GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Gobernar es cumplir con los mandatos que la sociedad se da a sí misma en cada justa electoral. La gobernabilidad democrática propicia estabilidad para el cambio; el equilibrio indispensable dentro de una comunidad nacional, para el logro de su bienestar y desarrollo. A ella aspiran un gobierno legítimamente elegido y una sociedad organizada; ambos comparten la responsabilidad de vivir en una democracia. Ello no se agota en las elecciones; demanda realizar una tarea política permanente a todo representante y líder social: gobernantes, legisladores, jueces, dirigentes partidistas, dueños de medios y comunicadores, líderes sindicales y empresariales, maestros, ministros de distintas iglesias, y en general, a quienes encabezan órganos de la sociedad civil.

Lograr la gobernabilidad democrática, exige apego irrestricto a la legalidad: todos iguales ante la Ley y dispuestos a cumplirla; una impecable impartición de la justicia; un gobierno honesto, eficiente y eficaz, capaz de asumir sus compromisos electorales, generando las condiciones para una convivencia armónica y un progreso sostenido; la institucionalización de un proceso destinado a dirimir conflictos relativos al poder y su ejercicio, es decir, formalizar mecanismos favorecedores de acuerdos de civilidad política. La gobernabilidad democrática facilita la comunicación, no sólo respeta sino promueve la libertad de expresión, valor fundamental de la democracia. Se evidencia en tanto los actores están dispuestos a mantener una actitud de tolerancia frente a los contrarios; de diálogo y negociación; de concertación y consenso y en su caso, de imposición legítima de las sanciones legales y sociales que regulan el funcionamiento del sistema.

Naturalmente la gobernabilidad democrática opera en presencia de una tarea sistemáticamente previsora; destinada a identificar y evaluar tensiones socioeconómicas y políticas, para evitar se conviertan en crisis fuera de control. En esta actividad previsora, la información es el elemento clave y nuevamente la sociedad y el gobierno son corresponsables de proporcionarla, analizarla, sistematizarla y convertirla en factor propiciador de decisiones oportunas y adecuadas en favor del interés general.

En esta campaña presidencial y congresional, el Partido Revolucionario Institucional ofrece al electorado las mejores credenciales como garantía de gobernabilidad democrática. Así lo demuestra la consistencia de su historia y su presencia nacional –como organización territorial y sectorial– auténticamente representativa de los intereses legítimos de millones de nuestros partidarios y simpatizantes. Así lo constata la actitud incluyente del PRI, manifiesta en la lucha política nacional, su capacidad de cambio interno, y de transformación de la sociedad mexicana; así lo comprueba su eficacia en el gobierno.

La complejidad socioeconómica por la que atraviesa el país en este momento histórico, requiere de un partido y un gobierno capaces de responder a los propósitos del pueblo. La experiencia, seriedad y compromiso de nuestro candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, así como de nuestros candidatos a diputados federales y senadores, hacen posible continuar construyendo una sociedad plural con igualdad de oportunidades para ejercitar las libertades y acceder plenamente a la justicia social.

Lic. Dulce Ma. Sauri Riancho
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional