Panorama social de México ante el 2000 EL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL SOBRE JUAN MARÍA ALPONTE* El
1 de marzo de 1999 el Presidente del Banco Mundial publicaba un
Memorándum sobre México. El texto, en su portada,
decía: «for official use only». Pocas veces
ha servido –official use– como punto de referencia.
El documento, aunque emplease un lenguaje diplomático en
su análisis señalando los avances obtenidos por
el país en muchos sectores, destacaba tres problemas menos
diplomáticos: la pobreza, la educación de calidad
(el Rector de la Universidad no ha dudado en decir que el paro
de casi diez meses significará una crisis que puede afectar
a una generación) y la necesidad de la eficiencia y la
transparencia en el sector financiero y bancario. En
orden al primer punto, la pobreza, el documento señalaba
lo siguiente: «la pobreza en México sigue siendo
un muy formidable desafío»: «a very formidable
challenge». Es significativo que, en orden a la educación,
asumiera la misma presunción: «Construir el capital
humano de los pobres continúa siendo el problema central
del Gobierno mexicano». Añade: «...los desafíos
de la educación de calidad al cual hacen frente las autoridades
son formidables». «The challenges in educational quality
faced by the authorities are formidable». La
pobreza no sólo es un grave estigma social, sino que contradice,
históricamente, el proyecto de la igualdad necesaria, racional,
para establecer un verdadero equilibrio moral en el cuadro de
un verdadero Proyecto de Nación. Por lo demás no
existe duda de la magnitud («formidable challenge»)
del problema. Un
documento oficial, «La Situación Demográfica
de México», (Consejo Nacional de Población
1999) nos sitúa ante sus dimensiones. En la página
151 se dice lo siguiente: «...La realidad que encararon
los hogares mexicanos de 1977 a 1996 se caracteriza por una combinación
de pobreza creciente con diez años de desigualdad también
en ascenso, de 1984 a 1994, y más recientemente una nueva
reducción de la desigualdad en 1996. Tanto la pobreza como
la desigualdad se traducen en una disminución del bienestar
familiar, la primera porque la insuficiencia de ingresos (el documento
toma en consideración los análisis de INEGI sobre
el ‘Ingreso en los Hogares’) ha exigido, a partir de
1982, mayor esfuerzo de los jefes económicos, así
como la incorporación de las esposas, hijas e hijos a diversas
actividades remuneradas para tratar de compensar las pérdidas
de sus entradas. También ha obligado a adoptar diversas
estrategias de modificación de los patrones de consumo
a fin de reducir los gastos del hogar. La desigualdad, por su
parte, influye también en el bienestar, pero por la vía
de las percepciones sociales e individuales: las personas comparan
su situación económica con la de otros en su entorno,
y si perciben desventaja desarrollan sentimientos de rencor, frustración
y desaliento». Aunque
ese texto tenga, literariamente, penosas interpretaciones en orden
a la puntuación o el uso de las palabras, apenas cabe duda
que, en términos de clase, aunque quiera ser agridulce,
no elude lo esencial: que la crisis social se traduce, hoy, en
un conflicto de clases y que la clase desposeída ha acumulado
tensiones claras que se expresan en la violencia cotidiana. En
el mismo capítulo, página 153, se presenta un cuadro,
por deciles, que no puedo incluir por entero, pero que nos permite
mensurar fenómenos significativos. En el total de los deciles
el ingreso de los hogares mexicanos, a precios de 1998, se tradujeron
las siguientes magnitudes: 4,599.8 pesos en 1977; 4,298.3 en 1984;
4,810.6 en 1989; 5,029.9 en 1992; 5,280.9 en 1994 y 3,894.4 en
1996. Una generación mexicana derrotada en términos
económicos e infraestructurales. Es indispensable decir, por ser indispensable, que en el Informe de 1999 del World Economic Forum (la famosa institución montada en Suiza para analizar la realidad mundial con la presencia de los líderes de la política y la economía) señala, sin equívocos, «que no existe ninguna posibilidad de obtener (sintetizo) verdaderos frutos macroeconómicos sin una auténtica política microeconómica», es decir, que incorpore a los pueblos. Se había sustentado la misma tesis en el año anterior. (The Global Competitiveness Report 1999. World Economic Forum, página 30). El autor de esa tesis «subversiva», en el documento de Davos, es un «revolucionario de hueso colorado»: el profesor Michael Porter, de la Harvard Business School. El ensayo, avalado por el Foro Económico Mundial y su corte de globalizadores, demuestra que se han extraído –allá– las consecuencias de las crisis de Asia y de México. Aquí seguimos hablando, todavía, en términos macro. Davos ya no. Por lo menos, matiza. LOS
SALARIOS SOMETIDOS Aunque,
«agridulces», se dice antes, las consecuencias de
la situación social, aparecen claras en el Informe del
Consejo Nacional de Población. El salario, cabe añadir,
es el centro del edificio moral de una sociedad que quiere construir
un mercado nacional (la microeconomía en relación
real con la macroeconomía) atenido a la norma constitucional.
