Irresponsabilidad
compartida
Infortunio,
ausencia de esperanzas activas, frustración, humillaciones
evitables: la lista podría repetirse como en una oración.
Existe inclusive un lenguaje de términos para referirse
al drama de ser mujer en el mundo, en un Continente, en la propia
tierra, en una clase social, en grupos étnicos y religiosos
o agrupadas por edad, ignorancia, ingresos o instrucción.
Hay también denuncias pormenorizadas sobre la violencia
infligida contra la población femenina y miles de ejemplos
que ilustran, en pleno imperio de la propaganda democrática,
la discriminación genérica hasta grados infrahumanos
y con la complicidad estatal. Del
catálogo de vejaciones que ha inspirado incontables movimientos
de protesta en el siglo XX, un hecho sobresale en el Tercer Mundo:
la ausencia real, representativa, de la voz femenina. Con su silencio
brilla la prueba de hasta dónde se condona tácticamente
un delito de agresión física o sexual donde el maltrato
por parte de los cónyuges causa más muertes y daños
irreversibles que los accidentes automovilísticos, los
atracos y el cáncer juntos. Con
ser inabarcable su espectro y estremecedores los testimonios,
sin embargo, detrás de la injusticia hay causas menos examinadas,
no obstante visibles, que activan la espiral vejatoria. Podría
asegurarse que aquí el menosprecio genérico coincide
con un proceder colectivo de más hondura: la ausencia del
sentimiento de responsabilidad, sin el cual resulta imposible
un régimen de derechos y libertades: la irresponsabilidad
cívica afecta directamente los subsecuentes respeto y tolerancia
a lo distinto, además de impedir la asimilación
del alto valor de la dignidad. Tal
el filón donde se infiltra la gravedad de la condición
femenina, siempre alimentada por las dos partes afectadas: los
varones, mediante el abuso derivado de su supuesta supremacía
privilegiada y extendida hasta el incumplimiento de obligaciones
básicas; y, las mujeres, por no hacer valer sus derechos
allí donde ninguno asume sus propios deberes en los límites
y acciones que respectivamente les corresponden. Entre ambos se
tiende el detonador que no únicamente habilita la arbitrariedad
practicada desde las funciones gubernamentales, también
participa de manera activa en el conflicto social que, en sus
mayores aberraciones, determina el atraso femenino e infantil
que reina en el país. No
es asunto menor que millones de hogares mexicanos sean «de
padre ausente»; es decir, de jefas de familia que, obligadas
por la costumbre irresponsable, son abandonadas a su suerte con
todo y prole. Y literalmente a su suerte, pues doblegadas por
la sumisión, la ignorancia y el silencio, saben que no
hay instancias a las que pueda acudir y ni siquiera contemplan
la virtual existencia del derecho. El Estado tampoco ofrece soluciones
para subsanar el destino de lo que popularmente se conoce como
«hijos de la tierra». De ahí la afirmación
de que cada mujer es eje reproductor de la miseria. De no resolverse
su situación nada se logrará en nombre del desarrollo
con progreso. Enemigo de recursos precautorios, inclusive para
evitar la transmisión de enfermedades, un mismo varón
preña a distintas mujeres y de todas «se libra»
con escapismo sin par, sustraído del compromiso o de una
sanción que frene sus tránsitos veleidosos. Observamos
que lo que fuera una ancestral tendencia machista poco a poco
se fue extendiendo a ejercicios más amplios de dominio
personalizado: caudillismos, cacicazgos y abusos de poder que
