GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
María de los Ángeles Moreno*

De entrada, considero que la gobernabilidad democrática existe en el país si se observa y se hace observar la ley; si en base a ésta logramos una interacción ordenada entre todos; si los conflictos se resuelven en el marco del derecho, mediante el diálogo y los acuerdos; y si, el gobierno, gobierna.

De inmediato he de agregar que la gobernabilidad democrática sólo se puede sustentar en el orden democrático. Este incluye elecciones de la más alta calidad y un ejercicio democrático del poder, de acuerdo a los ordenamientos de la Constitución y los distintos cuerpos normativos, en el equilibrio de poderes y el federalismo. En este sentido, se puede decir que el artículo 40 de nuestra Constitución, es una de las fuentes principales de lo que para nosotros es la gobernabilidad democrática: «Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos.»

En el Congreso, durante las legislaturas LVI y LVII, en las cuales mi partido me ha otorgado el honor y el privilegio de ser uno de los miembros del Senado de la República y, en la segunda, desempeñarme en estos momentos como presidenta de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, hemos legislado en cada materia, precisamente, con la intención última de asegurar la gobernabilidad democrática.

El fortalecimiento de la democracia en estos años, ha preservado la gobernabilidad del país, pese a los conflictos que hemos enfrentado. La democracia es el cauce de la renovación permanente de la legitimidad de los gobiernos y la convivencia, permite a la ciudadanía expresar su voluntad plural en cuanto a opciones políticas y candidatos, al mismo tiempo que ofrece a los partidos equidad en la competencia y condiciones favorables para alcanzar sus fines y satisfacer sus expectativas.

Tenemos una mayor pluralidad en todos los espacios de la vida pública, particularmente en el Congreso de la Unión, la cual permite realizar mejor las tareas legislativas y otorga al equilibrio de poderes una nueva dimensión de entendimiento, coordinación y colaboración entre ellos, para asegurar la eficacia de las políticas públicas y la solución a los problemas que la sociedad plantea.

La reforma del Estado, promovida durante estos seis años, ha permitido aprobar leyes que aseguran un mejor cumplimiento de sus facultades y atribuciones, dan mayor consistencia al estado de derecho y también crearon órganos de fiscalización y control de las acciones de gobierno, a fin de que todas se apeguen a la ley y beneficien a la sociedad.

En respuesta a la creciente inconformidad de la sociedad exigiendo mayor seguridad, nos tocó impulsar la reforma de la justicia con la finalidad de promover la independencia y el fortalecimiento del Poder Judicial y asimismo, transformar el sistema de impartición y procuración de justicia, para consolidar un país de leyes y un estado de derecho, sin cabida para la excepción, el privilegio o la impunidad.

Durante estas legislaturas aprobamos reformas constitucionales y legales orientadas a construir un nuevo federalismo que nutre la unidad de la nación en nuestra diversidad y establece condiciones para un desarrollo más equilibrado y justo, redistribuyendo autoridad, responsabilidades y recursos del gobierno federal hacia los estados y municipios.

En esta perspectiva, la gobernabilidad es una responsabilidad de todos los mexicanos, pero en especial de los partidos políticos. A ellos les corresponde mediar entre la sociedad y el Estado, con un perseverante trabajo, porque están obligados más que nadie a articular las demandas y aspiraciones de la sociedad con las políticas de gobierno.
Los gobiernos, en sus diversos niveles, si gobiernan con talento y eficiencia en el marco de la ley, si no caen en la corrupción, la prepotencia, ni la arbitrariedad y si cumplen sus compromisos ante la ciudadanía y son previsores, se convierten en actores privilegiados de una mejor gobernabilidad democrática.
En la medida en que estas políticas resuelvan problemas, atiendan necesidades y den cauce a los reclamos sociales, los índices de gobernabilidad tendrán que elevarse en la misma proporción en la que todos cumplamos nuestra parte.

La experiencia y la credibilidad juegan un papel muy importante para lograr que la ciudadanía ratifique periódicamente su confianza en las propuestas políticas y más adelante en las decisiones de un gobierno.

El PRI tiene el mérito de haber edificado durante estas décadas, la estructura y el orden jurídico e institucional de la gobernabilidad democrática. La perfectibilidad de éstos, a través de las reformas, es la fuente de la confianza en el presente y la certidumbre en el futuro.

Aún en las más adversas circunstancias, nuestro partido siempre ha dado muestras de gobernar con prudencia y visión. El hecho de contar con una amplia base social, le permite prever los conflictos y, cuando son inevitables, alentar el diálogo, las coincidencias y los acuerdos.

La diferencia entre nuestro Partido y otros institutos políticos es que nosotros sabemos por experiencia propia, que la expresión democrática en la formación de un gobierno, exige convertir los actos de éste en ejercicio de representación de la voluntad ciudadana y mantener así la gobernabilidad democrática.

El manejo eficaz de la economía, la disminución de las tensiones internas, la voluntad de generar consensos con todas las fuerzas sociales, el espíritu de tolerancia y diálogo, la capacidad de anticiparse a los conflictos, el reconocimiento a la pluralidad y la permanente voluntad de responder a las demandas colectivas de justicia y bienestar, son parte del paradigma de gobernabilidad que el Partido Revolucionario Institucional siempre ha considerado como causa irrenunciable de lucha que hoy nos compromete a todos, a nuestros candidatos y a la militancia.

La tarea de la próxima legislatura estará determinada por el mandato que resulte de las elecciones del 2 de julio que serán, a no dudarlo, las elecciones a favor de la gobernabilidad.

*Presidenta del Cen del PRI 1994-1995.
Presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados 1993-1994.
Presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República 1998-1999.
A la fecha es Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.