GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA
María
de los Ángeles Moreno*
De
entrada, considero que la gobernabilidad democrática existe
en el país si se observa y se hace observar la ley; si
en base a ésta logramos una interacción ordenada
entre todos; si los conflictos se resuelven en el marco del derecho,
mediante el diálogo y los acuerdos; y si, el gobierno,
gobierna.
De
inmediato he de agregar que la gobernabilidad democrática
sólo se puede sustentar en el orden democrático.
Este incluye elecciones de la más alta calidad y un ejercicio
democrático del poder, de acuerdo a los ordenamientos de
la Constitución y los distintos cuerpos normativos, en
el equilibrio de poderes y el federalismo. En este sentido, se
puede decir que el artículo 40 de nuestra Constitución,
es una de las fuentes principales de lo que para nosotros es la
gobernabilidad democrática: «Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos.»
En
el Congreso, durante las legislaturas LVI y LVII, en las cuales
mi partido me ha otorgado el honor y el privilegio de ser uno
de los miembros del Senado de la República y, en la segunda,
desempeñarme en estos momentos como presidenta de la Mesa
Directiva y la Junta de Coordinación Política, hemos
legislado en cada materia, precisamente, con la intención
última de asegurar la gobernabilidad democrática.
El
fortalecimiento de la democracia en estos años, ha preservado
la gobernabilidad del país, pese a los conflictos que hemos
enfrentado. La democracia es el cauce de la renovación
permanente de la legitimidad de los gobiernos y la convivencia,
permite a la ciudadanía expresar su voluntad plural en
cuanto a opciones políticas y candidatos, al mismo tiempo
que ofrece a los partidos equidad en la competencia y condiciones
favorables para alcanzar sus fines y satisfacer sus expectativas.
Tenemos
una mayor pluralidad en todos los espacios de la vida pública,
particularmente en el Congreso de la Unión, la cual permite
realizar mejor las tareas legislativas y otorga al equilibrio
de poderes una nueva dimensión de entendimiento, coordinación
y colaboración entre ellos, para asegurar la eficacia de
las políticas públicas y la solución a los
problemas que la sociedad plantea.
La
reforma del Estado, promovida durante estos seis años,
ha permitido aprobar leyes que aseguran un mejor cumplimiento
de sus facultades y atribuciones, dan mayor consistencia al estado
de derecho y también crearon órganos de fiscalización
y control de las acciones de gobierno, a fin de que todas se apeguen
a la ley y beneficien a la sociedad.
En
respuesta a la creciente inconformidad de la sociedad exigiendo
mayor seguridad, nos tocó impulsar la reforma de la justicia
con la finalidad de promover la independencia y el fortalecimiento
del Poder Judicial y asimismo, transformar el sistema de impartición
y procuración de justicia, para consolidar un país
de leyes y un estado de derecho, sin cabida para la excepción,
el privilegio o la impunidad.
Durante
estas legislaturas aprobamos reformas constitucionales y legales
orientadas a construir un nuevo federalismo que nutre la unidad
de la nación en nuestra diversidad y establece condiciones
para un desarrollo más equilibrado y justo, redistribuyendo
autoridad, responsabilidades y recursos del gobierno federal hacia
los estados y municipios.
En
esta perspectiva, la gobernabilidad es una responsabilidad de
todos los mexicanos, pero en especial de los partidos políticos.
A ellos les corresponde mediar entre la sociedad y el Estado,
con un perseverante trabajo, porque están obligados más
que nadie a articular las demandas y aspiraciones de la sociedad
con las políticas de gobierno.
Los gobiernos, en sus diversos niveles, si gobiernan con talento
y eficiencia en el marco de la ley, si no caen en la corrupción,
la prepotencia, ni la arbitrariedad y si cumplen sus compromisos
ante la ciudadanía y son previsores, se convierten en actores
privilegiados de una mejor gobernabilidad democrática.
En la medida en que estas políticas resuelvan problemas,
atiendan necesidades y den cauce a los reclamos sociales, los
índices de gobernabilidad tendrán que elevarse en
la misma proporción en la que todos cumplamos nuestra parte.
La experiencia y la credibilidad juegan un papel muy importante
para lograr que la ciudadanía ratifique periódicamente
su confianza en las propuestas políticas y más adelante
en las decisiones de un gobierno.
El
PRI tiene el mérito de haber edificado durante estas décadas,
la estructura y el orden jurídico e institucional de la
gobernabilidad democrática. La perfectibilidad de éstos,
a través de las reformas, es la fuente de la confianza
en el presente y la certidumbre en el futuro.
Aún
en las más adversas circunstancias, nuestro partido siempre
ha dado muestras de gobernar con prudencia y visión. El
hecho de contar con una amplia base social, le permite prever
los conflictos y, cuando son inevitables, alentar el diálogo,
las coincidencias y los acuerdos.
La
diferencia entre nuestro Partido y otros institutos políticos
es que nosotros sabemos por experiencia propia, que la expresión
democrática en la formación de un gobierno, exige
convertir los actos de éste en ejercicio de representación
de la voluntad ciudadana y mantener así la gobernabilidad
democrática.
El
manejo eficaz de la economía, la disminución de
las tensiones internas, la voluntad de generar consensos con todas
las fuerzas sociales, el espíritu de tolerancia y diálogo,
la capacidad de anticiparse a los conflictos, el reconocimiento
a la pluralidad y la permanente voluntad de responder a las demandas
colectivas de justicia y bienestar, son parte del paradigma de
gobernabilidad que el Partido Revolucionario Institucional siempre
ha considerado como causa irrenunciable de lucha que hoy nos compromete
a todos, a nuestros candidatos y a la militancia.
La
tarea de la próxima legislatura estará determinada
por el mandato que resulte de las elecciones del 2 de julio que
serán, a no dudarlo, las elecciones a favor de la gobernabilidad.
*Presidenta
del Cen del PRI 1994-1995.
Presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados
1993-1994.
Presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República
1998-1999.
A la fecha es Presidenta de la Junta de Coordinación Política
del Senado de la República.
