la injuria y la calumnia, por las ideas y las propuestas
constructivas. La agenda política nacional debe recoger este principio básico, no es posible ya que las declaraciones que denosten al adversario prevalezcan sobre las ofertas políticas. La democracia mexicana debe avanzar hacia niveles en que los ciudadanos puedan reconocer las diferencias que tienen los partidos y lo que ofrecen en sus programas. Este principio deberá ser la base de nuestra gobernabilidad. La que hará factible un tránsito pacífico del país en armonía, hacia estratos de consolidación de nuestro sistema político, donde la democracia sea valorada y reconocida, por todos, como el mejor sistema de vida de la sociedad. *Licenciado en Derecho y Contador Público; catedrático de la UNAM, el IPN y la UV; actualmente es Senador de la República em la LVII Legislatura, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y consejero del Poder Legislativo en el IFE.
|