En
efecto, el Artículo 123 de la Constitución de 1917
(Constitución que es la Constitución reformada de
1857 y con la cual se harán las elecciones presidenciales
del año 2000, pero que inevitablemente obligará,
en el futuro, a redactar una Constitución, de consenso,
nueva) se señala que «toda persona tiene derecho
al trabajo digno y socialmente útil». En orden a
los salarios mínimos se dice lo siguiente: «Los salarios
mínimos que deberán disfrutar (los legisladores
se excedieron en la palabra ‘disfrutar’) los trabajadores
serán generales o profesionales...deberán ser suficientes
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia,
en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales
se fijarán considerando, además, las condiciones
de las distintas actividades económicas...». Cualquier persona que tenga, como obligación ética, el servicio a la verdad, no dejará de reconocer que el Artículo 123, a los 83 años de su promulgación, sigue siendo un «very formidable challenge». Si
tomamos el enorme tomo «México Banco de Datos 1999»,
de Hugo Ortiz Dietz y publicado por «El Inversionista Mexicano»
(organización que establece con lucidez cómo debe
invertirse el capital para obtener beneficios y que, por tanto,
tampoco es un órgano subversivo) nos señala lo que
a continuación se dice: la masa salarial mexicana (conjunto,
pues, de todos los salarios) representó, en 1981, el 37.46%
del PIB de México; el 28.42% en 1986; el 35.34% en 1994
y, provisionalmente, el 31.36% en 1998. A precios constantes de
1993, dice el mismo documento, (capítulo H-5: Producto
Interno Bruto e Ingreso Nacional) en el año de 1980 el
PNB por habitante fue de 14,178.334 pesos (Índice 100)
y en 1997 de 14,471.773 pesos (Índice 102.1) adelantando,
provisionalmente, para 1998, 14,824.358 pesos, es decir, índice
de 104.6 respecto a 1980. Una
generación, pues, perdida. Es verdad que la población
mexicana pasó de 66.6 millones de personas en 1980 a 97.6
millones en 1998. Hechos implacables. Se
trata, sin duda, de dos vertientes, inmensas, de un mismo problema.
Ese problema tiene que resolverse si no se quiere tener una sociedad
compulsiva. En el libro de los historiadores franceses Buillon,
Sohn y Brunel («1884-1914. Histoire») en su capítulo
III, «Un essor économique généralisé»,
se hace esta observación en la página 30: «Las
rentas salariales han jugado un papel creciente en el ingreso
nacional (revenu national) en Francia: pasaron del 32% en 1845
al 52% en 1890. En 1900 el 59% del PNB de Estados Unidos estaba
constituido ya por los salarios...». El tema es de indudable actualidad. Es imprescindible, para gobernar al país en el cuadro de un verdadero pacto democrático, transformar el Contrato Social, es decir, la correlación de fuerzas económicas para crear un verdadero mercado nacional. Creer que la solución depende de las exportaciones (y no del consumo del mercado nacional) es jugar con fuego y el fuego ya está en la crisis de la sociedad. En 1895 el ingreso per cápita de un mexicano era el 12.57%; de un norteamericano; en 1994 el 9.87% en términos de precios constantes de 1994. El Artículo 123 señalaba, sin duda, el correlato real entre salarios y satisfactores materiales, sociales y culturales. La impresionante escalada de la economía estadunidense entre 1994 y el año 2000 hace, inútil, el exceso de palabras sobre la desigualdad entre los dos mercados de trabajo y sus salarios respectivos. Pero sí conviene tener en cuenta que se trata de un «socio» de México en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá. Si nos atenemos al Informe de Davos del año 1999 (fuente exacta arriba citada) el ingreso per cápita de México, sin establecer la desigualdad en su redistribución, fue de 4,307 dólares; el de Estados Unidos de 31,487 y el de Canadá de 19,522. LA
EDUCACIÓN DE CALIDAD: Es
cierto que el decrecimiento de la población (de 3.4% en
los años setenta a una cifra alrededor del 1.8% en estos
momentos) constituye un elemento positivo. Sin duda, pero también
plantea problemas serios. Hasta hace no muchos años los
niños entre 0 y 14 años representaron el 41.7% de