por igual han recaído históricamente en expresiones
autoritarias que en políticas dictatoriales o meramente
arbitrarias, hasta coronar con el amparo constitucional que legitima
el presidencialismo. Así, como deslizado desde la raíz
cultural hasta ceñir la estructura del sistema que nos
rige, el machismo, con todas sus defecciones empezando por su
distintiva irresponsabilidad, se ha instaurado en la cima de lo
que, en rigor, debería funcionar como autoridad moral:
el gobierno que, en nombre de la sociedad que representa, está
obligado a ser el mayor vigilante de los principios y la procuración
de justicia. En
vez de entender que toda república entraña el deber
de garantizar el bienestar de las personas, aquí el sistema
lo ha deformado con la máscara, siempre confusa, de un
lenguaje que sustituye derechos y obligaciones del sujeto por
una entidad «institucio-nal» tan imprecisa, divagada
y proclive a encubrir el fenómeno de la corrupción
y el engaño que, en estricto sentido, tampoco coincide
con el término que la significa. No es de extrañar,
por tanto, que en revoltura de demagogia, encubrimientos, complicidad
delictiva e ignorancia de cuanto corresponde desempeñar
y observar a cada uno en la sociedad se haya arraigado la irresponsabilidad
más violenta hasta grados que nunca debieron ser mancillados:
las mujeres y los niños, precisamente la mayoría
demográfica del país y los que ocupan el último
peldaño del desarrollo. El
primer síntoma de escasez de una mentalidad responsable
es el impulso transgresor que ha saltado del coto delictivo de
la minoría a rasgo distintivo de los mexicanos. Un rasgo
tan absorbido en la rutina como el hábito de intercambios
corruptos entre el gendarme y el supuesto ciudadano, entre jueces
y truhanes, entre el burócrata y el consumidor de servicios
y así sucesivamente, hasta abarcar tanto la intimidad doméstica
como las funciones públicas. En atadura tan apretada de
actitudes que afectan al punto de corroborar que no hay autoridad
confiable a la que se pueda acudir ni fuerzas civilizadoras que
eduquen el ejercicio de derechos y obligaciones, la fusión
de violencia, arbitrariedad e intolerancia se impone con tal vigor
que deforma hasta la abyección el uso y el abuso de la
voluntad reducida a impulso. Somos,
pues, una sociedad irresponsable. La complacencia con la inseguridad
que suscita se aloja en una conducta enraizada en el inconsciente
colectivo. Nada parece dispuesto a modificarse con técnicas
correctivas o punitivas ni posiciones críticas. Nuestra
irresponsabilidad complica un fenómeno social tan completo
que, respecto del infortunio femenino, resulta infructuosa y desalentadora
la institucionalización del problema, así como el
supuesto procedimiento para aliviar su injusticia bajo iguales
términos y con elementos que la generan. Insistimos:
afectadas co-mo están la mentalidad política, la
ineficacia normativa, la burocracia y la actitud individual que
roza su mayor crueldad en el ámbito de la miseria, no es
de esperar que una oficina pública concentrada en asuntos
de la mujer se aparte del tono general del gobierno que le imprime
carácter. En absoluto se ha modificado su realidad durante
los años que lleva en funciones este organismo oficial;
antes bien, ha empeorado el infortunio de mujeres y niños
con los índices de pobreza, a causa del modelo económico
imperante. Esto puede comprobarse no sólo a simple vista,
sino mediante el dudoso auxilio de cifras estadísticas.
