LA
GOBERNABILIDAD ¿a qué nos referimos? Un
vocablo que se ha puesto de moda, en las últimas dos décadas,
en el análisis político y jurídico que se
relaciona con el Estado, es el de Gobernabilidad. No hay una definición
única; lo que sí hay es una serie de opiniones de
académicos de la ciencia política, sociología
o del derecho, así como de gobernantes que tratan de aclararlo
a través de la descripción de lo que implica en
la administración pública. Incluso, parece ser que
es más adecuado referirnos al vocablo gobernación,
de acuerdo al estudio que sobre los problemas de la gobernabilidad
realiza Yehezkel Dror, en su libro La Capacidad de Gobernar, editado
por el Fondo de Cultura Económica. Por
nuestra parte, podríamos decir que la gobernabilidad tiene
que ver con todos los instrumentos que hacen posible la buena
conducción del gobierno; es decir, son las reglas que se
desprenden de los usos y costumbres que constituyen una forma
de gobernar en particular, y por lo tanto, vinculantes al ejercicio
del Poder. Entonces, la gobernabilidad está íntimamente
ligada al Poder e incluso podríamos decir que forma parte
de él en un lugar y un momento determinado. La gobernabilidad
se transforma en la misma relación proporcional y exponencial
en que el Poder pasa de una dimensión a otra. Si
esto es verdad, entonces la gobernabilidad se ha transformado,
porque el Poder, el que exige la nueva realidad política
del siglo XXI, se ha transformado. Hablar
de gobernabilidad democrática no es otra cosa más
que darle una categoría específica al vocablo; pero
la gobernabilidad en sí no es lo democrático, sino
el Poder; porque éste se encuentra en un proceso de regreso
a manos de la sociedad o está en proceso de recuperarlo
de la esfera de quien lo ejerce. La
gobernación o la gobernabilidad, entonces, tiene su naturaleza
en ser una institución jurídico-política
que tendrá objetividad vía los instrumentos que
la integran. La gobernabilidad es una manifestación del
ejercicio del Poder, dotada, al mismo tiempo, de un catálogo
de instrumentos jurídicos para dar estabilidad al sistema
de Representación del Estado. El
Estado, tendrá entonces dos manifestaciones diferenciadas
para que la democracia pueda crear las condiciones supremas necesarias
a la sociedad o comunidad política a fin de que pueda alcanzar
su plena felicidad: Esas son el sistema electoral y el mecanismo
de gobernabilidad. El primero garantizará la permanente
renovación y perfeccionamiento de la idea de Estado, mientras
que el segundo partirá del contrato social para facilitar
los acuerdos sobre los diversos intereses que disputan el Poder
que el pueblo entrega temporalmente a sus dirigentes o gobernantes,
que actúan a través de los tres organismos dados
por la Constitución para el gobierno del Estado: en el
caso mexicano serían los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial y cada uno, de manera independiente y autónoma,
tendría sus propias reglas jurídico-políticas
de gobernabilidad. La
gobernabilidad, para que esté dotada de ética y
responsabilidad social, tiene que estar detallada por reglas procedimentales,
que se aplicarán sobre sujetos, así como serán
aplicadas por sujetos subjetivos (gobernantes, legisladores, jueces).
La gobernabilidad es impropia, moralmente, si no está ceñida
a un sistema normativo construido ex profeso para clarificar las
reglas del juego en que se desarrollaran los diversos actores
que comparten el Poder del Estado, incluyendo por supuesto las
reglas supletorias en caso de que la gobernabilidad primariamente
acordada se quebrante. Hay
que dejar claro, que la gobernabilidad es una preocupación
y no la que constituye la Agenda Política. La gobernabilidad
es parte final de la Agenda Política. La agenda política
conduce a los renovados o nuevos acuerdos políticos y es
a través de la técnica de la gobernabilidad como
esos acuerdos tomarán las características de reglas
vivas, adjetivas, es decir, de derecho. Si los actores dejan de
respetar esas reglas, se rompe la gobernabilidad y por tanto se
vuelven nugatorios los acuerdos políticos. Las reglas no pueden ser de facto, porque afectan la vida de la comunidad política; por ello, siempre será deseable que sean de iure, ya que además, debe trascender al hombre; la gobernabilidad debe persistir no por la existencia de un individuo o grupos de individuos pues sería finita y limitada, sino permanecer bajo el cambio permanente del hombre en los órganos del Poder.