la población total para descender, en 1990, al 38.3% en
1990. No olvidemos que en Europa Occidental, nuestros futuros
socios comerciales, la población menor de 15 años
es, como promedio, el 15% del total1. La
consecuencia de esa mutación de la población mexicana
(pero recuérdese que España e Italia crecen a una
tasa de sólo 0.2% y Francia a 0.4% y Estados Unidos a 0.5%)
es el resultado de dos explosiones: la explosión urbana,
que transforma siempre, es una ley, la tasa demográfica
y la explosión de la escolaridad. Convergen, sin duda,
en la transformación de la pirámide demográfica. El
resultado es que los menores de 15 años en México
están creciendo a una tasa ya inferior, como grupo, al
promedio nacional, es decir, a la tasa promedio de 1.7%. La consecuencia
es que la matrícula de la educación primaria, pese
al aumento de la población, fue de 14.4 millones de alumnos
en el ciclo escolar 1990-1991 y de 14.6 millones en los datos
preliminares de 1998-1999. («Perfil de la Educación
en México». SEP. Página 35) Ello
conlleva a preguntarnos qué pasa con los demás estratos
poblacionales. La respuesta es simple: mientras, antes, el problema
era la educación primaria y...los «desayunos escolares»;
el problema de los dos próximos sexenios será la
educación de los adultos y la creación acelerada
de empleos instalados en la mutación cualitativa del capital
humano, es decir, en la preparación de los hombres y mujeres.
La Revolución, según Hegel, es el tránsito
de lo cuantitativo a lo cualitativo. En
efecto, la pirámide demográfica mexicana no crece
ya en la base (en los niños por lo que el «discurso
para niños» deja de ser ya, notoriamente ineficiente),
sino en el centro, entre los 15 y los 30 años. Ese estrato,
según INEGI, evoluciona a una tasa de 3.4% y más
de 30 millones de mexicanos se encuentran en ese grupo de edades
y, la mayor parte, en las ciudades. El slogan de la pobreza, los
«niños de la calle», puede transformarse hoy,
en gran medida, por el de los adultos en la calle lo que, sin
duda, cambia el problema muy gravemente. También ofrece
oportunidades. En
el mismo documento antes citado de la Secretaría de Educación
Pública se nos dice, de todas formas, lo siguiente: en
1998 solamente el 58.6% de la población adulta (de 15 años
o más) no ha recibido la escolaridad básica completa.
Se maneja una cifra impresionante (página 59) en orden
a una realidad no metafísica. En suma, no se trata, solamente,
de crear empleos, sino de la preparación de los hombres
y las mujeres para la mutación de la productividad y la
competitividad en la Edad Ciberespacial, título, por cierto,
de mi último libro: «La Edad Ciberespacial y la Privatización
del Estado-Nación». Editorial Rino). En
1996 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1996.
INEGI) entre 15 y 34 años teníamos a 33.1 millones
de mexicanos. Resulta, por ello, extremadamente irrelevante el
cuadro «Empleo», página 37, del Anexo al 5°
Informe de Gobierno del 1 de septiembre de 1999, en el que se
dice que la Población Económicamente Activa en 1997
era de 35,344.7 millones de personas (adelantaba como provisionales,
para 1998, 39,507.1) con lo cual se dejaba fuera de la PEA a varios
millones de la población en edad del trabajo y por ello
resulta, partiendo de esa mensuración, extremadamente fácil
hablar de un desempleo abierto de 2.5%. Es
patente que estamos integrando en la economía marginal
a millones de mexicanos cuya implicación fiscal es una
fantasía y, al mismo tiempo, un ejemplo de evasión
de responsabilidades determinadas por un presupuesto público
dependiente del petróleo (y de sus precios) y, por tanto,
haciendo «menor de edad» a Pemex porque sus recursos
son «bombeados», por una presión irremediable,
hacia el gasto público y no hacia la reforma científica,
tecnológica y organizativa de la Empresa. El resultado
es obvio: el incremento de las importaciones de petroquímicos
y gasolinas. En síntesis, nos quedamos, además,
tan contentos con la subida de los precios y agobiados con su
baja sin entender bien las consecuencias de un proceso semejante.
