El
Estado mexicano debe renacer* El
México del siglo XXI será un México renacentista
o no será. Ya no bastará una reforma del gobierno
como se ha planteado aquí desde hace más de dos
décadas: será necesario un verdadero renacimiento
de nuestra sociedad políticamente organizada. Más
pronto de lo que pensamos será imprescindible refundar
el Estado y hacer un nuevo pacto social. Chiapas, la UNAM, el
Mexe y similares son evidencias palpables y crecientes de que
los mecanismos de articulación entre el pueblo y el poder
público están dejando de funcionar satisfactoriamente.
En otras palabras, la brecha que normalmente separa a los gobernantes
de los gobernados se ha llenado de maleza –en doble sentido–
y ya es difícil transitar de un lado al otro. A riesgo
de sonar a disco rayado lo reitero por enésima ocasión:
los mexicanos necesitamos un nuevo acuerdo en lo fundamental. El
problema va más allá de la representatividad. Con
todas las asignaturas pendientes que aun existen en el ámbito
de la equidad, hace tiempo que tenemos elecciones cuyas anomalías
no son suficientes para determinar los resultados. Cada vez son
mayores las coincidencias entre las cifras oficiales y las encuestas
serias, incluidas las exit polls, y el número de presidentes
municipales, gobernadores, diputados y senadores de los partidos
distintos al PRI aumenta año con año. No se trata
pues de un asunto de ilegitimidad, o al menos no en el sentido
de que la mayoría de la gente no reconozca a la autoridad
como la que ella eligió. La sociedad no está cuestionando
tanto a sus representantes cuanto a su representación,
es decir, a la estructura legal e institucional que los sustenta. ¿Por
qué estamos enmendándole la plana a Weber? ¿Por
qué estamos presenciando el surgimiento de un oligopolio
de violencia legítima? ¿Por qué hay conflictos
sociales que implican una ilegalidad flagrante frente a la cual
el gobierno abdica a su potestad monopólica de emplear
legalmente la fuerza para poner orden? Por varias razones: porque
nuestras leyes no se hicieron para aplicarse siempre, porque la
simulación es parte de nuestra cultura política
y, sobre todo, porque la terrible desigualdad que tiene a millones
de mexicanos en la miseria ha procreado un Estado con remordimiento
de conciencia. He aquí el dilema. Cuando quienes se hacen
justicia por propia mano no son individuos sino comunidades, o
cuando quienes se sitúan al margen del Estado de Derecho
cuentan con la aquiescencia tácita de una porción
significativa de la sociedad, la señal es inequívoca:
hay que revisar el tejido social. Nuestras
tres Constituciones, ya lo sabemos, han sido producto del triunfo
de un grupo sobre otro. En cierta forma los acuerdos en lo fundamental
que han supuesto han sido impuestos a la ciudadanía por
la élite triunfadora, que en buena tesis ha representado
a la mayoría. Sea como fuere, el hecho es que la que hoy
nos rige fue capaz de implantar un consenso práctico, operativo,
que durante mucho tiempo fue aceptado en lo general y por lo general.
Pero
ese consenso vertical, que operó en un contexto de mayor
homogeneidad y pasividad sociopolítica, ya empieza a dar
muestras de disfuncionalidad y de la necesidad de ser sustituido
por otro horizontal. Vuelvo a la reiteración: se trata
de sustituir los viejos amarres intrapartidistas por nuevos amarres
interpartidistas. O, mejor, de incluir explícitamente a
todos en un pacto que no sea el resultado de una guerra sino de
una conciliación. La
gente no puede admitir a un tiempo injusticia social y reglas
ajenas. Mientras esté inconforme con la distribución
de la riqueza –la económica y la educativa– sólo
habrá una manera de que acepte que la ley se les aplique
también a los que la violan por una causa justiciera, y
ésa es que perciba como propias las normas con las que
se ha de ordenar ese enjambre de intereses tan desiguales. Y,
en contraparte, para legitimar el castigo al débil que
se rebela contra esas normas no hay más camino que el de
crear las condiciones que le permitan vivir con dignidad y en
igualdad de oportunidades. Ambas cosas son indispensables en nuestro
país, aunque ciertamente ambas son terriblemente difíciles
de lograr: convocar a un Congreso Constituyente exitoso en esta
transición enrarecida en la que los partidos no pueden
ponerse de acuerdo en temas mucho menores está en chino,
y alcanzar la justicia social en una realidad preñada de
rezagos y marginaciones ancestrales está en sánscrito.
Pero tarde o temprano tendremos que hacer una y otra. El Estado mexicano debe renacer. Eso no significa partir de cero ni mucho menos reinventar a México, sino confeccionarle un traje adecuado a este cuerpo social que se ha desarrollado tanto que está a punto de romper los tirantes de unos viejos pantalones cortos que ya le aprietan al grado de la irritación. El desafío es portentoso pero, si ponemos los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, el potencial también. Todo es cuestión de concebir lo que un futuro renacentista nos puede dar. *Artículo
publicado el 25 de febrero de 2000, *Director
del Departamento de Ciencia Política del
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