La gobernabilidad puede deteriorarse por una permanente y sistemática
desobediencia de grupos sociales y políticos. La aceptación
de la gobernabilidad requiere de la obediencia de la comunidad
política que se producirá sólo y exclusivamente
por la comunión que impere en la comunidad política;
sí hay convención social, los grupos y partidos
y los diversos actores con poder se sujetarán a lo que
dicta la gobernabilidad. La
preocupación sobre la eficacia de la gobernabilidad vuelve
como parte de la Agenda Política, al mismo tiempo en que
el estado-nación es abatido por los efectos de la globalidad
y la globalización; al momento en que las fronteras se
diluyen, y se define la aldea global y las condiciones de convivencia
de las nacionalidades diversas; también, la gobernabilidad
parece ya no responder a los retos globales y por lo tanto es
incapaz o es limitada para mantener los equilibrios de poder y
la solución o distensión del enfrentamiento de intereses
diversos de los antiguos y de los nuevos actores políticos
(individuos, grupos de interés, facciones, cambio de cultura,
reorganización de la comunidad política, primacía
de las organizaciones no gubernamentales, sistema de pesos y contrapesos,
entre otros problemas). La
gobernabilidad va en consonancia con las facultades del estado-nación
hoy por hoy en franca búsqueda de su fortalecimiento o
de su retrotraimiento, ante una sociedad cada vez más decidida
a tomar en sus manos decisiones vitales de políticas que
le eran reconocidas como propias. La gobernabilidad, no es un
ambiente ni se sujeta a diversos ambientes políticos; la
gobernabilidad produce, como productos finales, eficacia y legitimidad
al orden político formal. El
vocablo de gobernabilidad, proviene del mundo del desarrollo,
es decir tiene una interpretación sociológica; quizá
de ahí provienen las distintas concepciones que sobre ella
hay actualmente. Este uso indiscriminado del vocablo, ha permitido
que sobre la gobernabilidad se coloquen los intereses de los diversos
actores del Estado. Ahora, todo lo que no satisface a una determinada
posición política, partido o grupo de interés
se remite a la gobernabilidad. La
gobernabilidad es el tema recurrente cuando una reforma económica
o referente al Estado no satisface o pone en riesgo privilegios
que grupos de interés o la sociedad política creen
que están a punto de perder. En el nivel internacional
la «buena» o «riesgosa» o «peligrosa»
gobernabilidad se esgrime, cuanto más que fuera de las
fronteras nacionales se acuñó con más ahínco,
cuando los gobiernos deciden impulsar reformas al estado o a las
estructuras económicas que no están consideradas
como las reformas adecuadas para lograr la viabilidad en la globalización;
en el vocablo se escudan organismos internacionales financieros,
gobiernos desarrollados, o la comunidad empresarial y financiera
internacional. Cuando se habla de que la pobreza en la que se hallan importantes segmentos de la sociedad, pone en riesgo la gobernabilidad, quienes apoyan estas tesis, no nos están refiriendo el peligro de golpe de estado o guerra civil o que el gobierno o el propio estado perderán viabilidad; no, nada de eso, nos están queriendo decir que la sociedad civil necesita organizarse más rápidamente, y habrá falta de gobernabilidad o ésta estará en permanente riesgo, si el Estado no crea las condiciones para ceder funciones y espacios políticos, económicos y culturales a ella, pues es la que debe de abordar el tema de la pobreza con más creatividad (impulsar organizaciones de barrio, ONGs, comedores públicos, locales de salud o atención a los niños, entre otros). La gobernabilidad implica, nada más ni nada menos, el discurso más puro de fin del siglo XX y por lo menos la mitad o un poco más del siglo XXI, sobre el antiestatismo. Por medio de la mención a ella (gobernabilidad) se pueden introducir todo tipo de temas para advertir a los sujetos subjetivos del Estado que están rebasando fronteras arrebatadas o que ya no les pertenecen, a fin de que la esfera pública sea cada vez menos avasalladora de la otra esfera: la privada; lugar de donde han de surgir las respuestas frescas e individuales de los retos que impone la globalidad y la globalización a toda la comunidad política mundial. El discurso que se va introduciendo al vocablo gobernabilidad sea a favor de más Estado o menos Estado, es antiestatista, porque ya no se puede debatir sobre las bases del Estado-Nación clásico, sobre lo que actualmente todavía conceptualizamos y vivimos como Estado de Derecho. La gobernabilidad nos remite forzosamente a buscar una idea distinta de Estado. Los estados débiles económicamente o porque sus instituciones se hallen sumamente alejadas del respaldo de la sociedad son presa fácil de la gobernabilidad. Los estados con una cultura arraigada, con instituciones fincadas a la cultura de la sociedad, con fuertes fundamentos políticos y económicos podrán hablar de discutir qué es en realidad la gobernabilidad y perfilar la verdadera naturaleza de dicho vocablo. *Economista.
Ha sido Director adjunto de Planeación y Fomento a la Inversión
el FONATUR; Coordinador de Asesores del Secretario de Comunicaciones
y Transportes.
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