Proceso que plantea serios problemas con Estados Unidos un mercado
del que dependemos en el 88% de nuestras exportaciones en números
redondos. En
suma, entre los 35 y los 39 años teníamos, en 1996,
otros 6.7 millones de mexicanos. Entre 40 y 44 años, otros
4.6 millones; entre 45 y 49, a su vez, 3.8 millones y entre 50
y 59 años, finalmente, nada menos que 6.8 millones. Claro
está que, a partir de esa edad, comienzan las «jubilaciones
prósperas». Los problemas, pues, son serios. No
nos deja ignorarlo INEGI. En su Agenda Estadística 1999
nos dice, página 29 y con datos referidos a 1997, que la
tasa de analfabetismo, como promedio nacional, fue de 10.6%. Duele
decirlo, pero no menos duele saber, según la misma información,
que TRECE ENTIDADES tenían un nivel de analfabetismo mayor.
Comenzando con Oaxaca con el 24.6%; con el 23.5 Guerrero; con
el 22.1 Chiapas; con el 17.9 Hidalgo; con el 16.8 Puebla; con
el 16.1 Veracruz; con el 15.6 Michoacán; con el 15.1 Guanajuato;
con el 14.3 Yucatán; con el 13.4 San Luis Potosí;
con el 13.3 Campeche; con el 11.6 Tabasco y Querétaro con
el 11. No podemos olvidar que el Estado de México, que
representa el 13.5% de la población del país contaba,
en 1997, según INEGI, un 7.7% de analfabetismo. Grave. Una
geografía urbana y educacional que permite hablar, también,
de «países» que hacen del Distrito Federal
y el Norte esferas distintas y, sin duda, complejas y de efectos
políticos y sociales que no deben subestimarse desde la
autocomplacencia. Los hechos no nos lo permiten. Al contrario,
solamente asumiendo las contradicciones, sumando la inteligencia
a la responsabilidad, se podrán hacen frente adecuadamente. En
1995, según el Informe citado de la SEP el 92.1% de los
niños de 0 a 14 años asistían a la escuela
frente al 85.9% de 1990. Entonces quedaban fuera de las aulas
el 13.3% y, en el último recuento, solamente el 7.8%. Debemos
tener en cuenta que la calidad de la educación es importante
y cada día que pasa más. No obstante, cabe decir
algo de lo que fui testigo. En un viaje con el Presidente Zedillo
a la Zona Huichol, al que fuimos invitados algunos profesores
de la UNAM, nos encontramos con el siguiente panorama y no hace
de ello tanto tiempo para que hayan envejecido los recuerdos.
Ante una gran manifestación un joven de la región
tomó la palabra, sin ser contradecido por nadie, para decir
lo que sigue: «que casi todos los niños de la zona
tenían su certificado de enseñanza primaria, pero
que la mayor parte no sabían leer ni escribir». La
causa, explicaba el joven extremadamente sereno, era y es simple:
«Los profesores no van, pero aprueban». Esperemos que ese traumático relato público, ante miles de personas, haya pasado al pasado si se me permite decirlo así. No obstante, es indispensable discernir, críticamente, lo que acontece en los Estados más pobres, en aquellos donde la enormidad de la dispersión local (en el juego de una economía ecológica que al devastarse una zona se emigra a otra sin la mayor pausa en el proceso de erosión) hace difíciles, al margen los problemas culturales, una integración escolar y económica adecuadas. No es menester añadir que también tienen una grave responsabilidad, en ese doble proceso, los fenómenos de explotación indiscriminada de recursos, la optimización del beneficio de grupos sociales poderosos y la presencia, sin la justicia, de la impunidad por lo que convierten, la ley, en un método ritual y retórico que no discurre hacia el Derecho Positivo. LA
JUSTICIA (PODER JUDICIAL El
21 de enero de 1842 el diputado Carlos María de Bustamante,
figura intelectual de la Independencia, escribía así:
«Las más quejas y reclamaciones (de la gente) se
encaminaron a la administración de la justicia».
