DEMOCRACIA
Y GOBERNABILIDAD La
discusión en torno a la gobernabilidad y sus repercusiones,
en los regímenes democráticos, ha suscitado un interés
particular a partir de la crisis del modelo del Estado de Bienestar.Ello
derivó en la década de los setenta1 a estudios que
aludían a interrogantes relacionadas con el orden político,
en particular en los países desarrollados. Nuestro país
no ha estado exento de esa discusión; por el contrario,
las repercusiones en el campo social, cultural, económico
y político, son hoy en día complejas. Al
igual que en toda América Latina, en México la discusión
acerca de la democracia y la gobernabilidad está enmarcada
por cuatro procesos históricos, mismos que comenzaron a
manifestarse durante la década de los ochenta: 1.
Proceso de presión histórica, movimientos ferrocarrileros,
médicos y estudiantil; 2.
Procesos de crisis económica, ello condujo a ajustes y
reestructuraciones en materia política; 3.
Agotamiento del modelo del Estado Interventor. Redefinición
de las tareas de gobierno; 4.
Transición y consolidación del espacio democrático. En
cuanto a los procesos de presión, podemos afirmar que dichos
acontecimientos impulsaron cambios sustanciales en materia política;
su incursión en la escena nacional obligó al gobierno
mexicano a modificar su ejercicio de gobierno. Sin ello, tal vez
no puedan entenderse las reformas políticas y sociales
emprendidas por el Presidente Luis Echeverría Álvarez
(1970-1976). Derivada de esta crisis, se produjo una transformación en lo concerniente al modelo que, después de concluida la Revolución Mexicana, llevó a nuestro país a años de elevado desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, llegado el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), la economía mexicana se liberalizó y dejó de conducirse por las directrices del Estado interventor. En
el campo de lo político, los cambios han llevado a la creación
de mayores espacios y mejores condiciones de participación
y competencia política, acentuado esto último en
lo referente a la participación electoral. Prueba de esta
experiencia en el terreno de la transición democrática
es la reforma política de 1996, misma que condujo a cambios
sustanciales en el marco de la competencia política, produciendo
un marco legal que conduzca y resuelva, de manera institucional
las desavenencias políticas2. Cabe destacar en este punto,
que el PRI sacó adelante la reforma política de
1996 en ausencia de las otras dos fuerzas políticas más
importantes: PAN y PRD. Es
importante advertir sobre el curso y el resultado de esta reforma
política, pues ella ha generado un mejor ordenamiento político,
debido en parte a que el resultado arrojado por la misma ha tenido
repercusiones en materia democrática. Es decir, a partir
de ésta se cuenta con un recurso institucional para prevenir
y enfrentar los problemas de orden electoral y gracias a ello,
a partir de las elecciones de 1997 son cada vez menos los conflictos
postelectorales. Aunque
también debemos advertir que, en México, la transición
democrática cuenta con recursos institucionales que, producto
de la lucha política, han derivado en mejores instrumentos
para hacer frente a los problemas de gobernabilidad. En ese sentido,
tenemos plasmado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos el federalismo, la separación
de poderes, el sistema de partidos y elecciones periódicas
y, como producto de la reforma política de 1996, la correlación
entre mayorías y minorías, así como las posibilidades
de alternancia y las distintas formas de participación
ciudadana, que hacen del régimen democrático el
espacio adecuado para dirimir los proyectos políticos. Cada
una de éstos ámbitos transformó de manera
sustancial la vida política de nuestro país e incorporó
la compleja diversidad sobre la que se asienta la sociedad mexicana.
Todo ello nos hace derivar a una cuestión de suma importancia,
la que se refiere al problema del orden político. Los
componentes básicos de la gobernabilidad son la eficacia,
la legitimidad y la estabilidad. En el caso del primero, y como
nos referimos al caso de la relación entre gobernabilidad
y democracia, se alcanza en la medida que la acción de
éste incorpora el consenso de un grupo de ciudadanos; en
cuanto al tema de la legitimidad, la gobernabilidad debe recoger
y agregar en su toma de decisión la demanda de la sociedad
civil e incorporarla como criterio de utilidad colectiva; por
último, en cuanto a la estabilidad, la gobernabilidad implica
poseer mayor capacidad de adaptación y flexibilidad en
torno a los cambios que sufre lo social, político y económico,
de tal suerte que la estabilidad se relaciona con la capacidad
del gobierno para durar en el tiempo. Por
tanto, podemos hablar de crisis de gobernabilidad justo cuando
existe un desequilibrio entre las demandas sociales y la capacidad
de respuesta de los gobiernos. En este sentido es oportuno mencionar
que, en la medida que un gobierno recupera y atiende las demandas
de grupos sociales, gana para sí un importante recurso,
aquel que tiene que ver con el grado de legitimación de
sus acciones de gobierno. Si
la principal cuestión de la gobernabilidad es la construcción
de consensos que permiten ejercer el poder con el reconocimiento,
es decir, de la construcción legítima de uso de
la autoridad. Y en este caso podemos mencionar que en el futuro
de ésta, esto es, de la gobernabilidad, la clase política
juega un papel fundamental, pues en ella radica la capacidad para
adaptarse a las transformaciones que sufre el entorno político,
social y económico de una nación. Y
en esta materia es oportuno considerar la cuestión de la
democracia, pues ella, por su misma naturaleza, inspira a interacción
entre diversos actores. Según Seymour Lipset, «la
amenaza constante de que los conflictos de grupos que constituyen
el nervio de la democracia puedan hacerse tan consistentes como
para amenazar con la desintegración de la sociedad, es
inherente a todos los sistemas democráticos. En consecuencia,
las condiciones que sirven para moderar la intensidad de la lucha
partidaria se encuentran entre los requisitos clave del gobierno
democrático». Así entendido, la democracia
tiene como uno de sus rasgos principales el conflicto, lo que
significa en última instancia mayores dificultades para
lograr la gobernabilidad. Y
en esta recuperación de los regímenes democráticos,
cabe hacer la comparación con los sistemas autoritarios,
pues en estos últimos la gobernabilidad juega un papel
de suma importancia para su futuro, dado que en la medida que
dejan de lado las demandas de los grupos minoritarios y de aquellos
que se encuentran al margen de las decisiones de orden político,
por lo que su ejercicio tiende, por la inercia de su propio ejercicio,
a resolver los conflictos por otras vías no políticas,
como la violencia. Podemos concluir entonces, que del equilibrio surgido de la conjunción entre gobernabilidad y democracia, los gobiernos democráticos logran construir un importante capital social que invariablemente juega a favor de los gobiernos, quienes ganan en una mejor aplicación administrativa de proyectos y en mejor políticas públicas para resolver problemas de gobernabilidad. 1
En torno a esta compleja temática surgió, en 1973,
la Comisión Trilateral, que agrupó a hombres de
negocios, académicos y líderes políticos,
con el fin de reflexionar sobre los principales problemas en el
área de las relaciones internacionales y de la política
interna de los países desarrollados (EU, Europa y Japón).
Una de las cuestiones a discutir, era analizar en que medida las
demandas sobre el gobierno democrático se elevaban, mientras
que la capacidad de dar respuesta de ese mismo gobierno disminuía.
*Licenciado en Ciencias Políticas, Sociales y Administración Pública; Diputado Federal a la LVII Legislatura; miembro de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión del D.F. Coordinador de Prensa del CEN del PRI.
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