UN MÉXICO SIN EXCLUSIONES Los
evidentes contrastes en la sociedad mexicana obligan a preguntarnos
qué hacer en torno al problema de las grandes masas de
marginados: su incorporación al desarrollo general es un
imperativo ético, político y económico. Nuestra
Nación es plural: étnicamente heterogénea,
socioeconómicamente desigual, políticamente diferenciada,
mayoritariamente urbanizada pero con graves distorsiones en sus
asentamientos territoriales. Sin embargo, con posibilidades reales
de progreso en función de su composición demográfica,
la cual, si bien demanda una atención permanente y especializada
para la niñez, la juventud, los adultos, los mayores –y
dentro de cada uno de estos grupos, muy especialmente a las mujeres–;
también significa una esperanza fundada en la transformación
del país. Hay logros en este sentido; el territorio y la
población han cambiado: el 73 por ciento de los habitantes
pertenece al medio urbano. Habremos
de perseverar en el esfuerzo de lograr una distribución
poblacional que evite la dispersión actual y facilite la
aplicación de programas de desarrollo regional; rediseñar
la administración pública federal en correspondencia
con las locales, a fin de integrar las políticas públicas,
que al orientarse hacia la obtención de resultados logren
que las virtudes se sumen y multipliquen: que la salud refuerce
la educación, que ésta sirva al trabajo como medio
de realización y subsistencia digna y conduzca a la seguridad
social; que el campo sea productivo, con vida social en centros
habitacionales rurales homogéneos, equipados con todos
los servicios. Que en las ciudades se promueva un desarrollo sociourbano
sano y productivo y, en el campo y en las ciudad, proteger el
medio ambiente y la sustentabilidad en los procesos productivos.
La descentralización de la política social tiene como propósito el equilibiro, vinculando objetivos nacionales con regionales, estatales y municipales, precisando, aún más, la atención a los grupos indígenas en extrema pobreza y los marginados en los centros urbanos. La integralidad demanda revitalizar la identidad nacional: los valores de independencia y soberanía que nos permitan actuar en el mundo global sin perder nuestra esencia; el ejercicio de las libertades propiciando la justicia social; la equidad, el respeto y la tolerancia en la democracia; la garantía de los derechos humanos en la procuración e impartición de justicia. Lo anterior implica impulsar una actitud abierta e incluyente de todos los actores sociales. La política social es responsabilidad fundamental del Estado, pero sólo es factible si se comparte entre autoridades, represententantes populares y la comunidad organizada en su territorio y por cada una de las materias que atañen al desarrollo social. Es así que el PRI, en congruencia con su raíz popular original, ha sido el único partido –y continúa siéndolo– capaz de reconocer en la comunidad sus grandes y eficaces dotes de organización para identificar necesidades, plantear demandas y encauzar soluciones viables. En el PRI tenemos conciencia de nuestra deuda histórica y nuestro compromiso político: un México sin exclusiones. Mantener la estabilidad política y económica conseguida a través de accidentadas décadas, con más encuentros que desencuentros, es condición indispensable para sostener el crecimiento, generar inversiones, crear empleos y mejorar la distribución del ingreso con el fin primordial de erradicar la pobreza extrema e igualar las oportunidades para todos los sectores sociales en todas las regiones del país.
|