Relata lo que requiere un litigante para que sus asuntos judiciales
se lleven adelante. Dice cómo se negociaba, entonces, con
los jueces: «Bien, será V. despachado; pero advierta
que F. tiene igual pretensión y da tantas onzas...V. ¿cuánto
más dará porque se le prefiera?...Si puja más
que el otro será despachado, y si no, se aguarda y sufre
las molestias de la demora». Añade Carlos María
de Bustamante: «Si hay tanta vanalidad para sólo
la vista del negocio en los estrados, ¿cuál será
la que habrá con respecto a la naturaleza de la sentencia
y esencia del proceso?». («Historia de México.
Continuación del Cuadro Histórico». Tomo II,
página 127) Es
importante señalar en ese punto que la existencia de la
Justicia, esto es, de la preminencia de la ley no se resolverá
con sermones. Sólo la existencia de un verdadero Poder
Judicial autónomo, en el cuadro de la separación
de poderes que codificara, para siempre, Montesquieu en «El
Espíritu de las Leyes» (1748), resolverá el
problema. Es inútil decir que las «más quejas
y reclamaciones» de que habla Carlos María de Bustamante
en su Carta VI (del libro antes citado) podrían ser las
«más quejas y reclamaciones» de nuestros días. Ese
problema no se resolverá porque la base teórica
del razonamiento es simplista y reduc-cionista: acumulación
de poder policiaco o coercitivo frente a la acumulación
de poder delictivo. Esa doble proposición es extremadamente
insuficiente porque la violencia social es indisociable, primo,
de la realidad económica y cultural en crisis y, secundo,
tampoco es una solución la acumulación de poder
coercitivo sin un verdadero sustento en el Estado de Derecho.
Entendido éste no sólo como un sistema de leyes,
sino desde su estructura jurídico-política: que
el Estado de Derecho no sólo tiene leyes (los estados totalitarios
de todos los colores han tenido normas obligatorias hasta extremos
irracionales), sino que el Estado de Derecho se somete, él
mismo, al imperio de la ley y no puede conculcarla ni transgredirla
por ninguna causa y, menos aún, por la Razón de
Estado en cuyo nombre se han cometido crímenes inauditos. Ello
permite arrojar, en ese contexto, sobre la palabra «corrupción»
una mirada fría, analítica, rigurosa. La corrupción,
según Montesquieu, padre de la democracia, es el fruto
histórico del despotismo y no un problema moral o moralizante.
En síntesis, todo sistema despótico, de arriba a
abajo, genera corrupción. Es la ley de la acumulación
arbitraria. No se le podía pasar por la imaginación
a Montesquieu creer –puesto que no era ni un hipócrita
ni un simplificador– que en un Estado de Derecho, con perfecta
división de poderes, no pudiera darse la corrupción.
Claro que sí. Lo que señalaba Montesquieu, como
hipótesis, es lo contrario: que el Estado de Derecho se
esfuerza porque no exista la impunidad. Todos
nosotros recordamos, o más o menos ha pasado por nuestros
manuales, que el capitán del navío genovés
Columbus, Francisco Picaluga, tuvo un papel clave en el asesinato
del ex Presidente Vicente Guerrero. Le invitó a comer en
su nave (era amigo de Vicente Guerrero) y allí le esperaba
un pelotón de soldados. El barco levó anclas y,
desembarcado en Huatulco, muy pronto sería ejecutado después
de un simulacro judicial infame. Lo que no se sabe es lo esencial:
que Francisco Picaluga regresó a Génova (Italia
todavía no existía como Estado-Nación en
1831) y allí fue juzgado por los tribunales de la República
genovesa. La pena que se le impuso, por utilizar un buque genovés
en un crimen, fue la pena de muerte. Sus bienes fueron enajenados
en favor de la familia de Vicente Guerrero. Ésta contestó
que no quería ni había pedido nada, que la pérdida
era irreparable y que perdonaban a Francisco Picaluga. Sabía
de sobra, la familia, que los tiros llegaban de otra parte. Esa
historia es la historia de un crimen y del fin de la impunidad.