Si acaso, su desempeño participa del estilo de gobernar
y en ejemplo alguno se ha dado el caso de un proyecto, una decisión
o una postura que, destinada a subsanar esta trágica realidad,
anteponga el interés de las víctimas a las políticas
establecidas. Ese
es el punto a considerar. Lo demás es cualquier otra cosa,
menos lo que pueda decirse conquista a favor del respeto y las
libertades. Cuando se trata de eludir la obligación de
responder de los propios actos, que entre mexicanos ocurre invariablemente
con el agregado de la omisión, la crueldad, el desamparo
familiar y la permanente ineficacia del derecho, no queda más
que acudir a la presión vigilante de una o varias organizaciones
no gubernamentales. Y tal es el estado de irresponsabilidad que
éstas ni siquiera han podido conformarse ni prosperar en
nuestra sociedad porque ni las condiciones políticas lo
permiten ni la inconsciencia cívica se aproxima siquiera
a la capacidad de ejercer la denuncia y la crítica: primeros
peldaños en la asimilación de obligaciones y derechos. La
concepción de responsabilidad pública o privada
se desvanece a efecto de la condescendencia con la incivilidad
y un ensanchamiento incontrolado de conductas delictivas. La irresponsabilidad
se acentúa mediante una paradójica reacción
a las deterioradas figuras del castigo, la sanción judicial
y el sentimiento de pertenencia a una comunidad: prepotencia y
desafío de una parte, y sujeción paralizante de
otra. El
deslinde de responsabilidades es lo único que nos permite
entender, de acuerdo a cálculos de la ONU1, por qué
2 de cada 3 analfabetos adultos son mujeres, así como 3
de 4 pobres en límites de miseria, 8 de cada 10 desempleados,
9 de cada 10 entre quienes carecen de hogar en niveles de mínima
dignidad, 8 de cada 10 desnutridos y maltratados, sin servicios
asistenciales ni condiciones básicas de salubridad u obligados
por su circunstancia a ejercer la prostitución desde la
infancia. La injusticia, no obstante, es apenas fragmento de una
verdad más aterradora. Sólo el 2% de las víctimas
de la violencia doméstica se atreve a denunciarla y, en
la mayoría de ellas, se repiten sanciones discrecionales
que confirman la desconfianza en el Poder Judicial. Punta de un
iceberg que las autoridades esquivan para evitar confrontaciones
religiosas, aun la instancia dedicada a atender asuntos de la
mujer elude comprometer cualquier acción para mitigar lo
que se oculta detrás de los 500 mil abortos anuales que
se reconocen oficialmente, aun a sabiendas de que las prácticas
clandestinas superan escandalosamente esta cifra, con todo y sus
agravantes. Nada
confiable se dice tampoco de la precariedad de los servicios asistenciales
ni de la insuficiencia, hasta límites trágicos,
en la salud infantil y femenina, siempre interdependientes, igual
que las muertes prematuras y penurias evitables, en general provocadas
por abandono, ignorancia, ínfimas condiciones de vida y
malos tratos. Desalentador, el tema femenino es el menos valorado y del mayor desafío para alcanzar algo parecido al progreso. Y es que desconcertante, enigmática y con una suerte de sombra que la envuelve, la mexicana asimila y refleja de manera contradictoria su presencia en la historia. Es la historia. Avanza a cuenta gotas respecto de su capacidad transformadora donde se concentran las mayores carencias; y retrocede en mezcla de actitudes masculinizadas donde la lucha por sobrevivir le impone pruebas de embate y resistencia. La diversidad de contrastes afianza más que modificar costumbres teñidas de agresividad. En torno de ella priva una verdad doblemente distintiva del subdesarrollo y de nuestra cultura local: no importa cuán preparada académicamente sea la mujer porque, tarde o temprano, ha de toparse con el cerco de inequidad, con la irresponsabilidad que le impide realizar un destino social digno y a la altura de lo conquistado no únicamente por sus homólogas en otros países, sino incluso respecto de lo previsto idealmente en nuestros principios republicanos. Sólo en el despertar del sentimiento responsable puede esperarse una solución expedita y digna de crédito. Esto parece tan lejano como agobiante la realidad impuesta a las mujeres con el señuelo de una democracia que no está sostenida por demócratas ni avalada por la capacidad electiva. En la educación cívica se aloja la única esperanza. Ya se sabe que así como no hay civilidad sin ciudadanos ni la dicha democracia sin demócratas, tampoco existirá responsabilidad mientras los mexicanos no asuman la consecuencia de sus actos: primera condición del ejercicio de deberes y derechos en un sistema de libertades. 1 Que servirían de sustento a la Conferencia de Pekín, en 1996. *Voz independiente. Escritora. Autora de novela, cuento, ensayo y periodismo político.
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