La
perspectiva de género: herramienta para la formulación
de políticas públicas en una sociedad más
equitativa Desde
la primera Conferencia del Año Internacional de la Mujer
que tuvo lugar en México en 1974, nuestro país se
comprometió a impulsar un esfuerzo institucional para acelerar
el avance de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional.
En las subsecuentes conferencias internacionales y muy particularmente
en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing de 1995, se suscribió
el compromiso de crear un mecanismo institucional que introdujera
el enfoque de género en el diseño y ejecución
de las políticas públicas. El
mecanismo institucional destinado a participar en la planeación
del desarrollo permitirá orientar, coordinar y supervisar
la introducción apropiada de la perspectiva de género
en las diferentes políticas públicas (de salud,
educativa, laboral, productiva y de desarrollo político)
e inducir a los actores sociales y privados para que estén
conscientes de la importancia de dicha estrategia y sumen sus
esfuerzos al logro de los objetivos de equidad de género
planteados por la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing. Para
comprender por qué el Estado requiere introducir la perspectiva
de género en las políticas públicas, es preciso
identificar en primer término el concepto de «género».
Este se aplica a un conjunto de ideas, percepciones y valoraciones
sociales y culturales, así como a construcciones subjetivas
asociadas al ser «mujer» o al ser «hombre/varón»,
que se manifiestan en los hechos en relaciones desiguales de dominación/subordinación.
En consecuencia, estas relaciones desiguales generan desventajas
para las mujeres en todos los ámbitos, así como
en cuanto al acceso y control de la totalidad de los recursos
sociales y económicos que pertenecen por igual a hombres
y mujeres. En la formación genérica se entrecruzan la condición de clase, etnia, de vivencia urbana o rural y de influencias específicas que cada persona experimenta a lo largo de su vida, permanentemente presentes en nuestra cultura. Así, el concepto de género se utiliza para mostrar que un hecho biológico determinado la capacidad de concepción es un fenómeno distinto al hecho cultural: la maternidad. Por tanto, es la cultura la que construye un hecho simbólico sobre un hecho biológico, lo que trae aparejada una serie de iniquidades sociales. Es
sabido que algunas comunidades rurales consideran que los métodos
de regulación de la fertilidad violentan la dignidad de
las mujeres, pues consideran que atentan contra la maternidad.
En esos casos, la valoración y reconocimiento social de
la mujer radica exclusivamente en que sea fecunda y no en que
se le reconozcan sus demás roles sociales o económicos
como persona, en lo individual y en la vida colectiva. Así,
mientras las bondades de los diferentes métodos de regulación
de la fecundidad y de salud reproductiva para las mujeres son
difíciles de aceptar por los hombres, por contraste los
beneficios de satisfacctores sexuales masculinos o de medicamentos
como el viagra, son fáciles de aceptar y de utilizar. Una
herramienta analítica para identificar la forma en que
estas construcciones culturales de la masculinidad y la femineidad
se expresan en la vida cotidiana es la perspectiva de género. Por
ello, si la sociedad desea avanzar hacia un equilibrio en las
relaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos
del quehacer social es preciso que, además de tomar conciencia
y sensibilizarse acerca de estas diferencias que se traducen en
discriminaciones abiertas o encubiertas, esté dispuesta
a cambiarlas. Es preciso diseñar las políticas públicas
con un enfoque o perspectiva de género, que permitan advertir
con claridad las diferencias y las desigualdades en todas las
esferas del quehacer público, para estar en condiciones
de crear los mecanismos que permitan compensarlas hasta erradicarlas. Un
ejemplo de exclusión y discriminación por género
se da en los mercados de trabajo, que se sintetiza por la naturaleza
precaria del trabajo femenino, la segregación ocupacional
y la discriminación salarial frente a los varones. El hecho
material es que la fuerza de trabajo femenina se duplicó
en tan sólo 20 años, pasando de un 17% en 1975 a
cerca del 35% en 1995. El hecho simbólico - cultural es
que las mujeres ocuparon un segmento del mercado altamente precario,
como son las ocupaciones del sector informal de la economía,
sin protección social y sin condiciones mínimas
de regulación laboral. Se concentraron esencialmente en
el sector de los servicios por falta de capacitación técnica
y como una extensión de su aprendizaje del trabajo doméstico.
La masa salarial femenina está por debajo de la masculina
en más de un 40%, por trabajo de igual valor, debido a
que las mujeres carecen de organizaciones de lucha para la defensa
de sus intereses de clase y de género. Las
necesidades que trae aparejada una fuerza de trabajo femenina
creciente no han sido atendidas con propiedad, debido a la ausencia
de una política pública del sector laboral con enfoque
de género, que tome en cuenta estas desigualdades. La Ley
Federal del Trabajo requiere modificaciones que garanticen la
equidad de trato en el salario y las ocupaciones, así como
la igualdad de oportunidades para el ascenso en la carrera ocupacional
dentro de la empresa. También requiere regularse mejor
la protección social hacia las mujeres, así como
sus derechos laborales y de seguridad social, ya que de los cerca
de 12 millones de trabajadoras sólo 4.5 millones están
aseguradas por el IMSS. Para 1997 los hogares dirigidos por mujeres
eran 4 millones, lo que significa que existe un nuevo tipo de
familia monoparental que requiere contar con apoyos institucionales
para lograr el desarrollo integral de sus miembros. Fenómenos discriminatorios similares se presentan en la familia, a causa de la violencia intrafamiliar; por la deserción en la escuela de las niñas y en la salud, por las precarias e insuficientes servicios para las mujeres. Por todo lo anterior, es preciso fortalecer las tareas de planeación con enfoque de género iniciadas por la Comisión Nacional de la Mujer al aplicar el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. Un mecanismo análogo podría ser la creación del Instituto Nacional de la Mujer propuesto por el candidato Francisco Labastida, con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, que le permita introducir el enfoque de género en todas las políticas públicas y estimular la acción de la sociedad organizada para acelerar el avance de la equidad y de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del quehacer social. *Secretaria Adjunta a la Presidencia del CEN.
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