(«Comentarios a la Historia de México, 1821-1861».
Editorial Libro Mex, 1958, páginas 67 y 68, Jesús
Romero Flores). Creo
que es bien explícita la lectura de esa doble significación
del Estado de Derecho. Lo es más cuando, por circunstancias
geoestratégicas, la violencia social, con sus características
inorgánicas, converge con la violencia orgánica
que hoy llamamos, a escala internacional, el narcotráfico
y el crimen organizado. Es
de advertir que los especialistas norteamericanos señalan
que ese complejo representa, en México, alrededor de los
30,000 millones de dólares2 o lo que es lo mismo, alrededor
del 7% del PIB. Esa cifra la eleva un Informe del Senado francés
(«Le Mexique de l’an 2000. No. 309, 1998-1999, Comission
des Affaires étrangeres, de la Defense et des Forces armées»)
al 9% del PIB mexicano (página 37). Menester
es señalar que el Sector Primario mexicano (Agricultura,
Silvicultura y Pesca) proporcionaba con el 22% de la PEA, el 5.3%
del PIB en 1997. «El objetivo, dice el Informe del Senado
francés, (misma página) es tanto más difícil
de resolver porque la corrupción (en negrita en el texto
‘corruption’) que resulta del narcotráfico toca
el aparato del Estado mismo dado que, según declaración
del ministro de Justicia (mexicano), los ‘cárteles’
derraman ‘ríos de oro’ (entrecomillada la frase)
para corromper jueces y policías». Añade:
«el narcotráfico ‘gangrena’, finalmente,
el sistema financiero mexicano» (página 37). Se trata
de un problema, sin duda, universal que ha costado ya, a numerosos
países problemas muy graves y que se expresan en la crisis
nacional de Colombia donde, según el Informe de las Naciones
Unidas sobre las drogas («World Drug Report. United Nations
International Drug Control Programme») el flujo del narcotráfico
¡supone una suma superior al total de la inversión
privada! Ha
llegado la hora, pues, de evitar las simplificaciones (acumulación
de poder policiaco o coercitivo frente a la acumulación
de poder delictivo) para establecer el verdadero dilema de la
convergencia, asimétrica, de la violencia inorgánica,
social pues, con el narcotráfico y el crimen organizado
que requiere una perspectiva dialéctica del Estado de Derecho
y un auténtico Poder Judicial en el cuadro de la división
de poderes. México
es un país que merece respeto y, por ello mismo, a la inmensa
obra realizada por el pueblo mexicano, es preciso unir y complementar
la transformación de estructuras e infraestructuras a niveles
de una nueva e inmensa realidad. Es patente que el «blindaje
macroeconómico», por importante que sea en términos
históricos del tránsito democrático, requiere
instituciones que como el sistema bancario y financiero –inaccesibles
hoy al crédito– conformen la palanca fundamental para
el desarrollo sustentable durante una generación entera.
Estamos ante una revolución científico–tecnológica
que la crisis bancaria no identificó, moralmente, como
un cambio racional hacia el futuro. Si el «rescate»
bancario fue una imperiosa necesidad nacional nadie podrá
eludir ya, como realidad ética, la construcción
de un sistema de intermediación bancaria al servicio de
la Nación y no de los grupos de poder. La historia nos espera. 1En Estados Unidos (1997) el 22.3% y en Canadá el 19.8%. 2 Recomiendo a los estudiosos, no para coincidir, sino para incorporar al análisis otros elementos, dos números de «Foreign Affairs» que plantean el problema: el número de January/February 1999, páginas 106–109 y el número de July-August 1999: «Mexico’s Coming Backlash» de M. Delal Baer. Más el Tomo XL, Revue Tiers Monde, No. 158 April-Juin 1999, del Institut d’Etude du Development Économique et Social: «Drogues: un Nouvel Aventage Comparatif?». En ese número hay un importante estudio de Jean Rivelois sobre el narcotráfico en México. *Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Director del Centro de Documentación y Estudios, S. C., y autor de 22 libros de historia y análisis de las ideas.
|
